Semanas atrás, cuando el objetivo era la salida del cepo cambiario, todo el mundo me consultaba acerca de cuál era el tipo de cambio de equilibrio y cómo se iba a lograr la tan ansiada salida. Ante la consulta, la respuesta fue siempre la misma: “No miren el tipo de cambio, miren la inflación”. Porque si yo mañana llevo el dólar a 20 y la inflación galopa al mismo tiempo y con la misma velocidad, en un corto tiempo estamos hablando de un nuevo tipo de cambio de referencia y volvemos a discutir otra corrección.

Entonces, ¿qué se puede esperar de la inflación para los próximos años? Como el título de la nota lo indica, no hay soluciones mágicas para controlar la inflación. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana y va a llevar un tiempo normalizar esta situación.

El primer paso, y uno de los más importantes, es frenar la emisión monetaria que se registra fuertemente en el país desde hace años. Para decirlo en criollo, con la finalización de la emisión monetaria, hay menos pesos en la calle y, con esto, menos inflación. La emisión de pesos se da como consecuencia de un déficit fiscal alto que se registra en los últimos años y que es de casi seis puntos del PBI en el 2016. Los pesos emitidos, por lo tanto, son necesarios para financiar dicho déficit.

El primer punto importante es reducir el déficit fiscal a cero o en su entorno y volver a ser ordenados en los números, equilibrados en las cuentas, es decir, no gastar más de lo que se recauda. En este aspecto, el Gobierno planea bajar el déficit fiscal desde los seis puntos del PBI en el corriente año hasta el entorno del 1% en el 2019, con una inflación en el rango del 2 por ciento.

Ahora, en el mientras tanto (período 2016-2019), hay que ser extremadamente proactivo y cuidadoso en el manejo de la política monetaria y en el financiamiento del déficit fiscal. En este sentido, el Banco Central (BCRA) colocó esta semana letras (bonos a corto plazo) por un monto de 13 mil millones de pesos, con una tasa de 30,5 por ciento. La finalidad de esta colocación es la de reducir la base monetaria (reducción de la base monetaria por esta colocación: 2,3%), alinearla al objetivo buscado y así contener la inflación.

Al mismo tiempo, se negocia con los holdouts. El acuerdo debería llegar a más tardar antes de junio y así reducir la emisión monetaria y pasar a financiar el déficit fiscal por esta vía, que es menos nociva que la emisión de pesos. En este sentido, el Gobierno presentó una propuesta para pagar 6.500 millones de dólares en caso de una aceptación completa de los tenedores.

Desafío por delante

Sin lugar a duda, se acerca el desafío más importante para este plan y son las paritarias que se llevarán a cabo en los próximos meses. Paritarias totalmente necesarias y justificadas con la finalidad de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Si se logra un incremento moderado en los salarios, que recomponga el poder adquisitivo pero que no exprese incrementos desmesurados, se podrá sostener el plan. Hay que ver las expectativas de un lado y otro y cómo estas llegan a un punto en común. Hoy, la base planteada por el lado sindical está en el orden del 30% y del lado del Gobierno hablan de veinte puntos porcentuales. Este, sin duda, es el mayor peligro que el Gobierno tiene respecto a su plan antiinflacionario.

La recomposición del equilibrio fiscal es imperiosa para contener la inflación; sólo así, con equilibrio fiscal y sin emisión monetaria, se podrá bajar la inflación a niveles aceptables para una economía dinámica. Alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal es imposible por un aumento en los impuestos, ya que la presión fiscal sobre los contribuyentes es enorme. Entonces, hay que hacerlo por el lado de la reducción de los gastos.

Esto se comenzó a hacer en las últimas semanas mediante la reducción de los subsidios y por la readecuación de las tarifas de servicios públicos.

Toda la secuencia tenía un solo objetivo; el de devolver la normalidad a una economía que dejó de crecer en los últimos años, que se aisló del mundo. Al mismo tiempo esto debía hacerse sin tener un costo social fuerte entre las clases de recursos más bajas. Entre los puntos a enumerar podemos encontrar las tarifas de los servicios públicos y el incremento de los precios, la liberación del CEPO, el déficit fiscal, la inflación, etc.

Desde la antigua administración, se dijo en reiteradas oportunidades que el incremento de los precios y la colocación del cepo se daban en una coyuntura de crisis internacional que redujo el nivel de crecimiento, no solo en el país sino que en toda la región. Este discurso (más político que económico) no es del todo exacto ya que hubo países en la región que crecieron en promedio un 4%, habiendo recibido el mismo impacto de la crisis internacional que la Argentina.

