En el marco de una nueva embestida del Gobierno por contener el tipo de cambio oficial y el Blue,  medidas que alcanzaron a firmas no solo del mundo financiero, se observa que básicamente entre los multados “se encuentran numerosas casas de cambio y bancos que incumplieron normativas de lavado de dinero; realizaron actividades prohibidas para el tipo de entidad; carecían de independencia funcional en sus locales de atención al público o falsearon normativas a fin de ocultar el verdadero estado patrimonial de las entidades”.

La semana pasada, el ministro de Economía, Axel Kicillof, explicó que los controles fueron lanzados en el marco de la fiscalización conjunta en prevención del lavado de activos. Cabe recordar que Argentina mantiene desde hace años un rígido control de cambios con el fin de evitar la fuga de capitales y preservar las reservas del Banco Central.

En un escenario fuertemente marcado por la expectativa política a raíz de los anuncios de las diferentes listas que competirán en las próximas elecciones presidenciales, el tipo de cambio oficial comenzó a sufrir presiones alcistas en los últimos días que lo llevó a operar en el entorno de los 9,07 pesos por dólar y al día de ayer el tipo de cambio Blue tocó y superó nuevamente la barrera de los 13 pesos por dólar. Esto, sumado a la fuerte baja de la Bolsa del día miércoles, llevó a las autoridades a incrementar fuertemente la presión sobre los operadores para intentar contener la suba.

En el día de ayer el dólar Blue avanzo un 0.40 % hasta que la cotización del mismo alcanzó los 13,02 pesos para la venta en la plaza local, en una rueda con renovadas alzas para los títulos públicos denominados en divisas y con pérdidas para las acciones líderes. El dólar informal amplía así a 43,33 % la brecha que lo separa del que se ofrece a $ 9,07 en el promedio de bancos y de casas de cambio de la City porteña.

Mientras tanto, las operaciones de Futuros en Nueva York sufrieron una fuerte presión alcista luego que se diera a conocer la noticia de que Carlos Zanini, el hombre de mayor confianza de Cristina Kirchner, acompañará a Daniel Scioli en la fórmula presidencial del FPV.

Por su lado el Merval sufrió el miércoles y el jueves una presión a la baja como consecuencia de los anuncios políticos. Así ayer el Merval retrocedió un 1 por ciento a en la Bolsa de Comercio porteña, que negociaba 71 millones de pesos en acciones, con pérdidas destacadas para Pampa Energía y Grupo Financiero Galicia, y alzas para Petrobras Brasil e YPF. Las acciones Argentinas en la Bolsa de Nueva York sufrieron una baja del 2 % en promedio.

Todo esto no es más que la reacción de los distintos mercados financieros a la decisión del Gobernador Daniel Scioli. La decisión no hace más que confirmar o al menos predecir que la política económica en los próximos años va a continuar de la misma manera. Tanto los agentes económicos como los ciudadanos tenían expectativas de cambio y en muchos casos esperaban un fuerte cambio de rumbo de la economía nacional.

La expectativa económica para los próximos años se centraba en un plan antiinflacionario coherente, liberación del tipo cambio, liberación del cepo cambiario, normalización y actualización del sistema tributario y la apertura y normalización del sector externo, principalmente de las importaciones de insumos necesarios para la industria.

En conclusión, podemos esperar que el cierre de la lista del FPV  sea la punta de lanza en la profundización de un modelo económico que originalmente funcionó muy bien y que ahora se encuentra agotado. Solo resta esperar y ver cuál es el camino económico que nos espera durante la gestión del próximo presidente.

La resolución de la AFIP estableció también que dicho cambio será retroactivo a enero de 2015 y “ante el supuesto de importes retenidos en exceso con anterioridad a la resolución de la AFIP, las empresas deberán efectuar la devolución en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario”.

Si bien los cambios producidos modifican en el corto plazo la coyuntura económica de los individuos, éstos no generan un cambio sustancial en la situación de cada uno, ya que no plantea en ningún momento el cambio en el mínimo no imponible ni la actualización de la tabla de deducciones. La resolución tampoco plantea un mecanismo de actualización periódica, similar al sistema de actualización del las jubilaciones, que permita, que en un país con una coyuntura inflacionaria como la nuestra, no genere distorsiones.

