En este sentido, el Gobierno llegó a desplegar en las semanas pasadas a la Gendarmería como medida intimidatoria hacia todos aquellos que querían intercambiar dólares en el mercado informal. Asimismo y con la misma finalidad, intentó esta semana, mediante la resolución 646 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), mantener el control sobre el tipo de cambio contado con liquidación. La resolución cambia las reglas de juego una vez más y obliga a los fondos comunes de inversión a valuar los bonos y las acciones dolarizados al tipo de cambio oficial, lo que representa una caída importante en el valor de su cartera.

La reacción de los mercados no se hizo esperar y rápidamente, a horas de conocerse informalmente la resolución de la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires comenzó una espiral descendente que ya lleva 5 días. Ayer los mercados se desplomaron como días anteriores, arrastrados principalmente por la caída de los bonos soberanos que los fondos tenían en cartera e intentan desprenderse. La pérdida registrada por estos bonos es del entono del 16 % en esta espiral y lo gracioso es que, al mismo tiempo y por la misma resolución, debilitaron el valor de cartera de bonos que el propio Gobierno tiene en cartera en diferentes organismos, como pueden ser Anses y Banco Nación.

Como dijimos anteriormente, la finalidad atrás de la resolución no es más que la de mantener el tipo de cambio dentro los límites que el Gobierno quiere. Pero aparte de hundir el mercado financiero en la incertidumbre, el tipo de cambio blue no atenúa su carrera hacia la barrera de los 16 pesos por dólar. Mientras tanto, el contado con liqui y el dólar bolsa quebraron esta semana la barrera de los 13 pesos. Así, el contado con liqui alcanzó los 12,86 pesos por dólar, mientras que el MEP alcanzó los 12,94 pesos por dólar.

Al mismo tiempo, el dólar oficial cerraba su operación ayer con una tendencia positiva, tocando los 9,47 pesos por dólar, mientras que en la City, los bancos cerraban operaciones entre 9,40 y 9,60 pesos por dólares.

Ahora, ¿sirvió para algo la resolución de la CNV? La verdad es que si uno analiza los eventos de estos días, podría decir que no, ya que si bien el contado con liquidación bajó y el MEP también, parece que la presión alcista sobre el tipo de cambio blue aumentó, lo que lo llevó a la línea de los 16 pesos por dólares.

Entonces, ¿qué cabe esperar en los próximos días? Por un lado, si el Gobierno insiste en publicar la resolución y ponerla en vigencia, los fondos seguirán desasiéndose de los bonos soberanos nominados en dólares que estos tienen y se va a ver una fuerte retracción en la operación de estos bonos en el futuro. Al mismo tiempo, se verá un fuerte cambio en la cartera de los fondos comunes de inversión, lo que producirá en el corto plazo una suspensión en la suscripción de nuevos capitales en los fondos de inversión afectados por la resolución.

También es cierto que si uno tiene un perfil no averso al riesgo a la hora de realizar inversiones financieras y que si se publica la resolución finalmente en el Boletín Oficial, uno puede hacerse de bonos baratos y esperar que el año que viene el próximo Gobierno arregle con los fondos buitre y por lo tanto vuelva al mercado de capitales internacionales, lo que puede hacer que los bonos recuperen parte del valor perdido.

Por el contrario, si realmente el Ministerio de Economía da marcha atrás con la resolución, se va a producir una sensación de alivio, pero al mismo tiempo se va a producir una carrera para hacerse con bonos que hoy están en un precio bajo y que tienen un rendimiento alto, lo que hace tentadora la idea para hacerse con un margen de ganancia en el corto plazo o incluso de rearmar una cartera con títulos en dólares. Cabe recordar que muchos inversores buscaron en estos títulos cubrirse del riesgo del cambio de Gobierno o conseguir dólares a un tipo de cambio más bajo que el blue. Lo que sí, si se da marcha atrás, su demanda crecerá rápidamente.

