Evidentemente, este cambio debía ser realizado por el Congreso renovado el 10 de diciembre de 2015, en su nueva integración. Pero no, el kirchnerismo se adelantó. El procedimiento de designación de los nuevos auditores fue inconstitucional y estuvo teñido de irregularidades graves. Fueron aprobados por la mayoría automática del oficialismo antirreglamentariamente, en una sesión especial, sin estar incluida en el orden del día y sin ser votada su incorporación posterior por una mayoría de las tres cuartas partes de los votos, que el oficialismo no reunía, jurando sin el quórum requerido.

¿Y por qué el FPV actuó de esta forma apresurada e ilegal buscando mantener esta mayoría? Porque, justamente, durante el año parlamentario que comienza en 2016, la AGN tiene que presentar y solicitar la aprobación de todos sus informes recopilados sobre la gestión del actual Gobierno, que finaliza su mandato el 10 de diciembre de 2015. Todos saben que esos informes, algunos ya tratados inicialmente o anunciados, en su mayoría son desaprobatorios de la gestión gubernamental, e incluso han sido el origen de denuncias o acciones penales con destino judicial, por los delitos derivados o las graves faltas que conllevan responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes. Resulta entonces necesaria esa mayoría para desaprobar o archivar dichos informes y dejar a salvo la responsabilidad penal del Gobierno saliente. ¿No es ilegal auditar la propia gestión, lo que obligaría a excusarse o a ser recusados?

Conclusión: Se han violado la Constitución Nacional, el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, la ley 24156, los mecanismos de control de los órganos de Gobierno, la representación parlamentaria, la ética pública, los principios republicanos y el orden democrático.
Terminemos con la impunidad. No podemos permitir acciones dictatoriales en plena democracia. El 22 de noviembre #Cambiemos.

Sería un error creer que estas cuestiones no están relacionadas. Lo que se esconde atrás de todas estas cosas es una concepción del Estado que, en vez de priorizar los intereses de los argentinos, prioriza los intereses de la clase política y de los corruptos. Es esa lógica la que los lleva a querer apropiarse de toda la estructura del Estado: los ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los entes autárquicos, los organismos de control, las empresas estatales y, ahora también, el Parlasur. Sin embargo, los argentinos tenemos una oportunidad para elegir qué país y qué Estado queremos.

Según el Protocolo de Montevideo de 2005, acto por el que se crea el Parlasur, las responsabilidades de cada parlamentario son promover la integración económica, social, cultural y política de los países miembros, construir una ciudadanía del Mercosur estimulando valores comunes que promuevan los derechos humanos, el Estado de derecho, la Justicia independiente y la democracia republicana. En estos 12 años el Frente para la Victoria (FPV) no solo no ha promovido la integración entre los países miembros, sino que nuestras relaciones con países como Brasil o Uruguay están en su peor momento de los últimos 20 años, y el Estado de derecho, la Justicia independiente y la democracia republicana han dado paso al “socialismo del siglo XXI” del chavismo y al proyecto “nacional y popular” del kirchnerismo. ¿Qué defensa de los derechos humanos y los compromisos democráticos puede hacer Milagro Sala, candidata a parlamentaria del Mercosur del FPV, cuando es la dirigente de una agrupación vinculada con el asesinato de un joven que había cometido el pecado de repartir boletas de otro partido político? ¿El Parlasur seguirá siendo un escudo de protección para los atropellos a los derechos humanos y la libertad en Venezuela?

Es fundamental que los parlamentarios del Mercosur que resultemos electos tengamos como objetivo y prioridad trabajar por y para los ciudadanos del Mercosur y no ser enviados de los distintos Gobiernos para defender sus intereses políticos. La promoción, la defensa y la protección del orden democrático, del Estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales son esenciales e indispensables para la generación de una verdadera integración entre los países hermanos del Mercosur. La corrupción en todos los niveles de Gobierno, incluso en la Justicia, en las fuerzas de seguridad, en los sectores empresarios y gremiales, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero son claras violaciones a los derechos de los ciudadanos del Mercosur producto del accionar o la complicidad de un Estado que solo está interesado en repartir el botín entre los amigos en lugar de promover una verdadera integración que sea beneficiosa para los argentinos y para los ciudadanos de los distintos países del Mercosur.

En las últimas semanas y meses se ha empezado a formar hacia dentro del Parlasur un bloque chavista integrado principalmente por los enviados de Nicolás Maduro y los parlamentarios del Frente para la Victoria, cuyo único objetivo es proteger los intereses políticos de sus respectivos jefes. Al mismo tiempo, estamos observando algunas maniobras hacia dentro del Parlasur, con la connivencia de los parlamentarios de distintos países, para que el Parlasur quede integrado por miembros elegidos indirectamente, en contra de lo que establece el acta constitutiva del cuerpo. De la misma manera que el kirchnerismo adelantó las elecciones de parlamentarios del Mercosur para ubicar a algunos de sus dirigentes más cuestionados, ahora promueven que el resto de los países ocupen las bancas que les corresponderían, una vez que los ciudadanos elijan directamente a los parlamentarios, de forma indirecta, logrando de esta manera que el Parlasur quede integrado por enviados de los Gobiernos en vez de estar integrado por representantes del pueblo del Mercosur.

Es nuestra tarea, la de todos aquellos que creemos que el Estado y el Parlasur deben estar al servicio de los ciudadanos del Mercosur, que estamos convencidos de que no tenemos que conformarnos con vivir en la pobreza, la desigualdad y la violencia, y que hay un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos, ponerle un freno a este nuevo atropello que cometen los que quieren transformar al Parlasur en un órgano al servicio de los distintos Gobiernos y en una guarida para los vivos y los corruptos.