Ahora, lo que todos parecen discutir es si el cambio generado por la resolución de la AFIP es suficiente para mejorar la situación económica de cada ciudadano en particular, pero en ningún momento los actores políticos y económicos se preguntan por qué el Gobierno Nacional se niega a realizar un cambio sustantivo en el impuesto.

En el discurso, el Gobierno Nacional explica que por cada incremento marginal que los sindicatos sacrifican en las paritarias en pos de este impuesto genera financiamiento para programas de gobierno indispensables para el desarrollo económico. El discurso incluso va más allá y dice que de modificar el impuesto en profundidad, se pone en riesgo el financiamiento de programas sociales y empresas públicas.

Es indudable la necesidad de un Estado fuerte, con funciones bien definidas, con empresas públicas eficientes. Tampoco se pone en duda la asistencia social con programas ya en funcionamiento y que han resultado estar a la altura de la circunstancia. Por eso creo que, entre el discurso del gobierno y la realidad de los trabajadores alcanzados por este impuesto, se puede encontrar un punto medio.

Ante esto, ¿es tan importante la participación del impuesto a las ganancias en la recaudación total?

Analizando fríamente los números, podemos concluir que no. Encontramos que en el año 2013 la participación del impuesto a Ganancias en el total recaudado estaba en torno al 4%, mientras que en el 2014 subió al 7%. Este incremento se debió principalmente al aumento de la base imponible por suba de ingresos de los trabajadores, así como por un alza en la cantidad de asalariados que comenzaron a tributar por la desactualización del mínimo no imponible. Para el 2015 la participación del impuesto en el total recaudado podría ser de alrededor del 8 por ciento. Por las mismas razones expuestas.

Entonces, si la participación en el total recaudado no llega ni siquiera a los diez puntos porcentuales, ¿por qué no mejorar la situación económica de los trabajadores modificando en profundidad el impuesto si esta modificación no pone en peligro el normal desarrollo de programas de gobierno?

Como conclusión, podemos decir que, si observamos la evolución de la presión tributaria que el impuesto genera y los agentes afectados, tenemos que entender que Argentina ha convertido un buen sistema tributario en uno basado en impuestos regresivos y distorsivos que afectan la carga impositiva sobre las personas y la competitividad de las empresas, e interfieren en el desarrollo de negocios y la generación de empleos.

Para finalizar, podemos decir que es imperativa una reforma del impuesto de carácter integral que genere un sistema de actualización anual, que modifique las escalas y el mínimo no imponible en la misma proporción que el promedio de los aumentos logrados por los sindicatos, con la finalidad de que la recaudación se incremente por un aumento en las utilidades de los trabajadores y no por algo tan esencial como una actualización salarial.

Esta es la eterna pregunta que se hacen los ciudadanos de a pie en los últimos días. A principios de año, el gobierno devaluó un 23% el tipo de cambio hasta el umbral de los 8 $/USD como medida para refrescar la economía y sacarla del estancamiento que la misma sufría.

El problema, en ese momento, era cuánto se iba a disparar el tipo de cambio “no” oficial o “blue” que ya tenía una brecha superior al 50% y ya fluctuaba por encima de los 13 $/USD. Para contrarrestar esto, el Banco Central (BCRA) subió fuertemente las tasas de interés con la finalidad de “frenar” la suba de la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Con los días, el mercado alcanzó un “virtual” equilibrio y el alza de las tasas logró contener la escalada del dólar “blue”, en un delicado equilibrio económico.

Con el transcurrir de los meses y con el problema de los fondos buitres aún fresco, el gobierno busca medidas, aunque sin un rumbo claro, con el fin de reactivar la economía. El “cerebro” de Economía no tuvo mejor idea que, en un contexto inflacionario, bajar la tasa de interés, ganándole la pulseada a Juan Carlos Fábrega: según Axel Kicillof, esto incrementaría la oferta de crédito, y por lo tanto del consumo y la inversión, reactivando la economía.

Sin embargo, los mercados se hicieron escuchar inmediatamente. El tipo de cambio paralelo “voló”, volviendo a sus andanzas y superando el nivel alcanzado a principios de año y tocando los 13,25 $/USD, lo que genera una ampliación de la brecha cambiaria a un 59%, lo que trae aparejada mayor incertidumbre económica.

La escasa corrección del tipo de cambio oficial en los últimos días no hace más que confirmar que los objetivos seguidos siguen siendo poco claros – aunque este está siendo utilizado como ancla inflacionaria – y que el aumento de las restricciones, sobre todo cambiarias, tiene como finalidad mantener el escaso nivel de reservas internacionales.