Esta semana, el Ministerio de Economía torció la pelea a su favor y logró el apoyo internacional que buscaba. La agencia Clearstream, la más importante del mundo en cuanto a la garantía y custodia emitió un comunicado por el cual le recomienda a sus clientes que “abran una cuenta en la Comisión Nacional de Valores” para recibir las liquidaciones correspondientes; operación que cuenta “con el aval” de la compañía. De esa forma la agencia Clearstream se encargaría de girar los fondos para el pago de la deuda cubriendo y reduciendo así el riesgo de una potencial decisión de embargo internacional contra los pagos de títulos emitidos bajo jurisdicción local. La decisión tomada esta semana, revierte el fallo del pasado 31 de marzo en donde había suspendido estas operaciones luego que el Citibank fuera suspendido por el Juez Thomas Griesa.

La agencia se convenció de tomar esta decisión luego de la emisión del Bonar 2024, donde la Argentina colocó unos u$s 1.415 millones el 21 de abril pasado, emitidos y pagaderos en Buenos Aires ,bajo jurisdicción argentina y con el aval que el martes a la mañana el país logró en la Cámara de Apelaciones de Nueva York donde  Argentina se benefició en poder  apelar a la prohibición de Griesa, para que el Citibank pueda pagar los bonos de la deuda con legislación Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según comunico la Agencia, se le aconseja a los clientes  que en la menor brevedad posible, se realice la apertura de una cuenta comitente en la Caja de Valores para que estos a través de “Clearstream Banking transfieran todos los valores de la cuenta de Clearstream de Citibank, Buenos Aires, a una nueva cuenta directa de Clearstream Banking en Caja de Valores.

El apoyo de la agencia como agente de custodia y aval, es un fuerte empuje para el Gobierno por varios motivos. Una de las razones fundamentales es  reducir significativamente el riesgo de cualquier emisión en dólares que el Ministerio de Economía desee hacer, lo que se traduce en menores tasas de interés. Por ejemplo, la última colocación realizada, la ampliación del BONAR 2024, se realizó a tasas muy cercanas al 9 % en dólares. Estas tasas fueron superiores a países como Bolivia y El Salvador, que habían obtenido oportunamente tasas cercanas al 5 % en sus colocaciones.

En este sentido, el riesgo país medido por el banco J. P. Morgan caía el martes 23 puntos básicos llevando el mismo a 555 unidades. Al mismo tiempo los Bonos en la plaza extrabursátil local incrementaban su valor en 0,5 por ciento en promedio, encabezados por las emisiones dolarizadas especialmente.

Por lo expuesto anteriormente, se podría establecer que el apoyo logrado por el Gobierno es de vital importancia para lograr el plan de financiamiento que se tiene diseñado para este año 2015. El Gobierno hizo público oportunamente, que esperaba realizar diversas colocaciones de deuda que le permita obtener dólares y que los mismos le proporcionen oxígeno a la alicaída economía local.

Cabe recordar que la economía sufre por la falta de divisas que en los últimos años se fue drenando en el mercado interno dado el incremento en el atesoramiento por parte de las personas y por la financiación de las exportaciones e importaciones. Así, el acceso al mercado financiero internacional permitiría el pago del BODEN 2015, los dólares necesarios para mantener el tipo de cambio planchado y financiar las importaciones y exportaciones, saldo que hoy alcanza los 3.500 millones de dólares.

Revisando el pasado, encontramos que los tan afamados fondos buitres se presentaron en el juzgado del juez Thomas Griesa con la finalidad de que este reconozca (según la jurisdicción de la deuda emitida) la deuda que la República Argentina con estos fondos y así obligar al país a pagarle el 100 % de la deuda o al menos intimar al mismo a mejorar la oferta hecha en el canje de 2005 y 2010.

El 30 de julio pasado, el juez falló a favor de éstos y como era predecible, obligó a la Argentina a sentarse a negociar para llegar al pago de u$s 1.330 millones en efectivo.

Pero esto era impracticable para el país por la clausula RUFO que obligaba a la Argentina “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”. De haber negociado en su momento, y de mejorar la oferta de los canjes realizados con anterioridad la deuda total ascendería a u$s 10.000 millones.

Con la llegada del nuevo año y con la caída de las Rights Upon Future Offers (RUFO) el interrogante es, qué pasará de ahora en más.

A la hora de evaluar el futuro, el interrogante principal es si el gobierno se sentará con los holdouts para negociar y finalizar así el conflicto. Muchos medios especializados y especialistas en el tema aseguran que durante el mes de enero de 2015 el gobierno empezaría a negociar con los diferentes fondos con la idea de pagar y cerrar el tema. Muchos especialistas incluso auguran que el proceso no va ser inmediato y que incluso los anuncios de un acuerdo podrían llegar para el segundo semestre.

