Revisando el pasado, encontramos que los tan afamados fondos buitres se presentaron en el juzgado del juez Thomas Griesa con la finalidad de que este reconozca (según la jurisdicción de la deuda emitida) la deuda que la República Argentina con estos fondos y así obligar al país a pagarle el 100 % de la deuda o al menos intimar al mismo a mejorar la oferta hecha en el canje de 2005 y 2010.

El 30 de julio pasado, el juez falló a favor de éstos y como era predecible, obligó a la Argentina a sentarse a negociar para llegar al pago de u$s 1.330 millones en efectivo.

Pero esto era impracticable para el país por la clausula RUFO que obligaba a la Argentina “igual tratamiento de acreedores (pari passu)”. De haber negociado en su momento, y de mejorar la oferta de los canjes realizados con anterioridad la deuda total ascendería a u$s 10.000 millones.

Con la llegada del nuevo año y con la caída de las Rights Upon Future Offers (RUFO) el interrogante es, qué pasará de ahora en más.

A la hora de evaluar el futuro, el interrogante principal es si el gobierno se sentará con los holdouts para negociar y finalizar así el conflicto. Muchos medios especializados y especialistas en el tema aseguran que durante el mes de enero de 2015 el gobierno empezaría a negociar con los diferentes fondos con la idea de pagar y cerrar el tema. Muchos especialistas incluso auguran que el proceso no va ser inmediato y que incluso los anuncios de un acuerdo podrían llegar para el segundo semestre.

Pero la pregunta del millón es, ¿este Gobierno Argentino necesita negociar con los fondos buitres o esperará y dejará el tema como herencia para el próximo gobierno? La pregunta parece responderse desde una sola perspectiva y ésta es la realidad económica de la Argentina.

A lo largo de los últimos meses, se hace cada vez más evidente que el país necesita dólares que le permita relajar los controles a las exportaciones de insumo para la industria, dólares para disminuir los controles en el mercado cambiario y dólares que ayuden restablecer el nivel de reservas internacionales.

Así, el fin del problema de los fondos buitres habilitaría a la Argentina para salir a colocar deuda en el exterior que le permita al equipo económico normalizar la economía y volver a retomar el camino del crecimiento económico.

Al mismo tiempo, se empezaron a ver ciertos movimientos de los holdouts, hacia finales de diciembre, tendientes a organizarse de cara a una posible negociación con el Gobierno argentino. Avanzaron en la unificación de causas por u$s 4.400 millones adicionales a la sentencia que ya tienen a su favor por unos u$s 1.700 millones. Esto se trata de la unificación de diferentes causas que hasta ahora no habían entrado en el fallo original.

Sin embargo, aun no hay nada definido y el “tono confrontativo” del gobierno podría llevarnos nuevamente a cero. Habrá que esperar las novedades que vayan surgiendo en el transcurso del mes de enero de 2015 para ver cómo evoluciona el tema. Todo hace pensar, ya sea desde la necesidad del gobierno por conseguir dólares o por los movimientos que los fondos están realizando, que la negociación se va a llevar a cabo y que podría en los próximos meses llegar a su fin un conflicto que al día de hoy lleva 196 días y no hace mas que generar incertidumbre acerca del futuro económico del país.

Con las cartas sobre la mesa, el tema es como va a hacer la Argentina para hacer frente al pago de esta deuda. El peligro, como mencionamos días atrás, es que esta se incremente exponencialmente si se activa la clausula RUFO (Rights Upon Future Offers) de los títulos defaulteados en el 2001, y renegociados en 2005 y 2010.

Si bien el fallo del juez Thomas Griesa es por un monto de 1.330 millones de dólares, es de esperar que por medio de la RUFO el pago se dispare por encima de los 15 mil millones de dólares.

Llegado a este punto se visualizan dos grandes escenarios. El primero es que el gobierno enfrente estas erogaciones en efectivo. Si esto es así, la única vía posible es que la Argentina merme mucho más sus ya alicaídas reservas internacionales, lo que, sin dudas, generaría complicaciones adicionales a la economía nacional.

Las reservas internacionales en el BCRA ascienden a 28.884 millones de dólares según informa dicha institución a finales de junio. De las mismas encontramos que 14.700 millones de dólares serían liquidas según el informe del Bank Of América del 20 de junio pasado.  En este contexto de escasez de reservas, afrontar el tema de los holdouts en efectivo sería perjudicar fuertemente a la economía doméstica, disparando el tipo de cambio, acelerando la inflación y generando una contracción del nivel de actividad mayor que la actual.

Más allá de todo, los propios hold-outs, con uno de los referentes de los fondos buitre como Jay Newman, del Fondo de Inversión Elliott Management expresaron públicamente la posibilidad de aceptar títulos como pago de la deuda previamente defaulteada. Frente a este escenario es altamente probable que el gobierno intente no entregar divisas como forma de pago, sino bonos del Tesoro. Esto nos posiciona en el segundo escenario, el pago con títulos públicos. En este punto, el tema más importante es a que tasa estos serían colocados y a que horizonte.

