El Bonar 24 es un título en dólares bajo legislación del país, a una tasa de 8,95%. El pago del primal será en mayo de 2024, con amortización en 6 cuotas anuales y consecutivas desde mayo de 2019, siendo las primeras 5 cuotas del 16,66% y la última del 16,7 por ciento.

Todo parecía felicidad, pero se vió otra vez opacada por la reciente decisión del juez Thomas Griesa de autorizar a los holdouts a pedir información sobre la colocación realizada por la Argentina. Al parecer, la idea del Juez es la de identificar quiénes son los compradores de estos Bonos y sancionarlos dentro del marco del juicio que los holdouts tienen con la República Argentina. Según información con la que cuenta al Juez Thomas Griesa los principales compradores de los bonos fueron el Deutsche Bank, el BBVA y empresas multinacionales de seguros y algunas mutuales norteamericanas que también habrían participado de la operación.

Ante la posibilidad de un embargo, los mercados reaccionaron negativamente y operaron a la baja. Los inversores pagaron el Bonar 24 en 103 el día martes para luego tocar un máximo de 105 y cerrar en 104. A pesar de la baja del mercado, la caída que se registró es leve como consecuencia que el mercado tomó con cierto optimismo que el país pueda:

• endeudarse en el exterior a una tasa razonable pero no óptima
• la entrada de divisas aseguraría a priori, el pago de otros bonos como el Boden 15.

En efecto, el Boden 15 y también el Bonar 17, se beneficiaron con la colocación; pero ambos títulos no pudieron escapar a un mercado deprimido y ambos cerraron en U$S 98,75 para el Boden 2015 y un rendimiento del 11% y el Bonar 17 bajó a U$S 96,55 y un rendimiento del 9%.

El efecto negativo que los mercados perciben es la posibilidad que el Juez pueda embargar las divisas obtenidas por la colocación del Bonar 24 y que esto selle, definitivamente, cualquier colocación externa que el país pueda o quiera realizar. Ante esto, el Ministerio de Economía dijo que los fondos obtenidos del Bonar 24 no son plausibles de embargo ya que los mismos fueron emitidos bajo legislación Argentina y que el Ministerio de Economía no fue asesorado por ninguna entidad bancaria, por lo que la colocación es legal y el juez no podría bajo ningún punto de vista tocar las divisas obtenidas.

Ante esto, y en un escenario con una economía altamente dependiente de la divisa americana, es de esperar que un embargo del Juez Griesa de los fondos complicara la coyuntura nacional de cara al último año de este mandato. De hecho, en los últimos días se conoció que se incrementaron las restricciones para la compra de dólares por parte de los turistas y para el ahorro. Esto es evidencia más que suficiente que la economía Argentina necesita dólares con rapidez y la imposibilidad de colocar deuda en el extranjero no hace más que restringir la oferta de dólares y como consecuencia de esto, un aumento en la presión sobre el tipo de cambio.

En el mismo sentido, muchos inversores se preguntan si es conveniente arreglar con los holdouts o no. Si bien la tasa obtenida, cercana al 9 % es baja, en comparación con la tasa previa al conflicto con Griesa, de solucionar el juicio, se podría obtener tasas mucho más bajas a la actual. Cabe recordar que países como Bolivia y El Salvador han obtenido tasas cercanas al 5 por ciento. Este escenario es totalmente posible, en un mundo altamente líquido gracias a las bajísimas tasas de interés internacionales y como resultado, los inversores internacionales están a la búsqueda de una mayor rentabilidad en países emergentes.

Como conclusión, podemos decir, que si bien la colocación realizada por el Gobierno es un triunfo para la menguada economía nacional, resta observar, antes de festejar, si realmente se puede evitar el “efecto Griesa” y si es beneficioso para el país colocar deuda a tasas relativamente altas, para países de la región, con la finalidad de conseguir dólares a cualquier precio.

Con las cartas sobre la mesa, el tema es como va a hacer la Argentina para hacer frente al pago de esta deuda. El peligro, como mencionamos días atrás, es que esta se incremente exponencialmente si se activa la clausula RUFO (Rights Upon Future Offers) de los títulos defaulteados en el 2001, y renegociados en 2005 y 2010.

Si bien el fallo del juez Thomas Griesa es por un monto de 1.330 millones de dólares, es de esperar que por medio de la RUFO el pago se dispare por encima de los 15 mil millones de dólares.

Llegado a este punto se visualizan dos grandes escenarios. El primero es que el gobierno enfrente estas erogaciones en efectivo. Si esto es así, la única vía posible es que la Argentina merme mucho más sus ya alicaídas reservas internacionales, lo que, sin dudas, generaría complicaciones adicionales a la economía nacional.

Las reservas internacionales en el BCRA ascienden a 28.884 millones de dólares según informa dicha institución a finales de junio. De las mismas encontramos que 14.700 millones de dólares serían liquidas según el informe del Bank Of América del 20 de junio pasado.  En este contexto de escasez de reservas, afrontar el tema de los holdouts en efectivo sería perjudicar fuertemente a la economía doméstica, disparando el tipo de cambio, acelerando la inflación y generando una contracción del nivel de actividad mayor que la actual.

Más allá de todo, los propios hold-outs, con uno de los referentes de los fondos buitre como Jay Newman, del Fondo de Inversión Elliott Management expresaron públicamente la posibilidad de aceptar títulos como pago de la deuda previamente defaulteada. Frente a este escenario es altamente probable que el gobierno intente no entregar divisas como forma de pago, sino bonos del Tesoro. Esto nos posiciona en el segundo escenario, el pago con títulos públicos. En este punto, el tema más importante es a que tasa estos serían colocados y a que horizonte.

En este sentido, varios economistas sostienen que la curva argentina en estos días se encuentra por el 9% y el 10% de yield. Es de esperar que holdouts, tras las arduas negociaciones que vienen enfrentando hace años con el gobierno, exijan bonos con estas tasas para aceptarlos como pago, algo totalmente imposible para el país.

Parecería entonces que Argentina no cuenta con mucho margen de maniobra. Sin embargo, si bien el escenario es complejo, esto no es así. El gobierno podría intentar cerrar la negociación con los holdouts en un título con un cupón menor, que si pueda pagar. Si se logra cerrar un acuerdo, una vez que estos bonos coticen, se espera que el valor de los mismos “vuele”, y por lo tanto, los tenedores tengan la chance de recuperar su inversión ampliamente, tal como vislumbran diversos actores económicos.

No obstante, en este escenario, por más que se analicen escenarios favorables y desfavorables para el país, la última palabra la tendrán los holdouts, los cuales parecen dispuestos a mantenerse en la batalla que comenzaron años atrás y vienen sosteniendo a pesar de los intentos del gobierno de canjear esos bonos en diversas oportunidades.

(escrito en colaboración con Eliana Scialabba)