Pero la pregunta del millón es, ¿este Gobierno Argentino necesita negociar con los fondos buitres o esperará y dejará el tema como herencia para el próximo gobierno? La pregunta parece responderse desde una sola perspectiva y ésta es la realidad económica de la Argentina.

A lo largo de los últimos meses, se hace cada vez más evidente que el país necesita dólares que le permita relajar los controles a las exportaciones de insumo para la industria, dólares para disminuir los controles en el mercado cambiario y dólares que ayuden restablecer el nivel de reservas internacionales.

Así, el fin del problema de los fondos buitres habilitaría a la Argentina para salir a colocar deuda en el exterior que le permita al equipo económico normalizar la economía y volver a retomar el camino del crecimiento económico.

Al mismo tiempo, se empezaron a ver ciertos movimientos de los holdouts, hacia finales de diciembre, tendientes a organizarse de cara a una posible negociación con el Gobierno argentino. Avanzaron en la unificación de causas por u$s 4.400 millones adicionales a la sentencia que ya tienen a su favor por unos u$s 1.700 millones. Esto se trata de la unificación de diferentes causas que hasta ahora no habían entrado en el fallo original.

Sin embargo, aun no hay nada definido y el “tono confrontativo” del gobierno podría llevarnos nuevamente a cero. Habrá que esperar las novedades que vayan surgiendo en el transcurso del mes de enero de 2015 para ver cómo evoluciona el tema. Todo hace pensar, ya sea desde la necesidad del gobierno por conseguir dólares o por los movimientos que los fondos están realizando, que la negociación se va a llevar a cabo y que podría en los próximos meses llegar a su fin un conflicto que al día de hoy lleva 196 días y no hace mas que generar incertidumbre acerca del futuro económico del país.

El triunfo de Rouseff asegura la continuidad en la relación bilateral, aún con sus diferencias y enfrentamientos, al menos hasta diciembre del próximo año. Autos, fondos buitre, manufacturas, importaciones chinas, el soterramiento del tren Sarmiento, entre otras cuestiones, se encuentran en la agenda de ambos países.

Analizando más allá de lo político, desde el punto de vista económico el intercambio entre los socios comerciales no pasa por su mejor momento: en los primeros ocho meses del año el intercambio comercial entre ambos países se contrajo un 22% respecto a 2013 y las importaciones provenientes de Brasil se contrajeron un 24,5%, de los cuales más del 70% se explican por la reducción de las compras de la cadena automotriz.

Asimismo, debe considerarse el peso relativo del comercio bilateral para ambos países, a fin de entender la posición de los mandatarios frente al bloque regional. Desde el punto de vista de Argentina, Brasil es uno de los destinos más importantes de sus exportaciones: el 20% de los productos manufacturados argentinos tienen como destino ese país; mientras que desde la óptica de Brasil la relación es muy diferente: sus exportaciones hacia Argentina en el mismo rubro representan sólo el 6% de su comercio exterior. Sin lugar a dudas, una relación muy asimétrica.

Para hallar una participación tan baja en el comercio exterior de Brasil hay que retroceder 25 años. La cifra actual corresponde al período anterior a la creación del Mercosur. A modo de ilustrar los costos para nuestro país, cada punto que se pierde de participación en las importaciones de Brasil representa una caída de US$ 2.000 M de las exportaciones argentinas.

No obstante, a pesar de este bajo peso relativo del comercio, los problemas con Argentina entraron de lleno en la campaña presidencial de los diferentes candidatos. Y se habló de Mercosur porque Paulo Skaf, el histórico líder de los industriales de San Pablo y crítico de la “paciencia estratégica” de Dilma y su antecesor Lula da Silva, puso el tema sobre la mesa. Lo que los empresarios brasileros esgrimen es que Argentina, urgida de dólares, impone fuerte restricciones a la importación de sus productos, e incluso plantean que nuestro país prefiere los productos provenientes de China, debido a que el financiamiento que el gigante asiático le brinda al país es más barato: todo esto en detrimento de las empresas brasileras.

Sin embargo, si se analiza el comportamiento de las empresas brasileras en el país se observa que muchas de ellas esperan un cambio en la coyuntura económica y política nacional que les permita llevar adelante los planes de inversión que tenían en carpeta, entrando en escena la visión de largo plazo arraigada en la clase política y empresaria de Brasil.

