El sistema de “inscripciones online” para el ciclo lectivo 2014 ha sumido a la Ciudad en una grave crisis educativa. Según ha trascendido, existirían 17.600 alumnos sin vacantes, la mayor parte de los cuales pertenecen al nivel inicial (jardines). Pero esta cifra debe ser aun mayor: después de las inscripciones, y luego de haber recibido un mail de confirmación, miles de familias fueron colocadas en “lista de espera” o con vacante condicional.

En cualquier caso, y por las características del sistema online, la verdadera demanda de matrícula es un secreto celosamente guardado por el gobierno de la Ciudad. Los docentes, alumnos y padres han quedado completamente apartados del proceso de inscripción: la decisión de la escuela asignada y de la propia existencia o no de una vacante están bajo el arbitrio exclusivo y despótico del Ministerio de Educación.

Es claro que la incertidumbre en relación a las vacantes reclamadas empuja a muchas familias, particularmente en la enseñanza inicial, a buscar una vacante en escuelas o jardines privados.

Según la denuncia de directores de escuelas, el gobierno se ha servido del monopolio que dispone sobre la información de la matrícula para sobrepoblar algunas aulas y cerrar otras. Desconociendo la recomendación pedagógica de una población no superior a los 20/25 alumnos por aula, se han conformado cursos de hasta 40 alumnos. La contrapartida de ello es el vaciamiento manifiesto de muchos otros cursos, promoviendo su cierre. Ya en 2012, el gobierno intentó clausurar más de 200 cursos en todos los niveles, lo que parcialmente fue frenado por la movilización docente. Es evidente que la inscripción on line tendrá como secuela una nueva escalada de cierres de grados y cursos en el ciclo lectivo 2014.

El gobierno le ha dado amplia difusión a la compra de “módulos” o “containers”, cuyas características tampoco han sido colocadas a la consideración de la comunidad educativa. Mientras se gasta una suma exorbitante en esta compra, de dudoso resultado en términos pedagógicos y hasta sanitarios, tampoco se informa sobre los recursos edilicios que podrían estar ociosos en el propio sistema educativo de la Ciudad.

En este cuadro, la banca del Frente de Izquierda impulsa una iniciativa legislativa dirigida a quebrar esta tentativa de liquidación de la educación pública en la Ciudad. Nuestro proyecto asegura la inscripción integral y sin condiciones de todos aquellos que han solicitado una vacante en la escuela pública. Para ello, proponemos poner fin al manejo secreto del sistema de inscripciones por parte del Ministerio de Educación, abriendo la totalidad de los registros online (pedidos de vacantes) al control de representantes de la docencia, de los padres y de los estudiantes. Al mismo tiempo, reclamamos que se ponga a disposición de las vacantes solicitadas toda la infraestructura edilicia ociosa que pudiera ser aprovechada para dictar clases en condiciones pedagógicas y sanitarias adecuadas, junto con un plan inmediato de construcción de aulas y escuelas. Lo mismo en lo que respecta a horas cátedra y puestos de trabajo docentes, que la verdadera demanda de educación pública requiere ampliar y no -como se prevé en el plan macrista- recortar. Luego, planteamos la derogación de los decretos que permiten el cierre de cursos y grados.

Por último, nuestra iniciativa dispone la apertura inmediata de las escuelas a la inscripción manual, para todos aquellos que se encuentran sin vacante. Al ajuste educativo que pretende contrabandear el sistema online, le oponemos una enérgica intervención de la comunidad educativa, para asegurar el derecho a la educación pública del conjunto de la población trabajadora. Es claro que el programa propuesto por nuestro proyecto sirve también de plataforma de intervención para los sindicatos docentes. Ademys, y también la AGD-UBA, han dispuesto empadronar a familias que se encuentran sin vacantes, para centralizar un reclamo y una movilización sobre el ministerio.

Para tratar esta iniciativa, el Frente de Izquierda exige una sesión especial e inmediata de la Legislatura porteña.

