El elenco político que gobernó con Menem y Duhalde, y que el kirchnerismo reclutó en estos años, está abandonando el barco oficial a pasos acelerados. Pero junto a ellos, cambió de frente la gran burguesía que, en esta década, se benefició con el presupuesto público, la precarización laboral y las paritarias con tope del ‘modelo’ oficial. El “círculo rojo”, que supo sostener al kirchnerismo, busca ahora su relevo en las filas de la oposición tradicional. Ese es el origen del amargo reproche presidencial.

Corporaciones

Cualquier a sea el tenor de lo que traman las ‘corporaciones’, lo cierto es que el kirchnerismo pretende hacerle frente a sus conspiraciones por la vía de anudar un nuevo pacto con ellas. Es lo que revela el acuerdo con Chevron, que deja cualquier controversia librada al arbitraje de los tribunales internacionales (entre ellas, las que puedan surgir de los daños ambientales de la explotación del subsuelo por ‘fractura’). La misma orientación está presente en la apertura del nuevo canje en favor de los fondos buitres, que suma otra carga a la mochila de la deuda externa. La letra chica de este canje confirma que los nuevos títulos a emitir incorporarán los pagos asociados al crecimiento económico (cupón del PBI). En el caso de los canjes anteriores, esos pagos casi terminaron neutralizando cualquier quita sobre la deuda original. Por lo tanto, los buitres recibirían en el tiempo el 100% del capital adeudado, después de haberse hecho de la deuda argentina por chirolas. En medio de las acusaciones cruzadas entre el gobierno y los opositores, todos juntos votarán, con mayoría abrumadora, la derogación de la “ley cerrojo” que bloqueaba nuevas tratativas con estos especuladores. La retórica electoral disimula este acuerdo de fondo, entre unos y otros, para subordinar la economía nacional al capital financiero.

Círculo negro

En sus alusiones a la oposición, Cristina Kirchner terminó advirtiendo sobre la existencia de otro círculo -esta vez, negro, el del “ajuste”. Lo ejemplificó con la crisis social abierta por la bancarrota europea y, en particular, de Grecia. Pero también en esto ocultó lo esencial: la quiebra de esos Estados es el resultado de haber colocado el presupuesto público al servicio de rescatar capitalistas y banqueros. Por casa, ¿cómo andamos? En 2013, el déficit del fisco será de aproximadamente 15.000 millones de dólares, entre pagos crecientes de los intereses de la deuda pública y subsidios a las privatizadas. Pero la mitad de esa cifra volverá a ser cubierta por el Banco Central y por la ANSES. La factura será traspasada a trabajadores y consumidores -con mayor inflación- y a los jubilados – con haberes de indigencia y el bicicleteo de sus juicios.

El mercado financiero celebra en estas horas la suba meteórica de los títulos de deuda provincial con cláusulas atadas al valor del dólar. Es que el ritmo acelerado de la devaluación del dólar oficial -que el propio gobierno impulsa- le asegura rendimientos jugosos a esos títulos. Naturalmente, las provincias que contrajeron estas deudas -como la Ciudad “PRO” de Macri o la Buenos Aires de Scioli- tendrán que honrarlas con impuestazos y ajustes en sus servicios esenciales. Cristina Kirchner denuncia al “círculo negro” de afuera, cuando la política oficial marcha en la misma dirección.

Campaña electoral

Al invocar conspiraciones, golpes y “círculos” de influencia, el kirchnerismo apuesta a abroquelar a su electorado, y ensayar una tentativa de polarización política. La extorsión sobre los trabajadores es clara: ‘o nosotros, o el golpe de las corporaciones’. Los K, mientras tanto, tramitan su propio “golpe” junto a los monopolios petroleros y el capital financiero. El ruido de la campaña electoral oculta la coincidencia estratégica que une a oficialistas y opositores: trasladar el peso de la crisis nacional a los trabajadores, por la vía de una devaluación, de ajustes y tarifazos en regla.

A la luz de lo anterior, la decisión de votar al Frente de Izquierda cobra una nueva dimensión. Un salto en la votación, a partir del millón de votos alcanzado, sería un extraordinario pronunciamiento político y un instrumento de lucha contra el ajuste y al entreguismo al que nos lleva la salida capitalista en esta crisis. En oposición a ella, levantamos una agenda de prioridades populares: por la abolición del impuesto al salario, por un salario que cubra la canasta familiar y la imposición del 82% móvil, por el fin de la tercerización y precarización laboral y la gestión obrera de la economía nacional. Ensanchemos el importante ‘círculo’ del millón de votos a nuevas camadas de trabajadores y jóvenes, para consagrar en octubre diputados y legisladores de izquierda.

