Es en este marco que la llamada “pax cambiaria” ha llegado a su fin y que se vuelve a disparar el dólar en los mercados de capitales. La sangría no podrá frenarse esta vez con un aumento de la tasa de interés en pesos, porque el nivel alcanzado -arriba de un 30% anual- es una carga insoportable para la economía. Por otro lado, las concesiones a los monopolios extranjeros, como ha sido el caso de Chevron o el resarcimiento ruinoso a Repsol, no han aportado nada a la posibilidad de obtener financiamiento internacional.

Una nueva devaluación volverá a aumentar el peso de la deuda pública dolarizada y disparará aun más los precios. Esto ocurre cuando el endeudamiento de los trabajadores alcanza a tres sueldos promedio, el nivel más alto de los últimos quince años -y similar, justamente, al que se registró en las puertas de la quiebra anterior (1998).

El kirchnerismo, en este cuadro, juega sus últimas fichas al reendeudamiento con el capital financiero internacional. Desde el FMI para abajo exigen una devaluación mayor del peso, la extensión de los tarifazos a todos los servicios y el levantamiento del llamado “cepo cambiario”. Un fallo desfavorable de la Corte norteamericana sobre el litigio con los fondos buitres obligará al gobierno a una negociación en condiciones negativas.

El gobierno transita por los carriles de un ‘rodrigazo’, precisamente cuando las grandes huelgas docentes y el paro del 10 demostraron que el movimiento obrero no lo va a aceptar sin grandes luchas. Ante la presión de los despidos, la UOM de Córdoba acaba de votar una huelga activa en la jornada aniversario del Cordobazo. En ese cuadro, la embestida judicial sobre Boudou demuestra que el gobierno carece de la capacidad para arbitrar la crisis; se mantenga inmóvil o vuelva a devaluar sus posibilidades se achican. Ya lo advirtió Bergoglio: “cuiden a Cristina”. El Episcopado ha vuelto a intervenir con un llamado a la “reconciliación nacional” y a pactar “políticas de Estado” -o sea a armar una “unidad nacional” que evite una repetición de 2001 en condiciones de mayor movilización y mayor politización de las masas. Esto explica las convocatorias a Moyano y Barrionuevo, y la unión entre macristas y kirchneristas en un engendro de “juventudes políticas”.

Una gran deliberación recorre a todas las clases sociales, en primer lugar a la clase obrera. Es necesario que enlacemos las grandes reivindicaciones de la hora -prohibición de suspensiones y despidos, abolición del impuesto al salario, ajuste móvil de salarios con la inflación, 82% móvil, y el reclamo de un inmediato para de 36 horas por estos reclamos- junto a los planteos políticos estratégicos, para unir al movimiento de la clase obrera con la izquierda. Con decenas de charlas, asambleas y debates, el Partido Obrero ha puesto en marcha la campaña por un Congreso de la izquierda y el movimiento obrero, para poner en la agenda de los trabajadores la cuestión del poder

El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

Corporaciones

Cualquier a sea el tenor de lo que traman las ‘corporaciones’, lo cierto es que el kirchnerismo pretende hacerle frente a sus conspiraciones por la vía de anudar un nuevo pacto con ellas. Es lo que revela el acuerdo con Chevron, que deja cualquier controversia librada al arbitraje de los tribunales internacionales (entre ellas, las que puedan surgir de los daños ambientales de la explotación del subsuelo por ‘fractura’). La misma orientación está presente en la apertura del nuevo canje en favor de los fondos buitres, que suma otra carga a la mochila de la deuda externa. La letra chica de este canje confirma que los nuevos títulos a emitir incorporarán los pagos asociados al crecimiento económico (cupón del PBI). En el caso de los canjes anteriores, esos pagos casi terminaron neutralizando cualquier quita sobre la deuda original. Por lo tanto, los buitres recibirían en el tiempo el 100% del capital adeudado, después de haberse hecho de la deuda argentina por chirolas. En medio de las acusaciones cruzadas entre el gobierno y los opositores, todos juntos votarán, con mayoría abrumadora, la derogación de la “ley cerrojo” que bloqueaba nuevas tratativas con estos especuladores. La retórica electoral disimula este acuerdo de fondo, entre unos y otros, para subordinar la economía nacional al capital financiero.

