En el Protocolo Constitutivo del Parlasur, se había establecido que habría dos etapas de transición hasta que el órgano estuviera integrado y funcionando como lo estipulaba su carta orgánica. La primera etapa sería entre los años 2006 y 2010, y la segunda etapa, entre los años 2011 y 2014. Llegado el último año de la segunda etapa, el Parlasur debía estar integrado plenamente por parlamentarios electos por el voto directo de la gente y no por enviados de los gobiernos de turno. De más está decir que este cronograma nunca fue cumplido. Por esta razón es que se decidió prorrogar la etapa de transición hasta el año 2020, momento en que finalmente el Parlasur quedaría integrado como lo indica su carta orgánica. Al día de la fecha, sólo Paraguay y Argentina se han adelantado al cronograma final y han realizado elecciones directas para seleccionar a sus parlamentarios. En consecuencia, la integración actual del Parlasur (y hasta el año 2020) no responde a lo establecido por el Protocolo Constitutivo, por el Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur y por el propio reglamento interno del organismo.

Las consecuencias directas de esto son que, en primer lugar, todas las decisiones tomadas por el organismo están sujetas a impugnación en virtud de su irregular composición. En segundo lugar, que ninguna de las decisiones que tome la institución tiene poder vinculante para los países miembros del Mercosur. Dicho en otras palabras, el Parlamento del Mercosur, que constituye su organismo parlamentario, es una institución que no puede legislar.

Durante la campaña pusimos sobre el tapete las intenciones del Frente para la Victoria de convertir al Parlasur en un refugio de impunidad y un lugar para generar cargos y favores. Sabíamos que el objetivo era proteger a algunos dirigentes con fueros parlamentarios y garantizarles ingresos de donde pudieran seguir haciendo política a expensas de los contribuyentes argentinos. Sin embargo, propusimos el debate y logramos una notable adhesión de los ciudadanos. Y aunque hoy el Frente para la Victoria es la primera minoría entre los parlamentarios argentinos (en parte por un sistema electoral diseñado en favor de ellos), gracias al apoyo de todos ustedes a la campaña “Chau fueros” y al esfuerzo de muchos otros, como Gerardo Milman, pudimos lograr que aquellos que habíamos sigo elegidos para representar a los argentinos en el Parlamento del Mercosur no tuviéramos inmunidad de arresto, como cualquier otro ciudadano de a pie.

Si queremos que el Parlasur recupere el prestigio que nunca debió haber perdido y cumpla la función para la que fue creado, que es promover la integración y el desarrollo de los países miembros del Mercosur, tenemos la obligación ética, social y política de trabajar para demostrarles a quienes nos pusieron en este lugar que estamos protegiendo sus intereses y no los de la clase política. Con este único objetivo es que hemos decidido promover un proyecto para que los parlamentarios del Mercosur no cobremos sueldo hasta tanto el órgano no esté integrado como lo indica su Protocolo Constitutivo. No es ético que les pidamos a los ciudadanos de nuestros países, que ya de por sí tienen muchísimas necesidades, que nos paguen un sueldo por un trabajo que no podremos hacer plenamente hasta que el órgano esté completamente integrado por parlamentarios escogidos por voto directo y tengamos la capacidad de tomar decisiones vinculantes para los Estados que integran el Mercosur.

Aparecerán las críticas de aquellos que siempre han vivido a costa de los argentinos, de aquellos que no conciben la posibilidad de trabajar en pos de los intereses del prójimo en lugar de los propios y de aquellos que creen que el Estado es un botín para repartirse entre los amigos.

Pero como dijo el Presidente: “El Estado no puede ser el aguantadero de la política”. Nosotros estaremos siempre trabajando en función de los intereses de los argentinos, para que cada día vivamos un poco mejor.

Evidentemente, este cambio debía ser realizado por el Congreso renovado el 10 de diciembre de 2015, en su nueva integración. Pero no, el kirchnerismo se adelantó. El procedimiento de designación de los nuevos auditores fue inconstitucional y estuvo teñido de irregularidades graves. Fueron aprobados por la mayoría automática del oficialismo antirreglamentariamente, en una sesión especial, sin estar incluida en el orden del día y sin ser votada su incorporación posterior por una mayoría de las tres cuartas partes de los votos, que el oficialismo no reunía, jurando sin el quórum requerido.

¿Y por qué el FPV actuó de esta forma apresurada e ilegal buscando mantener esta mayoría? Porque, justamente, durante el año parlamentario que comienza en 2016, la AGN tiene que presentar y solicitar la aprobación de todos sus informes recopilados sobre la gestión del actual Gobierno, que finaliza su mandato el 10 de diciembre de 2015. Todos saben que esos informes, algunos ya tratados inicialmente o anunciados, en su mayoría son desaprobatorios de la gestión gubernamental, e incluso han sido el origen de denuncias o acciones penales con destino judicial, por los delitos derivados o las graves faltas que conllevan responsabilidad de los funcionarios públicos intervinientes. Resulta entonces necesaria esa mayoría para desaprobar o archivar dichos informes y dejar a salvo la responsabilidad penal del Gobierno saliente. ¿No es ilegal auditar la propia gestión, lo que obligaría a excusarse o a ser recusados?

Conclusión: Se han violado la Constitución Nacional, el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, la ley 24156, los mecanismos de control de los órganos de Gobierno, la representación parlamentaria, la ética pública, los principios republicanos y el orden democrático.
Terminemos con la impunidad. No podemos permitir acciones dictatoriales en plena democracia. El 22 de noviembre #Cambiemos.

Cuando el kirchnerismo adelantó las elecciones para parlamentarios del Mercosur, un órgano que recién quedará íntegramente formado, como su Carta Orgánica lo indica, en el año 2020, era evidente que el objetivo que perseguían era buscar protección para algunos de sus dirigentes. No es casualidad que la lista de parlamentarios del Frente para la Victoria la integren personajes como Milagro Sala, la dirigente de la agrupación que responsabilizan de la muerte del joven que repartía boletas de Cambiemos en Jujuy, dirigente que ahora debe ir a juicio oral y público por amenazar y escrachar a dirigentes de la oposición. O personajes como Oscar Parrilli, actual secretario de Inteligencia de una agencia estatal cuyo único objetivo pareciera ser el de espiar opositores, fabricar operaciones y apretar a quienes tengan el tupé de esbozar una opinión distinta de la que emana de la Casa Rosada. Tampoco es casualidad que sancionaran una ley que extendía los fueros que el propio Parlasur había dictado para sus miembros de manera que no pudieran ser arrestados.

Esa fue la razón por la que me decidí a ser candidata a parlamentaria del Mercosur. Porque no lo quería ver convertido en una guarida para que los vivos y los corruptos puedan seguir viviendo del Estado protegidos por una inmunidad que los eximía de responsabilidad por los atropellos que vienen cometiendo hace ya diez años. Producto de esa decisión de dar la pelea es que lanzamos una campaña para terminar con los fueros tal como existen en la Argentina. Desde el momento en que lanzamos el Chau Fueros, el apoyo de la ciudadanía y de todos aquellos que integramos el frente Cambiemos ha sido abrumador y esperanzador. Sin muchos más recursos que nuestras ganas y el apoyo de la gente, hoy ya son más de sesenta mil los argentinos que han firmado nuestro petitorio demandando terminar con los fueros como funcionan en la Argentina. Los fueros nacieron para proteger a los legisladores del abuso de poder del Estado en un momento en el que el Estado de derecho era tan sólo una promesa. Hoy, en la Argentina, un ex presidente condenado a siete años de prisión por tráfico de armas goza de una suerte de arresto parlamentario que le permite seguir disfrutando de su libertad (y apoyado con sus votos al kirchnerismo), aun cuando debería estar en prisión.

Nos han querido convencer de que esto es lo mejor que podemos lograr como sociedad. Que tenemos que conformarnos con vivir de la manera en que vivimos. Lo primero es falso y lo segundo, inadmisible. No podemos ni merecemos vivir en un país en el que tantos de nuestros compatriotas nacen condenados a la más absoluta pobreza. No podemos ni merecemos vivir en un país ahogado en la droga y subyugado por el narcotráfico. No podemos ni merecemos vivir en un país dividido por la violencia, el atropello y la soberbia. Y mucho menos podemos y merecemos vivir en un país en el que los políticos y los funcionarios corruptos están por encima de la ley. Porque cuando los privilegios de quienes están en el poder son superiores a los derechos de quienes otorgamos ese poder, no hay más democracia y no hay más república. Sin embargo, la verdadera fortaleza de un pueblo radica en su capacidad para sobreponerse a estos desafíos. El jueves pasado la Cámara Electoral anuló la inmunidad de arresto para los parlamentarios del Mercosur; así dio un paso más en la construcción de una Argentina en la que todos seamos iguales ante la ley. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de los miles de argentinos que, convencidos de que una nación mejor es posible, se sumaron con su apoyo a esta causa.

El domingo que viene los argentinos tenemos que elegir qué país queremos para nosotros y para nuestros hijos. O continuamos por la senda de la soberbia, el atropello y los privilegios para algunos, que encarnan el kirchnerismo, Daniel Scioli y Aníbal Fernández, o por primera vez en mucho tiempo elegimos cambiar y construir algo distinto. Un país en el que todos seamos iguales ante la ley, en donde quienes ostenten el poder tengan responsabilidades en vez de privilegios y en donde el Estado esté puesto al servicio de la gente. Eso es lo que expresa Cambiemos.