Esta semana, el Ministerio de Economía torció la pelea a su favor y logró el apoyo internacional que buscaba. La agencia Clearstream, la más importante del mundo en cuanto a la garantía y custodia emitió un comunicado por el cual le recomienda a sus clientes que “abran una cuenta en la Comisión Nacional de Valores” para recibir las liquidaciones correspondientes; operación que cuenta “con el aval” de la compañía. De esa forma la agencia Clearstream se encargaría de girar los fondos para el pago de la deuda cubriendo y reduciendo así el riesgo de una potencial decisión de embargo internacional contra los pagos de títulos emitidos bajo jurisdicción local. La decisión tomada esta semana, revierte el fallo del pasado 31 de marzo en donde había suspendido estas operaciones luego que el Citibank fuera suspendido por el Juez Thomas Griesa.

La agencia se convenció de tomar esta decisión luego de la emisión del Bonar 2024, donde la Argentina colocó unos u$s 1.415 millones el 21 de abril pasado, emitidos y pagaderos en Buenos Aires ,bajo jurisdicción argentina y con el aval que el martes a la mañana el país logró en la Cámara de Apelaciones de Nueva York donde  Argentina se benefició en poder  apelar a la prohibición de Griesa, para que el Citibank pueda pagar los bonos de la deuda con legislación Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según comunico la Agencia, se le aconseja a los clientes  que en la menor brevedad posible, se realice la apertura de una cuenta comitente en la Caja de Valores para que estos a través de “Clearstream Banking transfieran todos los valores de la cuenta de Clearstream de Citibank, Buenos Aires, a una nueva cuenta directa de Clearstream Banking en Caja de Valores.

El apoyo de la agencia como agente de custodia y aval, es un fuerte empuje para el Gobierno por varios motivos. Una de las razones fundamentales es  reducir significativamente el riesgo de cualquier emisión en dólares que el Ministerio de Economía desee hacer, lo que se traduce en menores tasas de interés. Por ejemplo, la última colocación realizada, la ampliación del BONAR 2024, se realizó a tasas muy cercanas al 9 % en dólares. Estas tasas fueron superiores a países como Bolivia y El Salvador, que habían obtenido oportunamente tasas cercanas al 5 % en sus colocaciones.

En este sentido, el riesgo país medido por el banco J. P. Morgan caía el martes 23 puntos básicos llevando el mismo a 555 unidades. Al mismo tiempo los Bonos en la plaza extrabursátil local incrementaban su valor en 0,5 por ciento en promedio, encabezados por las emisiones dolarizadas especialmente.

Por lo expuesto anteriormente, se podría establecer que el apoyo logrado por el Gobierno es de vital importancia para lograr el plan de financiamiento que se tiene diseñado para este año 2015. El Gobierno hizo público oportunamente, que esperaba realizar diversas colocaciones de deuda que le permita obtener dólares y que los mismos le proporcionen oxígeno a la alicaída economía local.

Cabe recordar que la economía sufre por la falta de divisas que en los últimos años se fue drenando en el mercado interno dado el incremento en el atesoramiento por parte de las personas y por la financiación de las exportaciones e importaciones. Así, el acceso al mercado financiero internacional permitiría el pago del BODEN 2015, los dólares necesarios para mantener el tipo de cambio planchado y financiar las importaciones y exportaciones, saldo que hoy alcanza los 3.500 millones de dólares.

En sintonía con esto, el BCRA comandado por Alejandro Vanoli suspendió ayer la licitación de letras a largo plazo y que tenía previsto, con el propósito de mantener a raya al tipo de cambio. Cada semana la autoridad monetaria procede a colocar letras en el mercado con el objetivo de absorber el excedente de pesos que están en las manos de instituciones financieras y/o de inversores. En lo que va del año 2015 el BCRA retiró una suma cercana a los 42.000 millones de pesos.

El BCRA tenía previsto una nueva licitación de LEBACS para esta semana, pero “esta Institución decidió no abrir en la licitación de ayer de LEBAC a un año (el plazo más largo ofrecido fue de 10 meses), plazo que será licitado y ampliado hasta los 18 meses por parte del Tesoro Nacional en el día de hoy”.

Con la resolución del Ministerio de Economía de ayer se estableció que el próximo 31 de marzo se emitirá el BONAC Marzo 2016 con un horizonte de 12 meses y que devengara intereses pagaderos trimestralmente los días 30 de junio, 30 de septiembre y el 31 de diciembre todos de 2015 y 31 de marzo de 2016.

Mientas que el BONAC Septiembre 2016 también se emitirá el 31 de marzo pero con un horizonte de 18 meses. Este bono al igual que el anterior devengará intereses pagaderos trimestralmente los días 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre todos de 2015 y 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, todos de 2016.

