Después de haber jurado que jamás pagaría a “los buitres”, el gobierno kirchnerista avanzará en la reapertura del canje de deuda para quienes no entraron en los anteriores (2005 y 2010). La decisión oficial implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa -ello, después de haber pagado (como reconoció la presidenta) 175.000 millones de dólares en todos estos años. Esa información derrumba el mito de que el país no tuvo financiamiento: en realidad, el ahorro nacional financió, y muy generosamente, a los especuladores internacionales. Pero tampoco es cierto que estos pagos condujeran a un “desendeudamiento”: para cumplir con el capital financiero internacional, el Estado contrajo una deuda equivalente con la ANSES y el Banco Central, la cual es de renovación indefinida y pago incierto. Considerando la deuda con estos organismos (más las que acumulan provincias y municipios) y los intereses a pagar, la deuda pública supera ya los 300.000 millones de dólares, lo que equivale a las tres cuartas partes del producto bruto.

Obama, la Reserva Federal y los K

El anuncio oficial vino después de un fallo de la Cámara de apelaciones norteamericana en favor de los fondos buitre, pero que no prevé la ejecución de la sentencia. Es lo que exigían el gobierno norteamericano y el FMI: apretar a Argentina para que reabra el canje, pero sin afectar con embargos a los bonistas adheridos a los canjes anteriores. En un evidente acuerdo con ello, el gobierno “nacional y popular” responde ahora con una oferta a los fondos buitre, esperando con ello dilatar una decisión final de la Corte norteamericana. Esa dilación, sin embargo, tendrá “otro precio”: en la factura que quieren pasarle al país, figura la deuda con el Club de París -contraída en los años de la dictadura-y con las privatizadas, que han litigado ante el Ciadi. La presión judicial en torno del pago a los fondos buitre es la punta de lanza de una rendición incondicional de la Argentina. Pero la decisión de los “nacionales y populares” de reabrir el canje demuestra que marchan en ese sentido. La autocalificación presidencial de “pagadores seriales” es una confesión de bancarrota política, después de diez años de haberse ufanado de la negociación “digna” e “inteligente” de la deuda.

La presidenta también ofertó cobrar “bajo ley argentina” a quienes ya ingresaron al canje -ello, para eludir los eventuales embargos sobre la banca neoyorquina. Pero voceros de los bonistas anticiparon que reclamarán “compensaciones” por ello, lo que reforzará todavía más la carga del endeudamiento nacional. Como mínimo, reclaman disponer libremente de las divisas a cobrar, en contradicción con el cepo cambiario. El “cambio de jurisdicción”, por lo tanto, choca de frente con el ordenamiento vigente y plantea un viraje en la política económica, lo que refuerza la orientación ya fijada por la oposición en favor de una devaluación y un ajuste.

Juntos en el Congreso

Cristina Kirchner envió al parlamento la derogación de la ley cerrojo. Pero no ocurre lo mismo con las condiciones del nuevo canje, que constituyen un secreto celosamente guardado. Por ejemplo, si estos fondos recibirán los beneficios del cupón PBI, lo que equivaldría a neutralizar cualquier quita. El Congreso, en ese caso, debería votar un cheque en blanco a favor de los buitres. Después de la derrota electoral, el gobierno intenta recuperar la iniciativa política frente a los “dueños de la pelota”, que reclaman -entre otras exigencias- una normalización de relaciones con el capital financiero internacional. La oposición de Unen y Massa, que no quiere perder el padrinazgo de los “titulares”, ya anticipó su apoyo a la apertura del canje, aún cuando este pacto con los “nacionales y populares” pueda significarles un golpe electoral. En vísperas de la segunda fase de la campaña electoral, el entreguismo de los bloques que se disputan una victoria en octubre quedará a la vista en el Congreso nacional. En torno del nuevo canje, los que se declaran víctimas de un “golpe institucional” votarán en común con los “golpistas”. Rechazamos esta nueva hipoteca sobre la economía nacional y los trabajadores.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.