A modo de ejemplo, Petrobras vendió parte de sus estaciones de servicio, y si bien anunció su deseo de invertir en la exploración de petróleo no convencional en Vaca Muerta, aun no ha llevado a cabo ninguna operación concreta. Por otra parte, los frigoríficos vendieron casi todas las empresas que habían comprado en el país cuando se cerraron las exportaciones de carne para “cuidar los precios de la mesa argentina”.

Por otra parte, el triunfo de Dilma puede tener repercusiones hasta en el tema de los fondos buitre. Diversos medios periodísticos nacionales e internacionales mencionaron que Argentina estaría iniciando conversaciones con actores privados de sector financiero brasilero para que estos compren la deuda en poder de los holdouts, y de esta forma generar las bases necesarias para un arreglo. No obstante, aun no hay nada en concreto.

Si bien es posible que Rouseff  no sea lo mejor para Brasil y para la región, en la coyuntura económica actual es el mejor resultado para Argentina. De haber ganado Marina Silva o Aécio Neves la postura hacia nuestro país sería mucho más dura y se tendría un 2015, año eleccionario y de cambio de gobierno, con un nuevo (y más desfavorable) frente externo.

Las expectativas en los mercados eran de alivio. Todos entendían que se encaminaba hacia un arreglo entre privados. Circulaba en la City fuertemente el rumor que un grupo de bancos privados argentinos comprarían la deuda a los “fondos buitre” y con esto pedirían el tan ansiado “stay”, para así alargar los plazos hasta diciembre y evitar las tan afamadas cláusulas RUFO (Rights Upon Future Offers).

El miércoles hacia las 7.00 de la tarde parecía que el anuncio del acuerdo era inminente, el mundo financiero y económico parecía detenerse en ese instante. Por los diferentes medios se anunciaba que Kicillof hablaría en conferencia de prensa y explicaría el acuerdo con los fondos, nada parecía predecir la actual situación… pero por arte de magia, el resultado fue otro.

Sin embargo, lo más importante de la conferencia de prensa no fue que el gobierno no iba a pagar, sino que casi cerró casi definitivamente la puerta para que se realice el acuerdo entre privados.

Mientras el Ministro se descargaba duramente contra el Juez Griesa y contra los holdouts, estos y los representantes de los bancos nacionales tenían casi cerrado el acuerdo que le iba a permitir al país llegar a diciembre y así, salvar la clausula RUFO. Pero la dura conferencia de prensa de Kicillof tiró todo el esfuerzo por la borda, al punto que fuertes rumores ponen a Juan Carlos Fábrega con un pie afuera del Banco Central, complicando aun más el panorama económico.

Todo esto disparó diferentes actos en el día de ayer. Por un lado los fondos pidieron que se activen los CDS (Credit Default Swaps) a la International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Los CDS son contratos derivados de crédito, por los cuales el comprador debe realizar pagos a su vendedor (como quien paga un seguro) hasta la fecha de vencimiento de un contrato. A cambio, el vendedor del SWAP se compromete a pagar en caso que un tercero deje de cumplir con sus obligaciones financieras acordadas en el título soberano.

Por otra parte, el Juez Griesa llamó a una Audiencia para el día de hoy a las 11.00 de la mañana, a la cual no asistiría – según fuentes oficiales – ningún funcionario argentino, para evaluar los pasos a seguir. Para comenzar, el Bank of New York ya anticipó que no girará los 539 millones de dólares que el país depositó para el pago de los títulos Discount hasta que no tenga una orden del Juez que lo habilita a hacerlo.

Con las negociaciones de la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional (ADEBA) en punto muerto, surgió un rumor, que fue creciendo con el correr de las horas, de que actores de la banca internacional comprarían los deuda de los holdouts. Citibank y JP Morgan son lo que intentan avanzar en una negociación que lleve a buen puerto a la Argentina.

Sin embargo, aun no hay nada definido y el “tono confrontativo” del gobierno podría llevarnos nuevamente a cero. Habrá que esperar las novedades que vayan surgiendo en el transcurso del día, pero lo que sí queda claro, es que Argentina una vez más, se encuentra al borde del abismo, y sólo podrá evitarse la caída estrepitosa si se concreta la operación entre los holdouts y la banca internacional, algo que al discurso del gobierno no le haría muy bien. 

