Fuga de capitales y deuda externa

Las firmas offshore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. Su nave insigne, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri —con sus afiliadas Socma y Sevel— es recordado por los autopréstamos que realizaba desde las cuevas offshore a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” fueron estatizadas (Domingo Cavallo de los ochenta) o bien pesificadas (Domingo Cavallo de fines de los noventa) y su pago, transferido al conjunto de la población a través de enormes padecimientos. En los últimos años, se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. Es lo que habría hecho Lázaro Báez para blanquear el dinero proveniente de La Rosadita y transferido al exterior. En suma: vuelve a quedar en evidencia que uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina son “nuestros” empresarios.

De la fuga al blanqueo

Pero las cuentas sucias de los Macri, Lázaro Báez, Cristóbal López o Paolo Rocca son episodios menores en el extendido fenómeno de la criminalización de las finanzas internacionales. Desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) hasta hoy, los fondos que los grandes bancos del mundo han recirculado desde y hacia los paraísos fiscales se han duplicado largamente. La razón es clara: para rescatarse a sí mismos, los bancos han salido a capturar los recursos del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal. Sólo al banco Wells Fargo se le descubrieron fondos de los narcos mexicanos equivalentes a todo el PBI de ese país. La plata de la burguesía argentina y las comisiones de sus políticos, al igual que las del Petrolão brasileño —y las de quienes lo denunciaron— se han sumado a esa bolsa negra.

Pero el Gobierno de Cambiemos ya pergeña una salida para los tenedores de la plata offshore: un blanqueo de capitales donde se cambie dinero negro por títulos de deuda, y a estos por activos nacionales. Al respecto, y aunque buena parte del patrimonio público fue rematado por el menemato, queda todavía un “bocado de cardenal”: las tierras públicas, comenzando por las de la ciudad de Buenos Aires. Con ese fin, el macrismo y los k han acordado en la Legislatura porteña la formación de una agencia de bienes cuya cartera de privatizaciones superaría los diez mil millones de dólares. Semejante operación bien podría valer a futuro una tregua en la guerra judicial, más aún si asegura un encubrimiento a dos bandas —los protagonistas de Panama Papers, de un lado, y los de la Rosadita, del otro.

Los carpetazos cruzados deben arrojar luz sobre el conjunto del proceso político y económico. La enorme crisis nacional que han dejado los Kirchner, los Jaime o los Macri —y toda la clase social que fugó el ahorro nacional— quiere ser ahora trasladada a trabajadores, jubilados y consumidores, por la vía de un ajuste brutal. Pero los ajustadores están flojos de papeles y no tienen autoridad política para avanzar en semejante desfalco. En medio del vodevil de los carpetazos y las sedes judiciales, los trabajadores deben hacer oír su voz y sus intereses.

Los Lanatta frecuentaban a los punteros de los intendentes y a los barrabravas de los clubes, la misma fuente de reclutamiento de los asesinos de Mariano Ferreyra. La fuga y la impunidad posterior son un resultado inevitable de todo este entrelazamiento. Muy tardíamente, el Gobierno de Mauricio Macri-María Eugenia Vidal ha “descubierto” lo inevitable: a saber, que la Policía bonaerense no hará nada por detener a sus ¿ex? socios. En este cuadro, han iniciado una purga improvisada y parcial de una cúpula policial y del servicio penitenciario, a la que —en un claro pacto de convivencia— habían dejado mayoritariamente intacta.

La delación de los prófugos a Aníbal Fernández, en el marco de las PASO de agosto, fue un episodio en la descomposición del kirchnerismo y del Partido Justicialista. Pero en ese marco quedó claro qué tipo de intereses se dirimían en esa interna, a saber, una lucha entre camarillas empresariales ligadas al delito organizado, la Policía, los aparatos políticos y las mafias carcelarias.

¿El nuevo Gobierno nacional y provincial es ajeno a ese entramado? Cristian Ritondo, el jefe de la “seguridad” bonaerense, y Aníbal Fernández fueron compañeros de gabinete en el Gobierno de Eduardo Duhalde, a quien alguna vez Elisa Carrió acusó de ser “el mayor responsable político de la droga en el país”.

Pero si de impunidad se trata, su mayor beneficiario en estos días ha sido el propio Mauricio Macri, a quien la Justicia desprocesó en la causa que lo involucraba en una red de escuchas telefónicas contra parientes y dirigentes opositores. Así, el mismo juez que procesó al ex comisario Fino Palacios por comandar una asociación ilícita en las entrañas del Estado porteño ha perdonado a su jefe, o sea, a quien nombró a Palacios, primero, al frente de la seguridad del Club Boca Juniors y, después, en la ciudad. Barras, narcos, delatores, aparatos policiales y judiciales garantizando impunidad: este es el hilo conductor de un Estado que sirve a los grupos capitalistas que han confiscado a los trabajadores y al país en su beneficio. Es a esta red corrupta que el Gobierno entrante le delegará la seguridad porteña, mediante el traspaso de la Federal a la órbita de la ciudad.

Si los Macri o las Vidal no pueden con ese Estado sospechado es porque forman parte de él. No hay un enfrentamiento entre mafiosos y legales, sino una fractura al interior de un régimen descompuesto. Su superación exige el desmantelamiento del aparato represivo, de sus cúpulas y sus responsables; la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad e inteligencia para una investigación integral de los casos de gatillo fácil, de las redes de trata, del entrelazamiento con el delito y la represión a la protesta social. Los jueces y los fiscales deben ser electos por el voto popular.

Es necesario que los trabajadores y la ciudadanía perciban el verdadero alcance de la crisis política abierta con este episodio, sólo en apariencia policial.

¿A dónde fueron a parar los 2000 millones contraídos en estos años? El macrismo creó un difuso “Programa de Asistencia Financiera”,  que ha servido para borrar el rastro sobre el destino de los préstamos obtenidos. La participación de las obras de infraestructura en el presupuesto total se ha mantenido constante en los últimos diez años.  O sea que la nueva deuda cubrió, en su mayor parte, el aumento de gastos corrientes  Por si quedaran dudas de la desinversión, está a la vista el desastre de las inundaciones, por el incumplimiento de las inversiones previstas para el arroyo Medrano. En el mismo lapso en que se triplicó la deuda, los recursos efectivamente desembolsados para vivienda e infraestructura social se redujeron a la mitad. En contrapartida, y en una de las pocas emisiones de deuda con destino específico, el macrismo la destinó a la indexación de los contratos de recolección de residuos.  También tienen nombre y apellido los comisionistas de la deuda: la primera emisión de la gestión macrista (2008), de casi 500 millones de dólares, fue encargada –sin licitación- al Credit Suisse, a través de una “consultora” presidida por el ex jefe de campaña del PRO. Una emisión posterior fue encomendada al BST, un banco que está siendo investigado por operaciones de lavado de dinero.

El kirchnerismo porteño denuncia al endeudamiento del gobierno PRO,  pero se trata de pura demagogia.  En medio del tobogán de las reservas internacionales, el gabinete Capitanich-Kicillof  alienta abiertamente a las provincias al endeudamiento en dólares, con dos claros objetivos. Por un lado, desligar al tesoro nacional del auxilio a los distritos. Por el otro, asegurar, a como sea, el ingreso de dólares, para subir artificialmente el nivel de reservas.  Es claro que la nueva deuda que tomará Macri jugará esa función,  ya que le evitará al banco Central K desembolsar los dólares necesarios para amortizar la deuda que debía pagar este año el gobierno PRO. Al igual que YPF, los derechistas porteños están siendo peones del nuevo ciclo de endeudamiento externo que quiere abrir la administración “nacional y popular”.

En la sesión del jueves, denunciaremos esta tentativa, que forma parte de una orientación presupuestaria al servicio de la patria contratista y los negocios inmobiliarios.  El gobierno que se endeuda sostiene casi el 100% de sus ingresos en impuestos que gravan el consumo y el ingreso popular,  mientras que los capitalistas no aportan un peso por la renta extraordinaria que implica su sola radicación en el centro político, comercial y financiero del país. Plantearemos que se archive este nuevo pedido de deuda, y  una investigación  integral de las operaciones de endeudamiento desde que se inauguró la Ciudad Autónoma: destino de los fondos captados, comisiones pagadas y tenedores de sus títulos.

La Villa Olímpica contempla la construcción de 1.500 viviendas para los atletas, “que luego serán transformadas en departamentos de uno y dos ambientes para las familias de la zona”. Según anunció el gobierno, esas viviendas serán vendidas a través del plan “Primera Casa”, un programa del Instituto de Vivienda y el Banco Ciudad que, en sus dos años de vida, sólo ejecutó el 15% de lo presupuestado. Ocurre que el Banco rechaza la mayoría de las solicitudes presentadas, porque desestima a quienes no acrediten ingresos fijos y estabilidad laboral. Si eso ocurre a la escala de toda la Ciudad, ¿qué puede esperarse en Soldati y Lugano, donde el 50% de los vecinos no llegan a la canasta básica o están precarizados? Es evidente que las viviendas de la Villa Olímpica no serán para las familias sin techo de la zona.

Al justificar su plan, el gobierno de Macri señala que “existe una importante cantidad de metros disponibles que, sin usos, podrían terminar usurpados”. De este modo, confiesa que el proyecto no apunta a integrar a la población explotada al tejido de la Ciudad, sino a cavar una “trinchera de guerra” contra ella. Con la Villa Olímpica y otras obras -como el polo empresarial farmacéutico o la playa de camiones en el Parque Roca- el macrismo procura sumar a Soldati- Lugano al eje inmobiliario que ‘sube’ desde Puerto Madero y el sur de la Ciudad. Las obras de la Villa Olímpica son una punta de lanza de este copamiento capitalista, que elevará el valor de la vivienda y el suelo en el sudoeste y reforzará la presión expulsiva contra los que viven en condiciones precarias. El “destino olímpico” es una coartada para contrabandear una posterior privatización del suelo.

La colosal inversión anunciada por Macri contrasta con el estado de derrumbe en que encuentran buena parte de los complejos habitacionales (monoblocks) de la zona. Ni qué decir del prometido hospital de Lugano, que no supera actualmente el nivel de una sala de atención primaria.

Macri no trae nada nuevo a la Comuna 8: espera desatar una “burbuja olímpica”, como se llamó a la especulación inmobiliaria que siguió a los juegos olímpicos en Barcelona, Seúl o Sydney. Esas “burbujas” agravaron la polarización social, y desembocaron en bancarrotas, desalojos y desolación urbana.

Naturalmente que el sudoeste porteño exige un enérgico desarrollo, pero sobre bases sociales antagónicas a las que han pactado el macrismo y los K. El suelo ocioso de la Comuna 8 debe ser declarado área reservada o protegida de toda forma de privatización del suelo, estableciendo su uso prioritario para vivienda social, espacios verdes públicos, instalaciones hospitalarias y educativas. Las obras olímpicas deben subordinarse a ese plan de conjunto, bajo supervisión de representantes electos de las organizaciones obreras, sociales y vecinales de la zona.

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

Buitres

Pero el tarifazo es solamente un aspecto del ‘ajuste’ en ciernes. Lorenzino-Boudou han habilitado a una negociación que reúne a todos los fondos buitre -los que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y aquellos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos. El resultado será nuevos pagos por deuda externa y un mayor endeudamiento en los mercados internacionales. Está claro que la garantía que el gobierno ofrece a la nueva deuda es la dolarización de las tarifas, como ya ha comenzado con los combustibles. Otra garantía que se exige es “cerrar un acuerdo con el Club de París” (Clarín, 3/11), al cual se deben unos 10/15 mil millones de dólares.

No tan fina

¿Será este otro intento de ‘sintonía fina’? El gobierna ha acelerado la devaluación del peso, para sustituir una devaluación brusca. La suma de ‘sintonías finas’, sin embargo, es lo mismo que una sintonía gruesa. A esto se agrega una caída en el valor de las exportaciones y el superávit comercial, y una imparable caída de las reservas. No es casual que el Banco Central haya pedido préstamos al Banco de Basilea y al de Francia. Se observa también, en el plano internacional, la proliferación de préstamos recíprocos entre bancos centrales, por el temor a una ‘corrida’ contra determinadas monedas nacionales -de las que no habría que excluir, en ciertas condiciones, al mismo dólar.

El ajuste estará en manos de un gobierno que acaba de sufrir una fuerte derrota electoral y que muestra signos visibles de mayores divisiones. La conquista de un mandato popular, por parte del Frente de Izquierda, introduce en esta crisis una novedad profunda, porque amplía su campo de actuación en las luchas obreras que el tarifazo no dejará de generar. Es oportuno recordar ahora que, con la excepción de Macri, de un lado, y del Frente de Izquierda, del otro, todos los partidos y coaliciones restantes coincidieron (en especial, Pino y Lozano) en el planteo de una ‘política de ingresos‘, que es la expresión que se usa para poner tope o congelar los aumentos de salarios, con la promesa de hacer los mismo con los precios. Semejante tentativa de ‘sintonía fina’ equivale a un perro que se muerde la cola y enloquece girando en círculo.

La batalla de la etapa próxima es forjar una mayor unidad entre la izquierda revolucionaria y la vanguardia del movimiento obrero. Rechacemos los tarifazos nacionales y locales, que se abran los libros de las empresas por paritarias formadas con representantes electos; salario mínimo igual a la canasta familiar -hoy en 9.000 pesos- y que se ajuste en forma automática a la inflación.

El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

Corporaciones

Cualquier a sea el tenor de lo que traman las ‘corporaciones’, lo cierto es que el kirchnerismo pretende hacerle frente a sus conspiraciones por la vía de anudar un nuevo pacto con ellas. Es lo que revela el acuerdo con Chevron, que deja cualquier controversia librada al arbitraje de los tribunales internacionales (entre ellas, las que puedan surgir de los daños ambientales de la explotación del subsuelo por ‘fractura’). La misma orientación está presente en la apertura del nuevo canje en favor de los fondos buitres, que suma otra carga a la mochila de la deuda externa. La letra chica de este canje confirma que los nuevos títulos a emitir incorporarán los pagos asociados al crecimiento económico (cupón del PBI). En el caso de los canjes anteriores, esos pagos casi terminaron neutralizando cualquier quita sobre la deuda original. Por lo tanto, los buitres recibirían en el tiempo el 100% del capital adeudado, después de haberse hecho de la deuda argentina por chirolas. En medio de las acusaciones cruzadas entre el gobierno y los opositores, todos juntos votarán, con mayoría abrumadora, la derogación de la “ley cerrojo” que bloqueaba nuevas tratativas con estos especuladores. La retórica electoral disimula este acuerdo de fondo, entre unos y otros, para subordinar la economía nacional al capital financiero.

Círculo negro

En sus alusiones a la oposición, Cristina Kirchner terminó advirtiendo sobre la existencia de otro círculo -esta vez, negro, el del “ajuste”. Lo ejemplificó con la crisis social abierta por la bancarrota europea y, en particular, de Grecia. Pero también en esto ocultó lo esencial: la quiebra de esos Estados es el resultado de haber colocado el presupuesto público al servicio de rescatar capitalistas y banqueros. Por casa, ¿cómo andamos? En 2013, el déficit del fisco será de aproximadamente 15.000 millones de dólares, entre pagos crecientes de los intereses de la deuda pública y subsidios a las privatizadas. Pero la mitad de esa cifra volverá a ser cubierta por el Banco Central y por la ANSES. La factura será traspasada a trabajadores y consumidores -con mayor inflación- y a los jubilados – con haberes de indigencia y el bicicleteo de sus juicios.

El mercado financiero celebra en estas horas la suba meteórica de los títulos de deuda provincial con cláusulas atadas al valor del dólar. Es que el ritmo acelerado de la devaluación del dólar oficial -que el propio gobierno impulsa- le asegura rendimientos jugosos a esos títulos. Naturalmente, las provincias que contrajeron estas deudas -como la Ciudad “PRO” de Macri o la Buenos Aires de Scioli- tendrán que honrarlas con impuestazos y ajustes en sus servicios esenciales. Cristina Kirchner denuncia al “círculo negro” de afuera, cuando la política oficial marcha en la misma dirección.

Campaña electoral

Al invocar conspiraciones, golpes y “círculos” de influencia, el kirchnerismo apuesta a abroquelar a su electorado, y ensayar una tentativa de polarización política. La extorsión sobre los trabajadores es clara: ‘o nosotros, o el golpe de las corporaciones’. Los K, mientras tanto, tramitan su propio “golpe” junto a los monopolios petroleros y el capital financiero. El ruido de la campaña electoral oculta la coincidencia estratégica que une a oficialistas y opositores: trasladar el peso de la crisis nacional a los trabajadores, por la vía de una devaluación, de ajustes y tarifazos en regla.

A la luz de lo anterior, la decisión de votar al Frente de Izquierda cobra una nueva dimensión. Un salto en la votación, a partir del millón de votos alcanzado, sería un extraordinario pronunciamiento político y un instrumento de lucha contra el ajuste y al entreguismo al que nos lleva la salida capitalista en esta crisis. En oposición a ella, levantamos una agenda de prioridades populares: por la abolición del impuesto al salario, por un salario que cubra la canasta familiar y la imposición del 82% móvil, por el fin de la tercerización y precarización laboral y la gestión obrera de la economía nacional. Ensanchemos el importante ‘círculo’ del millón de votos a nuevas camadas de trabajadores y jóvenes, para consagrar en octubre diputados y legisladores de izquierda.

Final de un arbitraje tardío

Los resultados del domingo entierran la pretensión oficial de la re-reelección y han debilitado incluso una sucesión de Scioli, quien tendrá que rever su política. Los acercamientos a Massa de los intendentes bonaerenses que se habían quedado con los K anticipan un desbande político en la base principal de sustentación del kirchnerismo: el aparato de punteros pejotistas de Buenos Aires. A esto se agrega el éxodo anterior de buena parte de la burocracia sindical. Massa, sin embargo, enfrenta una dificultad enorme para poder asimilar esta nueva ola de emigrados. Esta crisis de orden general alimenta la ilusión del oficialismo de que podría remontar la derrota.

En estas condiciones, para llegar a 2015, el kirchnerismo dependerá del apuntalamiento que le presten sus propios opositores, los cuales no quieren apresurar la salida del gobierno, salvo que se precipiten hechos excepcionales -como, por ejemplo, un default. Todas las fracciones patronales necesitan darse el tiempo de una transición para ajustar las clavijas de la crisis. Es una probabilidad remota, en especial porque se descomponen las condiciones financieras (a partir de las crisis en China y Brasil) y del fracaso de los ‘cepos’ y ‘cedines’ del gobierno. Los K intentarán establecer un régimen de “economía racionada” hasta octubre, pero no podrán evitar un derrumbe y la necesidad de un viraje de 180 grados. En los círculos financieros, ya se ha abierto una polémica sobre si el gobierno logrará pagar el Bonar VII, por el que debe pagar US$ 2.500 millones en septiembre. El Citibank, al bajar la nota de Argentina, pareciera querer precipitar un desenlace. Ámbito Financiero reaccionó de mala manera ante la maniobra del Citi, no así Clarín.

El martes pasado, CFK dio muestras de entender que la aparición de Massa como desafiante responde a un cambio de frente de la burguesía nacional. Reclamó una discusión con los ‘titulares’ de la ‘opo’ -la patronal que exige acabar con el intervencionismo ‘morenista’. Seguramente para advertirles, por un lado, el riesgo de explosión social que implicaría un cambio brusco y para volver a prometerles una ‘sintonía fina’, por el otro. Ofrece el garrote de una mayor reglamentación de la economía y la zanahoria de un cambio para luego de octubre. La desintegración política se juega, por arriba, en estos términos.

El llamado “fin de ciclo” apunta a todo el régimen político, no solamente a los K, porque expresa el fracaso de todas las agrupaciones políticas tradicionales que han gobernado desde 1983. Este final encuentra su expresión en la conciencia popular, por un lado, y en el fraccionamiento completo de los partidos históricos de la clase capitalista. El peronismo no es más que una entelequia, cuyos caudillejos abrevaron en la Ucedé del finado Alsogaray.

No se UNEN

También la ‘opo’ ha recibido este domingo varios golpes. Por un lado, al macrismo le fue en la Ciudad igual que al oficialismo a nivel nacional: un 30 %. El mito de la clase media porteña reaccionaria no ha durado un suspiro. Cuando Macri dice que “las tres cuartas partes del país votaron contra el gobierno K”, olvida que el 70 % de la Ciudad votó contra él. La derecha también fue desautorizada en la interna de Unen, donde la lista de “J.P. Morgan” Prat Gay no accedió siquiera al piso para el reparto de cargos, para mayor daño a sus promotores ‘guerrilleros’ Donda y Tumini, quienes no se cansan en repetir que “el poder se construye desde arriba”. La suma de los votos en el distrito de la izquierda atomizada y personalista, por un lado, y el Frente de Izquierda, por el otro, ha sumado el 15 % del electorado. La situación en su conjunto evoluciona hacia la izquierda, no hacia la derecha.

La oposición radical y centroizquierdista ha celebrado victorias, lo que aviva los apetitos de unos y de otros (Binner, Cobos, Aguad, la dirección de la UCR), o sea que agudiza sus contradicciones. Algunos de sus voceros ya han anunciado que buscarán arreglarlas con una mega interna abierta en 2015. Claro que, en el entretanto, serán un cero político.

Perspectivas

El debate electoral de cara a octubre se concentrará en torno a la salida de un régimen agotado y de una economía encepada. El casi millón de votos alcanzado por el Frente de Izquierda adquiere, en ese plano, una dimensión excepcional, porque nos ha colocado como protagonistas nacionales de un debate estratégico, el cual servirá para orientar a los trabajadores que quieren meterse ya en una lucha -en primer lugar, para abolir el impuesto al salario y, en definitiva, para que la crisis la paguen los capitalistas. El discurso de CFK, el martes pasado, ha puesto el sello oficial al debate estratégico. Esto abre la posibilidad de conquistar, en la nueva etapa, a otras centenas de miles de votos. Argentina palpita un verdadero tiempo histórico.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.