Con los presidentes Kirchner no hubo ley de por medio; algunos se fueron de entrada (Luis Barrionuevo), otros luego (Hugo Moyano), por el ninguneo en el manejo de los dineros de las obras sociales y la escasa presencia de representantes obreros en las listas de diputados nacionales.

La ley vetada esta semana no terminaba de convencer, como ya lo he mencionado, al sindicalismo en general. La preocupación pública de los actores sindicales quedó expuesta en los seis puntos que acordaron las tres cegetés y las dos centrales sindicales, leídos por Juan Carlos Schmid en el multitudinario acto del 29 de abril pasado.

El encargado principal de acercarle al Presidente alternativas para rechazar lo que sancionarían las mayorías en el Congreso fue Ernesto Sanz. Llegó a sugerirle no sólo la abstención sino incluso, de ser necesario, hacer votar a Cambiemos el proyecto del Senado para rápidamente vetarlo. Mauricio Macri escuchó y luego decidió la abstención.

La ley antidespidos o ley veto es el puntapié inicial para la reformulación de alianzas políticas. El mensaje que Macri pareció transmitir es: “Yo hago lo que digo que voy hacer”. Por un lado, negoció vía Rogelio Frigerio con los gobernadores (un poder real del peronismo) y, por el otro, se aseguró de que las tres cegetés no respondieran a lo Saúl. Macri, ya lo he escrito, tiene con ellos una relación de viejos conocidos. El sindicalismo tiene fecha de unidad para el próximo 22 de agosto y cuenta con la promesa del Gobierno de cumplir con la deuda de obras sociales y el fondo compensador para el mismo mes.

En un único acto, el ingeniero Presidente hirió casi sin necesidad públicamente a dos circunstanciales aliados. Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa son de la oposición, pero facilitadores al fin cuando los temas lo ameritan. En cuanto a Pichetto, le enrostró su doble discurso político y, en el caso de Massa, lo calificó como un pícaro de la política. El destrato político no es buen consejero y mucho más cuando, como me decía hace quince días Graciela Camaño: “Macri nos necesita, esto recién comienza”. Una lectura que seguramente habrá evaluado el Presidente antes de emitir su veto es que la fortaleza de su coherencia puede convertirse en debilidad cuando especialmente los inversores externos, a los que el Gobierno espera, lean o puedan leer que su veto es sinónimo de no control del Congreso nacional.

La Iglesia viene advirtiendo sobre la gravedad de distintos flagelos que atraviesa nuestra Argentina: por la vulnerabilidad en las adicciones, en la infancia, en los jóvenes ni-ni, en la tercera edad. Y en este fin de semana alertó sobre la precariedad laboral. La Iglesia sigue siendo la voz no negociable del dolor en Argentina.

Hasta la década del ochenta, el salvoconducto para abandonar la pobreza era conseguir un trabajo. La dignidad del trabajo permitía ese salto cualitativo. Entre otras cosas, la década del noventa cambió este paradigma y surgió entonces la novedad de asalariados registrados pobres. La precariedad laboral con bajas retribuciones provocó este efecto. Lamentablemente, a lo largo de estos años, específicamente desde el 2008 hasta hoy, no hubo mejora sustancial en cuanto a la brecha de desigualdad, que nunca se retrotrajo. Sí lo hizo la desocupación, que de aquel 21% en el 2001-2002 logró bajar a un 7%-8% de desocupación real en el 2008. El licenciado Eduardo Donza, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, me decía: “Sin la ayuda del Estado, el 5%-6% de indigentes que hoy existe increíblemente en Argentina se duplicaría”.

Entre diciembre del 2015 y marzo de este año se fueron del sistema alrededor de cuatro mil millones de dólares. Si este ritmo continuase, se irían al cabo de un año 12 mil millones de dólares por falta de confianza. Esto representa casi la mitad de las reservas existentes. Otro gran alerta para el Gobierno. Todo indica que de esta encrucijada se debe salir con expansión económica y no con ajuste. El Presidente es un hombre pragmático y fuerza sus convicciones hasta el límite de las posibilidades, luego emprende otro camino. Ejemplo: la designación vía decreto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente, si en agosto o septiembre no obtiene los resultados que busca, propiciará un cambio de gabinete. Por las dudas, si piensa en Ernesto Sanz, sólo aceptará si el casillero de la jefatura de gabinete queda vacante.

