Fuga de capitales y deuda externa

Las firmas offshore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. Su nave insigne, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri —con sus afiliadas Socma y Sevel— es recordado por los autopréstamos que realizaba desde las cuevas offshore a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” fueron estatizadas (Domingo Cavallo de los ochenta) o bien pesificadas (Domingo Cavallo de fines de los noventa) y su pago, transferido al conjunto de la población a través de enormes padecimientos. En los últimos años, se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. Es lo que habría hecho Lázaro Báez para blanquear el dinero proveniente de La Rosadita y transferido al exterior. En suma: vuelve a quedar en evidencia que uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina son “nuestros” empresarios.

De la fuga al blanqueo

Pero las cuentas sucias de los Macri, Lázaro Báez, Cristóbal López o Paolo Rocca son episodios menores en el extendido fenómeno de la criminalización de las finanzas internacionales. Desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) hasta hoy, los fondos que los grandes bancos del mundo han recirculado desde y hacia los paraísos fiscales se han duplicado largamente. La razón es clara: para rescatarse a sí mismos, los bancos han salido a capturar los recursos del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal. Sólo al banco Wells Fargo se le descubrieron fondos de los narcos mexicanos equivalentes a todo el PBI de ese país. La plata de la burguesía argentina y las comisiones de sus políticos, al igual que las del Petrolão brasileño —y las de quienes lo denunciaron— se han sumado a esa bolsa negra.

Pero el Gobierno de Cambiemos ya pergeña una salida para los tenedores de la plata offshore: un blanqueo de capitales donde se cambie dinero negro por títulos de deuda, y a estos por activos nacionales. Al respecto, y aunque buena parte del patrimonio público fue rematado por el menemato, queda todavía un “bocado de cardenal”: las tierras públicas, comenzando por las de la ciudad de Buenos Aires. Con ese fin, el macrismo y los k han acordado en la Legislatura porteña la formación de una agencia de bienes cuya cartera de privatizaciones superaría los diez mil millones de dólares. Semejante operación bien podría valer a futuro una tregua en la guerra judicial, más aún si asegura un encubrimiento a dos bandas —los protagonistas de Panama Papers, de un lado, y los de la Rosadita, del otro.

Los carpetazos cruzados deben arrojar luz sobre el conjunto del proceso político y económico. La enorme crisis nacional que han dejado los Kirchner, los Jaime o los Macri —y toda la clase social que fugó el ahorro nacional— quiere ser ahora trasladada a trabajadores, jubilados y consumidores, por la vía de un ajuste brutal. Pero los ajustadores están flojos de papeles y no tienen autoridad política para avanzar en semejante desfalco. En medio del vodevil de los carpetazos y las sedes judiciales, los trabajadores deben hacer oír su voz y sus intereses.

Extorsiones recíprocas

De todos modos, el gobierno ni siquiera ha destapado un caso novedoso. Las revelaciones sobre las maniobras internacionales del HSBC eran conocidas desde 2006-2008, cuando un ex empleado de la entidad le entregó a la Justicia francesa los datos de miles de depositantes clandestinos en Suiza. Echegaray dijo haberse reunido con el “informante” a comienzos de este año y contar con los datos desde hace varios meses.

La tardía revelación de estas cuentas es la réplica de la camarilla oficial a la escalada del juez Claudio Bonadio, que acaba de reclamarle a la Afip las declaraciones de bienes de la familia Kirchner. El deschave de las 4.000 cuentas, por lo tanto, responde a un juego de extorsiones, que incluye las de Bonadio contra los K en defensa de su sector de la corporación judicial, el cual puede incluir hasta el procesamiento de CFK. A nadie se le ha escapado que el merodeo de Echegaray con las cuentas suizas se ha frenado con las de Lázaro Báez.

Que la crisis de conjunto de este final de régimen se desplace hacia Comodoro Py pone de manifiesto la inutilidad completa de la oposición política patronal como tal. La campaña de Clarín y La Nación en defensa de Bonadio, presume que el “establishment económico” tiene poca confianza en que el proceso electoral sea efectivo para devolver el poder político que los K le han arrebatado en parte. Si como anticipa Julio Blanck, en Clarín, la corporación judicial ‘va por todo’, quedaría un escenario de golpes y autogolpes para el año a punto de comenzar.

Desde el Partido Obrero denunciamos la descomposición del régimen político en su conjunto y en todas las instituciones, y convocamos a suplantarlo por un gobierno de trabajadores.

Conspiración

El cariz que toma la transición política quedó graficado cuando los popes empresariales de la UIA emplazaron al gobierno a un arreglo con los fondos buitre; esto es mucho más que especular con una expectativa en ese sentido -es un ultimátum. CFK respondió a este emplazamiento con una defensa apasionada de la obra pública, o sea de los sobreprecios y de los negocios de su camarilla; la crisis fiscal podría decretar la quiebra de la patria contratista. La caída de la cotización de los nuevos bonos que emitió Kicillof para contener el mercado paralelo, ajustados al dólar, es un voto en contra de la gestión K. Esto no pasaría de un incidente si no fuera que el gobierno ha explicitado su pretensión de renegociar el Boden 2015, lo cual lo pone en manos de los acreedores. Habrá que ver qué hace la diplomacia de Obama para mediar en esta crisis de modo de asegurar que los K no terminen antes de diciembre del año que viene.

Ninguna fuerza política denuncia el trasfondo económico y político del tiroteo judicial; no solamente esto, se empeñan en iniciar nuevas causas de unos contra otros. Distraídos por la ficción de la democracia, ignoran el crujido del régimen político y la disposición conspirativa de las fuerzas en pugna. Advertimos a los trabajadores que los protagonistas oficiales de esta crisis, les tienen reservado el lugar del sacrificio de sus condiciones de vida. Por eso llamamos a acelerar la campaña por la organización política independiente del movimiento obrero y la fusión con la izquierda clasista.