Abril concluirá este viernes 29 con una movilización de los sectores del trabajo. Las cinco centrales sindicales marcharán, probándose anticipadamente la camiseta de la unidad que llegará el 22 de agosto. La fecha no sólo es simbólica, sino que además contempla un tiempo de espera prudencial para expresarse sobre las políticas del actual Gobierno. Lo de este viernes será sólo una demostración de fuerza de lo que puede ocurrir si el Gobierno actual no da respuesta. Por ahora el documento consensuado el mes pasado para la Unidad para la Justicia Social no ha perdido vigencia. La Confederación General del Trabajo (CFT) insiste en la emergencia ocupacional y le exige al Poder Ejecutivo Nacional un plan antiinflacionario y políticas para reactivar el empleo. El ministro de Trabajo Jorge Triaca le acercó al Presidente un paquete de iniciativas dadas a conocer ayer a la tarde, entre ellos el proyecto sobre el primer empleo. Seguramente este anuncio traerá chisporroteos altisonantes con otros sectores, especialmente el Frente Renovador, que lo incluyó dentro de un paquete integral de protección al trabajo y al trabajador.

En realidad, creo que el apuro del Gobierno fue acercar al Congreso una herramienta propia desde donde discutir, dado que o trababa los proyectos en comisión o debía discutir desde la nada; el Senado tiene su proyecto y Diputados también. En definitiva, se tratará de arribar a un proyecto unificado. Mañana, el presidente Macri anunciaría un índice de empleo catalogado por sus colaboradores como más transparente. Creen sus allegados que estos anuncios, más el énfasis en la obra pública, podrán cambiar el humor social hoy algo alterado. Recordemos que el Presidente ha convocado al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para mayo con el objetivo de aumentarlo. Actualmente se encuentra en 6.060 pesos; el Gobierno impulsa una suba del 30%, siguiendo la línea de las paritarias.

Hasta aquí queda claro que el presidente Macri ha ayudado con sus políticas a la alta concentración en pocas manos y confía en la teoría del derrame. También ha apostado el todo por el todo al acuerdo internacional con los holdouts. Cabe recordar que el ingreso al default, más allá de los aplausos irresponsables de aquel momento, costó lágrimas a varias generaciones; su salida también. En julio o agosto podrá Macri evaluar si la decisión que ha tomado con el rumbo de sus políticas le permite continuarlas y profundizarlas o deberá pensar en un cambio. Todo indicaría, de no ocurrir algún imponderable, que para la fecha citada el Presidente estará sin demasiada espalda política ni margen social.

Mucho se ha hablado en estos tiempos, incluida la diputada Elisa Carrió, sobre la mala comunicación que el Gobierno hace de sus propios actos políticos. En realidad, lo que existe es una marcada ausencia de políticas con sentido social, en contraposición a lo que sucede con el sector de mayores ingresos. Un ejemplo claro es lo que ocurrió el sábado último en Santa Fe. El Presidente recorrió la zona inundada, se consternó por el desastre de una provincia que, de 19 departamentos, 18 están en emergencia hídrica; pero no dio a conocer una sola política concreta para aliviar a los sectores desesperados de la producción y el trabajo. Son los momentos en los cuales el Ministerio de la Producción debería tener visibilidad.

La diputada Carrió se ha convertido en la fiscal y guardaespaldas sin nombramiento del Gobierno de Macri, desde supervisar los Panama Papers que le facilitó Francisco Macri antes de llevarlos a la Justicia, hasta justificar la inacción de la ministra Patricia Bullrich en Comodoro Py aduciendo que la ex presidente Cristina Fernández iba a voltear al actual Gobierno.

El tema de los paraísos fiscales y su utilización hasta hoy son, como dice Alberto Fernández, “para lavar o para evadir”. Barack Obama fue más claro aún al decir que el problema justamente reside en su legalidad,  por lo tanto, insta a rever la ley que los autoriza, dado que el dinero volcado en las cuentas offshore evadiendo impuestos provoca que haya menos presupuesto para educación, salud, seguridad.

En estos últimos tiempos, tal vez virtud del nuevo Gobierno, todo aquel que quiera puede conocer las rutas del dinero y sus complicidades políticas y empresariales. Es hora de que conozcamos las complicidades judiciales, el de un Poder Judicial que, lejos de ser el bastión de la anticorrupción de la república, se convirtió —con las excepciones correspondientes— en el bastión de las complicidades de los corruptos. Hoy todo se conoce pero nada se comprueba. Es imprescindible que los affaires de la corrupción sean juzgados seriamente, no con amagues.

El presidente Macri, destinatario de una brutal herencia política, debió, no obstante, gobernar en estos cuatro meses sin empeorarla, porque los damnificados son siempre los mismos.

Parecería que en nuestra querida república sus protagonistas tienen algo que les impide ser un verdadero cambio de transparencia y honestidad.

Cuentan que Henry Ford, cuando un periodista lo consultó sobre la magnitud de su visión empresaria, le respondió: “¿Ve ese foco de luz?”. “Sí”, le respondió la cronista. “Yo lo vi primero”. En política, la información juega ese rol. Le permite a quien la dispone primero actuar con rapidez y explicar antes de que le pregunten. Macri tuvo esa posibilidad. Treinta días antes de que se conociese su participación como director en una empresa offshore de su padre, fue advertido de que se iba a dar a divulgar. Desaprovechó la oportunidad. Distinto hubiese sido que en conferencia de prensa hubiera dicho lo que después fuera de tiempo debió explicar. Esa falta de reacción en tiempo político permitió que se instalara la duda.

La Justicia argentina en los casos que tienen que ver con los ilícitos del poder está embarrada, o cuanto menos su conducta no es nítida. Pasó de dormirse sobre los expedientes a ser el correcaminos. El oportunismo de esta institución no difiere en nada del oportunismo de la mala política. Se debe recordar que muchos de los jueces que hoy parecen implacables fueron producto de la política que hoy los horroriza. Entre paréntesis, está muy bien que los horrorice.

Convengamos que a la sociedad tampoco le interesó bregar por una Justicia justa y no servil a la política de turno. Tampoco sintió como propia la lucha contra la corrupción. Podríamos decir que en esta década y media la sociedad pasó por aquel “Que se vayan todos”, tuvo un entretiempo batiendo cacerolas hasta decidir votar por un cambio. Claro que en esto último hubo mucha duda, porque el resultado del ballotage fue 51 a 49 por ciento. Ahora escandaliza tanto como los videos y las informaciones sobre corrupción que jueces y dirigentes políticos sientan que el pedido de “Que vayan presos” debe ser atendido rápidamente. Aunque suene verdad de Perogrullo, las personas deben ir presas luego del debido proceso y no para calmar reclamos sociales o “entretener a la gilada” (Juliana Di Tullio dixit).

Mientras la atención mediática por las conductas de los unos y de los otros sigue ocupando casi todos los espacios, las mediocridades políticas no dan respuesta a la realidad cotidiana. Los jubilados, que fueron saqueados una y otra vez en su obra social, en sus aportes, hoy siguen castigados en un 78% con haberes pobres y con el recorte al costado más flaco de un anciano: el medicamento. La inflación sigue generando no sólo dolores en los bolsillos enflaquecidos, sino que, junto al impacto de la devaluación y de los tarifazos, provoca que muchas familias se hayan quedado sin trabajo. Otras temen por él.

En cuanto a las tarifas, una vez más capital y Buenos Aires quedan en notoria ventaja sobre el resto del país. ¿Increíble, no? Otra vez la desigualdad hace foco en el interior. En Santa Fe ya se pagaba por el servicio eléctrico entre tres o cuatro veces más antes del aumento. Según el gobernador Miguel Lifschitz, quien dice estar escandalizado por la brutalidad del aumento, “si Cammesa nos aumenta seis o siete veces el costo, no podemos hacer nada”. El tema es que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pagaba en enero cien pesos por megawatt, ahora deberá abonar por igual concepto 771 pesos. No obstante, le ha solicitado a la Federación de Industriales de Santa Fe un listado de las empresas que no pueden pagar el aumento para refinanciarles la deuda. Y atenderá con subsidios 340 mil casos sociales.

La preocupación no es menor, dada la incidencia que este aumento tiene sobre la industria y el comercio. Sólo en Rosario la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reconoce la posible caída de dos mil puestos laborales. A propósito, Antonio Caló, al inaugurar una impactante sala de terapia intensiva en el sanatorio Rosendo García de Rosario dijo: “A fin del 2015 nuestros compañeros tenían un sueldo promedio de mil dólares, hoy es de quinientos dólares”. Continuó: “Ya embromamos bastante con tener un pedacito de poder Moyano, Barrionuevo y yo. Ahora vamos a tener un solo secretario general y volveremos a ser poder. El 29 el Gobierno liberal de Macri deberá entender que no se juega con los trabajadores. Queremos emergencia ocupacional, no doble indemnización. Ya aprendimos cuando resignamos aumento salarial por puestos de trabajo y nos embromaron”.