Asumido el nuevo gobierno, éste decidió antes que nada normalizar la economía, pero la delicada situación lo obligó a ir a lo urgente o apremiante antes que a lo importante. Primero, se decidió liberar el CEPO, con la finalidad de devolver al mercado cambiario la normalidad que éste tenía previamente y al mismo tiempo se buscó devolverle a la economía la competitividad necesaria para reinsertarse en el mundo.

Normalizado el mercado cambiario, resta ver si esta normalización genera un traslado a precios lo que produciría un retraso cambiario y así un círculo vicioso. El plan entonces pasa por la generación de una estrategia anti-inflacionaria que corrija la tendencia de los precios a la suba. Pero para ello primero hay que conocer la magnitud del déficit fiscal heredado para poder delinear las políticas monetarias y fiscales tendientes a corregir el incremento de los precios.

El déficit fiscal está directamente ligado a otro problema que presenta la economía que es el atraso de las tarifas de los servicios públicos. Corregir este atraso, permitirá reducir el déficit fiscal y como resultado de esto, emitir menos pesos lo que evitaría en principio el incremento en los precios.

En consecuencia, se busca realizar un cambio en la política tarifaria que según trascendió en las últimas horas se vería reflejada para el mes de marzo de 2016. Resta ver si la misma se va a ver reflejada con el corte de la tarifa de dicho mes (que incluiría los consumos de los meses de veranos) o si se va a corregir a partir de marzo lo que provocaría un impacto más adelante.

Al mismo tiempo, trasciende que se eliminaría los subsidios a la oferta y al mismo tiempo se generaría un subsidio sobre la demanda, lo que tendría un impacto mucho menor ya que se mantendría el subsidio para las clases más bajas solamente.

En conclusión, la secuencia correcta seria: primero, lo urgente, y es que la economía vuelva a ser competitiva a nivel internacional para generar ingresos. Segundo, el equilibrio de las cuentas fiscales que permitirá terminar de ordenar la economía y en tercer lugar viene lo importante, que determinará el éxito de la actual gestión económica, y que permitirá retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo social.

El camino estará lleno de desafíos. La economía es dinámica, no se la puede sujetar con CEPO, tarifas y demás artilugios para controlar la situación, sin pensar a largo plazo. La salida de este tipo de coyuntura suele ser dolorosa, pero hay que tener paciencia porque se está retomando lentamente el camino correcto. Bienvenido el 2016 y feliz año para todos.

Los principales acreedores griegos son Alemania, a quien le debe una suma cercana a 68 mil millones de euros, en segundo lugar está Francia con 43.800 millones de euros, en tercer lugar, Italia, con 38.600 millones de euros y en cuarto lugar, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien tiene una deuda de 21.400 millones de euros. El primer paquete de ayuda financiera a Grecia fue aprobado por la Unión Europea y el FMI en mayo de 2010. En ese momento se pusieron a disposición del Gobierno griego 110 mil millones de euros (unos 120 mil millones de dólares) para que honrara sus compromisos con sus acreedores, en ese momento en su mayoría bancos privados de la región.

Pero la ayuda económica no resultó suficiente, porque el Gobierno griego siguió con la misma política de tener un déficit fiscal alto, es decir, gastar más de lo que recibe, lo que lo llevó al borde de otra crisis económica que comenzó días atrás con el no pago del vencimiento que Grecia tenía con el FMI por un importe de 1500 millones de euros.

Esta es la razón principal por lo que el Gobierno griego le solicitó ayuda a los países de la eurozona, los que luego de muchas reuniones decidieron aprobar un plan de rescate por 86 mil millones de euros, aprobado el pasado 15 de julio, a cambio de un fuerte ajuste económico. El Parlamento griego lo aprobó por 229 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones. El plan prevé los siguientes ajustes:

a)     Reforma del sistema impositivo griego

b)     Transformación del sistema de pensiones y jubilaciones

c)      Privatización de empresas estatales y apertura a la competencia de sectores como el transporte marítimo y la energía

d)     Reducción del gasto militar

e)     “Revisión y modernización” del mercado laboral.

Dentro de este exigente plan de ajuste está la reforma fiscal griega, que incluye una serie de reformas que atañen al impuesto del valor añadido (IVA), las nuevas medidas tributarias y el fortalecimiento de las leyes antievasión fiscal. Con respecto al IVA concretamente, se refiere a la introducción de tres tipos de IVA. Una pequeña reducción del 6,5 % al 6 % para medicamentos, libros y teatro; un 13 % para alimentos básicos, hoteles, energía y agua y un 23 % para el resto de las actividades económicas.