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

Buitres

Pero el tarifazo es solamente un aspecto del ‘ajuste’ en ciernes. Lorenzino-Boudou han habilitado a una negociación que reúne a todos los fondos buitre -los que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y aquellos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos. El resultado será nuevos pagos por deuda externa y un mayor endeudamiento en los mercados internacionales. Está claro que la garantía que el gobierno ofrece a la nueva deuda es la dolarización de las tarifas, como ya ha comenzado con los combustibles. Otra garantía que se exige es “cerrar un acuerdo con el Club de París” (Clarín, 3/11), al cual se deben unos 10/15 mil millones de dólares.

No tan fina

¿Será este otro intento de ‘sintonía fina’? El gobierna ha acelerado la devaluación del peso, para sustituir una devaluación brusca. La suma de ‘sintonías finas’, sin embargo, es lo mismo que una sintonía gruesa. A esto se agrega una caída en el valor de las exportaciones y el superávit comercial, y una imparable caída de las reservas. No es casual que el Banco Central haya pedido préstamos al Banco de Basilea y al de Francia. Se observa también, en el plano internacional, la proliferación de préstamos recíprocos entre bancos centrales, por el temor a una ‘corrida’ contra determinadas monedas nacionales -de las que no habría que excluir, en ciertas condiciones, al mismo dólar.

El ajuste estará en manos de un gobierno que acaba de sufrir una fuerte derrota electoral y que muestra signos visibles de mayores divisiones. La conquista de un mandato popular, por parte del Frente de Izquierda, introduce en esta crisis una novedad profunda, porque amplía su campo de actuación en las luchas obreras que el tarifazo no dejará de generar. Es oportuno recordar ahora que, con la excepción de Macri, de un lado, y del Frente de Izquierda, del otro, todos los partidos y coaliciones restantes coincidieron (en especial, Pino y Lozano) en el planteo de una ‘política de ingresos‘, que es la expresión que se usa para poner tope o congelar los aumentos de salarios, con la promesa de hacer los mismo con los precios. Semejante tentativa de ‘sintonía fina’ equivale a un perro que se muerde la cola y enloquece girando en círculo.

La batalla de la etapa próxima es forjar una mayor unidad entre la izquierda revolucionaria y la vanguardia del movimiento obrero. Rechacemos los tarifazos nacionales y locales, que se abran los libros de las empresas por paritarias formadas con representantes electos; salario mínimo igual a la canasta familiar -hoy en 9.000 pesos- y que se ajuste en forma automática a la inflación.

El tratamiento en sesión de este proyecto, previsto para el jueves pasado, fue postergado. Pero los motivos de la dilación son tan graves como los del propio “plan”. No es un secreto que la Legislatura tiene pendientes varios proyectos que apuntan a una vasta privatización del suelo. Es el caso de la Isla Demarchi, donde el kirchnerismo impulsa un desarrollo inmobiliario camuflado en un polo Audiovisual, o del emprendimiento Solares de Santa María de IRSA, para edificar una legión de megatorres de lujo junto a la reserva ecológica de la Costanera Sur. En esa lista, también se encuentra la “rezonificación” del Parque Tres de Febrero en Palermo, la construcción de megashoppings en Caballito y en Palermo y la entrega de una manzana de Colegiales a un grupo privado de la industria del espectáculo.

Este paquete sería tratado después de las elecciones y, naturalmente, antes del recambio de legisladores. Como ya ocurrió en otras oportunidades, la “última noche” de la actual Legislatura podría ser el escenario de un gigantesco canje de favores para avanzar en estas enajenaciones. Hay un antecedente claro: el acuerdo que en diciembre pasado suscribieron el PRO y el kirchnerismo, para la venta de tierras ferroviarias y del Edificio del Plata –este último, para financiar la construcción de un “Centro Civíco” a costa de terrenos del Hospital Borda.

