Pero también es necesario analizar alguna cuestión un poco más profunda: Milani es un funcionario de las áreas de Inteligencia del Estado, de los que se preparan para espiar y buscar información, una tarea que -por ley- les está absolutamente prohibida a las fuerzas armadas. Con todos estos antecedentes, el gobierno -una vez más- ha entregado todo su capital (si algo le quedaba) en materia de derechos humanos.

Veamos, entonces, qué es lo que ha ocurrido en estos años, con las tareas o áreas de inteligencia. Ya el Proyecto X había puesto en tela de juicio esta actividad, sus objetivos alejados de la nobleza que debería tener la función pública, y más bien dirigidos a controlar a organizaciones y referentes sociales, que luego iban a ser sujetos de la persecución política y la criminalización de sus protestas. A propósito de la guerra interna que se está librando entre distintos agentes de inteligencia, es bueno recordar que el Estado gasta unos $1000 millones al año en “inteligencia”. Y con semejante inversión sería razonable medir resultados.

En materia de terrorismo, no lograron prevenir los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Sólo proveyeron los fondos para sobornar a Telledín. En drogas, la ONU dice que somos campeones mundiales de tráfico y consumo, pero no hace falta que lo diga la ONU, sobra con dar una vuelta por el Gran Buenos Aires. La inseguridad sin duda no es el fuerte de este gobierno, no sólo en materia de prevención, sino tampoco de esclarecimiento, los casos Dalmasso, María Cash o Candela son pruebas evidentes. Si hablamos de tráfico de personas y prostitución, hay múltiples agentes involucrados, como Martins o El Launchón y el caso Espartacus –Oyarbide es un claro ejemplo de cómo se usó el tema para extorsionar. Si alguien tiene dudas, que consulte a La Alameda.

A valores de hoy y sólo en la década K se gastaron unos 10.000 millones de pesos en “inteligencia” sin que nadie pueda demostrar ningún resultado útil.

Tengo decenas de ideas alternativas para usar esa plata en educación, salud, infraestructura, modernización de las policías, cámaras de seguridad, viviendas…

Es tiempo de que los argentinos empecemos a debatir esta cosas porque en la Argentina inteligencia, no significa ser inteligentes.

“El modelo” ha comenzado a mostrar grietas por donde se filtra el agua, y si bien no existen presagios de cataclismos, se hace necesario corregir, o sincerar algunas cuestiones para evitar males mayores.

El dulzor de las mieles recibidas durante estos diez años ha tenido que ver, sin duda, con las excelentes condiciones que han tenido nuestros productos dentro del comercio global. El precio de la soja ha sido, en gran medida, el elemento sostenedor de nuestra economía, pero lejos de poder definir los resultados como de una década ganada, más bien podemos afirmar que se trata de una década despilfarrada. Con el mayor crecimiento económico, Argentina no ha logrado resolver el problema de la inflación, o de la pobreza o del empleo precario, y hoy se empieza a sentir el impacto de las malas decisiones.

Si tomamos la cuestión del empleo, porque ha sido una de las principales banderas de la década ganada, se sustenta en un juego semántico para visualizar deudas pendientes que aún existen en ese ámbito. Los promocionados 5 millones de empleos creados desde el 2003 son, en concreto, nuevos puestos de trabajo, no así nuevas personas ocupadas. La diferencia, sutil radica en que una misma persona puede haber tenido más de un puesto de trabajo en simultáneo, lo que implica, al menos, un sobredimensionamiento de los logros propios con un simple fin electoral.

El mercado laboral argentino mostró crecimiento del 2003 al 2007, año en el que los incipientes problemas económicos (inflación, apreciación real de la moneda y desaceleración) comenzaron a ponerle freno. De esta forma, a partir de 2008 el empleo privado dejó de mostrar el rol de principal dinamizador que presentaba hasta entonces, cediendo su lugar al empleo público, tendencia que se observa hasta el día de hoy.

Actualmente, y pese a que la tasa de desocupación se ha mantenido relativamente estable, los desafíos siguen siendo estructurales, en un contexto donde el 40% de los trabajadores se encuentra en situación de precariedad. La informalidad tiene como correlato una peor capacidad de negociación salarial, crucial en un escenario inflacionario, así como una inherente mayor inestabilidad (perpetuando condiciones de pobreza e indigencia).