El plan establece una eliminación progresiva de las excepciones fiscales para finales del 2016, hoy cerca del 30 %, en las islas griegas más ricas y con mayor afluencia de turistas, pero se mantienen para las islas más remotas, y por lo tanto menos desarrolladas, del mar Egeo.

En cuanto a las pensiones y las jubilaciones, el proyecto propone una suba del 4 % al 6 %, la eliminación gradual de la ayuda a las pensiones más bajas y el congelamiento de las pensiones en términos nominales hasta el 2021.

Por su parte, el plan contempla la privatización de las principales empresas griegas en poder del Estado. Básicamente señala la privatización de la empresa aérea griega, los aeropuertos principales y regionales, las redes eléctricas y los puertos griegos, hoy todo en manos del Estado nacional.

Por último, y no menos importante, el acuerdo le exige una revisión y una modernización del sistema laboral griego, por ejemplo, la eliminación de la jubilación anticipada, la suba en la edad jubilatoria hasta los 67 años.

Con este plan de austeridad aprobado por el Parlamento griego, el Gobierno espera que se destrabe una ayuda económica urgente que alcanzaría una suma de 60 mil millones de euros necesarios para que la economía griega siga funcionando y para saldar los vencimientos de deuda que el país helénico tiene en los próximos meses. Esto le permitirá a la alicaída economía griega reestructurar los vencimientos, alargar los plazos, pero impide cualquier negociación con los acreedores por una quita.

Dentro del paquete de ayuda que se destrabaría en los próximos días está un paquete adicional por 26 mil millones de euros destinados a oxigenar a los bancos del sistema financiero griego, que prácticamente están ilíquidos por los sucesivos retiros de dinero por parte de los agentes económicos.

Como conclusión, solo queda preguntarse si con la adopción de este plan de ajuste la economía griega podrá volver a la senda del crecimiento y del desarrollo económico, con equilibrio fiscal y sin una restricción externa asfixiante o si, por el contrario, Grecia va a sumergirse aun más en una profunda crisis económica que la introduzca en otra crisis de deuda donde tenga que sacrificar aun más en pos de mantenerse dentro de la zona euro.

Este proceso perverso de la economía argentina es un ciclo que no logra ser aprendido por los diferentes dirigentes políticos que han pasado por el Poder Ejecutivo que, continuamente, lo repiten sin dar cuenta del costo que esto significa para el país.

Si observamos la situación actual, encontramos que este “círculo vicioso” se está dando nuevamente. De hecho, en enero del corriente, cuando el BCRA devaluó, muchos sectores económicos festejaron con la convicción que éste era el camino para recuperar el atraso que el tipo de cambio tenía. Pero como quien no hubiera aprendido de los errores pasados, se vuelve a caer en el mismo error y se financia el déficit fiscal con otra emisión monetaria que lleva a que el actual tipo de cambio vuelva a estar atrasado, lo que complica la económica actual.

A esta coyuntura interna de emisión monetaria y atraso cambiario, se suma una fuerte restricción externa. Por un lado, queda claro que los holdouts son un dilema relevante, a pesar de que originalmente el Gobierno dijo que no lo era o intentó minimizar el tema. Por otro lado, la caída en el precio de la soja que se registra en los mercados internacionales, y la caída en las exportaciones de las mismas, restringen aun más la entrada de dólares al país. Cabe recordar, que la economía Argentina es fuertemente dependiente de este commodity.

Entonces, ¿Cómo se puede salir de este ciclo vicioso que, a lo largo de la historia, el país sufre y ha sufrido?

Lo primero que hay que hacer, es cambiar las expectativas que el ciudadano tiene acerca del rumbo de la economía. Esto implicaría un plan antiinflacionario coherente, un fuerte control sobre el gasto y sobre todo, mostrar una fuerte voluntad de retomar el camino correcto. Esto no sólo significaría una mejora para la gente, sino que generaría menos costos para la industria. La Argentina tiene una historia muy fuerte en temas inflacionarios y sigue en el camino equivocado, sigue en la vereda de enfrente; como si no considerara su propia historia y tropezara siempre con la misma piedra.

En segundo lugar, el gobierno necesita conseguir dólares que le permita relajar el mercado cambiario y que permita financiar la importación de insumos claves para la industria nacional. Esto es necesario, ya que la macroeconomía tradicionalmente trabaja mal cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el Blue es superior al 60 %. Esto es algo que ya sucede, con lo que la economía necesita suavizar el mercado cambiario inmediatamente. En este sentido, encuentro dos caminos posibles.

El primero de estos caminos es el de solucionar el problema con los holdouts una vez que las RUFO (Rights Upon Future Offers) caigan en enero de 2015. Esto le permitiría recuperar un camino que meses atrás el gobierno tenía cuando acordó con el Club de Paris y con Repsol. Este camino, que es el de realizar una colocación de deuda, le daría a la economía nacional un respiro.

La segunda opción, de no querer asumir el costo político de arreglar con los holdouts, se podría tantear qué ocurre con otros mercados internacionales, que estén por fuera de la jurisdicción de Nueva York. Lo que habría que tener en cuenta en este caso, es ver cuál es la tasa a la que se colocaría y cuánto es el máximo que estos mercados están dispuestos a prestarle a la Argentina, considerado un país riesgoso y en mercados no tradicionales.

Para finalizar, cabe resaltar que, de elegir la estrategia que se elija, lo que se necesita es tener un plan económico coherente y previsible, con objetivos claros, que le permita a los individuos y a los mercados entender fácilmente el rumbo que la economía tomará. El plan económico debe tener en cuenta, de inmediato, los principales problemas que la economía nacional tiene, un crecimiento sistemático de la brecha cambiaria, alimentada por una fuerte emisión monetaria y una inflación que parece no tener techo.

Hacia fines de 2013 se aceleró el deterioro macroeconómico. Signo de esto fueron la fuerte caída de las reservas internacionales que llegaron a un mínimo de 28.000 millones de dólares; la “explosión” en la emisión monetaria para financiar al Tesoro y la – consecuente – suba de la tasa de inflación, la cual profundizó la brecha entre la inflación oficial (Indec) y la “real”.

En este escenario, y con el objetivo de tranquilizar a los agentes económicos, en el mes de enero el Banco Central devaluó el tipo de cambio, el cual pasó de $6,52 a $ 8,01, y se profundizaron las trabas a las importaciones con la finalidad de evitar que sigan saliendo dólares del país, medida que también terminó mal con la reciente multa de la OMC por las trabas impuestas al comercio y al incumplimiento de los contratos comerciales firmados.

Si bien se habla mucho de las variables mencionadas, la principal causa del deterioro macroeconómico es el enorme déficit fiscal, cuya solución no se encuentra en la agenda de corto plazo de la gestión de esta administración: para el equipo económico, el gasto público debe compensar la caída de los restantes componentes de la demanda (consumo, inversión y exportaciones) a “cualquier precio”.

Ante la imposibilidad de conseguir dólares, el gobierno se dedicó a financiar este enorme agujero fiscal con emisión monetaria, retroalimentando la inflación y la  retracción económica, y generando mayor necesidad de erogaciones gubernamentales.

Si miramos retrospectivamente, en 2011 el déficit fiscal alcanzó el 1,7% del PBI, mientras que para 2013 casi se duplicó, llegando al 3,2%. Y el panorama se vuelve más sombrío para 2014: según estimaciones privadas el año cerrará con un rojo de 4% del PBI, cifras que no se verificaban desde la década del ’80.

Este incremento del déficit fiscal, se da principalmente como consecuencia del aumento en los subsidios, los cuales en el último año aumentaron un 34% y se estima que durante 2014 se expandan un 56%, a pesar del “recorte” anunciado por el Ejecutivo a comienzo del año.

Frente a este escenario, el Banco Central – única fuente de financiamiento con la que cuenta el gobierno – deberá emitir un monto cercano a los 150 millones de pesos para terminar de cubrir sus erogaciones programadas por el Tesoro, lo que sin duda acelerará fuertemente la inflación hacia finales de año.

Sin atisbo de moderación, sino todo lo contrario, la devaluación de enero sólo fue el comienzo del movimiento cambiario, a pesar de la “pax” de los meses posteriores. El tipo de cambio continuará su senda ascendente, debido a que debe acompañar la suba de precios originada en el exceso de emisión de dinero para financiar al Tesoro.

Y por más que desde Economía quieran bajar las tasas de interés para “reactivar” la actividad económica, en un contexto como el descripto serán necesarios mayores incrementos, con el objetivo de “quitar pesos de circulación” y evitar que la brecha cambiaria con el mercado paralelo continúe incrementándose: sin lugar a dudas, la dinámica originada por la política fiscal “ultra-expansiva” constituye un círculo vicioso del que el gobierno no sabe cómo – o no quiere – salir.