En este escenario, ¿qué se podría esperar para las próximas semanas?

Se debe esperar que las restricciones a las operaciones cambiarias sigan su curso y se incrementen, aunque aun no es muy claro hasta qué punto esta lo pueden hacer. Si bien es posible que pueda cerrarse definitivamente la posibilidad de comprar dólares para atesorar y/o para viajes al exterior, no puede asegurarse lo mismo sobre el pago a las importaciones. La economía depende fuertemente de estas para funcionar, y el no ingreso de productos de exterior, produciría una contracción aun mayor en la dañada actividad.

Sea cual sea el grado de cierre que tenga el mercado cambiario, se espera que la presión sobre el tipo de cambio paralelo continúe incrementándose, presionando sobre el ya elevado nivel de inflación.

No debe olvidarse que el dólar “blue” no sólo se utiliza para operaciones llamadas “especulativas”, sino que muchos productores que no tienen la opción de acceder al mercado formal deben realizar algunos pagos adquiriendo estas divisas y numerosas operaciones, como las inmobiliarias, toman este valor como referencia.  Por lo tanto, es equívoco tratarlo como un mercado “marginal” cuando el mismo es utilizado en algunos mercados para la fijación de precios, un tema tan sensible nuevamente durante estos últimos años.

Las expectativas en los mercados eran de alivio. Todos entendían que se encaminaba hacia un arreglo entre privados. Circulaba en la City fuertemente el rumor que un grupo de bancos privados argentinos comprarían la deuda a los “fondos buitre” y con esto pedirían el tan ansiado “stay”, para así alargar los plazos hasta diciembre y evitar las tan afamadas cláusulas RUFO (Rights Upon Future Offers).

El miércoles hacia las 7.00 de la tarde parecía que el anuncio del acuerdo era inminente, el mundo financiero y económico parecía detenerse en ese instante. Por los diferentes medios se anunciaba que Kicillof hablaría en conferencia de prensa y explicaría el acuerdo con los fondos, nada parecía predecir la actual situación… pero por arte de magia, el resultado fue otro.

Sin embargo, lo más importante de la conferencia de prensa no fue que el gobierno no iba a pagar, sino que casi cerró casi definitivamente la puerta para que se realice el acuerdo entre privados.

Mientras el Ministro se descargaba duramente contra el Juez Griesa y contra los holdouts, estos y los representantes de los bancos nacionales tenían casi cerrado el acuerdo que le iba a permitir al país llegar a diciembre y así, salvar la clausula RUFO. Pero la dura conferencia de prensa de Kicillof tiró todo el esfuerzo por la borda, al punto que fuertes rumores ponen a Juan Carlos Fábrega con un pie afuera del Banco Central, complicando aun más el panorama económico.

Todo esto disparó diferentes actos en el día de ayer. Por un lado los fondos pidieron que se activen los CDS (Credit Default Swaps) a la International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Los CDS son contratos derivados de crédito, por los cuales el comprador debe realizar pagos a su vendedor (como quien paga un seguro) hasta la fecha de vencimiento de un contrato. A cambio, el vendedor del SWAP se compromete a pagar en caso que un tercero deje de cumplir con sus obligaciones financieras acordadas en el título soberano.

Por otra parte, el Juez Griesa llamó a una Audiencia para el día de hoy a las 11.00 de la mañana, a la cual no asistiría – según fuentes oficiales – ningún funcionario argentino, para evaluar los pasos a seguir. Para comenzar, el Bank of New York ya anticipó que no girará los 539 millones de dólares que el país depositó para el pago de los títulos Discount hasta que no tenga una orden del Juez que lo habilita a hacerlo.

Con las negociaciones de la Asociación de Bancos Privados de Capital Nacional (ADEBA) en punto muerto, surgió un rumor, que fue creciendo con el correr de las horas, de que actores de la banca internacional comprarían los deuda de los holdouts. Citibank y JP Morgan son lo que intentan avanzar en una negociación que lleve a buen puerto a la Argentina.

Sin embargo, aun no hay nada definido y el “tono confrontativo” del gobierno podría llevarnos nuevamente a cero. Habrá que esperar las novedades que vayan surgiendo en el transcurso del día, pero lo que sí queda claro, es que Argentina una vez más, se encuentra al borde del abismo, y sólo podrá evitarse la caída estrepitosa si se concreta la operación entre los holdouts y la banca internacional, algo que al discurso del gobierno no le haría muy bien. 