Quienes apoyan el remate del suelo en la Comuna 8 lo hacen en nombre de “desarrollar al Sur postergado”. Pero estas operaciones inmobiliarias elevarán el costo del suelo y de la propiedad, reducirán los espacios verdes públicos y acentuarán la tendencia a expulsar de la Ciudad a quienes viven de su trabajo. Por el contrario, propugnamos un desarrollo urbano que arraigue a los trabajadores a su Ciudad, uniendo a la vivienda con el lugar de trabajo, de estudio y recreación. El destino de las tierras de la Comuna 8 debe ser resuelto a través de la deliberación de sus propios habitantes. La urbanización de los barrios precarios, la reconstrucción de los complejos habitacionales, así como de la escuela pública y los deteriorados espacios verdes, son las prioridades de la agenda popular.

Es necesario que las organizaciones empeñadas en la defensa de la vivienda y el espacio público unan esfuerzos para impedir que se consume este despojo. La constatación de esta “Legislatura de negocios” refuerza, como nunca, la necesidad de que ingrese una bancada del Frente de Izquierda.

En Tucumán, una reacción estudiantil relacionada con la inseguridad cotidiana (abusos sexuales a estudiantes en las inmediaciones de la universidad) ha llevado a una escalada de tomas de facultades, que cuestiona el derrumbe más general de la UNT. Más aguda aún es la crisis en La Rioja, donde el despido de docentes cesanteados desató una rebelión universitaria que no concluyó siquiera con la renuncia del rector. El domingo pasado, estudiantes, docentes y toda una parte del pueblo llevó adelante la manifestación popular más importante de los últimos cuarenta años en la provincia. El “riojanazo” denunció a una camarilla universitaria que maneja desde hace décadas un presupuesto cuantioso, pero sólo para multiplicar las cajas paralelas, el entrelazamiento con capitalistas privados y la precarización laboral de docentes y no docentes. Ni qué decir que ese “modelo” tiene su principal expresión nacional en la UBA: la asamblea universitaria que elegirá su rector volverá a silenciar el desfalco cotidiano que se lleva adelante en la más grande universidad del país. Pero también acá hubo un sólido pronunciamiento de la juventud, con las victorias de la izquierda en 8 de las 13 facultades de la UBA.

No es “educativa”

En el trasfondo de esta rebelión no hay solamente una cuestión “educativa”. Por esta vía, lo que emerge es el hartazgo de una masa enorme de la juventud hacia un régimen social y político. Con la liquidación de más de un centenar de orientaciones, la reforma secundaria que se quiere imponer en la Capital tiene como propósito estratégico descalificar la fuerza laboral de los jóvenes. De ese modo, el “sistema” educativo facilita que la juventud sea empleada en condiciones ultra precarias. En la capital del país, el 55% de la juventud padece esa condición en call centers, centros comerciales, monopolios turísticos o incluso en el propio Estado. La rebelión de los secundarios se enfrenta a esta nueva tentativa precarizadora. Lo mismo puede decirse de la juventud universitaria, donde la destrucción de las carreras de grado coloca a los jóvenes universitarios ante una descalificación que sólo puede sortearse, parcialmente, con el sistema de posgrados pagos. La destrucción de la universidad y la escuela pública es la contracara educativa de la precarización y tercerización laboral a escala nacional que el kirchnerismo ha consolidado.

En las universidades públicas del país conviven dos realidades muy diferentes: por un lado, carreras de grado desfinanciadas y con docentes mal pagos (o incluso impagos); por el otro, un redituable sistema de posgrados que alimenta cajas fuera de todo control. Este es el contenido del “mar de fondo” en la UBA, en La Rioja, en Tucumán y otras. En Tucumán, las ocupaciones se conectan con otra cuestión crucial de la crisis política: la inseguridad cotidiana, que el pueblo identifica, cada vez con más fuerza, con el maridaje entre las fuerzas represivas, el aparato gobernante y los “hijos del poder”. Otra vez, la cuestión educativa es sólo la punta del ovillo de una crisis más general.

