Si bien se procedió a la desactivación de los distintos procesos que distorsionaban el desarrollo normal de la economía, falta hacer que los individuos y la industria sientan una mejora económica que les permita recuperar la confianza, apuntalar el crecimiento y mejorar su desarrollo.

La caída de la actividad comercial y la inflación se vieron aceleradas por el incremento en los servicios públicos, los combustibles y los alimentos, dada la corrección de los precios relativos de estos productos. De hecho, aun cuando no existen mediciones nacionales fehacientes, se cree que la inflación anual estimada por el Gobierno en un 25% ya se quedó corta y es de esperar que, de no corregir su trayectoria, la inflación anual se sitúe en el entorno del 40 por ciento.

Al mismo tiempo, el Banco Central (BCRA) sigue convalidando tasas de interés en un promedio del 38% para la licitación de lebac de esta semana, con la finalidad de mantener o disminuir la presión sobre el tipo de cambio y ponerle un ancla a la inflación. De hecho, dentro de este aspecto, hay fuertes discusiones en el seno del Gobierno sobre si es correcto bajar las tasas de interés con la finalidad de lograr una reactivación parcial de la economía o si seguir en este proceso. No creo que en el corto plazo el BCRA baje las tasas, ya que, de hacerlo, aceleraría todavía más la inflación que en abril del presente año se ubicó en un siete por ciento.

¿Pero vamos por el camino correcto? Es de esperar que en los próximos meses se comience a desacelerar la inflación. La caída de la demanda interna debería propiciar la desaceleración. Simultáneamente, se lucha para lograr una penetración de los productos nacionales en distintos mercados externos para colocar los excedentes en el mercado externo y evitar una aceleración de los despidos. El incremento del tipo de cambio propició de barrera para las importaciones y para que los productos nacionales sean más baratos, con lo que el camino es el correcto.

Pero el problema es cómo les llega a la gente y a las pymes esas mejoras, cómo se convierte en realidad palpable el cambio, cómo se alcanza una mejora en el bienestar de la gente y cómo se mejora la rentabilidad de las pymes. Y es aquí precisamente donde el Gobierno no ha mostrado signos de mejorar en el corto plazo, o al menos de atenuar los efectos de este cambio.

En este sentido, la semana pasada desde el Gobierno se hicieron anuncios tendientes a paliar el incremento de los precios y de las tarifas de servicios públicos. El anuncio hecho comprende la devolución del IVA para jubilados y pensionados, el relanzamiento del seguro de desempleo y las asignaciones sociales para las personas que están adheridas al monotributo.

Pero a pesar de estas medidas coyunturales paliativas para la demanda, se necesita reforzar fuertemente a las pymes, la oferta, que son el motor de la economía y las más susceptibles a la generación de empleo. En lo que va del año 2016 las ventas minoristas se contrajeron un 2,3% en enero, un 4,5% en febrero y un 5,8% en marzo, según expresa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Como conclusión, la situación es crítica, a pesar de que se va por el camino correcto en cuanto a las medidas económicas tomadas. No es una situación que vaya a generar la desaparición de las pymes en el país, pero sí es necesario prestar principal atención al sector.

Hoy necesitan cambiar y mejorar su rentabilidad con la finalidad de generar empleo y desarrollo. Hoy el incremento en los servicios públicos aumentó fuertemente los costos de estas empresas y con la posible ley antidespidos no van a poder modificar su planta de personal y tampoco podrán acceder a capitales a tasas de interés bajas para financiarse, lo que sin lugar a duda complica aún más la coyuntura. Se necesita una agenda urgente, que alivie la coyuntura económica y que deje atrás la tormenta que atraviesa el sector.

En segundo lugar, se procedió a la normalización del sector financiero externo y por ello se comenzó a negociar con los holdouts, a fin de volver al mercado financiero. Así, luego de extensas negociaciones políticas y judiciales, se salió al mercado financiero con la expectativa de obtener una cifra cercana a los 15 mil millones de dólares, a través de la colocación de diferentes títulos a tres, cinco, diez y treinta años, con una tasa cercana al ocho por ciento. La sorpresa se dio cuando el mercado respondió rápidamente y ofertaron unos 67 mil dólares, lo que posibilitó bajar la tasa de colocación y terminar en una tasa promedio del 7,50 por ciento.

Ante esta coyuntura, el Gobierno colocó 2.750 millones de dólares a una tasa del 6,50%, con un horizonte de tres años; a cinco años se colocaron 4.500 millones de dólares, con una tasa de 6,87%; a diez años el importe colocado fue de 6.500 millones de dólares, con una tasa de 7,50% y a treinta años se colocaron 2.750 millones de dólares, con una tasa de 7,62 por ciento.

Si bien la tasa es algo inferior a la esperada, es superior a la de países de la región como Chile (tasa promedio del 3,5%), Brasil (promedio de 6,15%) y Perú (promedio del 2,75%), entre otros. Si bien es alta en la región, es muy inferior a la que el mismo mercado pedía el año pasado, cuando la coyuntura económica era otra (arriba del 11%).

Ante estos acontecimientos, esta semana en el Ministerio de Economía era todo optimismo y el mercado financiero local reaccionó positivamente a los acontecimientos. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: cómo estos hechos financieros se van a derramar a la economía real y cómo, entre otros problemas, se va a controlar la inflación, bajar el déficit fiscal y reactivar la actividad económica, que sufre una retracción sobre todo en las economías regionales.

Y en este sentido, la semana pasada desde el Gobierno se hicieron anuncios tendientes a paliar el incremento de los precios y de las tarifas de servicios públicos. El anuncio hecho desde la Casa Rosada comprende la devolución del IVA para jubilados y pensionados, el relanzamiento del seguro de desempleo y las asignaciones sociales para las personas que están adheridas al monotributo.

Hoy la caída de la actividad económica es fuerte y se comienza a sentir en la industria y en las economías regionales. El problema es que, hasta el momento, no hay medidas de fondo para restablecer el nivel de actividad y, por lo tanto, no perder puestos de trabajo en el sector privado.

Como conclusión podemos decir que cerrar el problema de los holdouts de cara al futuro era necesario, pero no suficiente. Normalizar y evitar el aislacionismo de los sectores financieros internacionales nos permite obtener fondos a tasas relativamente bajas para financiar obras públicas.

Pero, ojo, porque la oferta de fondos fue buena e histórica, sin embargo, el problema del déficit fiscal aún es importante, con lo que no debemos tentarnos y salir atolondradamente a buscar fondos para financiar el déficit, porque es una solución que ya probamos y sólo logra efectos nocivos.

Un éxito como el obtenido en la colocación es condición necesaria para el futuro económico del país, pero no es suficiente. Se necesita un derrame del sector financiero hacia el sector real de la economía que permita el crecimiento y el desarrollo de las economías regionales. Esto tiene que ser el próximo paso urgente del Gobierno.

Durante el mes de enero del corriente año y luego de la salida del cepo, el dólar se devaluó aproximadamente un 6%, situación que se aceleró durante febrero, donde hubo un incremento en un 12% debido a diversas causas coyunturales.

Ante el aumento del tipo de cambio, en las últimas horas, el Banco Central (BCRA) comenzó a operar en el mercado con la finalidad de contener el alza. De hecho, tuvo “una posición vendedora de 119 millones de dólares durante el día martes” y, de la misma manera, el día miércoles volvió a operar para empujar al tipo de cambio a la barrera de los 15 pesos por dólar.

Por otra parte, y dentro de la política de realinear los saldos monetarios dentro de los objetivos establecidos, el Banco Central volvió a emitir Lebacs (son letras del BCRA de corto, mediano y largo plazo y que licita la autoridad monetaria todas las semanas) por un importe de 32.849 millones de pesos. Al mismo tiempo, convalidó incrementos de tasas de entre 0,50% y 1%; de esta manera, busca atesorar pesos y mermar la presión sobre el tipo de cambio.

Ahora, ¿quince es el objetivo? Aparentemente sí (hablo de aparente, porque no existe un anuncio oficial de la autoridad monetaria con respecto al tipo de cambio objetivo). De hecho, en los primeros días del mes, el BCRA no se movió con la finalidad de mantener la escalada del dólar (dejó todo en manos del mercado) y recién cuando el tipo de cambio se acercó a la barrera de los 16 pesos por dólar, el BCRA actuó y contuvo la embestida con las medidas anunciadas anteriormente.

El incremento en el tipo de cambio parece haberse frenado y, de hecho, se acerca de nuevo a los 15. Con lo que surge la pregunta sobre si la economía puede funcionar con un tipo de cambio en ese valor.

Ya a un nivel de 13 pesos por dólar teníamos industriales que decían que con ese tipo de cambio no se podía producir, ya que no se encontraba margen de rentabilidad. Esto se hace sentir fuerte en el interior, donde las economías regionales no pueden comercializar sus productos con mínimos márgenes de rentabilidad. Incluso, esto pudo verse hace muy poco, cuando los productores de manzanas del valle de Río Negro preferían tirar las manzanas (aun peor, no recolectarlas de las plantaciones), ya que no dejaba ganancia alguna.

En 15 la cosa no cambia mucho, de hecho, es sólo una corrección del tipo de cambio de apena el 7% y con un incremento de precios fuerte es de esperar que en el corto plazo nos quedemos retrasados rápidamente, si no se corrige el problema inflacionario.

La escalada del dólar a 16 no parece haber sido única, el BCRA sólo reaccionó por una situación coyuntural y momentánea. Es de esperar que si la inflación no corrige su rumbo, el tipo de cambio siga su curso. No creo que el tipo de cambio se incremente rápidamente en los próximos meses, pero seguro va a pasar que veamos microcorrecciones que permitan que no se atrase. De hecho, creo que llegó a 16 para quedarse.

Como conclusión, podemos decir que las claves son dos. La primera y principal es la generación de dólares que permita incrementar las reservas para así mantener el tipo de cambio. Sin dudas, estas reservas se van a generar por las intervenciones del BCRA en el mercado. Las reservas cerraron ayer en 28.857 millones de dólares. Si bien desde diciembre las reservas crecieron como consecuencia de los acuerdos internacionales, en lo que va del año 2016, se perdieron 1.214 millones de dólares.

La segunda y no menos importante es la inflación. Si la inflación acompaña la corrección del tipo de cambio, nos habremos quedado cortos en la corrección rápidamente. Si, por el contrario, la inflación logra ser detenida, sin duda habremos hecho bien la labor.

Yo creo, y aun a costa de desacelerar la economía, que el aumento de las tasas quedó corto y que el incremento no logró secar la plaza de pesos, por lo que, a menos que se tenga otra medida bajo la manga, alcanzamos los 16 y nos vamos a quedar en las cercanías de este número por un tiempo.

Semanas atrás, cuando el objetivo era la salida del cepo cambiario, todo el mundo me consultaba acerca de cuál era el tipo de cambio de equilibrio y cómo se iba a lograr la tan ansiada salida. Ante la consulta, la respuesta fue siempre la misma: “No miren el tipo de cambio, miren la inflación”. Porque si yo mañana llevo el dólar a 20 y la inflación galopa al mismo tiempo y con la misma velocidad, en un corto tiempo estamos hablando de un nuevo tipo de cambio de referencia y volvemos a discutir otra corrección.

Entonces, ¿qué se puede esperar de la inflación para los próximos años? Como el título de la nota lo indica, no hay soluciones mágicas para controlar la inflación. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana y va a llevar un tiempo normalizar esta situación.

El primer paso, y uno de los más importantes, es frenar la emisión monetaria que se registra fuertemente en el país desde hace años. Para decirlo en criollo, con la finalización de la emisión monetaria, hay menos pesos en la calle y, con esto, menos inflación. La emisión de pesos se da como consecuencia de un déficit fiscal alto que se registra en los últimos años y que es de casi seis puntos del PBI en el 2016. Los pesos emitidos, por lo tanto, son necesarios para financiar dicho déficit.

El primer punto importante es reducir el déficit fiscal a cero o en su entorno y volver a ser ordenados en los números, equilibrados en las cuentas, es decir, no gastar más de lo que se recauda. En este aspecto, el Gobierno planea bajar el déficit fiscal desde los seis puntos del PBI en el corriente año hasta el entorno del 1% en el 2019, con una inflación en el rango del 2 por ciento.

Ahora, en el mientras tanto (período 2016-2019), hay que ser extremadamente proactivo y cuidadoso en el manejo de la política monetaria y en el financiamiento del déficit fiscal. En este sentido, el Banco Central (BCRA) colocó esta semana letras (bonos a corto plazo) por un monto de 13 mil millones de pesos, con una tasa de 30,5 por ciento. La finalidad de esta colocación es la de reducir la base monetaria (reducción de la base monetaria por esta colocación: 2,3%), alinearla al objetivo buscado y así contener la inflación.

Al mismo tiempo, se negocia con los holdouts. El acuerdo debería llegar a más tardar antes de junio y así reducir la emisión monetaria y pasar a financiar el déficit fiscal por esta vía, que es menos nociva que la emisión de pesos. En este sentido, el Gobierno presentó una propuesta para pagar 6.500 millones de dólares en caso de una aceptación completa de los tenedores.

Desafío por delante

Sin lugar a duda, se acerca el desafío más importante para este plan y son las paritarias que se llevarán a cabo en los próximos meses. Paritarias totalmente necesarias y justificadas con la finalidad de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Si se logra un incremento moderado en los salarios, que recomponga el poder adquisitivo pero que no exprese incrementos desmesurados, se podrá sostener el plan. Hay que ver las expectativas de un lado y otro y cómo estas llegan a un punto en común. Hoy, la base planteada por el lado sindical está en el orden del 30% y del lado del Gobierno hablan de veinte puntos porcentuales. Este, sin duda, es el mayor peligro que el Gobierno tiene respecto a su plan antiinflacionario.

La recomposición del equilibrio fiscal es imperiosa para contener la inflación; sólo así, con equilibrio fiscal y sin emisión monetaria, se podrá bajar la inflación a niveles aceptables para una economía dinámica. Alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal es imposible por un aumento en los impuestos, ya que la presión fiscal sobre los contribuyentes es enorme. Entonces, hay que hacerlo por el lado de la reducción de los gastos.

Esto se comenzó a hacer en las últimas semanas mediante la reducción de los subsidios y por la readecuación de las tarifas de servicios públicos.

Toda la secuencia tenía un solo objetivo; el de devolver la normalidad a una economía que dejó de crecer en los últimos años, que se aisló del mundo. Al mismo tiempo esto debía hacerse sin tener un costo social fuerte entre las clases de recursos más bajas. Entre los puntos a enumerar podemos encontrar las tarifas de los servicios públicos y el incremento de los precios, la liberación del CEPO, el déficit fiscal, la inflación, etc.

Desde la antigua administración, se dijo en reiteradas oportunidades que el incremento de los precios y la colocación del cepo se daban en una coyuntura de crisis internacional que redujo el nivel de crecimiento, no solo en el país sino que en toda la región. Este discurso (más político que económico) no es del todo exacto ya que hubo países en la región que crecieron en promedio un 4%, habiendo recibido el mismo impacto de la crisis internacional que la Argentina.

Asumido el nuevo gobierno, éste decidió antes que nada normalizar la economía, pero la delicada situación lo obligó a ir a lo urgente o apremiante antes que a lo importante. Primero, se decidió liberar el CEPO, con la finalidad de devolver al mercado cambiario la normalidad que éste tenía previamente y al mismo tiempo se buscó devolverle a la economía la competitividad necesaria para reinsertarse en el mundo.

Normalizado el mercado cambiario, resta ver si esta normalización genera un traslado a precios lo que produciría un retraso cambiario y así un círculo vicioso. El plan entonces pasa por la generación de una estrategia anti-inflacionaria que corrija la tendencia de los precios a la suba. Pero para ello primero hay que conocer la magnitud del déficit fiscal heredado para poder delinear las políticas monetarias y fiscales tendientes a corregir el incremento de los precios.

El déficit fiscal está directamente ligado a otro problema que presenta la economía que es el atraso de las tarifas de los servicios públicos. Corregir este atraso, permitirá reducir el déficit fiscal y como resultado de esto, emitir menos pesos lo que evitaría en principio el incremento en los precios.

En consecuencia, se busca realizar un cambio en la política tarifaria que según trascendió en las últimas horas se vería reflejada para el mes de marzo de 2016. Resta ver si la misma se va a ver reflejada con el corte de la tarifa de dicho mes (que incluiría los consumos de los meses de veranos) o si se va a corregir a partir de marzo lo que provocaría un impacto más adelante.

Al mismo tiempo, trasciende que se eliminaría los subsidios a la oferta y al mismo tiempo se generaría un subsidio sobre la demanda, lo que tendría un impacto mucho menor ya que se mantendría el subsidio para las clases más bajas solamente.

En conclusión, la secuencia correcta seria: primero, lo urgente, y es que la economía vuelva a ser competitiva a nivel internacional para generar ingresos. Segundo, el equilibrio de las cuentas fiscales que permitirá terminar de ordenar la economía y en tercer lugar viene lo importante, que determinará el éxito de la actual gestión económica, y que permitirá retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo social.

El camino estará lleno de desafíos. La economía es dinámica, no se la puede sujetar con CEPO, tarifas y demás artilugios para controlar la situación, sin pensar a largo plazo. La salida de este tipo de coyuntura suele ser dolorosa, pero hay que tener paciencia porque se está retomando lentamente el camino correcto. Bienvenido el 2016 y feliz año para todos.

Si bien en Argentina muchos especialista creen y postulan que la crisis económica de Brasil no es un evento importante para Argentina, es de esperar, según mi análisis y el de otros especialistas, que como Brasil es nuestro mayor socio comercial, la caída sostenida de la economía de aquel país agrave o al menos complique la recuperación de la economía argentina.

Brasil registra desde mitad de año una caída del PBI cercana al 2 % interanual, una aceleración de la inflación que la sitúa en 9,56 % y un desempleo del 7 %. A esto se le suma que la semana pasada la presidente Dilma Rousseff y el gabinete establecieron un rojo fiscal del 0,5 % del PBI para el 2016, por un importe cercano a 8413 millones de dólares.

El contagio de la crisis de Brasil hacia la Argentina puede darse en varias vías. La principal de todas es la constante devaluación del real y, con esto, el encarecimiento de los productos argentinos para Brasil y el mundo. En las últimas semanas, el real se devaluó sostenidamente hasta el entorno de los 3,80 reales por dólar, principalmente por la coyuntura política interna y por el temor a que este país pierda el grado de inversión.

La pérdida del investment grade por parte de Brasil implica que ante cada colocación de deuda en el mercado, este le cobre una tasa más alta, dado el incremento en el riesgo. A esto se le suma el problema de que muchos fondos de inversión pueden tener títulos públicos que tengan la condición de investment grade. La pérdida de esta condición por parte de Brasil obliga a estos fondos a realizar un cambio de cartera hacia otros títulos públicos que sí lo posean.

Este miedo se materializó en las últimas horas, dado a que Standard & Poor’s señaló que la deuda soberana brasileña en moneda extranjera fue rebajada de BBB- a BB+, y mantuvo sobre estos títulos la perspectiva negativa. En este sentido, la perspectiva negativa de la calificadora refleja la probabilidad de uno en tres de otra rebaja para el próximo año. Esto es a causa de un mayor deterioro de la situación fiscal del país, o una mayor crisis económica vinculada a problemas de gobernabilidad, o a un escenario externo cada vez más debilitado por el fortalecimiento de la economía norteamericana y la caída de los precios relativos de los commodities.

Si bien los mercados financieros venían anticipando esta medida, es de esperar que la reciente rebaja de la nota por parte de Standard & Poor’s incremente la salida de capitales de Brasil en el muy corto plazo y esto devalúe aún más el real, lo que seguiría encareciendo los productos argentinos.

Pero el contagio no es y no va a ser solo en a través de los mercados financieros. La economía real también se va a ver afectada. La caída en la actividad economía que aqueja a Brasil en los últimos meses reduce la demanda de productos argentinos. Esto implicó que nuestros productos bajaran en su demanda desde el 2011 a la fecha en un 40 %, según reportan algunos analistas.

En consecuencia, cabe esperar que en el corto plazo la economía real argentina sufra la menor demanda por parte de Brasil y deba afrontar un encarecimiento de los precios relativos de la economía, en especial en los rubros industriales, lo que puede resultar en una mayor caída en la actividad industrial. La actividad industrial argentina ya enfrenta una caída desde 2013 a la fecha y esto complicará aún más su recuperación.

Como conclusión, la devaluación del real incrementa la presión sobre el peso argentino, que ya por la propia coyuntura económica interna está retrasado. Si la Argentina quiere en principio corregir o evitar este contagio, deberá buscar medidas que le permitan corregir el atraso cambiario y colocar la producción que antes se exportaba a Brasil en otros mercados, con la finalidad de evitar una caída mayor en la actividad industrial.

Muchos técnicos afirman que todo se origina con la inflación. El aumento de impuestos que se da en el país desde hace un tiempo, genera estragos importantes en las empresas. Para ellas, con el simple hecho de mantener mercadería en stock, el aumento de la base imponible sobre la que se calcula el impuesto, produce un fuerte impacto negativo: de esta forma, para las empresas el problema no es el aumento de los mínimos imponibles del impuesto a las Ganancias, sino de un concepto contable denominado “ajuste por inflación”.

Básicamente, las empresas esgrimen que tienen “ganancias ficticias”, lo que no implica una mejora en los resultados económicos de las empresas, sino que estas ganancias se deben a la revaluación del stock, debido al incremento en los precios de las mercaderías.

Hace unos días, una importante empresa de la zona sur del conurbano bonaerense me planteaba el siguiente ejemplo: “Tengo 10 productos en stock que valen $ 10 cada uno, es decir, tengo $ 100. Al año siguiente, tengo los mismos productos, pero ya no valen $ 10, sino $ 13, es decir que tengo $ 130”. ¿Es justo pagar Ganancias por una “ganancia” exógena a la actividad de la empresa?

Este problema no es nuevo. Muchas empresas pensaron que tras la finalización del plan de la paridad cambiaria en 2002, y ante la reaparición de la inflación, que se iba a volver al ajuste por inflación de los estados contables.

Cabe recordar que durante la época del entonces presidente Carlos Menem, se prohibió dicha práctica con la Resolución General I.G.J. 8/95, la cual se ratificó con el  Decreto 664/03, basándose en la ley de Emergencia Económica de enero de 2002, la cual prohibió cualquier tipo de actualización monetaria y obligó a presentar los estados contables en moneda homogénea.

Durante el año 2003, diversas reuniones se llevaron a cabo en entre especialistas en materia fiscal.  Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y representantes de las empresas aconsejaron al Ministerio de Economía “implementar de manera urgente un método que permita una adecuada medición de los resultados fiscales” y la utilización del Índice de Precios Internos por Mayor (IPIM) como base de actualización

Sin embargo, pasaron más de diez años y la solución aún no llegó: las empresas siguen tributando impuestos ficticios que se generan en “ganancias” explicadas más por el aumento de precios que por mayor volumen de transacciones. Muchos empresarios esperan un cambio ante la posibilidad de un nuevo gobierno a partir de diciembre de 2015, pero el tema no parece estar en la agenda de los candidatos. Haciendo una revisión de los proyectos presentados en el Senado y en la Cámara de Diputados, se observa que todos los proyectos presentados están orientados a mejorar la incidencia de este impuesto sobre los individuos pero no sobre las empresas.

De esta forma, la mayor tributaria sobre las empresas, muchas de ellas PyMES, ahoga aun más la delicada situación financiera que enfrentan. Menores volúmenes producidos y vendidos, con precios que aumentan por encima del 40% interanual, generan mayores erogaciones en concepto de impuestos a las Ganancias, en un escenario de caída de actividad.

En conclusión, el impuesto a las Ganancias debe ser íntegramente reformado, no sólo considerando a los trabajadores, sino también a las empresas. Sin embargo, desde el gobierno “patean para adelante” este problema que afecta el normal desenvolvimiento de la economía, ya que genera mes a mes crecientes recursos fiscales, necesarios de cara a un 2015 eleccionario.

Con las cartas sobre la mesa, el tema es como va a hacer la Argentina para hacer frente al pago de esta deuda. El peligro, como mencionamos días atrás, es que esta se incremente exponencialmente si se activa la clausula RUFO (Rights Upon Future Offers) de los títulos defaulteados en el 2001, y renegociados en 2005 y 2010.

Si bien el fallo del juez Thomas Griesa es por un monto de 1.330 millones de dólares, es de esperar que por medio de la RUFO el pago se dispare por encima de los 15 mil millones de dólares.

Llegado a este punto se visualizan dos grandes escenarios. El primero es que el gobierno enfrente estas erogaciones en efectivo. Si esto es así, la única vía posible es que la Argentina merme mucho más sus ya alicaídas reservas internacionales, lo que, sin dudas, generaría complicaciones adicionales a la economía nacional.

Las reservas internacionales en el BCRA ascienden a 28.884 millones de dólares según informa dicha institución a finales de junio. De las mismas encontramos que 14.700 millones de dólares serían liquidas según el informe del Bank Of América del 20 de junio pasado.  En este contexto de escasez de reservas, afrontar el tema de los holdouts en efectivo sería perjudicar fuertemente a la economía doméstica, disparando el tipo de cambio, acelerando la inflación y generando una contracción del nivel de actividad mayor que la actual.

Más allá de todo, los propios hold-outs, con uno de los referentes de los fondos buitre como Jay Newman, del Fondo de Inversión Elliott Management expresaron públicamente la posibilidad de aceptar títulos como pago de la deuda previamente defaulteada. Frente a este escenario es altamente probable que el gobierno intente no entregar divisas como forma de pago, sino bonos del Tesoro. Esto nos posiciona en el segundo escenario, el pago con títulos públicos. En este punto, el tema más importante es a que tasa estos serían colocados y a que horizonte.

En este sentido, varios economistas sostienen que la curva argentina en estos días se encuentra por el 9% y el 10% de yield. Es de esperar que holdouts, tras las arduas negociaciones que vienen enfrentando hace años con el gobierno, exijan bonos con estas tasas para aceptarlos como pago, algo totalmente imposible para el país.

Parecería entonces que Argentina no cuenta con mucho margen de maniobra. Sin embargo, si bien el escenario es complejo, esto no es así. El gobierno podría intentar cerrar la negociación con los holdouts en un título con un cupón menor, que si pueda pagar. Si se logra cerrar un acuerdo, una vez que estos bonos coticen, se espera que el valor de los mismos “vuele”, y por lo tanto, los tenedores tengan la chance de recuperar su inversión ampliamente, tal como vislumbran diversos actores económicos.

No obstante, en este escenario, por más que se analicen escenarios favorables y desfavorables para el país, la última palabra la tendrán los holdouts, los cuales parecen dispuestos a mantenerse en la batalla que comenzaron años atrás y vienen sosteniendo a pesar de los intentos del gobierno de canjear esos bonos en diversas oportunidades.

(escrito en colaboración con Eliana Scialabba)

Frente a este escenario, el Banco Central optó por subir las tasas de interés con la estrategia de secar la plaza de pesos y desalentar la demanda de dólares. Así la tasa de interés subió 6 puntos durante febrero y marzo, y permitió frenar la suba del dólar paralelo, el cual llegó a ubicarse por debajo del “dólar tarjeta”.

De manera paralela, el índice de precios oficial comenzó a reflejar una fuerte suba del nivel de precios y si bien esto no era ninguna novedad, si lo era el nuevo índice presentado por el INDEC. En los años previos la variación mensual de precios publicada por el organismo oficial estaba en torno al 0,8 % – 0,9%, y en enero el INDEC reconocía una inflación mensual del 3,6%, en febrero del 3,4% y del 2,6 % para marzo.

Con la suba de la inflación y la imposibilidad del tipo de cambio oficial de ajustar automáticamente en pos de mantener los niveles de competitividad, cuatro meses después de la devaluación la economía se encuentra en el punto de partida, con el agravante del freno del nivel de actividad.

Sin lugar a dudas, el gobierno deberá modificar el rumbo de la política económica. Los crecientes niveles de inflación indican que ya se acabó el tiempo: es necesario realizar modificaciones que frenen la suba del nivel de precios, y la clave está en la política fiscal, ya que mientras el gasto siga creciendo por encima de los ingresos, el banco central deberá seguir “imprimiendo” para cubrir el gasto excedente. Por otro lado, otro desafío es implementar medidas económicas que le devuelvan la competitividad a la economía, pero esto no podrá llevarse a cabo hasta que no se implemente un programa antiinflacionario integral.

Entonces, ¿qué hacer? Una de las opciones, que parece ser la estrategia de los últimos días, es que el Banco Central mantenga un ritmo de micro-devaluaciones que permitan ganarle a la inflación, y en consecuencia, se traduzcan en una mejora de competitividad. El problema es que este proceso de devaluaciones trae aparejados mayores aumentos de precios – si la oferta no acompaña al incremento en la demanda-, dando lugar a un nuevo atraso cambiario y una nueva necesidad de ajuste cambiario, proceso bien conocido para la economía argentina.

Otra opción del equipo económico es mantener el tipo de cambio oficial estable, tal como se vino realizando hasta la semana pasada. No obstante, este proceso ha generado malos resultados en la economía, ya que no sólo no funciona como ancla a la inflación, sino que en un contexto como el actual genera pérdida de reservas, debido a la imprevisibilidad del manejo cambiario.

La incertidumbre generada en el “no saber” hacia dónde se dirige la política cambiaria, sumado al (desmentido) enfrentamiento entre Kicillof y Fabrega, presiona sobre las expectativas de devaluación. Esto disparó en los últimos días el tipo de cambio paralelo por encima de los $12, y de no intermediar la autoridad monetaria se estima que se volverá a ubicar en el rango de los $13.

En este escenario, la pregunta que se hacen los economistas, el sistema financiero y los actores económicos en general es: ¿hacia dónde “caminamos”? Sin dudas, un interrogante con numerosas respuestas, muchas de ellas contrapuestas.

(nota escrita en colaboración con Eliana Scialabba)