Círculo negro

En sus alusiones a la oposición, Cristina Kirchner terminó advirtiendo sobre la existencia de otro círculo -esta vez, negro, el del “ajuste”. Lo ejemplificó con la crisis social abierta por la bancarrota europea y, en particular, de Grecia. Pero también en esto ocultó lo esencial: la quiebra de esos Estados es el resultado de haber colocado el presupuesto público al servicio de rescatar capitalistas y banqueros. Por casa, ¿cómo andamos? En 2013, el déficit del fisco será de aproximadamente 15.000 millones de dólares, entre pagos crecientes de los intereses de la deuda pública y subsidios a las privatizadas. Pero la mitad de esa cifra volverá a ser cubierta por el Banco Central y por la ANSES. La factura será traspasada a trabajadores y consumidores -con mayor inflación- y a los jubilados – con haberes de indigencia y el bicicleteo de sus juicios.

El mercado financiero celebra en estas horas la suba meteórica de los títulos de deuda provincial con cláusulas atadas al valor del dólar. Es que el ritmo acelerado de la devaluación del dólar oficial -que el propio gobierno impulsa- le asegura rendimientos jugosos a esos títulos. Naturalmente, las provincias que contrajeron estas deudas -como la Ciudad “PRO” de Macri o la Buenos Aires de Scioli- tendrán que honrarlas con impuestazos y ajustes en sus servicios esenciales. Cristina Kirchner denuncia al “círculo negro” de afuera, cuando la política oficial marcha en la misma dirección.

Campaña electoral

Al invocar conspiraciones, golpes y “círculos” de influencia, el kirchnerismo apuesta a abroquelar a su electorado, y ensayar una tentativa de polarización política. La extorsión sobre los trabajadores es clara: ‘o nosotros, o el golpe de las corporaciones’. Los K, mientras tanto, tramitan su propio “golpe” junto a los monopolios petroleros y el capital financiero. El ruido de la campaña electoral oculta la coincidencia estratégica que une a oficialistas y opositores: trasladar el peso de la crisis nacional a los trabajadores, por la vía de una devaluación, de ajustes y tarifazos en regla.

A la luz de lo anterior, la decisión de votar al Frente de Izquierda cobra una nueva dimensión. Un salto en la votación, a partir del millón de votos alcanzado, sería un extraordinario pronunciamiento político y un instrumento de lucha contra el ajuste y al entreguismo al que nos lleva la salida capitalista en esta crisis. En oposición a ella, levantamos una agenda de prioridades populares: por la abolición del impuesto al salario, por un salario que cubra la canasta familiar y la imposición del 82% móvil, por el fin de la tercerización y precarización laboral y la gestión obrera de la economía nacional. Ensanchemos el importante ‘círculo’ del millón de votos a nuevas camadas de trabajadores y jóvenes, para consagrar en octubre diputados y legisladores de izquierda.

El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.

El decreto también prorroga por otros 25 años las concesiones petroleras que se encuentren en zonas con potenciales yacimientos de gas no convencional. Esta medida parece beneficiar a YPF, cuyas concesiones en Vaca Muerta están cercanas a expirar. Pero en el marco de las “alianzas estratégicas” planteadas, se trata de un generoso cheque en blanco en favor de las petroleras internacionales que se asocien con la “estatal”. Entre esas empresas, podría encontrarse la propia Repsol, a la que el gobierno le ofreció ingresar en Vaca Muerta como resarcimiento por la expropiación de 2012.

Justicia legítima

El decreto a la medida de Chevron vino precedido por otro beneficio en su favor. En mayo pasado, la Corte argentina dispuso la inembargabilidad de los bienes de la empresa en Argentina, a causa de un juicio del gobierno ecuatoriano por daños ambientales en ese país. Pero la Corte falló a partir de un pedido de la procuradora K Gils Carbó en el mismo sentido. O sea que mientras la corpo judicial y la corpo oficial se sacaban los ojos por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ambas coincidían en indultar a Chevron. En aras de ello, la Corte falló con una celeridad que no tuvo -ni tendrá- con los miles de jubilados que litigan por sus haberes congelados.

