La deuda que reconoció el kirchnerismo en los sucesivos canjes es el resultado de un largo proceso usurario, donde se han pagado intereses sobre intereses. A esta hipoteca se agregaría ahora la de los “fondos buitre”, según marcha la negociación anunciada por Kicillof. Por lo pronto, la pretensión de trasladar a Buenos Aires el pago de los bonos “reestructurados” para evitar la extorsión de los buitres fue volteada por el juez Griesa en la primera reunión con los negociadores argentinos. Esa tentativa tardía e improvisada de cambio de jurisdicción -después de haber aceptado la cláusula colonial de someter los arreglos de la deuda a tribunales internacionales- murió antes de nacer.

En cambio, los buitres sí apretarán a Argentina con la obligación de extender a los otros bonistas cualquier arreglo que supere las condiciones arrancadas en los canjes de 2005 y 2010, que estarán vigentes hasta fines de este año. En esas condiciones, la “negociación con dignidad” de Cristina-Kicillof será una copia de lo sucedido con Repsol y con el Club de París -o sea, el reconocimiento integral de la deuda exigida por los acreedores y una nueva emisión de bonos con rendimientos abusivos. Ello, sin que Argentina quede eximida de una nueva oleada de litigios -esta vez, de los bonistas que habían entrado al canje. Los que reclaman una rápida negociación y arreglo con los buitres, con la pretensión de cerrar el conflicto, no quieren ver que el camino de ese arreglo –e incluso su desenlace- estará minado de turbulencias y nuevas crisis.

La decisión de la Corte norteamericana sanciona otra bancarrota política: la del gabinete nacional, que justificó los arreglos ruinosos con Repsol y el Club de París con el argumento de que ganarían la “comprensión” de la Corte y el Departamento de Estado norteamericanos en la causa de los buitres. Esta política fue acompañada férreamente por la oposición, que viajó a Estados Unidos para refrendar la política oficial. Ahora, estos mismos opositores, junto con la totalidad de las cámaras patronales, exigen un arreglo rápido con los fondos buitres. Sergio Massa ha reclamado una bicameral, no para investigar la deuda ilegítima, sino para “monitorear” al gobierno en la negociación con Griesa y asegurar la capitulación ante los buitres. Los radicales se pusieron “a disposición” de lo que necesite el gobierno en el Congreso. Todos ellos, a coro, advierten contra “el peligro de un default”’ y la necesidad de “preservar el acceso al crédito internacional”. Saben muy bien, sin embargo, que los arreglos con Repsol, el Club de París y los buitres llevarán la deuda externa argentina a los 300.000 millones de dólares. Con semejante hipoteca nacional, los nuevos préstamos sólo podrían llegar en condiciones usurarias, algo que ya ocurre con las emisiones de las provincias.

Para abrirle camino al nuevo endeudamiento, los mismos que advierten contra un default con el capital financiero reclaman a la vez un default en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes: a ello conduciría una megadevaluación de la moneda, pulverizando el valor de la deuda pública en pesos con los fondos jubilatorios y el Banco Central. Los agentes políticos de los bonistas exigen también un tarifazo para que los recursos del fisco se apliquen de lleno al pago de la deuda. Pero a la luz de los vencimientos de deuda de los próximos años, incluso esa confiscación social resultará inútil para evitar una nueva cesación de pagos.

En oposición a la unidad nacional de los K, Macri, Binner o Massa para llevarnos a ese rumbo de bancarrota, desde la izquierda planteamos la investigación integral del conjunto de la deuda, el repudio general de todos los compromisos usuarios y un impuesto extraordinario al capital financiero para recapitalizar al Banco Central y a la Anses del saqueo cometido en estos años. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los explotados de distintos países del planeta a una verdadera catástrofe social, es necesario convocar una movilización internacional por el repudio de la deuda usuraria.

Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado (como reconoció la presidenta) 175.000 millones de dólares en todos estos años. Esa información derrumba el mito de que el país no tuvo financiamiento: en realidad, el ahorro nacional financió, y muy generosamente, a los especuladores internacionales. Pero tampoco es cierto que estos pagos condujeran a un “desendeudamiento”: para cumplir con el capital financiero internacional, el Estado contrajo una deuda equivalente con la ANSES y el Banco Central, la cual es de renovación indefinida y pago incierto. Considerando la deuda con estos organismos (más las que acumulan provincias y municipios) y los intereses a pagar, la deuda pública supera ya los 300.000 millones de dólares, lo que equivale a las tres cuartas partes del producto bruto.

Obama, la Reserva Federal y los K

El anuncio oficial vino después de un fallo de la Cámara de apelaciones norteamericana en favor de los fondos buitre, pero que no prevé la ejecución de la sentencia. Es lo que exigían el gobierno norteamericano y el FMI: apretar a Argentina para que reabra el canje, pero sin afectar con embargos a los bonistas adheridos a los canjes anteriores. En un evidente acuerdo con ello, el gobierno “nacional y popular” responde ahora con una oferta a los fondos buitre, esperando con ello dilatar una decisión final de la Corte norteamericana. Esa dilación, sin embargo, tendrá “otro precio”: en la factura que quieren pasarle al país, figura la deuda con el Club de París -contraída en los años de la dictadura-y con las privatizadas, que han litigado ante el Ciadi. La presión judicial en torno del pago a los fondos buitre es la punta de lanza de una rendición incondicional de la Argentina. Pero la decisión de los “nacionales y populares” de reabrir el canje demuestra que marchan en ese sentido. La autocalificación presidencial de “pagadores seriales” es una confesión de bancarrota política, después de diez años de haberse ufanado de la negociación “digna” e “inteligente” de la deuda.

La presidenta también ofertó cobrar “bajo ley argentina” a quienes ya ingresaron al canje -ello, para eludir los eventuales embargos sobre la banca neoyorquina. Pero voceros de los bonistas anticiparon que reclamarán “compensaciones” por ello, lo que reforzará todavía más la carga del endeudamiento nacional. Como mínimo, reclaman disponer libremente de las divisas a cobrar, en contradicción con el cepo cambiario. El “cambio de jurisdicción”, por lo tanto, choca de frente con el ordenamiento vigente y plantea un viraje en la política económica, lo que refuerza la orientación ya fijada por la oposición en favor de una devaluación y un ajuste.

Juntos en el Congreso

Cristina Kirchner envió al parlamento la derogación de la ley cerrojo. Pero no ocurre lo mismo con las condiciones del nuevo canje, que constituyen un secreto celosamente guardado. Por ejemplo, si estos fondos recibirán los beneficios del cupón PBI, lo que equivaldría a neutralizar cualquier quita. El Congreso, en ese caso, debería votar un cheque en blanco a favor de los buitres. Después de la derrota electoral, el gobierno intenta recuperar la iniciativa política frente a los “dueños de la pelota”, que reclaman -entre otras exigencias- una normalización de relaciones con el capital financiero internacional. La oposición de Unen y Massa, que no quiere perder el padrinazgo de los “titulares”, ya anticipó su apoyo a la apertura del canje, aún cuando este pacto con los “nacionales y populares” pueda significarles un golpe electoral. En vísperas de la segunda fase de la campaña electoral, el entreguismo de los bloques que se disputan una victoria en octubre quedará a la vista en el Congreso nacional. En torno del nuevo canje, los que se declaran víctimas de un “golpe institucional” votarán en común con los “golpistas”. Rechazamos esta nueva hipoteca sobre la economía nacional y los trabajadores.