Sólo el Frente de Izquierda

La rebelión educativa ha servido también para sacar a la luz el “quién es quién” de esta campaña electoral. En la Ciudad, sólo el Frente de Izquierda y sus voceros se han jugado por los estudiantes, ante el ‘prudente’ silencio de todas las fuerzas incluso las que se dicen de izquierda o centroizquierda. Lo mismo ocurre en La Rioja y Tucumán. El silencio de “progresistas” y de nacionales y populares tiene su explicación. Es necesario recordar que el kirchnerismo de la Ciudad lleva como cabeza de lista a Daniel Filmus, el arquitecto de todas las reformas educativas del Banco Mundial en el país, tanto en el orden nacional como de la propia Ciudad. Pero, ¿qué decir del Unen? Detrás de las denuncias contra las mafias y el planteo de “transparencia” Pino, Carrió y Vera esconden en sus listas a los ‘administradores’ de la caja negra más poderosa de la Ciudad: nos referimos a la Franja Morada y la UCR, que gobierna la UBA desde hace décadas y que, en los últimos años, lo hace en sociedad con los K y el macrismo. A la hostilidad contra las tomas, se ha sumado un ex Proyecto Sur -Rafael Gentilli-, que posa de “localista” en la campaña para disimular sus vínculos con Binner y el PS, otro pieza de las camarillas universitarias. Lo mismo ocurre en Tucumán, donde el radical Cano (cabeza del Unen provincial) conspira diariamente contra el movimiento de tomas de facultades, junto a los socios norteños de Victoria Donda.

La poderosa reacción educativa es el síntoma de un desplazamiento político que el Frente de Izquierda tiene que verificar con una intensa acción política sobre colegios, las universidades y los barrios. Los beneficiarios del “voto joven” se rebelan contra sus supuestos “benefactores”, sencillamente porque no toleran la destrucción de sus colegios, la falta de futuro o el trabajo precario. También para ellos, el Frente de Izquierda es un poderoso instrumento de lucha por sus aspiraciones.

El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

Corporaciones

Cualquier a sea el tenor de lo que traman las ‘corporaciones’, lo cierto es que el kirchnerismo pretende hacerle frente a sus conspiraciones por la vía de anudar un nuevo pacto con ellas. Es lo que revela el acuerdo con Chevron, que deja cualquier controversia librada al arbitraje de los tribunales internacionales (entre ellas, las que puedan surgir de los daños ambientales de la explotación del subsuelo por ‘fractura’). La misma orientación está presente en la apertura del nuevo canje en favor de los fondos buitres, que suma otra carga a la mochila de la deuda externa. La letra chica de este canje confirma que los nuevos títulos a emitir incorporarán los pagos asociados al crecimiento económico (cupón del PBI). En el caso de los canjes anteriores, esos pagos casi terminaron neutralizando cualquier quita sobre la deuda original. Por lo tanto, los buitres recibirían en el tiempo el 100% del capital adeudado, después de haberse hecho de la deuda argentina por chirolas. En medio de las acusaciones cruzadas entre el gobierno y los opositores, todos juntos votarán, con mayoría abrumadora, la derogación de la “ley cerrojo” que bloqueaba nuevas tratativas con estos especuladores. La retórica electoral disimula este acuerdo de fondo, entre unos y otros, para subordinar la economía nacional al capital financiero.

Círculo negro

En sus alusiones a la oposición, Cristina Kirchner terminó advirtiendo sobre la existencia de otro círculo -esta vez, negro, el del “ajuste”. Lo ejemplificó con la crisis social abierta por la bancarrota europea y, en particular, de Grecia. Pero también en esto ocultó lo esencial: la quiebra de esos Estados es el resultado de haber colocado el presupuesto público al servicio de rescatar capitalistas y banqueros. Por casa, ¿cómo andamos? En 2013, el déficit del fisco será de aproximadamente 15.000 millones de dólares, entre pagos crecientes de los intereses de la deuda pública y subsidios a las privatizadas. Pero la mitad de esa cifra volverá a ser cubierta por el Banco Central y por la ANSES. La factura será traspasada a trabajadores y consumidores -con mayor inflación- y a los jubilados – con haberes de indigencia y el bicicleteo de sus juicios.

