Sin embargo, es difícil de lograr esto cuando el presupuesto destinado a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, se reduce año a año, al tiempo que aumentan los aportes para la educación privada que, a pesar de los subsidios, aumenta sus cuotas; y si se desoyen propuestas como las que venimos presentando hace más de cuatro años.

Queremos hacer un cambio de rumbo total, para que la escuela pública no sea el último recurso, sino una alternativa de calidad para todos los vecinos y vecinas.

Queda en evidencia que las políticas llevadas adelante por la actual gestión están en las antípodas de la educación por la que trabajamos y queremos para quienes viven en la Ciudad. El PRO presenta un discurso focalizado en los grupos de mayor vulnerabilidad, pero al momento de llevar adelante políticas de inclusión, hace todo lo contrario, cerrando centros culturales, sin garantizar la educación de los niños y niñas desde los 45 días, con inconvenientes en las inscripciones online, socavando los fundamentos del Estado de Derecho, es decir las garantías y el ejercicio de derechos para la ciudadanía porteña en su conjunto.

Para ello, creemos que debe haber una articulación constante con la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, generando espacios de trabajo en los que podamos, con una gestión coordinada, solucionar los problemas concretos de todos los ciudadanos.

La educación pública y gratuita genera igualdad de oportunidades y a ello apuntamos, con la construcción de nuevos jardines maternales y centros infantiles en todas las comunas, particularmente en el sur de la ciudad, sector olvidado por la gestión actual.

Tenemos el compromiso de trabajar por una educación de calidad, por más presupuesto educativo, que permita la igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Es nuestro deber lograr una planificación de las políticas en el área, generando en los distintos niveles de la educación, tanto pública como privada, escuelas de calidad que formen y capaciten a los jóvenes para el futuro.

Si pensamos en cómo lograr que un país siga mejorando, tenemos que tener políticas claras de inclusión para que, a partir de la educación, podamos brindarle a nuestros jóvenes mayores posibilidades. Tenemos la posibilidad y ♯VamosAVivirMejor.

El Gobierno porteño debería explicar, en primer lugar, porqué se retrasa con sus cumplimientos presupuestarios con la ACUMAR, organismo designado por la Corte para cumplimentar el fallo y compuesto en un 50 % por el Estado Nacional, un 25% por la Provincia de Buenos Aires y un 25% por CABA. En segundo lugar, debe responder por los habitantes de las villas y asentamientos lindantes con el riachuelo, en severo riesgo ambiental, que esperan ser relocalizadas en complejos de vivienda que el PRO no ha terminado de construir a pesar de que se han vencido largamente los plazos. Y finalmente, existen unas 300 empresas de la CABA que continúan sin presentar el Plan de Reconversión Industrial, lo que da cuenta de la falta absoluta de control hacia la contaminación del río.

Como integrante de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, una de las organizaciones civiles que constituyen el Cuerpo Colegiado de seguimiento al fallo, puedo afirmar que la gestión del Gobierno de la Ciudad en este punto carece de planificación y evidencia una desidia preocupante.

La recuperación de la Cuenca Riachuelo-Matanza es una oportunidad única para la necesaria equiparación de los barrios del sur con los del norte de la ciudad. Es un paso indispensable para la integración armónica de toda el área metropolitana. Cumplir, como gobierno de la Ciudad, con los objetivos y responsabilidades adjudicados por la ACUMAR es una prioridad absoluta de una gestión que tenga como horizonte mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Ello implica coordinar y concretar con ACUMAR gestiones y programas relativos al ordenamiento ambiental de la cuenca, el monitoreo de la salud de los habitantes, la urbanización de las villas, la construcción de viviendas, el proceso participativo para realizar las relocalizaciones necesarias y el cumplimiento planes de reconversión industrial a los estándares de emisión adecuados.

Más allá de los bonitos anuncios electorales sobre la “Ciudad Verde”, hasta hoy no vimos nada de eso. Lo mismo sucede con el incumplimiento de la Ley Basura Cero, la ausencia de una estrategia urbana que frene las construcciones no armónicas en barrios sobrecargados de cemento, el reciente intento de convertir la Reserva Ecológica en un basural y los emprendimientos privados en parques y plazas públicas sin consultar a los vecinos.

