¿Será que estas nuevas medidas educacionales bonaerenses van a reducir estas brechas? ¿Qué estos cambios en las aprobaciones de los alumnos van a reducir este brutal proceso de privatización de la educación por medio del cual toda familia que tiene un mínimo de recursos se va de la escuela pública a la privada con la idea de salvarse?

Después de una década de esta política educativa, la respuesta es negativa: hace años que el pensamiento políticamente correcto domina la educación argentina y consiste en ablandar la exigencia pedagógica y disimular la calidad bajo una máscara de inclusión educativa que no incluye a los más pobres y que manda a los sectores medios a la escuela privada. Más allá de cualquier consideración, estas medidas son ineficaces porque no logran calidad ni tampoco inclusión

La idea que prevalece desde 2003 es que informar los problemas del aprendizaje, especialmente cuando están asociados a las paupérrimas condiciones de vida de un sector creciente de la población, es estigmatizar. Hace años que los docentes vienen denunciando que desde las altas esferas se los induce a “aprobar a todos”, que la desaprobación está mal vista y hace poco un director bonaerense rogó a a sus docentes no desaprobar a los alumnos porque –reconocía- no habían tenido suficientes días de clase. Estas nuevas medidas no traen nada nuevo: apenas sinceran la decadencia educacional.

Esta anestésica idea de que lo que estigmatiza no es la realidad sino el informar sobre la realidad ya está en la Ley de Educación Nacional, aprobada por amplia mayoría en 2006 que en su artículo 97 dice –textualmente- que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”. O sea, el problema no es que se iguale para abajo: para esta política educativa el problema es que se lo comunique.

Hace pocas semanas, a propósito de nuestro nuevo libro “Los mejores maestros: mitos, leyendas y realidades”, en una entrevista que me hiciera Claudia Peiró para Infobae, decíamos que igualamos para abajo la educación porque igualamos para abajo a los docentes. Lo que ahora vivimos es una prueba evidente de este proceso de deterioro educacional.

El deterioro trae más deterioro. Cambiar esta tendencia costará cada día más.

Y muy feliz día del Maestro a quienes sostienen la educación. A pesar de todo.

Dentro de la discusión por las causas de la privatización de la educación en la Argentin aestá el lugar que se le asigna al subsidio a las escuelas privadas. Como es sabido, por una ley del primer peronismo (la 14.047 de 1947, en vigencia) refrendada por otra del peronismo (la Ley Federal de Educación de 1993, ya derogada) y confirmada por otra ley del peronismo (la Ley de Educación Nacional, de 2006, en vigencia) el Estado está facultado para financiar salarios docentes de escuelas privadas. Mediante este mecanismo, único en Latinoamérica, las  administraciones provinciales pueden financiar escuelas privadas en un porcentaje que, variando entre provincias, va del 40% al 100% de los salarios.

Para algunos, el deterioro de la educación pública ha ido de la mano del aumento del subsidio a las escuelas privadas, el que, desde 2003, se incrementó a la par del enorme aumento del alumnado privado en toda la Argentina.

El razonamiento sería el siguiente: los recursos que el Estado destina a la educación privada podrían destinarse a la educación pública para mejorarla, y hacer que muchos vuelvan a ella.

Esta visión, seductora, plantea dos escenarios:

1. En el caso de que se eliminaran todos los subsidios, y merced al aumento de precios que se operaría, sólo los sectores medios y altos podrían permanecer en las escuelas privadas. En consecuencia, los sectores de menores recursos volverían masivamente a la escuela pública no por opción sino por obligación al no poder seguir pagando escuela privada.

Este escenario trae un problema adicional y es que las escuelas públicas de los barrios más carenciados van a tener que aceptar una demanda para la que no están preparadas: más aulas y más escuelas para recibir a los que vienen de las privadas. Si bien una parte de este déficit podría financiarse con el ahorro de los subsidios, la inversión en edificios requerida parece, al menos en principio, mayor a la de los ahorros por no subsidiar. Habrán de pasar varios años hasta que se construyan nuevas escuelas o se adquieran para el Estado las escuelas privadas que quedarían sin alumnos. Es posible que, al menos en los primeros años de esta solución, las escuelas públicas y los chicos  de sectores de menores recursos vivan años angustiantes

2. Un escenario alternativo con el que muchos gobernantes se han tentado pero ninguno se ha animado sería quitar el subsidio pero sólo a las escuelas privadas a las que concurren sectores medios y altos mientras que los subsidios a  las escuelas que reciben sectores pobres que casi no cobran cuota (o es muy baja) seguirían con el aporte usual.

Esta solución parece pertinente porque de ninguna manera produciría un colapso en el sistema educativo (como la solución anterior). Y, al contrario, parece un acto de estricta justicia social que las escuelas privadas de clase media y alta no reciban fondos del Estado.

Pero la pregunta que sobrevuela estos escenarios es si en alguno se resuelve el problema de fondo: el mejoramiento de la educación pública y la vuelta de los que salieron a la privada (vuelta voluntaria, digamos de pasada).

Una respuesta positiva depara muchas dudas, por dos razones:

1. Durante décadas existieron subsidios a las escuelas privadas y si bien éstas crecían en alumnado, no lo hacían de la manera brutal que muestran los datos post 2003. En consecuencia,  la historia nos enseña que no son los subsidios per se los que alimentan de alumnos de escuelas privadas. Las familias (sobre todo los sectores medios y altos) parecen elegir salir de la educación pública más allá del precio de la privada.

2. La certeza de que sólo con dinero la educación no mejora la brindan los pobres resultados de la política educativa post 2003. Como es sabido, durante los dos mil se ha incrementado notoriamente el financiamiento estatal a la educación, especialmente en las provincias (la Nación aumentó apenas un punto porcentual el presupuesto educativo para el período 2006-2011). Este aumento demuestra que el incremento financiero no mejora automáticamente la inclusión en la escuela pública: el aumento de financiamiento  ni siquiera pudo detener la triste pérdida de alumnos de las escuelas primarias públicas acaecida desde 2003.

La cuestión no es solamente cuánto dinero hay para educación sino cuál es la estrategia  para invertirlo. La política educativa post 2003 mostró que allí donde hubo un logro en aumentar los recursos hubo también una tremenda dificultad para hacerlo en beneficio del fortalecimiento de la educación pública, la que se ve crecientemente vaciada de alumnos a pesar del aumento del dinero recibido.

En conclusión, no parece una solución para mejorar la educación pública tan sólo sacarle dinero a la educación privada. Aun coincidiendo en que no hay argumentos que justifiquen el financiamiento estatal a escuelas privadas de clase media y alta, la idea de sacarle a la privada para que mejore la pública, así solita, ya se  ha mostrado desde 2003 una idea políticamente muy precaria y difícilmente sus efectos convenzan a la clase media de que vale la pena volver a creer en la educación pública.