(columna escrita con Eliana Scialabba)

Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo salió a denunciar públicamente de extorsión la sentencia del juez Thomas Griesa, la cual oportunamente fue avalada por la Cámara de Apelaciones y esta semana fue ratificada por la Corte Suprema.

El pronóstico de los mercados era que si finalmente salíamos “mejor parados” y comprábamos un poco más de tiempo para llegar al 2015, estábamos en el mejor de los paraísos y así, con este alargue, casi como un gol de oro, caducaba la cláusula de garantía Rights Upon Future Offers (RUFO) que incluían los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. En este escenario, se podría haber encarado una negociación con los holdouts independientemente de lo acordado con quienes entraron a los canjes anteriores.

Sin embargo, esto no sucedió, y la decisión de la justicia estadounidense cayó sobre los mercados como un “baldazo de agua fría”. Ya con las cartas sobre la mesa, debe analizarse más a fondo qué es la cláusula RUFO y como el hecho de que esté incluida en los bonos emitidos por el Tesoro Nacional hoy nos juega en contra.

Esta clausula tiene sus orígenes en 1976, año en el que el gobierno nacional sancionó la Ley N° 21.305, cuyo único artículo habilitaba a prorrogar la competencia territorial argentina “a favor de jueces extranjeros”, constituyendo el primer precedente de renuncia a la soberanía jurídica. En 1981 la Ley N° 22.434 ratificó la anterior.

Esta renuncia a la soberanía jurídica se aplicó en la emisión de los bonos en default en manos de los holdouts y en los sucesivos canjes de 2005 y 2010.  Oportunamente, la excusa para subordinarse a una justicia extranjera fue la de “brindarle seguridad jurídica a los inversores” o a los “tenedores de estos bonos”.

El fallo Griesa de la justicia de Nueva York, el de la Cámara de Apelaciones y la situación planteada por la Corte Suprema de no atender el “caso argentino” muestra lo equivocados que estaban quienes imaginaban que la justicia de esa ciudad era confiable en términos de los intereses del país.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, los fondos buitre buscan forzar un default técnico para activar el cobro de los seguros contra cesación de pagos de la deuda argentina en los que invirtieron, y obtener así el pago del 100% de lo adeudado.

Asimismo, la cláusula RUFO que da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en los canjes vence en diciembre de 2014. Esta asegura que si Argentina le ofrece a los fondos buitres mejores condiciones que las que ofreció a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y 2010 (alegando razones de necesidad en el momento de su aceptación), estos también pueden iniciar los reclamos para beneficiarse de las mismas. Esto implica “tirar por la borda” toda la quita pactada en los canjes previos, donde se logró que la mayoría de los tenedores de bonos en cesación de pagos ingresaran al canje.

Por lo tanto, la deuda que se busca negociar “contra-reloj” con Griesa y los abogados de los buitres no sólo incluye los 1.330 millones de dólares más intereses que estos exigen, sino que podrían sumarse unos 15.000 millones adicionales si los bonistas que canjearon optan por iniciar sus reclamos.

Y si bien el país no puede hacer frente al escenario originado por la inclusión de la cláusula RUFO en los bonos emitidos, el Poder Ejecutivo no hace más que enviar “malas señales”, complicando aun más el panorama.

El miércoles el juez Griesa manifestó sobre los dichos de Cristina Fernández de Kirchner no dan “confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina”. Además, dijo que las palabras de la Presidenta son “un problema” para lograr un acuerdo con los holdouts que evite un default. Asimismo, planteó que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía Axel Kicillof de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley argentina, viola sus decisiones previas.

Hoy por hoy el panorama de Argentina es sombrío, y todos los avances que se habían logrado en término de negociaciones internacionales en pos de volver a los mercados de crédito, que permitan al país financiarse y dar lugar a una transición ordenada, han sido en vano luego de este revés.

La inclusión de la cláusula RUFO que en su momento pretendió “otorgar seguridad jurídica a los inversores” hoy podría asestar un golpe fatal al país y volvernos a hacer caer en cesación de pagos, dejando atrás todos los logros de los últimos años en materia de desendeudamiento. Parte importante de este revés, sin embargo, se debe a la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo.

(En colaboración con Eliana Scialabba)