(columna escrita con Eliana Scialabba)

Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo salió a denunciar públicamente de extorsión la sentencia del juez Thomas Griesa, la cual oportunamente fue avalada por la Cámara de Apelaciones y esta semana fue ratificada por la Corte Suprema.

El pronóstico de los mercados era que si finalmente salíamos “mejor parados” y comprábamos un poco más de tiempo para llegar al 2015, estábamos en el mejor de los paraísos y así, con este alargue, casi como un gol de oro, caducaba la cláusula de garantía Rights Upon Future Offers (RUFO) que incluían los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. En este escenario, se podría haber encarado una negociación con los holdouts independientemente de lo acordado con quienes entraron a los canjes anteriores.

Sin embargo, esto no sucedió, y la decisión de la justicia estadounidense cayó sobre los mercados como un “baldazo de agua fría”. Ya con las cartas sobre la mesa, debe analizarse más a fondo qué es la cláusula RUFO y como el hecho de que esté incluida en los bonos emitidos por el Tesoro Nacional hoy nos juega en contra.

Esta clausula tiene sus orígenes en 1976, año en el que el gobierno nacional sancionó la Ley N° 21.305, cuyo único artículo habilitaba a prorrogar la competencia territorial argentina “a favor de jueces extranjeros”, constituyendo el primer precedente de renuncia a la soberanía jurídica. En 1981 la Ley N° 22.434 ratificó la anterior.

Esta renuncia a la soberanía jurídica se aplicó en la emisión de los bonos en default en manos de los holdouts y en los sucesivos canjes de 2005 y 2010.  Oportunamente, la excusa para subordinarse a una justicia extranjera fue la de “brindarle seguridad jurídica a los inversores” o a los “tenedores de estos bonos”.

El fallo Griesa de la justicia de Nueva York, el de la Cámara de Apelaciones y la situación planteada por la Corte Suprema de no atender el “caso argentino” muestra lo equivocados que estaban quienes imaginaban que la justicia de esa ciudad era confiable en términos de los intereses del país.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, los fondos buitre buscan forzar un default técnico para activar el cobro de los seguros contra cesación de pagos de la deuda argentina en los que invirtieron, y obtener así el pago del 100% de lo adeudado.

Asimismo, la cláusula RUFO que da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en los canjes vence en diciembre de 2014. Esta asegura que si Argentina le ofrece a los fondos buitres mejores condiciones que las que ofreció a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y 2010 (alegando razones de necesidad en el momento de su aceptación), estos también pueden iniciar los reclamos para beneficiarse de las mismas. Esto implica “tirar por la borda” toda la quita pactada en los canjes previos, donde se logró que la mayoría de los tenedores de bonos en cesación de pagos ingresaran al canje.

Por lo tanto, la deuda que se busca negociar “contra-reloj” con Griesa y los abogados de los buitres no sólo incluye los 1.330 millones de dólares más intereses que estos exigen, sino que podrían sumarse unos 15.000 millones adicionales si los bonistas que canjearon optan por iniciar sus reclamos.

Y si bien el país no puede hacer frente al escenario originado por la inclusión de la cláusula RUFO en los bonos emitidos, el Poder Ejecutivo no hace más que enviar “malas señales”, complicando aun más el panorama.

El miércoles el juez Griesa manifestó sobre los dichos de Cristina Fernández de Kirchner no dan “confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina”. Además, dijo que las palabras de la Presidenta son “un problema” para lograr un acuerdo con los holdouts que evite un default. Asimismo, planteó que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía Axel Kicillof de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley argentina, viola sus decisiones previas.

Hoy por hoy el panorama de Argentina es sombrío, y todos los avances que se habían logrado en término de negociaciones internacionales en pos de volver a los mercados de crédito, que permitan al país financiarse y dar lugar a una transición ordenada, han sido en vano luego de este revés.

La inclusión de la cláusula RUFO que en su momento pretendió “otorgar seguridad jurídica a los inversores” hoy podría asestar un golpe fatal al país y volvernos a hacer caer en cesación de pagos, dejando atrás todos los logros de los últimos años en materia de desendeudamiento. Parte importante de este revés, sin embargo, se debe a la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo.

(En colaboración con Eliana Scialabba)