El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

Corporaciones

Cualquier a sea el tenor de lo que traman las ‘corporaciones’, lo cierto es que el kirchnerismo pretende hacerle frente a sus conspiraciones por la vía de anudar un nuevo pacto con ellas. Es lo que revela el acuerdo con Chevron, que deja cualquier controversia librada al arbitraje de los tribunales internacionales (entre ellas, las que puedan surgir de los daños ambientales de la explotación del subsuelo por ‘fractura’). La misma orientación está presente en la apertura del nuevo canje en favor de los fondos buitres, que suma otra carga a la mochila de la deuda externa. La letra chica de este canje confirma que los nuevos títulos a emitir incorporarán los pagos asociados al crecimiento económico (cupón del PBI). En el caso de los canjes anteriores, esos pagos casi terminaron neutralizando cualquier quita sobre la deuda original. Por lo tanto, los buitres recibirían en el tiempo el 100% del capital adeudado, después de haberse hecho de la deuda argentina por chirolas. En medio de las acusaciones cruzadas entre el gobierno y los opositores, todos juntos votarán, con mayoría abrumadora, la derogación de la “ley cerrojo” que bloqueaba nuevas tratativas con estos especuladores. La retórica electoral disimula este acuerdo de fondo, entre unos y otros, para subordinar la economía nacional al capital financiero.

Círculo negro

En sus alusiones a la oposición, Cristina Kirchner terminó advirtiendo sobre la existencia de otro círculo -esta vez, negro, el del “ajuste”. Lo ejemplificó con la crisis social abierta por la bancarrota europea y, en particular, de Grecia. Pero también en esto ocultó lo esencial: la quiebra de esos Estados es el resultado de haber colocado el presupuesto público al servicio de rescatar capitalistas y banqueros. Por casa, ¿cómo andamos? En 2013, el déficit del fisco será de aproximadamente 15.000 millones de dólares, entre pagos crecientes de los intereses de la deuda pública y subsidios a las privatizadas. Pero la mitad de esa cifra volverá a ser cubierta por el Banco Central y por la ANSES. La factura será traspasada a trabajadores y consumidores -con mayor inflación- y a los jubilados – con haberes de indigencia y el bicicleteo de sus juicios.

El mercado financiero celebra en estas horas la suba meteórica de los títulos de deuda provincial con cláusulas atadas al valor del dólar. Es que el ritmo acelerado de la devaluación del dólar oficial -que el propio gobierno impulsa- le asegura rendimientos jugosos a esos títulos. Naturalmente, las provincias que contrajeron estas deudas -como la Ciudad “PRO” de Macri o la Buenos Aires de Scioli- tendrán que honrarlas con impuestazos y ajustes en sus servicios esenciales. Cristina Kirchner denuncia al “círculo negro” de afuera, cuando la política oficial marcha en la misma dirección.

Campaña electoral

Al invocar conspiraciones, golpes y “círculos” de influencia, el kirchnerismo apuesta a abroquelar a su electorado, y ensayar una tentativa de polarización política. La extorsión sobre los trabajadores es clara: ‘o nosotros, o el golpe de las corporaciones’. Los K, mientras tanto, tramitan su propio “golpe” junto a los monopolios petroleros y el capital financiero. El ruido de la campaña electoral oculta la coincidencia estratégica que une a oficialistas y opositores: trasladar el peso de la crisis nacional a los trabajadores, por la vía de una devaluación, de ajustes y tarifazos en regla.

A la luz de lo anterior, la decisión de votar al Frente de Izquierda cobra una nueva dimensión. Un salto en la votación, a partir del millón de votos alcanzado, sería un extraordinario pronunciamiento político y un instrumento de lucha contra el ajuste y al entreguismo al que nos lleva la salida capitalista en esta crisis. En oposición a ella, levantamos una agenda de prioridades populares: por la abolición del impuesto al salario, por un salario que cubra la canasta familiar y la imposición del 82% móvil, por el fin de la tercerización y precarización laboral y la gestión obrera de la economía nacional. Ensanchemos el importante ‘círculo’ del millón de votos a nuevas camadas de trabajadores y jóvenes, para consagrar en octubre diputados y legisladores de izquierda.

Final de un arbitraje tardío

Los resultados del domingo entierran la pretensión oficial de la re-reelección y han debilitado incluso una sucesión de Scioli, quien tendrá que rever su política. Los acercamientos a Massa de los intendentes bonaerenses que se habían quedado con los K anticipan un desbande político en la base principal de sustentación del kirchnerismo: el aparato de punteros pejotistas de Buenos Aires. A esto se agrega el éxodo anterior de buena parte de la burocracia sindical. Massa, sin embargo, enfrenta una dificultad enorme para poder asimilar esta nueva ola de emigrados. Esta crisis de orden general alimenta la ilusión del oficialismo de que podría remontar la derrota.

En estas condiciones, para llegar a 2015, el kirchnerismo dependerá del apuntalamiento que le presten sus propios opositores, los cuales no quieren apresurar la salida del gobierno, salvo que se precipiten hechos excepcionales -como, por ejemplo, un default. Todas las fracciones patronales necesitan darse el tiempo de una transición para ajustar las clavijas de la crisis. Es una probabilidad remota, en especial porque se descomponen las condiciones financieras (a partir de las crisis en China y Brasil) y del fracaso de los ‘cepos’ y ‘cedines’ del gobierno. Los K intentarán establecer un régimen de “economía racionada” hasta octubre, pero no podrán evitar un derrumbe y la necesidad de un viraje de 180 grados. En los círculos financieros, ya se ha abierto una polémica sobre si el gobierno logrará pagar el Bonar VII, por el que debe pagar US$ 2.500 millones en septiembre. El Citibank, al bajar la nota de Argentina, pareciera querer precipitar un desenlace. Ámbito Financiero reaccionó de mala manera ante la maniobra del Citi, no así Clarín.

El martes pasado, CFK dio muestras de entender que la aparición de Massa como desafiante responde a un cambio de frente de la burguesía nacional. Reclamó una discusión con los ‘titulares’ de la ‘opo’ -la patronal que exige acabar con el intervencionismo ‘morenista’. Seguramente para advertirles, por un lado, el riesgo de explosión social que implicaría un cambio brusco y para volver a prometerles una ‘sintonía fina’, por el otro. Ofrece el garrote de una mayor reglamentación de la economía y la zanahoria de un cambio para luego de octubre. La desintegración política se juega, por arriba, en estos términos.

El llamado “fin de ciclo” apunta a todo el régimen político, no solamente a los K, porque expresa el fracaso de todas las agrupaciones políticas tradicionales que han gobernado desde 1983. Este final encuentra su expresión en la conciencia popular, por un lado, y en el fraccionamiento completo de los partidos históricos de la clase capitalista. El peronismo no es más que una entelequia, cuyos caudillejos abrevaron en la Ucedé del finado Alsogaray.

No se UNEN

También la ‘opo’ ha recibido este domingo varios golpes. Por un lado, al macrismo le fue en la Ciudad igual que al oficialismo a nivel nacional: un 30 %. El mito de la clase media porteña reaccionaria no ha durado un suspiro. Cuando Macri dice que “las tres cuartas partes del país votaron contra el gobierno K”, olvida que el 70 % de la Ciudad votó contra él. La derecha también fue desautorizada en la interna de Unen, donde la lista de “J.P. Morgan” Prat Gay no accedió siquiera al piso para el reparto de cargos, para mayor daño a sus promotores ‘guerrilleros’ Donda y Tumini, quienes no se cansan en repetir que “el poder se construye desde arriba”. La suma de los votos en el distrito de la izquierda atomizada y personalista, por un lado, y el Frente de Izquierda, por el otro, ha sumado el 15 % del electorado. La situación en su conjunto evoluciona hacia la izquierda, no hacia la derecha.

La oposición radical y centroizquierdista ha celebrado victorias, lo que aviva los apetitos de unos y de otros (Binner, Cobos, Aguad, la dirección de la UCR), o sea que agudiza sus contradicciones. Algunos de sus voceros ya han anunciado que buscarán arreglarlas con una mega interna abierta en 2015. Claro que, en el entretanto, serán un cero político.

Perspectivas

El debate electoral de cara a octubre se concentrará en torno a la salida de un régimen agotado y de una economía encepada. El casi millón de votos alcanzado por el Frente de Izquierda adquiere, en ese plano, una dimensión excepcional, porque nos ha colocado como protagonistas nacionales de un debate estratégico, el cual servirá para orientar a los trabajadores que quieren meterse ya en una lucha -en primer lugar, para abolir el impuesto al salario y, en definitiva, para que la crisis la paguen los capitalistas. El discurso de CFK, el martes pasado, ha puesto el sello oficial al debate estratégico. Esto abre la posibilidad de conquistar, en la nueva etapa, a otras centenas de miles de votos. Argentina palpita un verdadero tiempo histórico.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.

El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.

El decreto también prorroga por otros 25 años las concesiones petroleras que se encuentren en zonas con potenciales yacimientos de gas no convencional. Esta medida parece beneficiar a YPF, cuyas concesiones en Vaca Muerta están cercanas a expirar. Pero en el marco de las “alianzas estratégicas” planteadas, se trata de un generoso cheque en blanco en favor de las petroleras internacionales que se asocien con la “estatal”. Entre esas empresas, podría encontrarse la propia Repsol, a la que el gobierno le ofreció ingresar en Vaca Muerta como resarcimiento por la expropiación de 2012.

Justicia legítima

El decreto a la medida de Chevron vino precedido por otro beneficio en su favor. En mayo pasado, la Corte argentina dispuso la inembargabilidad de los bienes de la empresa en Argentina, a causa de un juicio del gobierno ecuatoriano por daños ambientales en ese país. Pero la Corte falló a partir de un pedido de la procuradora K Gils Carbó en el mismo sentido. O sea que mientras la corpo judicial y la corpo oficial se sacaban los ojos por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ambas coincidían en indultar a Chevron. En aras de ello, la Corte falló con una celeridad que no tuvo -ni tendrá- con los miles de jubilados que litigan por sus haberes congelados.

A pesar de tanto servilismo, la “justicia legítima” no consiguió tener injerencia en el acuerdo entre Chevron e YPF: la petrolera yanqui se aseguró la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sin que a los “nacionales y populares” les temblara el pulso. Esta condición colonial regirá, por ejemplo, en caso de futuros juicios por daños ambientales, teniendo en cuenta que Vaca Muerta será sometida a un método de extracción de gas -fractura hidráulica- que ha recibido múltiples cuestionamientos ambientales en el mundo.

Fracaso “nacional y popular”

El kirchnerismo sostuvo al régimen de privatizaciones petroleras del menemismo, comenzando por la presencia de Repsol en la petrolera estatal. La política oficial sólo atinó a asociar a la burguesía nacional K al saqueo de YPF: Ezquenazi entró a la petrolera sin poner un peso, con la previsión de pagar su parte con utilidades futuras.

Cuando este esquema se fundió -y en medio de un crecimiento exponencial de las importaciones energéticas-, el gobierno procedió a la reestatización parcial de YPF. Desde entonces, los camporistas de su directorio intentaron conciliar los pactos con monopolios extranjeros con los cepos cambiarios y los controles al comercio exterior.

El fracaso de esa orientación -expresada en nuevos retrocesos en la producción de petróleo y gas- ha empujado al acuerdo con Chevron, que exceptúa de esos controles a los monopolios petroleros. Es un claro retorno a la política petrolera del menemismo y a experiencias entreguistas anteriores, fundadas en entregarle a los monopolios la libre disponibilidad del producto extraído y otras concesiones. Todos esos episodios -de Frondizi al Plan Houston de Alfonsín, pasando por los contratos de Martínez de Hoz- fracasaron en asegurar el autoabastecimiento, al tiempo que agravaron la descapitalización de YPF y del conjunto del patrimonio petrolero.

La oposición

El UNEN y el peronismo opositor han fijado posición sobre el “decreto Chevron” a través de sus especialistas petroleros, como Montamat o Guadagni. Critican su carácter “discrecional”, por tratarse de “un decreto y no de una ley”. Reclaman, en suma, que la orientación entreguista del “decreto Chevron” revista un carácter general y definitivo, que lo convierta en la punta de lanza de un replanteo más general de la política económica. Pero ése es el camino que el propio gobierno está transitando, como se revela en los patacones dolarizados (Cedines) y en la liberación progresiva del precio de los combustibles. La devaluación y el tarifazo que asoma detrás de la “nueva” política petrolera es el rumbo que reclaman todos los días los Massa, Prat Gay, Losteau o Terragno, quienes han prestado un “apoyo crítico” al decreto oficial, a la vez que exigen ir a fondo en el cambio de frente.

Pino Solanas, socio de ellos en el UNEN, tendrá que archivar sus invocaciones al nacionalismo petrolero. El progresismo, incapaz de romper con el gran capital, ha sido demolido por partida doble: dentro y fuera del gobierno.

El acuerdo con Chevron es un punto alto de la descomposición política oficial, pero no llega sólo. Está acompañado por una crisis de fondo en el aparato de represión y seguridad estatal, que el gobierno ha querido “enderezar” nombrando a un represor de la dictadura al frente del Ejército. Mientras tanto, la protección oficial al fugado Jaime ratifica el compromiso de la camarilla oficial con el entramado capitalista que consumó otro vaciamiento, el del patrimonio ferroviario.

A sólo un mes de las elecciones de agosto, la población debe advertir una cuestión decisiva: en su tobogán político, el gobierno adopta el programa reaccionario de la oposición que pretende relevarlo. Las salidas de unos y otros para esta nueva crisis son antagónicas a los intereses de la mayoría nacional.

Es necesario, por lo tanto, que de ese desbarranque oficial emerja una alternativa de los trabajadores frente a la crisis. El voto al Frente de Izquierda, así como la batalla por el ingreso de sus candidatos al Congreso y a las legislaturas, es un paso crucial en ese sentido. Nuestra campaña electoral incorporará una acción enérgica contra el acuerdo con Chevron y la reprivatización petrolera. Contra esta orientación varias veces fracasada, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores.