La Villa Olímpica contempla la construcción de 1.500 viviendas para los atletas, “que luego serán transformadas en departamentos de uno y dos ambientes para las familias de la zona”. Según anunció el gobierno, esas viviendas serán vendidas a través del plan “Primera Casa”, un programa del Instituto de Vivienda y el Banco Ciudad que, en sus dos años de vida, sólo ejecutó el 15% de lo presupuestado. Ocurre que el Banco rechaza la mayoría de las solicitudes presentadas, porque desestima a quienes no acrediten ingresos fijos y estabilidad laboral. Si eso ocurre a la escala de toda la Ciudad, ¿qué puede esperarse en Soldati y Lugano, donde el 50% de los vecinos no llegan a la canasta básica o están precarizados? Es evidente que las viviendas de la Villa Olímpica no serán para las familias sin techo de la zona.

Al justificar su plan, el gobierno de Macri señala que “existe una importante cantidad de metros disponibles que, sin usos, podrían terminar usurpados”. De este modo, confiesa que el proyecto no apunta a integrar a la población explotada al tejido de la Ciudad, sino a cavar una “trinchera de guerra” contra ella. Con la Villa Olímpica y otras obras -como el polo empresarial farmacéutico o la playa de camiones en el Parque Roca- el macrismo procura sumar a Soldati- Lugano al eje inmobiliario que ‘sube’ desde Puerto Madero y el sur de la Ciudad. Las obras de la Villa Olímpica son una punta de lanza de este copamiento capitalista, que elevará el valor de la vivienda y el suelo en el sudoeste y reforzará la presión expulsiva contra los que viven en condiciones precarias. El “destino olímpico” es una coartada para contrabandear una posterior privatización del suelo.

La colosal inversión anunciada por Macri contrasta con el estado de derrumbe en que encuentran buena parte de los complejos habitacionales (monoblocks) de la zona. Ni qué decir del prometido hospital de Lugano, que no supera actualmente el nivel de una sala de atención primaria.

Macri no trae nada nuevo a la Comuna 8: espera desatar una “burbuja olímpica”, como se llamó a la especulación inmobiliaria que siguió a los juegos olímpicos en Barcelona, Seúl o Sydney. Esas “burbujas” agravaron la polarización social, y desembocaron en bancarrotas, desalojos y desolación urbana.

Naturalmente que el sudoeste porteño exige un enérgico desarrollo, pero sobre bases sociales antagónicas a las que han pactado el macrismo y los K. El suelo ocioso de la Comuna 8 debe ser declarado área reservada o protegida de toda forma de privatización del suelo, estableciendo su uso prioritario para vivienda social, espacios verdes públicos, instalaciones hospitalarias y educativas. Las obras olímpicas deben subordinarse a ese plan de conjunto, bajo supervisión de representantes electos de las organizaciones obreras, sociales y vecinales de la zona.

El tratamiento en sesión de este proyecto, previsto para el jueves pasado, fue postergado. Pero los motivos de la dilación son tan graves como los del propio “plan”. No es un secreto que la Legislatura tiene pendientes varios proyectos que apuntan a una vasta privatización del suelo. Es el caso de la Isla Demarchi, donde el kirchnerismo impulsa un desarrollo inmobiliario camuflado en un polo Audiovisual, o del emprendimiento Solares de Santa María de IRSA, para edificar una legión de megatorres de lujo junto a la reserva ecológica de la Costanera Sur. En esa lista, también se encuentra la “rezonificación” del Parque Tres de Febrero en Palermo, la construcción de megashoppings en Caballito y en Palermo y la entrega de una manzana de Colegiales a un grupo privado de la industria del espectáculo.

Este paquete sería tratado después de las elecciones y, naturalmente, antes del recambio de legisladores. Como ya ocurrió en otras oportunidades, la “última noche” de la actual Legislatura podría ser el escenario de un gigantesco canje de favores para avanzar en estas enajenaciones. Hay un antecedente claro: el acuerdo que en diciembre pasado suscribieron el PRO y el kirchnerismo, para la venta de tierras ferroviarias y del Edificio del Plata –este último, para financiar la construcción de un “Centro Civíco” a costa de terrenos del Hospital Borda.

Quienes apoyan el remate del suelo en la Comuna 8 lo hacen en nombre de “desarrollar al Sur postergado”. Pero estas operaciones inmobiliarias elevarán el costo del suelo y de la propiedad, reducirán los espacios verdes públicos y acentuarán la tendencia a expulsar de la Ciudad a quienes viven de su trabajo. Por el contrario, propugnamos un desarrollo urbano que arraigue a los trabajadores a su Ciudad, uniendo a la vivienda con el lugar de trabajo, de estudio y recreación. El destino de las tierras de la Comuna 8 debe ser resuelto a través de la deliberación de sus propios habitantes. La urbanización de los barrios precarios, la reconstrucción de los complejos habitacionales, así como de la escuela pública y los deteriorados espacios verdes, son las prioridades de la agenda popular.

Es necesario que las organizaciones empeñadas en la defensa de la vivienda y el espacio público unan esfuerzos para impedir que se consume este despojo. La constatación de esta “Legislatura de negocios” refuerza, como nunca, la necesidad de que ingrese una bancada del Frente de Izquierda.