La evolución del mercado laboral en 2012 evidenció una alarmante reducción en las horas de trabajo, una tendencia a no volver a ocupar puestos que quedan vacantes y la ausencia de planes de contratación abarcativos por parte del sector privado. Luego de casi una década de alto crecimiento, los desmanejos económicos ponen nuevamente en duda la sustentabilidad de los niveles de trabajo.

La década kirchnerista podría ser analizada a partir de diferentes parámetros, institucionales, económicos o sociales. Pero sin duda, tomar el tema del trabajo resulta relevante para quienes creemos que allí se ubica la deuda y la oportunidad de hacer de esta Nación un territorio de esperanza para las generaciones que vendrán. De la misma manera que la educación. Y ahí podríamos encontrar otros elementos para demostrar que, aunque algunos puedan demostrar los resultados positivos de estos años, la pérdida de alumnos en las escuelas públicas, el deterioro de la calidad educativa y la desjerarquización de la labor docente, la falta de una visión integral del rol de la Educación en el proyecto de país, es mucho más lo que hemos perdido en estos años.

Tenemos todas las condiciones para recuperar, sobre la base del diálogo y la concertación, el sueño de una Argentina igualitaria. Si no dejamos que la década se nos escurra como agua entre las manos.

Dicen que la semana comienza los domingos -con este día colocado a la izquierda del almanaque-. No pudo haber sido peor: el cachetazo dejó marcas visibles y duraderas en la cara del poder cristinista: la propia Jefa del Estado. Porque la denuncia de corrupción presentada de manera documentada en el programa de Jorge Lanata, impacta en lo más alto del poder. “El robo para la Corona” de los 90 parece una propina frente a lo que han juntado los que están, tan mezclado con la frivolidad farandulera y las valijas sin nombre como en aquellos tiempos. La caricatura es demasiado parecida.

Sin embargo, avanzaron con paso firme para aprobar en el Congreso un paquete de proyectos para una reforma judicial profunda, audaz y, claramente, inconstitucional. Errores y atropellos que expresan el “vamos por todo”. Van, pero se deshilachan en el camino, aunque parezca no importarles, y acortan la distancia hacia la plena desnudez en que, inevitablemente, más temprano que tarde, irán llegando.

Notables esfuerzos para disimular las evidencias que producen en su cuerpo esos actos de autoflagelación. En ese contexto de crispación y debate, la agredida Justicia dio a conocer otro fallo -un tiro al corazón de un Gobierno jugado a imponer una cláusula para que Clarín se desprenda de lo que ellos mismos le habían concedido-. Algunos artículos de la Ley de Medios fueron declarados inconstitucionales.

Mientras, Argentina no le encuentra el piso al desplome de las inversiones; y ahora las reservas también han perforado su piso, como el correlato lógico de tanta incertidumbre, corridas, especulaciones generadas por una economía golpeada por los mismos que deberían preservarla. La escalada de la brecha entre el dólar oficial y el de color azul -que ellos mismos inventaron- y el precio de las naftas por las nubes, completan el paisaje cuando apenas pasaba la mitad de la semana.

Para quienes creemos en la participación y las expresiones populares como el elemento principal de una democracia en serio, la movilización replicada en toda la Nación cuando caía la noche del jueves fue un arrullo aliviador. Porque aquí radica la esperanza de un cambio no lejano. La Presidenta no tuvo igual lectura y escondió sus broncas en el teclado a través del cual envió 60 twits, mostrando que aquello no le importaba. Nuevo golpe y tal vez el peor error de la semana que, ahora sí, empezaba su cierre, mientras ella cruzaba los cielos de la América Latina.

El otoño hace caer las hojas de los árboles y también derrumba pedestales, en los más caros edificios de Puerto Madero, allí donde se exhibe impúdica la riqueza y el poder del kirchnerismo. Allanaron dos veces la financiera de las operaciones de lavado de dinero que tanto salpica al matrimonio. Y desde el mismo barrio, como una contradicción que no es tal, también cayeron los responsables de la muerte de Mariano Ferreyra,  la mafia de funcionarios, empresarios y sindicalistas enriquecidos ilegalmente en la misma proporción en que condenaron a los trabajadores a la pérdida de sus derechos y sus sueños. Como los que tenía “la locomotora Olivera”, que, en medio de su triunfo, tuvo que sufrir la rechifla del público por la remera de Unidos y Organizados.

La semana se termina y estamos más cerca. Aquí nomás, a la vuelta de la esquina, viene asomando el sol de la mañana que alumbra el nuevo tiempo.

Cabe entonces preguntar qué es lo que ha desatado la furia de nuestra máxima autoridad institucional, llegando a lo que considero un descontrol sobre sus propias atribuciones y responsabilidades.