Anécdota de por medio, lo cierto es que con Mauricio, así lo llaman, son viejos conocidos. Creen que la mejor definición sobre el tema de la semana (ley antidespidos) la generó el ex presidente Eduardo Duhalde: “Hacen un maremoto en una palangana”. Entienden que habrá ley, habrá veto parcial y mucho ruido en todas estas horas por la enorme puja política desatada. “Si faltaba algo, también se cuela el fútbol”, asegura mi interlocutor, excelente analista de esta realidad, hombre del sindicalismo que ha transitado muchas batallas en muchos Gobiernos. Inmediatamente agrega: “El peronismo no es alternativa, debe entender que perdió y darse una profunda autocrítica que le llevará mucho tiempo. Su liderazgo está absolutamente vacante. Y, por el otro lado, tenemos un Gobierno que no encuentra la botonera. Recién en el 2017 se juega la semifinal. Mientras tanto, le vendría bien al Gobierno tener un ministro de Economía”. Antes de dar por finalizada la conversación, me dijo: “Escribí que más allá del resultado de la ley en el Congreso, con o sin veto, ¡no habrá paro general!”.

Donde la cuestión se pone más áspera es con respecto a la reunión del jueves, convocada por el ministro Jorge Triaca; Juan Carlos Schmid define: “Yo no me siento a una mesa donde se hable de limitar el derecho de huelga”. A propósito, recuerda: “Una cosa es la ley antidespidos y otra es nuestra petición de seis puntos del 29 de abril pasado. Nosotros hablamos de emergencia ocupacional. En Olivos le recordé al Presidente que estamos en un país muy desigual. Que debería pensar en las consecuencias de las políticas que aplique, especialmente por esa enorme cantidad de personas destuteladas, las del trabajo en negro, las del cuentapropismo, la situación de nuestros jubilados. Nosotros le llevamos en esa oportunidad un proyecto que luego, al no ser recepcionado, lo conversamos con los legisladores”. El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) remató: “No nos interesa el vedetismo de tal o cual legislador, el Gobierno debe entender, entre otras cosas, que no existe mano de obra calificada”. Tal vez el rosarino razona esto último por las declaraciones recientes del arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, cuando afirmó: “Tenemos personas en nuestros barrios que, si existiese la posibilidad laboral, no podrían ocupar dicho puesto, son generaciones fuera del circuito laboral, que viven de noche y duermen de día, que están a merced de la droga y el narcotráfico”.

Mientras tanto, en el Congreso, una espada política del oficialismo al cierre de este análisis me dijo: “Hoy, lunes, el tema está absolutamente abierto, el martes se empezará a aclarar”.

El inicio del segundo semestre está cerca. La atención sobre la ley antidespidos se termina. Las corrupciones y los procesamientos de los unos y los otros ya no impactan tanto mediáticamente porque —lamentablemente— como todo lo que abunda, se naturaliza. El Gobierno acudió a un blanqueo que no figuraba en los planes, seguramente esto responde a lo lejos que están los capitales entrantes. Por lo menos no se vislumbra que impacten a corto plazo. Las exportaciones se complican porque el dólar se atrasa y bajar las tasas de interés puede llevar a la gente otra vez al dólar. Conclusión, el Gobierno no encuentra la resolución al problema económico. Tal vez una mirada más atenta a las economías regionales podría ayudar.

También viene llegando el momento en el que Sergio Massa abandone su lugar de habilitador de temas y tiempo parlamentario, y presente el plan económico que tenía listo para gobernar Argentina. País donde cambian de casillero sus protagonistas, pero los temas se iteran.

Lo cierto es que tampoco ha mostrado hasta aquí su hoja de ruta: el plan. Cada tema para este Gobierno es en sí mismo un descubrimiento, un abordaje y un parche. Salvo la política sobre el cepo y los holdouts, lo demás se inscribe dentro de un sueño, el de un Presidente que quiere un país con pobreza cero, sin inflación y con inversiones y trabajo.

Ese sueño es perfecto, pero la cruda realidad lo viene desdibujando cada día. El Presidente cuenta con la aprobación de miradas extranjeras, pero debe gobernar para los que viven fronteras adentro. ¿Y allí qué hay? Argentinos que, por derecha o por izquierda, ven empeorar su calidad de vida. Argentinos que ya no sueñan con salir de su situación de pobres, mientras otros temen caerse y traspasar ese umbral. Insisto en que para este Gobierno cada tema es en sí mismo un descubrimiento, un abordaje y un parche. El tema de la desocupación real fue negado hasta que el Presidente decidió convocar a los empresarios a firmar un documento titulado “Compromiso por el empleo”. El Gobierno pasó en cinco minutos de negar la problemática de los despidos a anunciar que vetaría una ley antidespidos, a intentar a su manera este compromiso.

