La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

La deuda que reconoció el kirchnerismo en los sucesivos canjes es el resultado de un largo proceso usurario, donde se han pagado intereses sobre intereses. A esta hipoteca se agregaría ahora la de los “fondos buitre”, según marcha la negociación anunciada por Kicillof. Por lo pronto, la pretensión de trasladar a Buenos Aires el pago de los bonos “reestructurados” para evitar la extorsión de los buitres fue volteada por el juez Griesa en la primera reunión con los negociadores argentinos. Esa tentativa tardía e improvisada de cambio de jurisdicción -después de haber aceptado la cláusula colonial de someter los arreglos de la deuda a tribunales internacionales- murió antes de nacer.

En cambio, los buitres sí apretarán a Argentina con la obligación de extender a los otros bonistas cualquier arreglo que supere las condiciones arrancadas en los canjes de 2005 y 2010, que estarán vigentes hasta fines de este año. En esas condiciones, la “negociación con dignidad” de Cristina-Kicillof será una copia de lo sucedido con Repsol y con el Club de París -o sea, el reconocimiento integral de la deuda exigida por los acreedores y una nueva emisión de bonos con rendimientos abusivos. Ello, sin que Argentina quede eximida de una nueva oleada de litigios -esta vez, de los bonistas que habían entrado al canje. Los que reclaman una rápida negociación y arreglo con los buitres, con la pretensión de cerrar el conflicto, no quieren ver que el camino de ese arreglo –e incluso su desenlace- estará minado de turbulencias y nuevas crisis.

La decisión de la Corte norteamericana sanciona otra bancarrota política: la del gabinete nacional, que justificó los arreglos ruinosos con Repsol y el Club de París con el argumento de que ganarían la “comprensión” de la Corte y el Departamento de Estado norteamericanos en la causa de los buitres. Esta política fue acompañada férreamente por la oposición, que viajó a Estados Unidos para refrendar la política oficial. Ahora, estos mismos opositores, junto con la totalidad de las cámaras patronales, exigen un arreglo rápido con los fondos buitres. Sergio Massa ha reclamado una bicameral, no para investigar la deuda ilegítima, sino para “monitorear” al gobierno en la negociación con Griesa y asegurar la capitulación ante los buitres. Los radicales se pusieron “a disposición” de lo que necesite el gobierno en el Congreso. Todos ellos, a coro, advierten contra “el peligro de un default”’ y la necesidad de “preservar el acceso al crédito internacional”. Saben muy bien, sin embargo, que los arreglos con Repsol, el Club de París y los buitres llevarán la deuda externa argentina a los 300.000 millones de dólares. Con semejante hipoteca nacional, los nuevos préstamos sólo podrían llegar en condiciones usurarias, algo que ya ocurre con las emisiones de las provincias.

Para abrirle camino al nuevo endeudamiento, los mismos que advierten contra un default con el capital financiero reclaman a la vez un default en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes: a ello conduciría una megadevaluación de la moneda, pulverizando el valor de la deuda pública en pesos con los fondos jubilatorios y el Banco Central. Los agentes políticos de los bonistas exigen también un tarifazo para que los recursos del fisco se apliquen de lleno al pago de la deuda. Pero a la luz de los vencimientos de deuda de los próximos años, incluso esa confiscación social resultará inútil para evitar una nueva cesación de pagos.

En oposición a la unidad nacional de los K, Macri, Binner o Massa para llevarnos a ese rumbo de bancarrota, desde la izquierda planteamos la investigación integral del conjunto de la deuda, el repudio general de todos los compromisos usuarios y un impuesto extraordinario al capital financiero para recapitalizar al Banco Central y a la Anses del saqueo cometido en estos años. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los explotados de distintos países del planeta a una verdadera catástrofe social, es necesario convocar una movilización internacional por el repudio de la deuda usuraria.

Durante una década, los K pusieron todos los recursos del Estado para socorrer a los privatizadores. Ahora que esa caja se ha fundido, quieren prolongar el rescate con un tarifazo. 

Buitres

Pero el tarifazo es solamente un aspecto del ‘ajuste’ en ciernes. Lorenzino-Boudou han habilitado a una negociación que reúne a todos los fondos buitre -los que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y aquellos que no aceptaron reducir el valor de sus títulos. El resultado será nuevos pagos por deuda externa y un mayor endeudamiento en los mercados internacionales. Está claro que la garantía que el gobierno ofrece a la nueva deuda es la dolarización de las tarifas, como ya ha comenzado con los combustibles. Otra garantía que se exige es “cerrar un acuerdo con el Club de París” (Clarín, 3/11), al cual se deben unos 10/15 mil millones de dólares.

No tan fina

¿Será este otro intento de ‘sintonía fina’? El gobierna ha acelerado la devaluación del peso, para sustituir una devaluación brusca. La suma de ‘sintonías finas’, sin embargo, es lo mismo que una sintonía gruesa. A esto se agrega una caída en el valor de las exportaciones y el superávit comercial, y una imparable caída de las reservas. No es casual que el Banco Central haya pedido préstamos al Banco de Basilea y al de Francia. Se observa también, en el plano internacional, la proliferación de préstamos recíprocos entre bancos centrales, por el temor a una ‘corrida’ contra determinadas monedas nacionales -de las que no habría que excluir, en ciertas condiciones, al mismo dólar.

El ajuste estará en manos de un gobierno que acaba de sufrir una fuerte derrota electoral y que muestra signos visibles de mayores divisiones. La conquista de un mandato popular, por parte del Frente de Izquierda, introduce en esta crisis una novedad profunda, porque amplía su campo de actuación en las luchas obreras que el tarifazo no dejará de generar. Es oportuno recordar ahora que, con la excepción de Macri, de un lado, y del Frente de Izquierda, del otro, todos los partidos y coaliciones restantes coincidieron (en especial, Pino y Lozano) en el planteo de una ‘política de ingresos‘, que es la expresión que se usa para poner tope o congelar los aumentos de salarios, con la promesa de hacer los mismo con los precios. Semejante tentativa de ‘sintonía fina’ equivale a un perro que se muerde la cola y enloquece girando en círculo.

La batalla de la etapa próxima es forjar una mayor unidad entre la izquierda revolucionaria y la vanguardia del movimiento obrero. Rechacemos los tarifazos nacionales y locales, que se abran los libros de las empresas por paritarias formadas con representantes electos; salario mínimo igual a la canasta familiar -hoy en 9.000 pesos- y que se ajuste en forma automática a la inflación.

Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado (como reconoció la presidenta) 175.000 millones de dólares en todos estos años. Esa información derrumba el mito de que el país no tuvo financiamiento: en realidad, el ahorro nacional financió, y muy generosamente, a los especuladores internacionales. Pero tampoco es cierto que estos pagos condujeran a un “desendeudamiento”: para cumplir con el capital financiero internacional, el Estado contrajo una deuda equivalente con la ANSES y el Banco Central, la cual es de renovación indefinida y pago incierto. Considerando la deuda con estos organismos (más las que acumulan provincias y municipios) y los intereses a pagar, la deuda pública supera ya los 300.000 millones de dólares, lo que equivale a las tres cuartas partes del producto bruto.

Obama, la Reserva Federal y los K

El anuncio oficial vino después de un fallo de la Cámara de apelaciones norteamericana en favor de los fondos buitre, pero que no prevé la ejecución de la sentencia. Es lo que exigían el gobierno norteamericano y el FMI: apretar a Argentina para que reabra el canje, pero sin afectar con embargos a los bonistas adheridos a los canjes anteriores. En un evidente acuerdo con ello, el gobierno “nacional y popular” responde ahora con una oferta a los fondos buitre, esperando con ello dilatar una decisión final de la Corte norteamericana. Esa dilación, sin embargo, tendrá “otro precio”: en la factura que quieren pasarle al país, figura la deuda con el Club de París -contraída en los años de la dictadura-y con las privatizadas, que han litigado ante el Ciadi. La presión judicial en torno del pago a los fondos buitre es la punta de lanza de una rendición incondicional de la Argentina. Pero la decisión de los “nacionales y populares” de reabrir el canje demuestra que marchan en ese sentido. La autocalificación presidencial de “pagadores seriales” es una confesión de bancarrota política, después de diez años de haberse ufanado de la negociación “digna” e “inteligente” de la deuda.

La presidenta también ofertó cobrar “bajo ley argentina” a quienes ya ingresaron al canje -ello, para eludir los eventuales embargos sobre la banca neoyorquina. Pero voceros de los bonistas anticiparon que reclamarán “compensaciones” por ello, lo que reforzará todavía más la carga del endeudamiento nacional. Como mínimo, reclaman disponer libremente de las divisas a cobrar, en contradicción con el cepo cambiario. El “cambio de jurisdicción”, por lo tanto, choca de frente con el ordenamiento vigente y plantea un viraje en la política económica, lo que refuerza la orientación ya fijada por la oposición en favor de una devaluación y un ajuste.

Juntos en el Congreso

Cristina Kirchner envió al parlamento la derogación de la ley cerrojo. Pero no ocurre lo mismo con las condiciones del nuevo canje, que constituyen un secreto celosamente guardado. Por ejemplo, si estos fondos recibirán los beneficios del cupón PBI, lo que equivaldría a neutralizar cualquier quita. El Congreso, en ese caso, debería votar un cheque en blanco a favor de los buitres. Después de la derrota electoral, el gobierno intenta recuperar la iniciativa política frente a los “dueños de la pelota”, que reclaman -entre otras exigencias- una normalización de relaciones con el capital financiero internacional. La oposición de Unen y Massa, que no quiere perder el padrinazgo de los “titulares”, ya anticipó su apoyo a la apertura del canje, aún cuando este pacto con los “nacionales y populares” pueda significarles un golpe electoral. En vísperas de la segunda fase de la campaña electoral, el entreguismo de los bloques que se disputan una victoria en octubre quedará a la vista en el Congreso nacional. En torno del nuevo canje, los que se declaran víctimas de un “golpe institucional” votarán en común con los “golpistas”. Rechazamos esta nueva hipoteca sobre la economía nacional y los trabajadores.