Para avanzar hacia una Buenos Aires en la que todos y todas vivamos mejor, hay que superar la actual dicotomía Ciudad-Nación, dejar de pasarse la pelota de las responsabilidades no resueltas y construir y articular desde una mirada amplia el diálogo necesario para cumplir con una gestión plural y eficaz.

Pero el diálogo al que hago referencia debe superar las meras buenas intenciones y plasmarse en logros concretos. Un avance en ese sentido fue sin dudas la inauguración de la Autopista Illia, fruto del trabajo conjunto entre la Ciudad y el Estado nacional. Sin embargo, en materia ambiental, los incumplimientos con el saneamiento de la Cuenca del Riachuelo y con la Ley de Basura Cero por parte del PRO no pueden caer siempre en la excusa del “no me dejan”. La Ciudad paga por cada tonelada de basura 1400 pesos, mientras que otras ciudades, como Córdoba, pagan menos de 200 pesos. Nadie los obliga. El problema actual es que se considera a la recolección de basura como un negocio privado del que sacar una tajada antes que como un servicio público.

Hay mucho para hacer. Es posible incrementar los espacios verdes de la ciudad incorporando tierras vacantes pertenecientes al Estado Nacional y las franjas costeras del Río de la Plata y del Riachuelo. Es urgente también priorizar a aquellas empresas que garanticen sustentabilidad ambiental para las compras y contrataciones por parte del GCABA, y cumplir con el ahorro del agua y el estimulo a las energías limpias en el marco de los compromisos para reducir los efectos del Cambio climático al que adhieren las grandes ciudades del mundo.

Durante mi mandato como legisladora, impulsé una normativa obliga al ejecutivo a presentar una Evaluación Ambiental Estratégica que considere las obras proyectadas en cada barrio y comuna de acuerdo a su sustentabilidad, dándole voz a los vecinos y sus organizaciones civiles. La reciente aprobación del Parque de la Estación en Once es un logro que convertimos en ley a partir de la iniciativa de los habitantes del barrio, aprovechando terrenos ferroviarios vacantes.

Cuando ponemos el eje en la gestión ambiental estamos defendiendo la calidad de vida de todos y todas. Una gestión ambiental con perspectiva metropolitana, diversa e inclusiva y no discriminatoria puede recomponer, recuperar y preservar los recursos naturales y patrimoniales de la Ciudad. Y trabajar para el desarrollo económico sustentable no sólo para el presente, sino también para las generaciones futuras.

Es importante destacar que Naciones Unidas ha hecho foco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lugar paradigmático en donde crece el número de viviendas que no tienen condiciones dignas para ser habitadas así como un sitio donde no hay políticas públicas al respecto. Por ejemplo, hay una partida presupuestaria destinada a urbanizar la Villa 31, y sin embargo no hay intención por parte de la actual gestión de hacerlo. Es parte de una concepción que busca la especulación y los negocios inmobiliarios en el espacio público.

Quieren titularizar el dominio para comprar a las personas humildes a un precio vil y hacer negocios con sus amigos a costa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.

Por otra parte, con respecto a las personas que están en la calle, se limitan a buscarlos cuando hace frío, pero no tienen respuestas ni soluciones para cada sujeto, no es sólo darle dinero o tratar de sacarlos como si fueran un objeto o meterlos en una institución, sino que hay que ver qué problema tiene la persona, cómo es su origen,  de dónde vienen, qué les pasa, qué sucedió con su familia, etcétera. Cada persona tiene que ser tratada como tal con cariño e inclusión social. 

Por un lado, hay un tema de falta de ejecución del presupuesto, pero también la ciudad ha duplicado sus ingresos y disminuyó su presupuesto en materia de vivienda, lo que es un retroceso en materia de techo digno, así como en la inclusión social. Los “pobres” son tratados desde una concepción neoliberal, como los excluidos que no han llegado a progresar por su falta de esfuerzo. Una visión netamente utilitarista de la sociedad, ”ser” es ”tener” para los/as chicos/as PRO.

Estamos hablando de un gobierno que reprimió a personas con vulnerabilidad como lo hizo la Unidad de Control de Espacio Público, que reprimió a los más débiles en el Hospital Borda. No es desafortunado pensar que quisieron hacer una limpieza étnica en la vía pública. Gabriela Michetti visitó el programa de Mirtha Legrand, se le preguntó por Pechito  y trató a las personas en situación de calle como patológicas.