En este sentido, varios economistas sostienen que la curva argentina en estos días se encuentra por el 9% y el 10% de yield. Es de esperar que holdouts, tras las arduas negociaciones que vienen enfrentando hace años con el gobierno, exijan bonos con estas tasas para aceptarlos como pago, algo totalmente imposible para el país.

Parecería entonces que Argentina no cuenta con mucho margen de maniobra. Sin embargo, si bien el escenario es complejo, esto no es así. El gobierno podría intentar cerrar la negociación con los holdouts en un título con un cupón menor, que si pueda pagar. Si se logra cerrar un acuerdo, una vez que estos bonos coticen, se espera que el valor de los mismos “vuele”, y por lo tanto, los tenedores tengan la chance de recuperar su inversión ampliamente, tal como vislumbran diversos actores económicos.

No obstante, en este escenario, por más que se analicen escenarios favorables y desfavorables para el país, la última palabra la tendrán los holdouts, los cuales parecen dispuestos a mantenerse en la batalla que comenzaron años atrás y vienen sosteniendo a pesar de los intentos del gobierno de canjear esos bonos en diversas oportunidades.

(escrito en colaboración con Eliana Scialabba)

Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo salió a denunciar públicamente de extorsión la sentencia del juez Thomas Griesa, la cual oportunamente fue avalada por la Cámara de Apelaciones y esta semana fue ratificada por la Corte Suprema.

El pronóstico de los mercados era que si finalmente salíamos “mejor parados” y comprábamos un poco más de tiempo para llegar al 2015, estábamos en el mejor de los paraísos y así, con este alargue, casi como un gol de oro, caducaba la cláusula de garantía Rights Upon Future Offers (RUFO) que incluían los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. En este escenario, se podría haber encarado una negociación con los holdouts independientemente de lo acordado con quienes entraron a los canjes anteriores.

Sin embargo, esto no sucedió, y la decisión de la justicia estadounidense cayó sobre los mercados como un “baldazo de agua fría”. Ya con las cartas sobre la mesa, debe analizarse más a fondo qué es la cláusula RUFO y como el hecho de que esté incluida en los bonos emitidos por el Tesoro Nacional hoy nos juega en contra.

Esta clausula tiene sus orígenes en 1976, año en el que el gobierno nacional sancionó la Ley N° 21.305, cuyo único artículo habilitaba a prorrogar la competencia territorial argentina “a favor de jueces extranjeros”, constituyendo el primer precedente de renuncia a la soberanía jurídica. En 1981 la Ley N° 22.434 ratificó la anterior.

Esta renuncia a la soberanía jurídica se aplicó en la emisión de los bonos en default en manos de los holdouts y en los sucesivos canjes de 2005 y 2010.  Oportunamente, la excusa para subordinarse a una justicia extranjera fue la de “brindarle seguridad jurídica a los inversores” o a los “tenedores de estos bonos”.

El fallo Griesa de la justicia de Nueva York, el de la Cámara de Apelaciones y la situación planteada por la Corte Suprema de no atender el “caso argentino” muestra lo equivocados que estaban quienes imaginaban que la justicia de esa ciudad era confiable en términos de los intereses del país.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, los fondos buitre buscan forzar un default técnico para activar el cobro de los seguros contra cesación de pagos de la deuda argentina en los que invirtieron, y obtener así el pago del 100% de lo adeudado.

Asimismo, la cláusula RUFO que da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en los canjes vence en diciembre de 2014. Esta asegura que si Argentina le ofrece a los fondos buitres mejores condiciones que las que ofreció a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y 2010 (alegando razones de necesidad en el momento de su aceptación), estos también pueden iniciar los reclamos para beneficiarse de las mismas. Esto implica “tirar por la borda” toda la quita pactada en los canjes previos, donde se logró que la mayoría de los tenedores de bonos en cesación de pagos ingresaran al canje.

Por lo tanto, la deuda que se busca negociar “contra-reloj” con Griesa y los abogados de los buitres no sólo incluye los 1.330 millones de dólares más intereses que estos exigen, sino que podrían sumarse unos 15.000 millones adicionales si los bonistas que canjearon optan por iniciar sus reclamos.

Y si bien el país no puede hacer frente al escenario originado por la inclusión de la cláusula RUFO en los bonos emitidos, el Poder Ejecutivo no hace más que enviar “malas señales”, complicando aun más el panorama.

El miércoles el juez Griesa manifestó sobre los dichos de Cristina Fernández de Kirchner no dan “confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina”. Además, dijo que las palabras de la Presidenta son “un problema” para lograr un acuerdo con los holdouts que evite un default. Asimismo, planteó que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía Axel Kicillof de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley argentina, viola sus decisiones previas.

Hoy por hoy el panorama de Argentina es sombrío, y todos los avances que se habían logrado en término de negociaciones internacionales en pos de volver a los mercados de crédito, que permitan al país financiarse y dar lugar a una transición ordenada, han sido en vano luego de este revés.

La inclusión de la cláusula RUFO que en su momento pretendió “otorgar seguridad jurídica a los inversores” hoy podría asestar un golpe fatal al país y volvernos a hacer caer en cesación de pagos, dejando atrás todos los logros de los últimos años en materia de desendeudamiento. Parte importante de este revés, sin embargo, se debe a la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo.

(En colaboración con Eliana Scialabba)