El mercado financiero celebra en estas horas la suba meteórica de los títulos de deuda provincial con cláusulas atadas al valor del dólar. Es que el ritmo acelerado de la devaluación del dólar oficial -que el propio gobierno impulsa- le asegura rendimientos jugosos a esos títulos. Naturalmente, las provincias que contrajeron estas deudas -como la Ciudad “PRO” de Macri o la Buenos Aires de Scioli- tendrán que honrarlas con impuestazos y ajustes en sus servicios esenciales. Cristina Kirchner denuncia al “círculo negro” de afuera, cuando la política oficial marcha en la misma dirección.

Campaña electoral

Al invocar conspiraciones, golpes y “círculos” de influencia, el kirchnerismo apuesta a abroquelar a su electorado, y ensayar una tentativa de polarización política. La extorsión sobre los trabajadores es clara: ‘o nosotros, o el golpe de las corporaciones’. Los K, mientras tanto, tramitan su propio “golpe” junto a los monopolios petroleros y el capital financiero. El ruido de la campaña electoral oculta la coincidencia estratégica que une a oficialistas y opositores: trasladar el peso de la crisis nacional a los trabajadores, por la vía de una devaluación, de ajustes y tarifazos en regla.

A la luz de lo anterior, la decisión de votar al Frente de Izquierda cobra una nueva dimensión. Un salto en la votación, a partir del millón de votos alcanzado, sería un extraordinario pronunciamiento político y un instrumento de lucha contra el ajuste y al entreguismo al que nos lleva la salida capitalista en esta crisis. En oposición a ella, levantamos una agenda de prioridades populares: por la abolición del impuesto al salario, por un salario que cubra la canasta familiar y la imposición del 82% móvil, por el fin de la tercerización y precarización laboral y la gestión obrera de la economía nacional. Ensanchemos el importante ‘círculo’ del millón de votos a nuevas camadas de trabajadores y jóvenes, para consagrar en octubre diputados y legisladores de izquierda.

Final de un arbitraje tardío

Los resultados del domingo entierran la pretensión oficial de la re-reelección y han debilitado incluso una sucesión de Scioli, quien tendrá que rever su política. Los acercamientos a Massa de los intendentes bonaerenses que se habían quedado con los K anticipan un desbande político en la base principal de sustentación del kirchnerismo: el aparato de punteros pejotistas de Buenos Aires. A esto se agrega el éxodo anterior de buena parte de la burocracia sindical. Massa, sin embargo, enfrenta una dificultad enorme para poder asimilar esta nueva ola de emigrados. Esta crisis de orden general alimenta la ilusión del oficialismo de que podría remontar la derrota.

En estas condiciones, para llegar a 2015, el kirchnerismo dependerá del apuntalamiento que le presten sus propios opositores, los cuales no quieren apresurar la salida del gobierno, salvo que se precipiten hechos excepcionales -como, por ejemplo, un default. Todas las fracciones patronales necesitan darse el tiempo de una transición para ajustar las clavijas de la crisis. Es una probabilidad remota, en especial porque se descomponen las condiciones financieras (a partir de las crisis en China y Brasil) y del fracaso de los ‘cepos’ y ‘cedines’ del gobierno. Los K intentarán establecer un régimen de “economía racionada” hasta octubre, pero no podrán evitar un derrumbe y la necesidad de un viraje de 180 grados. En los círculos financieros, ya se ha abierto una polémica sobre si el gobierno logrará pagar el Bonar VII, por el que debe pagar US$ 2.500 millones en septiembre. El Citibank, al bajar la nota de Argentina, pareciera querer precipitar un desenlace. Ámbito Financiero reaccionó de mala manera ante la maniobra del Citi, no así Clarín.

El martes pasado, CFK dio muestras de entender que la aparición de Massa como desafiante responde a un cambio de frente de la burguesía nacional. Reclamó una discusión con los ‘titulares’ de la ‘opo’ -la patronal que exige acabar con el intervencionismo ‘morenista’. Seguramente para advertirles, por un lado, el riesgo de explosión social que implicaría un cambio brusco y para volver a prometerles una ‘sintonía fina’, por el otro. Ofrece el garrote de una mayor reglamentación de la economía y la zanahoria de un cambio para luego de octubre. La desintegración política se juega, por arriba, en estos términos.

