Los Lanatta frecuentaban a los punteros de los intendentes y a los barrabravas de los clubes, la misma fuente de reclutamiento de los asesinos de Mariano Ferreyra. La fuga y la impunidad posterior son un resultado inevitable de todo este entrelazamiento. Muy tardíamente, el Gobierno de Mauricio Macri-María Eugenia Vidal ha “descubierto” lo inevitable: a saber, que la Policía bonaerense no hará nada por detener a sus ¿ex? socios. En este cuadro, han iniciado una purga improvisada y parcial de una cúpula policial y del servicio penitenciario, a la que —en un claro pacto de convivencia— habían dejado mayoritariamente intacta.

La delación de los prófugos a Aníbal Fernández, en el marco de las PASO de agosto, fue un episodio en la descomposición del kirchnerismo y del Partido Justicialista. Pero en ese marco quedó claro qué tipo de intereses se dirimían en esa interna, a saber, una lucha entre camarillas empresariales ligadas al delito organizado, la Policía, los aparatos políticos y las mafias carcelarias.

¿El nuevo Gobierno nacional y provincial es ajeno a ese entramado? Cristian Ritondo, el jefe de la “seguridad” bonaerense, y Aníbal Fernández fueron compañeros de gabinete en el Gobierno de Eduardo Duhalde, a quien alguna vez Elisa Carrió acusó de ser “el mayor responsable político de la droga en el país”.

Pero si de impunidad se trata, su mayor beneficiario en estos días ha sido el propio Mauricio Macri, a quien la Justicia desprocesó en la causa que lo involucraba en una red de escuchas telefónicas contra parientes y dirigentes opositores. Así, el mismo juez que procesó al ex comisario Fino Palacios por comandar una asociación ilícita en las entrañas del Estado porteño ha perdonado a su jefe, o sea, a quien nombró a Palacios, primero, al frente de la seguridad del Club Boca Juniors y, después, en la ciudad. Barras, narcos, delatores, aparatos policiales y judiciales garantizando impunidad: este es el hilo conductor de un Estado que sirve a los grupos capitalistas que han confiscado a los trabajadores y al país en su beneficio. Es a esta red corrupta que el Gobierno entrante le delegará la seguridad porteña, mediante el traspaso de la Federal a la órbita de la ciudad.

Si los Macri o las Vidal no pueden con ese Estado sospechado es porque forman parte de él. No hay un enfrentamiento entre mafiosos y legales, sino una fractura al interior de un régimen descompuesto. Su superación exige el desmantelamiento del aparato represivo, de sus cúpulas y sus responsables; la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad e inteligencia para una investigación integral de los casos de gatillo fácil, de las redes de trata, del entrelazamiento con el delito y la represión a la protesta social. Los jueces y los fiscales deben ser electos por el voto popular.

Es necesario que los trabajadores y la ciudadanía perciban el verdadero alcance de la crisis política abierta con este episodio, sólo en apariencia policial.