Pero esta guerra de servicios ya se había destapado un tiempo atrás, cuando el gobierno colocó al represor y también agente de inteligencia Milani al frente del Ejército, con el propósito de contrarrestar el pasaje de buena parte de los jefes de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) al campo del “post-kirchnerismo” y, por lo tanto, de la conspiración política contra el gobierno. A cambio de esa cooptación, el gobierno de los derechos humanos le ofreció a Milani y a las Fuerzas Armadas recuperar un protagonismo político y, de paso, encubrir el pasado represivo del nuevo jefe del Ejército.

Que la pelea electoral en Buenos Aires haya cobrado la forma de esta reyerta entre espías y ladrones retrata, como ninguna otra cuestión, a los bloques políticos en pugna. Del lado oficial, ese aparato de conspiración fue el ejecutor del Proyecto X (espionaje a las organizaciones sociales y políticas) y cuenta con el respaldo de la ley “antiterrorista” que el mismo gobierno impulsó. Por el lado de Sergio Massa, basta decir que eligió como jefe de campaña al mismísimo Juan José Alvarez, a quien su condición de instigador político de la masacre del Puente Pueyrredón y de ex agente de la SIDE bajo la dictadura, no le impidió operar para el kirchnerismo, al menos, hasta 2010.

La oposición que encarna Stolbizer y la UCR se ha servido del episodio con Massa para agitar la bandera de una “guerra de mafias“, sin reparar que esa descomposición tiene su réplica exacta en Santa Fe, entre la policía de Binner-Bonfatti y el narcotráfico que opera en la provincia.

Disgregación oficial

Con todo, el choque entre Massa y el gobierno tiene un alcance más general. Lo que entró en crisis es la tentativa de una sucesión ordenada o pactada entre la camarilla oficial y los personeros políticos y empresariales que se bajaron del barco del gobierno. El tránsito al post-kirchnerismo no será pacífico, y estará surcado por choques y crisis políticas de gran alcance. Los economistas de Massa o el UNEN postulan el desmantelamiento “ordenado” del régimen de emergencia montado por el kirchnerismo hace una década. Pero en buena medida, lo mismo pretende el gabinete oficial, cuando acelera la devaluación de la moneda o los aumentos permanentes en los combustibles, en perjuicio de trabajadores y consumidores. Nada de esto pudo impedir la caída de reservas y de las inversiones, ni qué decir del vaciamiento energético. La burguesía exige, entonces, un definido cambio de frente, y ello se expresa incluso en el corazón de la base empresarial del kirchnerismo: el grupo oficialista Electroingeniería, ganador de la licitación para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, ha exigido cobrar una parte de la obra en dólares a ser depositados en el exterior, algo que se da de patadas con el ordenamiento económico vigente (cepo cambiario, restricción a la repatriación de divisas) y refuerza todas las exigencias por una devaluación en regla. Detrás de las frases o spots vacíos de contenido, las campañas del oficialismo y la oposición tradicional han disimulado que preparan una salida a la presente crisis abiertamente contraria a los intereses populares.

Es significativo, por eso, que derechistas y “nacionales y populares” coincidieran en cerrar sus campañas con claras señales de hostilidad a la clase obrera. En el caso de Macri, encubriendo la apresurada apertura de nuevas estaciones de subtes con una operación política contra los metrodelegados; por el lado de Randazzo y el gobierno, tratando de endosarle la catástrofe ferroviaria y sus consecuencias a los trabajadores del riel.

Perspectivas políticas 

Este domingo, el kirchnerismo volverá a perder en un conjunto de distritos fundamentales. Entre ellos, podría encontrarse la provincia de Buenos Aires. Las victorias opositoras, sin embargo, estarán lejos de establecer un eje común y beneficiarán a un conjunto de fuerzas heterogéneas, desde Binner al macrismo. El kirchnerismo se servirá de ello para seguir candidateándose a pilotear la crisis e incluso la sucesión de 2015. Pero las armas con las que defiende ese derecho están a la vista: en el plano económico, sometiendo a millones de trabajadores a un impuesto confiscatorio al salario, mientras asegura en el presupuesto 2014 el pago del “cupón PBI” de la deuda a los usureros internacionales. En el terreno político, ello se traduce en el pacto con Scioli, el verdadero protagonista de la campaña electoral oficial. Cuando las elecciones -y las guerras de servicios- pasen, Scioli y Massa discutirán cómo se reparten la herencia “nacional y popular”.

La transición política que impone la sucesión del kirchnerismo es el telón de fondo de los “rejuntes” y fracturas que caracterizaron a esta primera fase de la campaña. En oposición a ellos, la acción del Frente de Izquierda se ha destacado por oponer una agenda y una salida de los trabajadores a la crisis. La votación del domingo será el peldaño para una nueva e intensa batalla en octubre: frente al régimen de “servicios”, devaluadores y pagadores seriales de la deuda, estamos luchando para que los trabajadores puedan intervenir en la crisis nacional que se avecina con un programa y una identidad política propios. Ese es el significado de fondo de la nueva batalla que comienza el lunes 12: “la izquierda, al Congreso”.