El llamado “fin de ciclo” apunta a todo el régimen político, no solamente a los K, porque expresa el fracaso de todas las agrupaciones políticas tradicionales que han gobernado desde 1983. Este final encuentra su expresión en la conciencia popular, por un lado, y en el fraccionamiento completo de los partidos históricos de la clase capitalista. El peronismo no es más que una entelequia, cuyos caudillejos abrevaron en la Ucedé del finado Alsogaray.

No se UNEN

También la ‘opo’ ha recibido este domingo varios golpes. Por un lado, al macrismo le fue en la Ciudad igual que al oficialismo a nivel nacional: un 30 %. El mito de la clase media porteña reaccionaria no ha durado un suspiro. Cuando Macri dice que “las tres cuartas partes del país votaron contra el gobierno K”, olvida que el 70 % de la Ciudad votó contra él. La derecha también fue desautorizada en la interna de Unen, donde la lista de “J.P. Morgan” Prat Gay no accedió siquiera al piso para el reparto de cargos, para mayor daño a sus promotores ‘guerrilleros’ Donda y Tumini, quienes no se cansan en repetir que “el poder se construye desde arriba”. La suma de los votos en el distrito de la izquierda atomizada y personalista, por un lado, y el Frente de Izquierda, por el otro, ha sumado el 15 % del electorado. La situación en su conjunto evoluciona hacia la izquierda, no hacia la derecha.

La oposición radical y centroizquierdista ha celebrado victorias, lo que aviva los apetitos de unos y de otros (Binner, Cobos, Aguad, la dirección de la UCR), o sea que agudiza sus contradicciones. Algunos de sus voceros ya han anunciado que buscarán arreglarlas con una mega interna abierta en 2015. Claro que, en el entretanto, serán un cero político.

Perspectivas

El debate electoral de cara a octubre se concentrará en torno a la salida de un régimen agotado y de una economía encepada. El casi millón de votos alcanzado por el Frente de Izquierda adquiere, en ese plano, una dimensión excepcional, porque nos ha colocado como protagonistas nacionales de un debate estratégico, el cual servirá para orientar a los trabajadores que quieren meterse ya en una lucha -en primer lugar, para abolir el impuesto al salario y, en definitiva, para que la crisis la paguen los capitalistas. El discurso de CFK, el martes pasado, ha puesto el sello oficial al debate estratégico. Esto abre la posibilidad de conquistar, en la nueva etapa, a otras centenas de miles de votos. Argentina palpita un verdadero tiempo histórico.

El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.

El decreto también prorroga por otros 25 años las concesiones petroleras que se encuentren en zonas con potenciales yacimientos de gas no convencional. Esta medida parece beneficiar a YPF, cuyas concesiones en Vaca Muerta están cercanas a expirar. Pero en el marco de las “alianzas estratégicas” planteadas, se trata de un generoso cheque en blanco en favor de las petroleras internacionales que se asocien con la “estatal”. Entre esas empresas, podría encontrarse la propia Repsol, a la que el gobierno le ofreció ingresar en Vaca Muerta como resarcimiento por la expropiación de 2012.

Justicia legítima

El decreto a la medida de Chevron vino precedido por otro beneficio en su favor. En mayo pasado, la Corte argentina dispuso la inembargabilidad de los bienes de la empresa en Argentina, a causa de un juicio del gobierno ecuatoriano por daños ambientales en ese país. Pero la Corte falló a partir de un pedido de la procuradora K Gils Carbó en el mismo sentido. O sea que mientras la corpo judicial y la corpo oficial se sacaban los ojos por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ambas coincidían en indultar a Chevron. En aras de ello, la Corte falló con una celeridad que no tuvo -ni tendrá- con los miles de jubilados que litigan por sus haberes congelados.