Cargó la señora de manera directa sobre la Justicia, acusando a los camaristas que habían resuelto contra su decreto de anulación (¿confiscación?) del predio de la Sociedad Rural. Su enojo incluye, por supuesto, el mantenimiento de la cautelar en beneficio del Grupo Clarín sobre los cuestionados artículos de la Ley de Medios.

Es la propia Constitución Nacional la que establece una serie de equilibrios para el funcionamiento del Estado Democrático de Derecho y las instituciones republicanas. El primero de ellos es la división de los poderes, que hace especial énfasis en la independencia del Poder Judicial, sobre el que no puede admitirse injerencia alguna proveniente de ninguno de los otros. Porque justamente es éste el que reviste, no sólo el carácter de instancia para la acción individual y colectiva de defensa y garantía de los derechos de las personas, sino que también tiene asignado el control sobre aquellos otros (Ejecutivo y Legislativo) cuyas acciones y decisiones deben pasar siempre por el test de constitucionalidad que está exclusivamente en manos de la Justicia. No somos nosotros, políticos ni ciudadanos comunes, no lo es ninguna otra autoridad pública, la que tendrá la aptitud para reconocer en una ley o en un decreto si esa norma viola los principios de la Constitución. Es solo el Poder Judicial el que tiene de manera exclusiva esa potestad de así decirlo.

Por eso es que aparece tan reñido con el funcionamiento del Estado de Derecho ese decreto que declara la nulidad de una venta, autoasumiendo atribuciones que no le corresponden; o aquellos artículos de la ley de la que se pretende una aplicación retroactiva. Y sobre ellos es que no hablan ahora “los opositores”, ni “los grupos económicos” afectados. Esta vez la que habla es la Justicia, en su carácter de revisora natural y legítima de los actos de los otros poderes del Estado.

El otro equilibrio que define la Constitución es el sistema federal, ese mecanismo de asignación de competencias entre la Nación y las provincias, sobre lo que a cada cual corresponde en materia de facultades y obligaciones, que debe, por supuesto, contar con la asignación suficiente de los recursos para su cumplimiento. Esto ha quedado casi como una parte de la letra muerta de nuestra Carta Magna frente a un Gobierno que centraliza casi al punto del unitarismo y que reparte con criterios discrecionales y usa ese reparto como paga de apoyos o herramienta de castigo. Mucho podríamos ampliar sobre este punto, pero lo dejaremos ahora para otra oportunidad, para volver al punto de la Justicia.

El ministro del área, que termina su año con el papelón-escándalo de un festejo en la ex ESMA, ha venido trastabillando durante todo el año. Su gestión sobre la UIF (Unidad de Información Financiera) para la prevención y represión del lavado de dinero ha sido tan ineficiente que Argentina sigue en las listas grises/negras del mundo. Fue el encargado de ejercer las presiones y descalificaciones más explícitas sobre los magistrados judiciales por mandato directo de la Sra. Presidenta. Y bajo su área se han perdido los expedientes judiciales con elementos probatorios para la causa en la que se investiga por varios delitos (bastante comprobados) al vicepresidente de la Nación en la causa Ciccone-Vandenbroele-The Old Fund.

Por estas razones es que ya veníamos advirtiendo cuál es la concepción sobre la que la Señora define a través de sus funcionarios (o de su Twitter) su relación con la Justicia. Y ahí es adonde hemos ido a buscar la respuesta o el verdadero significado de sus ataques al funcionamiento de este otro poder del Estado o de sus magistrados. Sin duda, los ataques, y el accionar general que caracteriza este gobierno, tienen que ver con las veleidades monárquicas de la Presidenta, jefa de un Gobierno que maneja de forma centralizada, sin una sola reunión de gabinete, sin acceso a la información pública, con criterios claros del uso y abuso del dinero para cooptar, disciplinar o castigar. Mayor comodidad sería gobernar bajo un sistema que pudiera manejarse absolutamente a través de este poder personal, único y central. Mejor sería prescindir de las instituciones republicanas y nunca tener que rendir cuentas. En una parte la adhesión a esa forma monárquica de ejercicio del poder explica algunas cosas. El resto queda explicado con un patrimonio que demuestra la acumulación de lujos y riquezas, también propio de una realeza que, sin duda, es el espejo adonde gustaría mirarse.

Bella la épica de la Cristina Capitana comandando el regreso de la Fragata. Pero eso es poco. Para ella nunca menos que el trono y la corona.