A pesar de tanto servilismo, la “justicia legítima” no consiguió tener injerencia en el acuerdo entre Chevron e YPF: la petrolera yanqui se aseguró la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sin que a los “nacionales y populares” les temblara el pulso. Esta condición colonial regirá, por ejemplo, en caso de futuros juicios por daños ambientales, teniendo en cuenta que Vaca Muerta será sometida a un método de extracción de gas -fractura hidráulica- que ha recibido múltiples cuestionamientos ambientales en el mundo.

Fracaso “nacional y popular”

El kirchnerismo sostuvo al régimen de privatizaciones petroleras del menemismo, comenzando por la presencia de Repsol en la petrolera estatal. La política oficial sólo atinó a asociar a la burguesía nacional K al saqueo de YPF: Ezquenazi entró a la petrolera sin poner un peso, con la previsión de pagar su parte con utilidades futuras.

Cuando este esquema se fundió -y en medio de un crecimiento exponencial de las importaciones energéticas-, el gobierno procedió a la reestatización parcial de YPF. Desde entonces, los camporistas de su directorio intentaron conciliar los pactos con monopolios extranjeros con los cepos cambiarios y los controles al comercio exterior.

El fracaso de esa orientación -expresada en nuevos retrocesos en la producción de petróleo y gas- ha empujado al acuerdo con Chevron, que exceptúa de esos controles a los monopolios petroleros. Es un claro retorno a la política petrolera del menemismo y a experiencias entreguistas anteriores, fundadas en entregarle a los monopolios la libre disponibilidad del producto extraído y otras concesiones. Todos esos episodios -de Frondizi al Plan Houston de Alfonsín, pasando por los contratos de Martínez de Hoz- fracasaron en asegurar el autoabastecimiento, al tiempo que agravaron la descapitalización de YPF y del conjunto del patrimonio petrolero.

La oposición

El UNEN y el peronismo opositor han fijado posición sobre el “decreto Chevron” a través de sus especialistas petroleros, como Montamat o Guadagni. Critican su carácter “discrecional”, por tratarse de “un decreto y no de una ley”. Reclaman, en suma, que la orientación entreguista del “decreto Chevron” revista un carácter general y definitivo, que lo convierta en la punta de lanza de un replanteo más general de la política económica. Pero ése es el camino que el propio gobierno está transitando, como se revela en los patacones dolarizados (Cedines) y en la liberación progresiva del precio de los combustibles. La devaluación y el tarifazo que asoma detrás de la “nueva” política petrolera es el rumbo que reclaman todos los días los Massa, Prat Gay, Losteau o Terragno, quienes han prestado un “apoyo crítico” al decreto oficial, a la vez que exigen ir a fondo en el cambio de frente.

Pino Solanas, socio de ellos en el UNEN, tendrá que archivar sus invocaciones al nacionalismo petrolero. El progresismo, incapaz de romper con el gran capital, ha sido demolido por partida doble: dentro y fuera del gobierno.

El acuerdo con Chevron es un punto alto de la descomposición política oficial, pero no llega sólo. Está acompañado por una crisis de fondo en el aparato de represión y seguridad estatal, que el gobierno ha querido “enderezar” nombrando a un represor de la dictadura al frente del Ejército. Mientras tanto, la protección oficial al fugado Jaime ratifica el compromiso de la camarilla oficial con el entramado capitalista que consumó otro vaciamiento, el del patrimonio ferroviario.

A sólo un mes de las elecciones de agosto, la población debe advertir una cuestión decisiva: en su tobogán político, el gobierno adopta el programa reaccionario de la oposición que pretende relevarlo. Las salidas de unos y otros para esta nueva crisis son antagónicas a los intereses de la mayoría nacional.

Es necesario, por lo tanto, que de ese desbarranque oficial emerja una alternativa de los trabajadores frente a la crisis. El voto al Frente de Izquierda, así como la batalla por el ingreso de sus candidatos al Congreso y a las legislaturas, es un paso crucial en ese sentido. Nuestra campaña electoral incorporará una acción enérgica contra el acuerdo con Chevron y la reprivatización petrolera. Contra esta orientación varias veces fracasada, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores.