La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado (como reconoció la presidenta) 175.000 millones de dólares en todos estos años. Esa información derrumba el mito de que el país no tuvo financiamiento: en realidad, el ahorro nacional financió, y muy generosamente, a los especuladores internacionales. Pero tampoco es cierto que estos pagos condujeran a un “desendeudamiento”: para cumplir con el capital financiero internacional, el Estado contrajo una deuda equivalente con la ANSES y el Banco Central, la cual es de renovación indefinida y pago incierto. Considerando la deuda con estos organismos (más las que acumulan provincias y municipios) y los intereses a pagar, la deuda pública supera ya los 300.000 millones de dólares, lo que equivale a las tres cuartas partes del producto bruto.

Obama, la Reserva Federal y los K

El anuncio oficial vino después de un fallo de la Cámara de apelaciones norteamericana en favor de los fondos buitre, pero que no prevé la ejecución de la sentencia. Es lo que exigían el gobierno norteamericano y el FMI: apretar a Argentina para que reabra el canje, pero sin afectar con embargos a los bonistas adheridos a los canjes anteriores. En un evidente acuerdo con ello, el gobierno “nacional y popular” responde ahora con una oferta a los fondos buitre, esperando con ello dilatar una decisión final de la Corte norteamericana. Esa dilación, sin embargo, tendrá “otro precio”: en la factura que quieren pasarle al país, figura la deuda con el Club de París -contraída en los años de la dictadura-y con las privatizadas, que han litigado ante el Ciadi. La presión judicial en torno del pago a los fondos buitre es la punta de lanza de una rendición incondicional de la Argentina. Pero la decisión de los “nacionales y populares” de reabrir el canje demuestra que marchan en ese sentido. La autocalificación presidencial de “pagadores seriales” es una confesión de bancarrota política, después de diez años de haberse ufanado de la negociación “digna” e “inteligente” de la deuda.

La presidenta también ofertó cobrar “bajo ley argentina” a quienes ya ingresaron al canje -ello, para eludir los eventuales embargos sobre la banca neoyorquina. Pero voceros de los bonistas anticiparon que reclamarán “compensaciones” por ello, lo que reforzará todavía más la carga del endeudamiento nacional. Como mínimo, reclaman disponer libremente de las divisas a cobrar, en contradicción con el cepo cambiario. El “cambio de jurisdicción”, por lo tanto, choca de frente con el ordenamiento vigente y plantea un viraje en la política económica, lo que refuerza la orientación ya fijada por la oposición en favor de una devaluación y un ajuste.

Juntos en el Congreso

Cristina Kirchner envió al parlamento la derogación de la ley cerrojo. Pero no ocurre lo mismo con las condiciones del nuevo canje, que constituyen un secreto celosamente guardado. Por ejemplo, si estos fondos recibirán los beneficios del cupón PBI, lo que equivaldría a neutralizar cualquier quita. El Congreso, en ese caso, debería votar un cheque en blanco a favor de los buitres. Después de la derrota electoral, el gobierno intenta recuperar la iniciativa política frente a los “dueños de la pelota”, que reclaman -entre otras exigencias- una normalización de relaciones con el capital financiero internacional. La oposición de Unen y Massa, que no quiere perder el padrinazgo de los “titulares”, ya anticipó su apoyo a la apertura del canje, aún cuando este pacto con los “nacionales y populares” pueda significarles un golpe electoral. En vísperas de la segunda fase de la campaña electoral, el entreguismo de los bloques que se disputan una victoria en octubre quedará a la vista en el Congreso nacional. En torno del nuevo canje, los que se declaran víctimas de un “golpe institucional” votarán en común con los “golpistas”. Rechazamos esta nueva hipoteca sobre la economía nacional y los trabajadores.