Tal como fue presentado, se inscribe dentro de la política del parche, dado que para bailar se necesitan dos y al cierre de este análisis el sindicalismo en Casa de Gobierno no estuvo presente en el Salón Blanco y no firmó el documento.

Macri siente que el Frente Renovador le maneja la agenda, lo que lo lleva a realizar actos políticos compulsivos. Va hacia el camino de la concertación social necesaria, pero consensua y de palabra con el sector con el que más cómodo se siente: el empresariado. Es decir, queda en el intento. Pero el Presidente va más allá al decir que si la ley antidespidos se concreta, será dentro de la viveza criolla y bastardea la política. El accionar del Congreso de la Nación, uno de los tres poderes de la democracia, debe ser respetado. Vuelve aquí el Presidente a intentar desconocerlo, como cuando nombró vía decreto de necesidad y urgencia a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dos ex ministros de Trabajo de la nación coinciden en un punto sobre la ley antidespidos. Dice Enrique Rodríguez: “Si hay crisis, si hay inflación, inexorablemente habrá despidos”. Graciela Camaño, por su parte, afirmó: “La ley que estamos discutiendo sobre los despidos no sirve si no se complementa con otras medidas. Nosotros le incorporaremos medidas para las pymes”.

Reiteradamente insisto sobre la necesidad de una concertación social y me pregunto por qué el Gobierno nacional no la impulsa concretamente. El llamado de ayer es como la frazada corta. El compromiso del no despido es un paso, pero sin medidas complementarias es insuficiente, es voluntarismo político. Ayer el Presidente insistió sobre la necesidad de dialogar alrededor de una mesa para buscar soluciones concretas. Eso en el tema del empleo se llama concertación. Ignoro las profundas razones que le impiden concretarla, pero recuerdo que al entonces candidato Macri, al día siguiente de que lo apoyase el radicalismo en la convención de Gualeguaychú, le consulté si su Gobierno, en caso de ganar, iba a ser de concertación, como lo propuso Ernesto Sanz. La respuesta fue rotunda: “No, el radicalismo es sólo un socio político”.

A propósito del radicalismo, hay bronca a dos puntas: por un lado, decepción para adentro con respecto a Sanz, dado que ni se quedó con su mujer en Mendoza a cuidar nietos, ni asumió la responsabilidad de pelear espacios dentro del Gobierno y a lo largo y ancho del país. El segundo enojo tiene que ver directamente con el presidente Macri y su sordera ante un tema clave para el radicalismo: la universidad. Creen que está muy mal asesorado, que es innecesario todo este desgaste que viene produciéndose por no acordar con docentes y rectores. Sostienen que ya en enero el radicalismo le advirtió que debía desembolsar 800 millones de pesos. “En este tema hay una concepción del PRO estrecha y no confían en nosotros que de esto sabemos tanto como que lo hemos parido. El ministro Esteban Bullrich entiende de educación primaria y secundaria, a la educación superior se la lleva a marzo”, remata mi calificada fuente. Habría rebelión manifiesta en la granja radical contra el PRO a la hora del tratamiento del presupuesto 2017 y si esta semana el Gobierno nacional no acerca una solución universitaria, se escucharán sus observaciones en voz alta.

Increíblemente, con respecto a la ley antidespidos el radicalismo se abraza a una definición de Cristina Fernández de Kirchner y hace de ese concepto su Biblia para rechazarla, cuando dijo: “El capital es asustadizo”. También creen que, de aprobarse esta ley, se profundizaría el trabajo en negro.

A propósito de la ex presidente Kirchner, esta semana, por segunda vez, el ministro Germán Garavano repitió su deseo de que la ex mandataria no termine presa. Sostuvo que no sería un buen mensaje para los inversores. Si los dichos del ministro son el deseo de un ciudadano de bien, es comprensible, nadie quiere ver preso a un presidente. Sucede que el cargo que ostenta le impide hablar como un ciudadano y suena a una bajada de línea a los jueces intervinientes.

Si hablamos de sueños o utopías, lo ideal sería tener presidentes honestos y Justicia independiente. Pero suena cuanto menos extemporáneo que con causas judiciales de la ex presidente Kirchner abiertas, el ministro Garavano haya vertido estas declaraciones.

Estos primeros meses de Gobierno muestran un gabinete con especialistas de dudosa idoneidad desde el punto de vista político y un médico generalista, el Presidente, que no tiene claro aún la gravedad de la salud del paciente y si lo sospecha, no encuentra el tratamiento acorde para sanarlo.