Se hacen visibles para el PRO sólo cuando se las/os nombra en programas de TV. Esto sucedió con  nuestro amigo Alejandro “Pechito” Ferreyra. Se lo llevo el SAME el día 29 de agosto en perfecto estado de salud. El 30 de agosto el BAP lo traslada al Hospital Rawson contra su voluntad y luego desparece. Los/as vecinxs pedimos un habeas corpus. El 1º de septiembre aparece golpeado y en pésimas condiciones de salud. Presentamos una denuncia por abandono de persona. El 7 de septiembre muere y no hay ninguna respuesta por parte del Gobierno de la ciudad. Tenemos que seguir luchando para que esto nunca más suceda, que se haga justicia, y que haya políticas sociales para los miles de Pechitos que padecen las mismas condiciones.

Con un estudio riguroso de las partidas a las cuales van a ir destinados los montos adicionales de la ampliación, se evidencia que existen datos generales y vagos sin especificar claramente el programa así como una desigual distribución de los recursos. Esta ampliación además de exponer la ineficacia y la imprecisión con la que se realiza el presupuesto también demuestra la estrategia de la gestión PRO de esquivar los procesos habituales de análisis y aprobación del presupuesto presentado para el ejercicio, sin mencionar el abandonado mandato constitucional incumplido del presupuesto participativo. La presentación es poco detallada, brindando sólo información del ministerio y del inciso de destino de las partidas y muchas veces con nombres amplios como “obras varias” o “transferencias”.

Habiendo hecho reiterados aumentos de impuestos que afectaron a todos/as los/as porteños/as, pero especialmente a la clase media y a los/as que menos tienen, la gestión del PRO va a recaudar más de lo que imaginaron y estimaron originalmente en el presupuesto 2013. Es así que la ampliación prevé incorporar en recaudación tributaria unos $5.645 millones donde la mayor recaudación esta explicada por el impuesto a los Ingresos Brutos que representa un aumento en $4.272 millones.

Otro impuesto que afecta a los/as dueños/as de vehículos de la Ciudad, se estimó que va a tener una recaudación adicional de $137 millones. En cuanto a los/as inquilinos/as y los propietarios/as de viviendas de Buenos Aires que sufrieron los sistemáticos aumentos de ABL, se estima que van a aportar más de lo que se aprobó en el presupuesto 2013, con una ampliación presupuestaria de $592 millones. En el proyecto se explica que esta ampliación presupuestaria en los ingresos tributarios como los impuestos a los vehículos, inmuebles y sellos se debe a un mayor dinamismo del mercado automotor, productivo e inmobiliario en cuanto a precios y volumen de ventas. Estas justificaciones revelan que el gobierno nacional es el generador del crecimiento económico que beneficia directamente a la recaudación porteña contradiciendo sus propios presagios y estimaciones agoreras.

Distribución desigual de los recursos

La distribución de los recursos de la ampliación presupuestaria deja entrever a los verdaderos beneficiados/as de las medidas del PRO. Se destaca el “incremento salarial” donde los mayores montos son absorbidos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ($ 102.000.000), el Ministerio Público ($101.081.860), el Consejo de la Magistratura ($145.504.570) y sobre todo las Obligaciones a cargo del Tesoro ($2.769.804.644). Esta ampliación del crédito vigente en “gastos en personal” en un 17% es justificado por el PRO a partir de las paritarias impulsadas por las agrupaciones gremiales. Sin embargo, en el proyecto presentado por el PRO no hay aumentos salariales en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Educación a pesar de la extensa explicación del PRO de los aumentos salariales al personal médico y docente.

En cuanto a “bienes de consumo y gastos no personales”, justifican la ampliación presupuestaria por los mayores costos por culpa de la inflación y el aumento sostenido de precios (delegándole la responsabilidad al Estado Nacional), sin reconocer el error de cálculo y estimación del presupuesto en que incurrieron. Aun cuando en declaraciones mediáticas cuestionaban los índices oficiales de inflación, utilizaron estos mismos para sus estimaciones, demostrando una falta de coherencia entre sus declaraciones mediáticas y sus previsiones económicas. El Gobierno Nacional se encargó de reactivar la actividad y reimpulsar el crecimiento económico a partir de la aplicación de medidas expansivas contracícliclas. El reconocimiento a esta nueva realidad se refleja en el mismo proyecto de ley que destaca el mayor dinamismo en el volumen de ventas del rubro automotriz, uno de los elementos de tracción de todo el aparato industrial argentino. Adicionalmente reconoce que los ingresos por coparticipación serán mayores a los estimados por una mejor performance de la recaudación nacional. Nuevamente el PRO se ve beneficiado por las políticas de crecimiento con inclusión social encaradas por el Gobierno Nacional que impulsan su recaudación e impacta directamente en mayores recursos para las arcas subnacionales.

Nuevamente la gestión PRO beneficia a contratistas amigas

El punto referido a “transferencias y subsidios”. El PRO resalta los subsidios sociales, la asistencia a villas, a ex combatientes de Malvinas y a las víctimas de Cromagnon, Hospital Garrahan y damnificados de los temporales de 1 y 2 de abril del 2013. Sin embargo, estos ítems representan un monto reducido en comparación a otras transferencias como las destinadas a SBASE para obras y subsidios. Macri justificará esta ampliación en la imposibilidad de ejecutar su política fallida del incremento tarifario. De tal manera el PRO evade esta práctica de buena administración, y lo que no pudo realizarlo por un ajuste en los pasajes, lo hace mediante una transferencia del Estado porteño.

Con la excusa del “retraso en las tarifas” se amplían las transferencias directas. Estos supuestos incrementos de costos no fueron verificados ya que todavía no se hizo la auditoría a Metrovias ordenada en diciembre ni tampoco se ha enviado a la Comisión de Presupuesto la estructura de costos del mantenimiento del subte. Además a pesar de que Metrovías muestra déficit en sus balances, desvía ganancias en sus subcontratadas. El destino de los $220 millones para obras (según información enviada por el Ejecutivo) serán $104 millones para aires acondicionados en la líneas D y B y $116 millones serán destinados a “inversiones de emergencia y mejoras de red” mostrando la falta de claridad en el destino de los fondos.

Para considerar algunas cifras, las “Inversiones Transportes Subterráneos” tiene una ampliación presupuestaria de $220.000.000 y los subsidios Transportes Subterráneos asciende a $ 429.000.000. Por otro lado, los Subsidios Malvinas y Cromagnon tiene una ampliación de solo $15.000.000, la ampliación de la Ley 4505 con subsidios por inundaciones es de $80.000.000, y las transferencias al Hospital Garrahan aumenta en $74.000.000.

Otro aspecto relevante es la ampliación presupuestaria al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la recolección de residuos que asciende a la cifra de $302.000.000, sabiendo que el servicio de recolección de residuos se encuentra en situación irregular y requiere en las comunas donde los prestan empresas privadas el doble que el Ente de Higiene Urbana para realizar la misma tarea.

Falta de transparencia y claridad

Es llamativa la falta de transparencia en la ampliación del presupuesto para “Bienes de Capital”. Muchas obras e inversiones en cuestión están nominadas como “obras varias” sin el más mínimo detalle de si los recursos adicionales van a ser para obras nuevas o debido a la redeterminación de precios de obras en curso. Algunos ejemplos son las obras electoralistas y de “maquillaje” del Ministerio de Ambiente y Espacio Público donde figura una ampliación para “Obras Varias” de $490.000.000 y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana con un incremento presupuestario para “Obras varias en Comunas” de $145.000.000 sin definición ni conocimiento ni participación de las Juntas comunales. Seremos sorprendidos con canteros innnecesarios, juegos de agua o rejas no solicitadas, arreglos y pavimentaciones que se hacen mal y varias veces… en detrimento de obras de infraestructura de envergadura como subtes o inversión en vivienda.

¿Y el Presupuesto Participativo?

Es necesario remarcar que esta ampliación presupuestaria prosigue consolidando la tendencia PRO a la violación sistemática del mandato constitucional que exige la participación popular en la decisión del destino de los fondos públicos. Esta herramienta política exige transparencia e información oportuna a la población que decide y controla. El PRO ha desaparecido esta práctica porque la mejor forma de poder hacer lo que se les da la gana es hacer caja rápida y con destino confuso. ¿Qué sorpresas nos deparará la caja de Pándora? Seguramente más buenos negocios para algunos, más cotillón electoral para otros/as y más deuda para los/as de siempre.