Los nuevos bonos devengarán una tasa de interés variable en función del nivel de tasa de LEBAC a 90 días, y tendrán una amortización íntegra al vencimiento del papel. Las tasas de las LEBAC a 91 y 119 días se mantuvieron ayer sin cambios, en el entorno a al 26% y 27% respectivamente. Por el contrario, la tasa a 140 días, gano 10 puntos básicos trepando hasta 27,50% y las de 190 días 30 puntos básicos hasta 28,1%. Las más largas también se mantuvieron estables.

En caso que resulte imposible obtener la tasa de LEBAC a 90 días por falta de publicaciones de esas Tasas de Letras Internas del BCRA, entonces la Tasa Variable se determinará como las suma del promedio simple de la tasa de interés BADLAR para depósitos a plazo fijo de 30 días de plazo más un margen de 395 puntos básicos.

Ante la consulta sobre la emisión, el ministro de economía recordó que el Gobierno tiene un cronograma de emisión de deuda y la idea es ir ejecutando este cronograma en coordinación con el BCRA cuando las condiciones de mercado sean las propicias.

En el mismo sentido, el ministro dio a conocer que el miércoles Argentina denunció el acuerdo alcanzado la semana pasada entre los acreedores conocidos como “holdouts” y el Citigroup, para que el banco pueda cancelar dos pagos de deuda de la nación sudamericana, viola las leyes domésticas. A su vez, el juez estadounidense Thomas Griesa prohibió en las últimas horas a la firma de liquidación de títulos Euroclear -con sede en Bélgica- traspasar fondos argentinos a los bonistas que aceptaron oportunamente sus canjes de deuda.

Ante este escenario, las emisiones de deuda y la emisión monetaria son la única vía que le queda al Gobierno Nacional para obtener financiamiento ante la imposibilidad de colocar deuda en los mercados internacionales. Y en este sentido, el BONAC Marzo 2016 y el BONAC Septiembre 2016 parecen ser el inicio de este nuevo mecanismo de financiamiento en pesos y a corto plazo, que es el único camino posible.

Revisando el pasado, encontramos que los tan afamados fondos buitres se presentaron en el juzgado del juez Thomas Griesa con la finalidad de que este reconozca (según la jurisdicción de la deuda emitida) la deuda que la República Argentina con estos fondos y así obligar al país a pagarle el 100 % de la deuda o al menos intimar al mismo a mejorar la oferta hecha en el canje de 2005 y 2010.

El 30 de julio pasado, el juez falló a favor de éstos y como era predecible, obligó a la Argentina a sentarse a negociar para llegar al pago de u$s 1.330 millones en efectivo.

Pero esto era impracticable para el país por la clausula RUFO que obligaba a la Argentina “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”. De haber negociado en su momento, y de mejorar la oferta de los canjes realizados con anterioridad la deuda total ascendería a u$s 10.000 millones.

Con la llegada del nuevo año y con la caída de las Rights Upon Future Offers (RUFO) el interrogante es, qué pasará de ahora en más.

A la hora de evaluar el futuro, el interrogante principal es si el gobierno se sentará con los holdouts para negociar y finalizar así el conflicto. Muchos medios especializados y especialistas en el tema aseguran que durante el mes de enero de 2015 el gobierno empezaría a negociar con los diferentes fondos con la idea de pagar y cerrar el tema. Muchos especialistas incluso auguran que el proceso no va ser inmediato y que incluso los anuncios de un acuerdo podrían llegar para el segundo semestre.

Pero la pregunta del millón es, ¿este Gobierno Argentino necesita negociar con los fondos buitres o esperará y dejará el tema como herencia para el próximo gobierno? La pregunta parece responderse desde una sola perspectiva y ésta es la realidad económica de la Argentina.

A lo largo de los últimos meses, se hace cada vez más evidente que el país necesita dólares que le permita relajar los controles a las exportaciones de insumo para la industria, dólares para disminuir los controles en el mercado cambiario y dólares que ayuden restablecer el nivel de reservas internacionales.

Así, el fin del problema de los fondos buitres habilitaría a la Argentina para salir a colocar deuda en el exterior que le permita al equipo económico normalizar la economía y volver a retomar el camino del crecimiento económico.

Al mismo tiempo, se empezaron a ver ciertos movimientos de los holdouts, hacia finales de diciembre, tendientes a organizarse de cara a una posible negociación con el Gobierno argentino. Avanzaron en la unificación de causas por u$s 4.400 millones adicionales a la sentencia que ya tienen a su favor por unos u$s 1.700 millones. Esto se trata de la unificación de diferentes causas que hasta ahora no habían entrado en el fallo original.

Sin embargo, aun no hay nada definido y el “tono confrontativo” del gobierno podría llevarnos nuevamente a cero. Habrá que esperar las novedades que vayan surgiendo en el transcurso del mes de enero de 2015 para ver cómo evoluciona el tema. Todo hace pensar, ya sea desde la necesidad del gobierno por conseguir dólares o por los movimientos que los fondos están realizando, que la negociación se va a llevar a cabo y que podría en los próximos meses llegar a su fin un conflicto que al día de hoy lleva 196 días y no hace mas que generar incertidumbre acerca del futuro económico del país.

Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo salió a denunciar públicamente de extorsión la sentencia del juez Thomas Griesa, la cual oportunamente fue avalada por la Cámara de Apelaciones y esta semana fue ratificada por la Corte Suprema.

El pronóstico de los mercados era que si finalmente salíamos “mejor parados” y comprábamos un poco más de tiempo para llegar al 2015, estábamos en el mejor de los paraísos y así, con este alargue, casi como un gol de oro, caducaba la cláusula de garantía Rights Upon Future Offers (RUFO) que incluían los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. En este escenario, se podría haber encarado una negociación con los holdouts independientemente de lo acordado con quienes entraron a los canjes anteriores.

Sin embargo, esto no sucedió, y la decisión de la justicia estadounidense cayó sobre los mercados como un “baldazo de agua fría”. Ya con las cartas sobre la mesa, debe analizarse más a fondo qué es la cláusula RUFO y como el hecho de que esté incluida en los bonos emitidos por el Tesoro Nacional hoy nos juega en contra.

Esta clausula tiene sus orígenes en 1976, año en el que el gobierno nacional sancionó la Ley N° 21.305, cuyo único artículo habilitaba a prorrogar la competencia territorial argentina “a favor de jueces extranjeros”, constituyendo el primer precedente de renuncia a la soberanía jurídica. En 1981 la Ley N° 22.434 ratificó la anterior.

Esta renuncia a la soberanía jurídica se aplicó en la emisión de los bonos en default en manos de los holdouts y en los sucesivos canjes de 2005 y 2010.  Oportunamente, la excusa para subordinarse a una justicia extranjera fue la de “brindarle seguridad jurídica a los inversores” o a los “tenedores de estos bonos”.

El fallo Griesa de la justicia de Nueva York, el de la Cámara de Apelaciones y la situación planteada por la Corte Suprema de no atender el “caso argentino” muestra lo equivocados que estaban quienes imaginaban que la justicia de esa ciudad era confiable en términos de los intereses del país.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, los fondos buitre buscan forzar un default técnico para activar el cobro de los seguros contra cesación de pagos de la deuda argentina en los que invirtieron, y obtener así el pago del 100% de lo adeudado.

Asimismo, la cláusula RUFO que da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en los canjes vence en diciembre de 2014. Esta asegura que si Argentina le ofrece a los fondos buitres mejores condiciones que las que ofreció a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y 2010 (alegando razones de necesidad en el momento de su aceptación), estos también pueden iniciar los reclamos para beneficiarse de las mismas. Esto implica “tirar por la borda” toda la quita pactada en los canjes previos, donde se logró que la mayoría de los tenedores de bonos en cesación de pagos ingresaran al canje.

Por lo tanto, la deuda que se busca negociar “contra-reloj” con Griesa y los abogados de los buitres no sólo incluye los 1.330 millones de dólares más intereses que estos exigen, sino que podrían sumarse unos 15.000 millones adicionales si los bonistas que canjearon optan por iniciar sus reclamos.

Y si bien el país no puede hacer frente al escenario originado por la inclusión de la cláusula RUFO en los bonos emitidos, el Poder Ejecutivo no hace más que enviar “malas señales”, complicando aun más el panorama.

El miércoles el juez Griesa manifestó sobre los dichos de Cristina Fernández de Kirchner no dan “confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina”. Además, dijo que las palabras de la Presidenta son “un problema” para lograr un acuerdo con los holdouts que evite un default. Asimismo, planteó que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía Axel Kicillof de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley argentina, viola sus decisiones previas.

Hoy por hoy el panorama de Argentina es sombrío, y todos los avances que se habían logrado en término de negociaciones internacionales en pos de volver a los mercados de crédito, que permitan al país financiarse y dar lugar a una transición ordenada, han sido en vano luego de este revés.

La inclusión de la cláusula RUFO que en su momento pretendió “otorgar seguridad jurídica a los inversores” hoy podría asestar un golpe fatal al país y volvernos a hacer caer en cesación de pagos, dejando atrás todos los logros de los últimos años en materia de desendeudamiento. Parte importante de este revés, sin embargo, se debe a la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo.

(En colaboración con Eliana Scialabba)