La resolución de la AFIP estableció también que dicho cambio será retroactivo a enero de 2015 y “ante el supuesto de importes retenidos en exceso con anterioridad a la resolución de la AFIP, las empresas deberán efectuar la devolución en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario”.

Si bien los cambios producidos modifican en el corto plazo la coyuntura económica de los individuos, éstos no generan un cambio sustancial en la situación de cada uno, ya que no plantea en ningún momento el cambio en el mínimo no imponible ni la actualización de la tabla de deducciones. La resolución tampoco plantea un mecanismo de actualización periódica, similar al sistema de actualización del las jubilaciones, que permita, que en un país con una coyuntura inflacionaria como la nuestra, no genere distorsiones.

Ahora, lo que todos parecen discutir es si el cambio generado por la resolución de la AFIP es suficiente para mejorar la situación económica de cada ciudadano en particular, pero en ningún momento los actores políticos y económicos se preguntan por qué el Gobierno Nacional se niega a realizar un cambio sustantivo en el impuesto.

En el discurso, el Gobierno Nacional explica que por cada incremento marginal que los sindicatos sacrifican en las paritarias en pos de este impuesto genera financiamiento para programas de gobierno indispensables para el desarrollo económico. El discurso incluso va más allá y dice que de modificar el impuesto en profundidad, se pone en riesgo el financiamiento de programas sociales y empresas públicas.

Es indudable la necesidad de un Estado fuerte, con funciones bien definidas, con empresas públicas eficientes. Tampoco se pone en duda la asistencia social con programas ya en funcionamiento y que han resultado estar a la altura de la circunstancia. Por eso creo que, entre el discurso del gobierno y la realidad de los trabajadores alcanzados por este impuesto, se puede encontrar un punto medio.

Ante esto, ¿es tan importante la participación del impuesto a las ganancias en la recaudación total?

Analizando fríamente los números, podemos concluir que no. Encontramos que en el año 2013 la participación del impuesto a Ganancias en el total recaudado estaba en torno al 4%, mientras que en el 2014 subió al 7%. Este incremento se debió principalmente al aumento de la base imponible por suba de ingresos de los trabajadores, así como por un alza en la cantidad de asalariados que comenzaron a tributar por la desactualización del mínimo no imponible. Para el 2015 la participación del impuesto en el total recaudado podría ser de alrededor del 8 por ciento. Por las mismas razones expuestas.

Entonces, si la participación en el total recaudado no llega ni siquiera a los diez puntos porcentuales, ¿por qué no mejorar la situación económica de los trabajadores modificando en profundidad el impuesto si esta modificación no pone en peligro el normal desarrollo de programas de gobierno?

Como conclusión, podemos decir que, si observamos la evolución de la presión tributaria que el impuesto genera y los agentes afectados, tenemos que entender que Argentina ha convertido un buen sistema tributario en uno basado en impuestos regresivos y distorsivos que afectan la carga impositiva sobre las personas y la competitividad de las empresas, e interfieren en el desarrollo de negocios y la generación de empleos.

Para finalizar, podemos decir que es imperativa una reforma del impuesto de carácter integral que genere un sistema de actualización anual, que modifique las escalas y el mínimo no imponible en la misma proporción que el promedio de los aumentos logrados por los sindicatos, con la finalidad de que la recaudación se incremente por un aumento en las utilidades de los trabajadores y no por algo tan esencial como una actualización salarial.

Muchos técnicos afirman que todo se origina con la inflación. El aumento de impuestos que se da en el país desde hace un tiempo, genera estragos importantes en las empresas. Para ellas, con el simple hecho de mantener mercadería en stock, el aumento de la base imponible sobre la que se calcula el impuesto, produce un fuerte impacto negativo: de esta forma, para las empresas el problema no es el aumento de los mínimos imponibles del impuesto a las Ganancias, sino de un concepto contable denominado “ajuste por inflación”.

Básicamente, las empresas esgrimen que tienen “ganancias ficticias”, lo que no implica una mejora en los resultados económicos de las empresas, sino que estas ganancias se deben a la revaluación del stock, debido al incremento en los precios de las mercaderías.

Hace unos días, una importante empresa de la zona sur del conurbano bonaerense me planteaba el siguiente ejemplo: “Tengo 10 productos en stock que valen $ 10 cada uno, es decir, tengo $ 100. Al año siguiente, tengo los mismos productos, pero ya no valen $ 10, sino $ 13, es decir que tengo $ 130”. ¿Es justo pagar Ganancias por una “ganancia” exógena a la actividad de la empresa?

Este problema no es nuevo. Muchas empresas pensaron que tras la finalización del plan de la paridad cambiaria en 2002, y ante la reaparición de la inflación, que se iba a volver al ajuste por inflación de los estados contables.

Cabe recordar que durante la época del entonces presidente Carlos Menem, se prohibió dicha práctica con la Resolución General I.G.J. 8/95, la cual se ratificó con el  Decreto 664/03, basándose en la ley de Emergencia Económica de enero de 2002, la cual prohibió cualquier tipo de actualización monetaria y obligó a presentar los estados contables en moneda homogénea.

Durante el año 2003, diversas reuniones se llevaron a cabo en entre especialistas en materia fiscal.  Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y representantes de las empresas aconsejaron al Ministerio de Economía “implementar de manera urgente un método que permita una adecuada medición de los resultados fiscales” y la utilización del Índice de Precios Internos por Mayor (IPIM) como base de actualización

Sin embargo, pasaron más de diez años y la solución aún no llegó: las empresas siguen tributando impuestos ficticios que se generan en “ganancias” explicadas más por el aumento de precios que por mayor volumen de transacciones. Muchos empresarios esperan un cambio ante la posibilidad de un nuevo gobierno a partir de diciembre de 2015, pero el tema no parece estar en la agenda de los candidatos. Haciendo una revisión de los proyectos presentados en el Senado y en la Cámara de Diputados, se observa que todos los proyectos presentados están orientados a mejorar la incidencia de este impuesto sobre los individuos pero no sobre las empresas.

De esta forma, la mayor tributaria sobre las empresas, muchas de ellas PyMES, ahoga aun más la delicada situación financiera que enfrentan. Menores volúmenes producidos y vendidos, con precios que aumentan por encima del 40% interanual, generan mayores erogaciones en concepto de impuestos a las Ganancias, en un escenario de caída de actividad.

En conclusión, el impuesto a las Ganancias debe ser íntegramente reformado, no sólo considerando a los trabajadores, sino también a las empresas. Sin embargo, desde el gobierno “patean para adelante” este problema que afecta el normal desenvolvimiento de la economía, ya que genera mes a mes crecientes recursos fiscales, necesarios de cara a un 2015 eleccionario.