Con motivo de la creación de unidades de investigación y la designación de fiscales por parte de Gils Carbó, y en el entendimiento de que tales nombramientos eran ilegales y que, incluso, podrían llegar a motivar nulidades que afectaran el servicio de justicia radiqué la denuncia penal que generó el pedido del fiscal Marijuan.

Me parecía grave que quien constitucionalmente está habilitada y obligada para demandar por la legalidad de los actos, actúe de manera ilegal. Permitiendo así que, a través de planteos de nulidades, no se obtengan éxitos en las investigaciones. Estas simples pero importantes motivaciones me llevaron a actuar en consecuencia.

La agrupación Justicia Legítima argumentó en defensa de la procuradora, entre otras cuestiones, que esta denuncia fue impulsada por sectores que pretenden impedir las investigaciones de crímenes de lesa humanidad y delitos de alta relevancia social.

Por lo tanto, creo oportuno dejar en claro que no soy integrante de ningún “sector”. Soy un afiliado y militante de la Unión Cívica Radical desde siempre, mi actuación ha sido pública y sometida a la consideración de mis conciudadanos, quienes con su voto me permitieron ocupar una banca en la cámara alta para defender los intereses de la provincia de Chubut. Ostento, y eso lo tengo claro, una representación institucional y también partidaria, y por la filiación política que tengo a la UCR nadie jamás -sólo quien actúe de mala fe- puede hacer este tipo de imputaciones por mi denuncia.

En la Argentina de 1983 había dos claras posiciones frente al accionar de la dictadura y los crímenes por ella cometidos: estaban quienes planteaban la convalidación de la ley de autoamnistía dictada por el gobierno militar y quienes proponían enjuiciarlos por las atrocidades cometidas.

Convalidando la autoamnistía aparecía el Partido Justicialista con su candidato Ítalo Luder, y cuando hablo de PJ no distingo sectores o ramas, ahí estaban menemistas, kirchneristas, delasotistas, cafieristas y los “istas” que se les ocurran. En esos “istas” van a encontrar las afinidades políticas de Justicia Legítima.

La UCR, con su candidato Raúl Alfonsín, propiciaba el enjuiciamiento a los miembros de la dictadura. Y al constituirse en Gobierno actuó en consecuencia. Así se llevó a cabo en la Argentina el histórico juicio a las juntas militares, único en el mundo hecho sin jueces, ni leyes, especiales. Aquí para juzgar estas atrocidades se los enjuició con jueces y leyes de la Constitución.

Se desarrolló este juicio ante un fuerte hostigamiento de sectores gremiales, con las fuerzas armadas acechantes, con sectores de la oposición política propiciando leyes de amnistía, con alzamientos militares, golpes de mercado y todo lo que los argentinos hoy conocemos.

Esta política de derechos humanos llevada adelante es la que habilita moralmente a toda la UCR a hablar sin complejos ni arrepentimientos de estas cuestiones, actuamos con la fortaleza y la fe que dan las convicciones y no con el oportunismo y la hipocresía de los conversos.

Aquella gesta reparadora de la Unión Cívica Radical no puede verse empañada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que fueron ampliamente debatidas en el seno de nuestra sociedad y que con el correr de los años -más allá de la posición inicial que adopté en el seno de mi partido- las juzgo oportunas.

Es más, analizar los niveles de responsabilidad había sido el planteo preelectoral de Raúl Alfonsín. Consecuentemente, como actúo sin hipocresía, hago público que no comparto la decisión de la Corte Suprema de Justicia convalidando las nulidades de obediencia debida y punto final. Interpreto que el voto en disidencia del Dr. Fayt es el que más se ajusta a derecho.

Sin duda, como en toda gestión existieron errores, hubo luces y sombras, pero el paso del tiempo en estos temas dejó a la UCR y a Alfonsín del lado bueno de la historia. Jamás propiciamos indultos, ni venganzas, sino justicia porque la grandeza de un país no se construye sobre rencores.

Que Justicia Legítima, caracterizada por fomentar una justicia tolerante a los caprichos del poder de turno, pretenda instalar este tipo de sospechas, coloca a la mencionada agrupación del lado de los conversos y los hipócritas.

Tal vez, este debate permita avanzar sobre otros aspectos de la actividad judicial. Al respecto sí sería enriquecedor y necesario que en la Argentina se discuta de una vez por todas cuál debe ser el rol del Poder Judicial y qué tipo de justicia queremos. Pero esto no habilita a que agrupaciones, como Justicia Legítima, se arroguen el derecho de poner en dudas la integridad moral de la UCR y de sus hombres sobre la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos, para de esa manera lograr la impunidad de sus adeptos.