Muchos chicos de nuestro país están expuestos a la violencia doméstica, ya sea porque escuchan amenazas entre sus padres o las reciben de ellos. Esto los pone en una situación difícil. Como ha sido ampliamente estudiado, el efecto de vivir rodeado de violencia, cuando no es la muerte o un daño físico reparable, suele estar acompañado de ansiedad, problemas en el rendimiento escolar, aumento de la agresividad.

Aunque el maltrato ocurra en el hogar, no se trata de un hecho privado, porque todo lo que concierne al desarrollo integral de un niño es un tema de interés público. Esto es así por, al menos, dos cuestiones fundamentales: porque al ser menores no pueden protegerse tan fácilmente por sus propios medios, pero también porque las consecuencias de esa violencia generan consecuencias sociales indeseables en otros niños u otros adultos. Hay evidencia de que los niños enfrentados a situaciones violentas en sus hogares disminuyen los resultados en pruebas de lectura y matemática con respecto a sus pares en las escuelas, y aumentan la mala conducta de la clase. Se ha comprobado también que los niños que sufren violencia en sus casas suelen ser luego adultos violentos y, por lo tanto, tienden a perpetuar el daño recibido.

Ahora bien, toda la sociedad debe proteger a los niños: los médicos, los maestros y también los vecinos. Centrándonos justamente en el sistema educativo, el artículo 67 de la ley n.^o 26.206 de 2006 de educación nacional, referido a las obligaciones de los docentes, afirma en el inciso e): “proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en la ley n.^o 26.061” (ley nacional de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes).

Existen protocolos en las escuelas que establecen que los maestros deben avisar a sus superiores si observan signos de violencia doméstica en sus alumnos. Con esto es con lo que no cumplieron ni la directora del jardín de infantes ni la maestra del niño de 5 años que hace unos días fue asesinado en su casa. Por eso es que el Ministerio de Educación de la ciudad les inició un sumario administrativo y las suspendió (con goce de sueldo) hasta que se efectúe la investigación correspondiente. Se hizo lo que se tenía que hacer. Si no se hubiese tomado esta medida, muy raramente la escuela podría contribuir a disminuir los casos de maltrato infantil. Siempre habría incentivos para no cumplir con las obligaciones si no hay costos por la inconducta (por ejemplo, el miedo a las represalias de los padres o de la propia escuela por obligar a las autoridades a hacer más tareas). Como decimos los economistas, los incentivos tienen que estar alineados. El que hace bien su trabajo debe ser reconocido y el que lo hace mal debe ser sancionado. En este caso, no hacer bien un trabajo costó la vida de un chico de 5 años. La Unión de Trabajadores del Estado decidió realizar un paro de 24 horas en repudio a la sanción, la sociedad no debería acompañarlo. Los niños merecen ser defendidos.

Sin embargo, el entusiasmo con los celulares en Argentina se termina cuando uno mira que los reclamos por la prestación de servicios que dan las empresas de telefonía celular han empezado a ser recurrentes entre los usuarios. Es más, según lo afirman varios artículos periodísticos recientes, este tipo de quejas lidera el ranking en los organismos de defensa del consumidor de los distintos niveles de gobierno. La problemática la venimos sufriendo todos los ciudadanos y es el reflejo de la falta de poder fiscalizador del Estado.

Como ilustración vale una anécdota personal. Mantengo la misma línea de teléfono hace bastante tiempo, como la mayoría de las personas que hace varios años usamos celulares. Nunca he cambiado mi plan desde la contratación original, que consistía en un precio dado y una serie de servicios (básicamente minutos de llamadas libres, cierta cantidad de mensajes de texto libres, algunos números de llamada gratuitos y uso de internet ilimitado).

A principios de abril, por el robo de mi móvil en un colectivo (otro problema de falta de poder del Estado), concurrí a la compañía de celular para dar de baja el chip y aproveché para preguntar si podía bajar los costos de mi plan. Para ello, pedí que me detallaran los servicios que tenía y las alternativas. Ahí descubrí que lo que yo pensaba que contenía mi plan no eran más los servicios originales (los minutos libres a otras empresas de celulares habían bajado a la mitad). Pero me aseguraban que mi plan seguía siendo el mismo: efectivamente el nombre no había cambiado. En el ínterin, recibí una comunicación de la empresa en la que me informaban que el costo de mi línea volvería a aumentar 14 %. Cuando finalmente compré un nuevo teléfono, volví a ir a la empresa a buscar el nuevo chip e hice el ejercicio de volver a preguntar qué servicios tenía. Resulta ser que, a partir de mayo, mi plan ya no incluía números libres (excepto uno: a una línea fija).

Este caso es un ejemplo más de fracaso regulatorio, pero también de relato. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con las paritarias de los aceiteros (que lograron un aumento de sus salarios de bolsillo del 36 % -cumpliendo la pauta fijada por el gobierno de que sea del 27,8 %- usando el artilugio de “adicionales” salariales) o de los bancarios (negociaron subas del 33 % con “sumas no remunerativas”) y lo que pasa con los celulares? Es exactamente lo mismo: el aumento de la tarifa se conjuga con servicios cada vez menores.

Las empresas de telefonía móvil juegan con los consumidores y el Estado mira para otro lado, preocupándose más por defender el relato que el bienestar de los ciudadanos. El Estado tiene un rol fiscalizador de la actividad económica que no puede ser desatendido. Esperemos el futuro sea mejor.