A pesar de tanto servilismo, la “justicia legítima” no consiguió tener injerencia en el acuerdo entre Chevron e YPF: la petrolera yanqui se aseguró la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sin que a los “nacionales y populares” les temblara el pulso. Esta condición colonial regirá, por ejemplo, en caso de futuros juicios por daños ambientales, teniendo en cuenta que Vaca Muerta será sometida a un método de extracción de gas -fractura hidráulica- que ha recibido múltiples cuestionamientos ambientales en el mundo.

Fracaso “nacional y popular”

El kirchnerismo sostuvo al régimen de privatizaciones petroleras del menemismo, comenzando por la presencia de Repsol en la petrolera estatal. La política oficial sólo atinó a asociar a la burguesía nacional K al saqueo de YPF: Ezquenazi entró a la petrolera sin poner un peso, con la previsión de pagar su parte con utilidades futuras.

Cuando este esquema se fundió -y en medio de un crecimiento exponencial de las importaciones energéticas-, el gobierno procedió a la reestatización parcial de YPF. Desde entonces, los camporistas de su directorio intentaron conciliar los pactos con monopolios extranjeros con los cepos cambiarios y los controles al comercio exterior.

El fracaso de esa orientación -expresada en nuevos retrocesos en la producción de petróleo y gas- ha empujado al acuerdo con Chevron, que exceptúa de esos controles a los monopolios petroleros. Es un claro retorno a la política petrolera del menemismo y a experiencias entreguistas anteriores, fundadas en entregarle a los monopolios la libre disponibilidad del producto extraído y otras concesiones. Todos esos episodios -de Frondizi al Plan Houston de Alfonsín, pasando por los contratos de Martínez de Hoz- fracasaron en asegurar el autoabastecimiento, al tiempo que agravaron la descapitalización de YPF y del conjunto del patrimonio petrolero.

La oposición

El UNEN y el peronismo opositor han fijado posición sobre el “decreto Chevron” a través de sus especialistas petroleros, como Montamat o Guadagni. Critican su carácter “discrecional”, por tratarse de “un decreto y no de una ley”. Reclaman, en suma, que la orientación entreguista del “decreto Chevron” revista un carácter general y definitivo, que lo convierta en la punta de lanza de un replanteo más general de la política económica. Pero ése es el camino que el propio gobierno está transitando, como se revela en los patacones dolarizados (Cedines) y en la liberación progresiva del precio de los combustibles. La devaluación y el tarifazo que asoma detrás de la “nueva” política petrolera es el rumbo que reclaman todos los días los Massa, Prat Gay, Losteau o Terragno, quienes han prestado un “apoyo crítico” al decreto oficial, a la vez que exigen ir a fondo en el cambio de frente.

Pino Solanas, socio de ellos en el UNEN, tendrá que archivar sus invocaciones al nacionalismo petrolero. El progresismo, incapaz de romper con el gran capital, ha sido demolido por partida doble: dentro y fuera del gobierno.

El acuerdo con Chevron es un punto alto de la descomposición política oficial, pero no llega sólo. Está acompañado por una crisis de fondo en el aparato de represión y seguridad estatal, que el gobierno ha querido “enderezar” nombrando a un represor de la dictadura al frente del Ejército. Mientras tanto, la protección oficial al fugado Jaime ratifica el compromiso de la camarilla oficial con el entramado capitalista que consumó otro vaciamiento, el del patrimonio ferroviario.

A sólo un mes de las elecciones de agosto, la población debe advertir una cuestión decisiva: en su tobogán político, el gobierno adopta el programa reaccionario de la oposición que pretende relevarlo. Las salidas de unos y otros para esta nueva crisis son antagónicas a los intereses de la mayoría nacional.

Es necesario, por lo tanto, que de ese desbarranque oficial emerja una alternativa de los trabajadores frente a la crisis. El voto al Frente de Izquierda, así como la batalla por el ingreso de sus candidatos al Congreso y a las legislaturas, es un paso crucial en ese sentido. Nuestra campaña electoral incorporará una acción enérgica contra el acuerdo con Chevron y la reprivatización petrolera. Contra esta orientación varias veces fracasada, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores.