La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

El tratamiento en sesión de este proyecto, previsto para el jueves pasado, fue postergado. Pero los motivos de la dilación son tan graves como los del propio “plan”. No es un secreto que la Legislatura tiene pendientes varios proyectos que apuntan a una vasta privatización del suelo. Es el caso de la Isla Demarchi, donde el kirchnerismo impulsa un desarrollo inmobiliario camuflado en un polo Audiovisual, o del emprendimiento Solares de Santa María de IRSA, para edificar una legión de megatorres de lujo junto a la reserva ecológica de la Costanera Sur. En esa lista, también se encuentra la “rezonificación” del Parque Tres de Febrero en Palermo, la construcción de megashoppings en Caballito y en Palermo y la entrega de una manzana de Colegiales a un grupo privado de la industria del espectáculo.

Este paquete sería tratado después de las elecciones y, naturalmente, antes del recambio de legisladores. Como ya ocurrió en otras oportunidades, la “última noche” de la actual Legislatura podría ser el escenario de un gigantesco canje de favores para avanzar en estas enajenaciones. Hay un antecedente claro: el acuerdo que en diciembre pasado suscribieron el PRO y el kirchnerismo, para la venta de tierras ferroviarias y del Edificio del Plata –este último, para financiar la construcción de un “Centro Civíco” a costa de terrenos del Hospital Borda.

Quienes apoyan el remate del suelo en la Comuna 8 lo hacen en nombre de “desarrollar al Sur postergado”. Pero estas operaciones inmobiliarias elevarán el costo del suelo y de la propiedad, reducirán los espacios verdes públicos y acentuarán la tendencia a expulsar de la Ciudad a quienes viven de su trabajo. Por el contrario, propugnamos un desarrollo urbano que arraigue a los trabajadores a su Ciudad, uniendo a la vivienda con el lugar de trabajo, de estudio y recreación. El destino de las tierras de la Comuna 8 debe ser resuelto a través de la deliberación de sus propios habitantes. La urbanización de los barrios precarios, la reconstrucción de los complejos habitacionales, así como de la escuela pública y los deteriorados espacios verdes, son las prioridades de la agenda popular.

Es necesario que las organizaciones empeñadas en la defensa de la vivienda y el espacio público unan esfuerzos para impedir que se consume este despojo. La constatación de esta “Legislatura de negocios” refuerza, como nunca, la necesidad de que ingrese una bancada del Frente de Izquierda.

Pero el Metrobús no escapa a una orientación social definida. La misma que mucho antes del jefe del PRO, levantaron los Grosso, De la Rúa o Ibarra: hacer de la Ciudad la “capital turística y financiera del Mercosur”. Ello, a expensas de los derechos y necesidades de la población que trabaja y vive en ella.

El carril para colectivos en la avenida 9 de Julio concentra las líneas que circulaban por las calles del microcentro. Es cierto que cesará la contaminación aérea y sonora en esas calles. Pero la polución será trasladada integralmente a la “avenida más ancha del mundo”, que es uno de los actuales pulmones de la Ciudad. Varios expertos han relacionado la magnitud de la obra del Metrobús -que obligó, entre otras cosas, a la tala de árboles- al abusivo número de líneas de colectivos que transitarán por él. El carril único podrá disimular la congestión que crea la superposición de líneas, un resultado inevitable de la privatización del transporte. Pero no puede sustituir a una planificación de carácter integral, que exige reemplazar al lucro privado por el interés general.

No es un secreto que el nuevo carril se superpone, además, con la Línea C de subterráneos. Se ha señalado, en este sentido, que los recursos invertidos en este carril podrían haberse destinado a mejorar la frecuencia en esa línea. La respuesta a ello es que el Metrobús céntrico se vincula con otro proyecto estratégico del macrismo: la peatonalización del centro. La “refuncionalización” de ese área de la Ciudad - como también la de su casco histórico- apunta a transformarla en un enclave turístico-comercial, levantando el valor inmobiliario de una zona relativamente degradada.

En ese caso, la obra “pública” volverá a apuntalar a un objetivo privado. La “puesta en valor” del centro ejercerá una presión alcista sobre el valor del suelo y de las propiedades de todo el área circundante, principalmente hacia el sur de la Ciudad. El capital financiero aplicado al negocio inmobiliario podrá declararse conforme con ello.

No así quienes buscan acceder a una vivienda única o pagan un alquiler en esas zonas. El Metrobús ha sido presentado como la primacía del transporte público en desmedro del automóvil particular. Es cierto que muchos usuarios verán reducidos sus tiempos de viaje por el centro. Pero un verdadero incentivo al transporte público exige la reconstrucción de su columna vertebral, el ferrocarril. Pero los Roggio-Cirigliano siguen al frente del desastre ferroviario y también del manejo del subte -en este caso, gracias a Macri. Mientras continúe el desquicio de los rieles, muchos de los que habitan en la provincia -y trabajan en la Ciudad- seguirán concurriendo con sus autos para llegar a horario o no viajar hacinados. La peatonalización y el Metrobús, entonces, no suprimirán la afluencia de automóviles: sólo lograrán que otro filón -el de las playas de estacionamiento- se desplace del centro hacia San Telmo o Constitución.

Lo que aquí señalamos para el megacarril de la 9 de Julio puede extenderse, sin duda, a otras cortadas de cinta del PRO. El Metrobús que se extenderá por la avenida Roca hacia el Bajo Flores, Soldati y Lugano contribuirá a la “puesta en valor” del sudoeste de la Ciudad. Pero quienes viven en esta zona asisten al abandono de cualquier iniciativa en materia de urbanización de villas, de la salud o la educación públicas.

Mientras tanto, los legisladores macristas y del kirchnerismo han estado muy activos en consensuar la entrega de tierras públicas en el Parque Roca, en favor de intereses privados. En esas condiciones, la revalorización inmobiliaria asociada al desarrollo del transporte no es un factor de arraigo: refuerza, en cambio, la presión expulsiva del gran capital sobre los habitantes del sudoeste porteño.

El Metrobús podría significar un alivio en las condiciones de trabajo para los choferes de colectivos -ello, en oposición al agobiante tránsito del microcentro. Pero ello exigirá una acción sindical decidida, para que la voracidad patronal no transforme el menor tiempo de viaje en un aumento de las frecuencias y una mayor carga de trabajo para los choferes.

Metrobuses, redes de subtes extendidas e integradas al transporte ferroviario podrían ser formidables herramientas para reducir el tiempo que la población dedica a trasladarse de la casa al trabajo, el cual hoy suele extender en varias horas las ya prolongadas jornadas laborales. Pero para ello, debe ser revertida la orientación social que rige en la Ciudad. Por lo pronto, es necesaria una reorganización integral del transporte público, terminando con el parasitismo de los concesionarios y colocando su gestión bajo un plan único que integre a todas las modalidades: colectivos, subtes y ferrocarril.

La jornada de seis horas -que hoy rige en el subte a partir de una iniciativa legislativa de Altamira en 2002- debería extenderse a todas las formas del transporte urbano; la planificación del transporte sobre nuevas bases debe estar asociada a una gestión pública del suelo, comenzando con impuestos progresivos al gran capital inmobiliario y el suelo ocioso, para favorecer el arraigo de los trabajadores a la Ciudad. La peatonalización, por otra parte, debe establecer espacios reservados para ferias públicas y artesanales, que faciliten el abastecimiento popular y lugares de trabajo para artesanos. También por todo esto, la Ciudad necesita a la izquierda en el Congreso y en la Legislatura.