En Tucumán, una reacción estudiantil relacionada con la inseguridad cotidiana (abusos sexuales a estudiantes en las inmediaciones de la universidad) ha llevado a una escalada de tomas de facultades, que cuestiona el derrumbe más general de la UNT. Más aguda aún es la crisis en La Rioja, donde el despido de docentes cesanteados desató una rebelión universitaria que no concluyó siquiera con la renuncia del rector. El domingo pasado, estudiantes, docentes y toda una parte del pueblo llevó adelante la manifestación popular más importante de los últimos cuarenta años en la provincia. El “riojanazo” denunció a una camarilla universitaria que maneja desde hace décadas un presupuesto cuantioso, pero sólo para multiplicar las cajas paralelas, el entrelazamiento con capitalistas privados y la precarización laboral de docentes y no docentes. Ni qué decir que ese “modelo” tiene su principal expresión nacional en la UBA: la asamblea universitaria que elegirá su rector volverá a silenciar el desfalco cotidiano que se lleva adelante en la más grande universidad del país. Pero también acá hubo un sólido pronunciamiento de la juventud, con las victorias de la izquierda en 8 de las 13 facultades de la UBA.

No es “educativa”

En el trasfondo de esta rebelión no hay solamente una cuestión “educativa”. Por esta vía, lo que emerge es el hartazgo de una masa enorme de la juventud hacia un régimen social y político. Con la liquidación de más de un centenar de orientaciones, la reforma secundaria que se quiere imponer en la Capital tiene como propósito estratégico descalificar la fuerza laboral de los jóvenes. De ese modo, el “sistema” educativo facilita que la juventud sea empleada en condiciones ultra precarias. En la capital del país, el 55% de la juventud padece esa condición en call centers, centros comerciales, monopolios turísticos o incluso en el propio Estado. La rebelión de los secundarios se enfrenta a esta nueva tentativa precarizadora. Lo mismo puede decirse de la juventud universitaria, donde la destrucción de las carreras de grado coloca a los jóvenes universitarios ante una descalificación que sólo puede sortearse, parcialmente, con el sistema de posgrados pagos. La destrucción de la universidad y la escuela pública es la contracara educativa de la precarización y tercerización laboral a escala nacional que el kirchnerismo ha consolidado.

En las universidades públicas del país conviven dos realidades muy diferentes: por un lado, carreras de grado desfinanciadas y con docentes mal pagos (o incluso impagos); por el otro, un redituable sistema de posgrados que alimenta cajas fuera de todo control. Este es el contenido del “mar de fondo” en la UBA, en La Rioja, en Tucumán y otras. En Tucumán, las ocupaciones se conectan con otra cuestión crucial de la crisis política: la inseguridad cotidiana, que el pueblo identifica, cada vez con más fuerza, con el maridaje entre las fuerzas represivas, el aparato gobernante y los “hijos del poder”. Otra vez, la cuestión educativa es sólo la punta del ovillo de una crisis más general.

Sólo el Frente de Izquierda

La rebelión educativa ha servido también para sacar a la luz el “quién es quién” de esta campaña electoral. En la Ciudad, sólo el Frente de Izquierda y sus voceros se han jugado por los estudiantes, ante el ‘prudente’ silencio de todas las fuerzas incluso las que se dicen de izquierda o centroizquierda. Lo mismo ocurre en La Rioja y Tucumán. El silencio de “progresistas” y de nacionales y populares tiene su explicación. Es necesario recordar que el kirchnerismo de la Ciudad lleva como cabeza de lista a Daniel Filmus, el arquitecto de todas las reformas educativas del Banco Mundial en el país, tanto en el orden nacional como de la propia Ciudad. Pero, ¿qué decir del Unen? Detrás de las denuncias contra las mafias y el planteo de “transparencia” Pino, Carrió y Vera esconden en sus listas a los ‘administradores’ de la caja negra más poderosa de la Ciudad: nos referimos a la Franja Morada y la UCR, que gobierna la UBA desde hace décadas y que, en los últimos años, lo hace en sociedad con los K y el macrismo. A la hostilidad contra las tomas, se ha sumado un ex Proyecto Sur -Rafael Gentilli-, que posa de “localista” en la campaña para disimular sus vínculos con Binner y el PS, otro pieza de las camarillas universitarias. Lo mismo ocurre en Tucumán, donde el radical Cano (cabeza del Unen provincial) conspira diariamente contra el movimiento de tomas de facultades, junto a los socios norteños de Victoria Donda.

La poderosa reacción educativa es el síntoma de un desplazamiento político que el Frente de Izquierda tiene que verificar con una intensa acción política sobre colegios, las universidades y los barrios. Los beneficiarios del “voto joven” se rebelan contra sus supuestos “benefactores”, sencillamente porque no toleran la destrucción de sus colegios, la falta de futuro o el trabajo precario. También para ellos, el Frente de Izquierda es un poderoso instrumento de lucha por sus aspiraciones.

En 2011, Macri reformó el impuesto inmobiliario, impulsando un plan de incrementos anuales en la tarifa y en la valuación de las propiedades. Desde entonces, las quejas por aumentos superiores al 100% han sido moneda corriente en la mayoría de los barrios de la Ciudad. Pero Macri va por más: su objetivo declarado es que las viviendas aporten en un año el 1% de su valor, el doble de lo que -según el gobierno- se paga actualmente.

La ley votada el jueves por el macrismo y los K hace más lento el camino del tarifazo, pero lo legitima. Por caso, se han autorizado aumentos de hasta el 30% en una propiedad de entre 150.000 y 300.000 de valuación fiscal. Considerando que estos valores fiscales representan alrededor de la cuarta parte del precio de mercado, y tomando el valor del “dólar Cedin”, un aumento del 30% -como el que acaba de convalidar la Legislatura- afectaría a propiedades de 100.000 de dólares, lo que valen dos o tres ambientes en un barrio de clase media de la Ciudad. El cheque en blanco otorgado por los legisladores tampoco toma en cuenta cuál será la inflación de 2014: una baja brusca (y un congelamiento correlativo en los salarios) volverían a estos aumentos directamente confiscatorios.

La mayoría de Proyecto Sur se abstuvo. Ello, después de haberle votado al PRO en diciembre de 2012 las correcciones tarifarias que derivaron en los posteriores impuestazos.

Impuesto y especulación inmobiliaria 

En los últimos años, la especulación inmobiliaria ha empujado para arriba los valores de la propiedad y del suelo en la Ciudad. El gobierno de Macri ha sido un agente activo de esa especulación, recientemente reforzada con los proyectos de enajenación de tierras públicas votados en acuerdo con los K.

Pero esa valorización no implica una renta económica para el propietario de una vivienda de uso familiar: si la vendiera y quisiera reemplazarla por otra de comodidades similares, debería desembolsar la misma suma. (Por este mismo motivo, debería abolirse cualquier impuesto a la tenencia de una vivienda única). En cambio, el impuestazo en el ABL transforma al gobierno PRO en beneficiario de la especulación inmobiliaria que él mismo genera, al capturar bajo la forma de impuestos la renta extraordinaria que surge de esa especulación. Si Macri llega a su objetivo -recaudar el 1% del valor de la propiedad en un año-, una vivienda de 70 metros cuadrados, por ejemplo, obligaría a una familia que gana la canasta familiar a pagar ¡el 5%! de sus ingresos anuales en concepto de impuesto inmobiliario.

En oposición a esta confiscación económica, planteamos la abolición de todo impuesto a la vivienda única. El presupuesto de la Ciudad debe financiarse con impuestos progresivos al gran capital inmobiliario, financiero y de servicios radicado en la Ciudad, que sí obtiene un usufructo económico extraordinario de su radicación en la capital del país.