Fue una denuncia brutal contra los dos Gobiernos. A renglón siguiente, el presidente de la comisión propuso tratar los proyectos “relacionados con la toma de Lugano”. Entre ellos, varias declaraciones o “pedidos de informes”. Pero no incluyó en el temario al proyecto de urbanización integral del barrio “Papa Francisco” y de la Villa 20, que nuestra banca presentó junto con otros diputados a partir de un trabajo de docentes de Arquitectura de la UBA y de los propios delegados villeros.

El argumento exhibido por la mayoría de los diputados, tanto macristas como kirchneristas, es que resultaba “absurdo” votar un proyecto que aún no había sido discutido por los asesores de la comisión. Una pura dilación, porque hace semanas que fue presentado y porque el PRO no quiere ninguna urbanización, cualquiera sea el proyecto que se trate.

En estas condiciones, mocionamos que el proyecto se incluyera en el orden del día y que también fuera votado por la comisión. Se encontraban presentes cinco diputados del PRO y cinco de la oposición, y el desempate por parte del presidente podía ser favorable al proyecto. De distintos modos, intentamos ser persuadidos por los K para que “no se vote”, ya que “no estaban asegurados los votos en el recinto”. Señalamos que era al revés: que teníamos que arrancar un dictamen favorable en la comisión, y luego, a través de una enérgica campaña política, preparar las condiciones para una votación favorable en el recinto. Nuestra moción, apoyada por el bloque de La Alameda, fue calurosamente sostenida por los vecinos presentes. El diputado kirchnerista “Quito” Aragón, que intentó denostar nuestro planteo, fue abucheado. La reunión se convirtió en una caldera, mientras el público reclamaba “que se vote, que se vote”.

Bajo esa gigantesca presión, los dos diputados kirchneristas presentes tuvieron que apoyar la moción del Frente de Izquierda. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Comisión, de UNEN. El despacho, con voto mayoritario, estaba en condiciones de ser aprobado. Mientras algunos diputados macristas interponían chicanas para ganar tiempo, otros entraban en estado de desesperación. En esas condiciones, el macrismo trajo de su casa al diputado José Luis Acevedo, con el único objetivo de levantar la mano e impedir una votación a favor de la urbanización de la Villa. La llegada de Acevedo desató el escándalo y el repudio de todos los presentes. Lo mismo ocurrió con los reclamos para la sesión de un predio donde puedan erigirse viviendas transitorias a los desalojados, que se lo exigimos igualmente a la Nación y a la Ciudad.

Ningún encubrimiento

Despejada nuestra tentativa de debatir la urbanización de la Villa, la presidencia de la comisión propuso aprobar los pedidos de informes y declaraciones relacionados con la crisis de Lugano. Nos opusimos a firmarlos, no por su contenido, sino por la función política de esos proyectos inocuos: distraer la atención legislativa de la única cuestión que importa, o sea, la urbanización de la Villa 20. Señalamos que, en relación al punto, sólo íbamos a apoyar lo que implicara la conquista efectiva del derecho a la vivienda. De ese modo, desenmascaramos el parlamentarismo vacío de los bloques patronales. Los vecinos presentes desarrollaron toda una experiencia política.

La reunión de la legislatura ha dejado dos tareas precisas. Por un lado, es necesario redoblar la campaña por la aprobación del proyecto de urbanización. En segundo lugar, reagrupar y rodear de solidaridad a los desalojados, que el Gobierno pretende expulsar de los paradores para promover su desmoralización. Todo el movimiento de lucha por el techo debe sumarse: una victoria en Lugano servirá de palanca para impulsar la lucha de todas las villas de la Ciudad.

Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado (como reconoció la presidenta) 175.000 millones de dólares en todos estos años. Esa información derrumba el mito de que el país no tuvo financiamiento: en realidad, el ahorro nacional financió, y muy generosamente, a los especuladores internacionales. Pero tampoco es cierto que estos pagos condujeran a un “desendeudamiento”: para cumplir con el capital financiero internacional, el Estado contrajo una deuda equivalente con la ANSES y el Banco Central, la cual es de renovación indefinida y pago incierto. Considerando la deuda con estos organismos (más las que acumulan provincias y municipios) y los intereses a pagar, la deuda pública supera ya los 300.000 millones de dólares, lo que equivale a las tres cuartas partes del producto bruto.

Obama, la Reserva Federal y los K

El anuncio oficial vino después de un fallo de la Cámara de apelaciones norteamericana en favor de los fondos buitre, pero que no prevé la ejecución de la sentencia. Es lo que exigían el gobierno norteamericano y el FMI: apretar a Argentina para que reabra el canje, pero sin afectar con embargos a los bonistas adheridos a los canjes anteriores. En un evidente acuerdo con ello, el gobierno “nacional y popular” responde ahora con una oferta a los fondos buitre, esperando con ello dilatar una decisión final de la Corte norteamericana. Esa dilación, sin embargo, tendrá “otro precio”: en la factura que quieren pasarle al país, figura la deuda con el Club de París -contraída en los años de la dictadura-y con las privatizadas, que han litigado ante el Ciadi. La presión judicial en torno del pago a los fondos buitre es la punta de lanza de una rendición incondicional de la Argentina. Pero la decisión de los “nacionales y populares” de reabrir el canje demuestra que marchan en ese sentido. La autocalificación presidencial de “pagadores seriales” es una confesión de bancarrota política, después de diez años de haberse ufanado de la negociación “digna” e “inteligente” de la deuda.

La presidenta también ofertó cobrar “bajo ley argentina” a quienes ya ingresaron al canje -ello, para eludir los eventuales embargos sobre la banca neoyorquina. Pero voceros de los bonistas anticiparon que reclamarán “compensaciones” por ello, lo que reforzará todavía más la carga del endeudamiento nacional. Como mínimo, reclaman disponer libremente de las divisas a cobrar, en contradicción con el cepo cambiario. El “cambio de jurisdicción”, por lo tanto, choca de frente con el ordenamiento vigente y plantea un viraje en la política económica, lo que refuerza la orientación ya fijada por la oposición en favor de una devaluación y un ajuste.

Juntos en el Congreso

Cristina Kirchner envió al parlamento la derogación de la ley cerrojo. Pero no ocurre lo mismo con las condiciones del nuevo canje, que constituyen un secreto celosamente guardado. Por ejemplo, si estos fondos recibirán los beneficios del cupón PBI, lo que equivaldría a neutralizar cualquier quita. El Congreso, en ese caso, debería votar un cheque en blanco a favor de los buitres. Después de la derrota electoral, el gobierno intenta recuperar la iniciativa política frente a los “dueños de la pelota”, que reclaman -entre otras exigencias- una normalización de relaciones con el capital financiero internacional. La oposición de Unen y Massa, que no quiere perder el padrinazgo de los “titulares”, ya anticipó su apoyo a la apertura del canje, aún cuando este pacto con los “nacionales y populares” pueda significarles un golpe electoral. En vísperas de la segunda fase de la campaña electoral, el entreguismo de los bloques que se disputan una victoria en octubre quedará a la vista en el Congreso nacional. En torno del nuevo canje, los que se declaran víctimas de un “golpe institucional” votarán en común con los “golpistas”. Rechazamos esta nueva hipoteca sobre la economía nacional y los trabajadores.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.

El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.

El decreto también prorroga por otros 25 años las concesiones petroleras que se encuentren en zonas con potenciales yacimientos de gas no convencional. Esta medida parece beneficiar a YPF, cuyas concesiones en Vaca Muerta están cercanas a expirar. Pero en el marco de las “alianzas estratégicas” planteadas, se trata de un generoso cheque en blanco en favor de las petroleras internacionales que se asocien con la “estatal”. Entre esas empresas, podría encontrarse la propia Repsol, a la que el gobierno le ofreció ingresar en Vaca Muerta como resarcimiento por la expropiación de 2012.

Justicia legítima

El decreto a la medida de Chevron vino precedido por otro beneficio en su favor. En mayo pasado, la Corte argentina dispuso la inembargabilidad de los bienes de la empresa en Argentina, a causa de un juicio del gobierno ecuatoriano por daños ambientales en ese país. Pero la Corte falló a partir de un pedido de la procuradora K Gils Carbó en el mismo sentido. O sea que mientras la corpo judicial y la corpo oficial se sacaban los ojos por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ambas coincidían en indultar a Chevron. En aras de ello, la Corte falló con una celeridad que no tuvo -ni tendrá- con los miles de jubilados que litigan por sus haberes congelados.

A pesar de tanto servilismo, la “justicia legítima” no consiguió tener injerencia en el acuerdo entre Chevron e YPF: la petrolera yanqui se aseguró la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sin que a los “nacionales y populares” les temblara el pulso. Esta condición colonial regirá, por ejemplo, en caso de futuros juicios por daños ambientales, teniendo en cuenta que Vaca Muerta será sometida a un método de extracción de gas -fractura hidráulica- que ha recibido múltiples cuestionamientos ambientales en el mundo.

Fracaso “nacional y popular”

El kirchnerismo sostuvo al régimen de privatizaciones petroleras del menemismo, comenzando por la presencia de Repsol en la petrolera estatal. La política oficial sólo atinó a asociar a la burguesía nacional K al saqueo de YPF: Ezquenazi entró a la petrolera sin poner un peso, con la previsión de pagar su parte con utilidades futuras.

Cuando este esquema se fundió -y en medio de un crecimiento exponencial de las importaciones energéticas-, el gobierno procedió a la reestatización parcial de YPF. Desde entonces, los camporistas de su directorio intentaron conciliar los pactos con monopolios extranjeros con los cepos cambiarios y los controles al comercio exterior.

El fracaso de esa orientación -expresada en nuevos retrocesos en la producción de petróleo y gas- ha empujado al acuerdo con Chevron, que exceptúa de esos controles a los monopolios petroleros. Es un claro retorno a la política petrolera del menemismo y a experiencias entreguistas anteriores, fundadas en entregarle a los monopolios la libre disponibilidad del producto extraído y otras concesiones. Todos esos episodios -de Frondizi al Plan Houston de Alfonsín, pasando por los contratos de Martínez de Hoz- fracasaron en asegurar el autoabastecimiento, al tiempo que agravaron la descapitalización de YPF y del conjunto del patrimonio petrolero.

La oposición

El UNEN y el peronismo opositor han fijado posición sobre el “decreto Chevron” a través de sus especialistas petroleros, como Montamat o Guadagni. Critican su carácter “discrecional”, por tratarse de “un decreto y no de una ley”. Reclaman, en suma, que la orientación entreguista del “decreto Chevron” revista un carácter general y definitivo, que lo convierta en la punta de lanza de un replanteo más general de la política económica. Pero ése es el camino que el propio gobierno está transitando, como se revela en los patacones dolarizados (Cedines) y en la liberación progresiva del precio de los combustibles. La devaluación y el tarifazo que asoma detrás de la “nueva” política petrolera es el rumbo que reclaman todos los días los Massa, Prat Gay, Losteau o Terragno, quienes han prestado un “apoyo crítico” al decreto oficial, a la vez que exigen ir a fondo en el cambio de frente.

Pino Solanas, socio de ellos en el UNEN, tendrá que archivar sus invocaciones al nacionalismo petrolero. El progresismo, incapaz de romper con el gran capital, ha sido demolido por partida doble: dentro y fuera del gobierno.

El acuerdo con Chevron es un punto alto de la descomposición política oficial, pero no llega sólo. Está acompañado por una crisis de fondo en el aparato de represión y seguridad estatal, que el gobierno ha querido “enderezar” nombrando a un represor de la dictadura al frente del Ejército. Mientras tanto, la protección oficial al fugado Jaime ratifica el compromiso de la camarilla oficial con el entramado capitalista que consumó otro vaciamiento, el del patrimonio ferroviario.

A sólo un mes de las elecciones de agosto, la población debe advertir una cuestión decisiva: en su tobogán político, el gobierno adopta el programa reaccionario de la oposición que pretende relevarlo. Las salidas de unos y otros para esta nueva crisis son antagónicas a los intereses de la mayoría nacional.

Es necesario, por lo tanto, que de ese desbarranque oficial emerja una alternativa de los trabajadores frente a la crisis. El voto al Frente de Izquierda, así como la batalla por el ingreso de sus candidatos al Congreso y a las legislaturas, es un paso crucial en ese sentido. Nuestra campaña electoral incorporará una acción enérgica contra el acuerdo con Chevron y la reprivatización petrolera. Contra esta orientación varias veces fracasada, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores.