Fuga de capitales y deuda externa

Las firmas offshore son el recurso característico para la fuga de capitales que practica desde hace décadas la burguesía argentina. Su nave insigne, el grupo Techint, tiene su sede central ¡en Luxemburgo!, el más reputado paraíso fiscal de Europa. Se calcula que los capitales argentinos en el exterior rondarían los 350 mil millones de dólares, casi el doble de la deuda pública nominada en moneda dura. Históricamente, esa fuga ha estado asociada a la formación de la deuda externa: por caso, el grupo Macri —con sus afiliadas Socma y Sevel— es recordado por los autopréstamos que realizaba desde las cuevas offshore a sus empresas, utilizando como testaferros a bancos internacionales. Esas “deudas” fueron estatizadas (Domingo Cavallo de los ochenta) o bien pesificadas (Domingo Cavallo de fines de los noventa) y su pago, transferido al conjunto de la población a través de enormes padecimientos. En los últimos años, se fugaron capitales apelando a la compra de títulos de deuda pública y su reventa posterior en las bolsas internacionales, para hacerse de dólares y burlar los cepos oficiales. Es lo que habría hecho Lázaro Báez para blanquear el dinero proveniente de La Rosadita y transferido al exterior. En suma: vuelve a quedar en evidencia que uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina son “nuestros” empresarios.

De la fuga al blanqueo

Pero las cuentas sucias de los Macri, Lázaro Báez, Cristóbal López o Paolo Rocca son episodios menores en el extendido fenómeno de la criminalización de las finanzas internacionales. Desde la quiebra de Lehman Brothers (2008) hasta hoy, los fondos que los grandes bancos del mundo han recirculado desde y hacia los paraísos fiscales se han duplicado largamente. La razón es clara: para rescatarse a sí mismos, los bancos han salido a capturar los recursos del narcotráfico, la trata de personas y la corrupción estatal. Sólo al banco Wells Fargo se le descubrieron fondos de los narcos mexicanos equivalentes a todo el PBI de ese país. La plata de la burguesía argentina y las comisiones de sus políticos, al igual que las del Petrolão brasileño —y las de quienes lo denunciaron— se han sumado a esa bolsa negra.

Pero el Gobierno de Cambiemos ya pergeña una salida para los tenedores de la plata offshore: un blanqueo de capitales donde se cambie dinero negro por títulos de deuda, y a estos por activos nacionales. Al respecto, y aunque buena parte del patrimonio público fue rematado por el menemato, queda todavía un “bocado de cardenal”: las tierras públicas, comenzando por las de la ciudad de Buenos Aires. Con ese fin, el macrismo y los k han acordado en la Legislatura porteña la formación de una agencia de bienes cuya cartera de privatizaciones superaría los diez mil millones de dólares. Semejante operación bien podría valer a futuro una tregua en la guerra judicial, más aún si asegura un encubrimiento a dos bandas —los protagonistas de Panama Papers, de un lado, y los de la Rosadita, del otro.

Los carpetazos cruzados deben arrojar luz sobre el conjunto del proceso político y económico. La enorme crisis nacional que han dejado los Kirchner, los Jaime o los Macri —y toda la clase social que fugó el ahorro nacional— quiere ser ahora trasladada a trabajadores, jubilados y consumidores, por la vía de un ajuste brutal. Pero los ajustadores están flojos de papeles y no tienen autoridad política para avanzar en semejante desfalco. En medio del vodevil de los carpetazos y las sedes judiciales, los trabajadores deben hacer oír su voz y sus intereses.

Los Lanatta frecuentaban a los punteros de los intendentes y a los barrabravas de los clubes, la misma fuente de reclutamiento de los asesinos de Mariano Ferreyra. La fuga y la impunidad posterior son un resultado inevitable de todo este entrelazamiento. Muy tardíamente, el Gobierno de Mauricio Macri-María Eugenia Vidal ha “descubierto” lo inevitable: a saber, que la Policía bonaerense no hará nada por detener a sus ¿ex? socios. En este cuadro, han iniciado una purga improvisada y parcial de una cúpula policial y del servicio penitenciario, a la que —en un claro pacto de convivencia— habían dejado mayoritariamente intacta.

La delación de los prófugos a Aníbal Fernández, en el marco de las PASO de agosto, fue un episodio en la descomposición del kirchnerismo y del Partido Justicialista. Pero en ese marco quedó claro qué tipo de intereses se dirimían en esa interna, a saber, una lucha entre camarillas empresariales ligadas al delito organizado, la Policía, los aparatos políticos y las mafias carcelarias.

¿El nuevo Gobierno nacional y provincial es ajeno a ese entramado? Cristian Ritondo, el jefe de la “seguridad” bonaerense, y Aníbal Fernández fueron compañeros de gabinete en el Gobierno de Eduardo Duhalde, a quien alguna vez Elisa Carrió acusó de ser “el mayor responsable político de la droga en el país”.

Pero si de impunidad se trata, su mayor beneficiario en estos días ha sido el propio Mauricio Macri, a quien la Justicia desprocesó en la causa que lo involucraba en una red de escuchas telefónicas contra parientes y dirigentes opositores. Así, el mismo juez que procesó al ex comisario Fino Palacios por comandar una asociación ilícita en las entrañas del Estado porteño ha perdonado a su jefe, o sea, a quien nombró a Palacios, primero, al frente de la seguridad del Club Boca Juniors y, después, en la ciudad. Barras, narcos, delatores, aparatos policiales y judiciales garantizando impunidad: este es el hilo conductor de un Estado que sirve a los grupos capitalistas que han confiscado a los trabajadores y al país en su beneficio. Es a esta red corrupta que el Gobierno entrante le delegará la seguridad porteña, mediante el traspaso de la Federal a la órbita de la ciudad.

Si los Macri o las Vidal no pueden con ese Estado sospechado es porque forman parte de él. No hay un enfrentamiento entre mafiosos y legales, sino una fractura al interior de un régimen descompuesto. Su superación exige el desmantelamiento del aparato represivo, de sus cúpulas y sus responsables; la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad e inteligencia para una investigación integral de los casos de gatillo fácil, de las redes de trata, del entrelazamiento con el delito y la represión a la protesta social. Los jueces y los fiscales deben ser electos por el voto popular.

Es necesario que los trabajadores y la ciudadanía perciban el verdadero alcance de la crisis política abierta con este episodio, sólo en apariencia policial.

El tribunal consideró infundadas las advertencias de los fallos de primera y segunda instancia, a las que juzgó de “conjeturales” e “hipotéticas”. Pero no se trata de conjeturas, sino de la práctica concreta de la Metropolitana, la policía fundada por Fino Palacios.  Para demostrarlo, están las brutales represiones en el Hospital Borda o en la sala Alberdi del  Teatro San Martín.   Las Taser no son un hecho excepcional,  sólo le ponen apellido a la matriz de un Estado policial.

La venia a las Taser nos deja fuertes enseñanzas de carácter político.

El rearme del Estado PRO es simultáneo al anuncio de la alianza Macri –Sanz,  que pretende gobernar el país en nombre del republicanismo y la transparencia. En la mesa de acuerdos de este pacto, figuran, de un lado, los importadores  de las Taser. Del otro, los que debutaron con una represión en Corrientes que cobró dos muertos, y se fueron del gobierno con decenas de víctimas fatales en la tarde de un 20 de diciembre.

Por otra parte,  la Metropolitana de las Taser, de la represión al Borda y otros episodios brutales se encuentra bajo la dirección política de un ministro que, en la interna macrista,  apoya la candidatura de “Gabriela”. Que sirva de advertencia para aquellos que creen que en las PASO porteñas existe un mal menor (y que Michetti se enfrenta “al aparato”).

El kirchnerismo ha salido a rasgarse las vestiduras por estos hechos.  Pero  ¿cuál es su autoridad, de cara al nefasto Proyecto X o a los abultados presupuestos dirigidos a reforzar la inteligencia militar al mando del represor Milani?

Contra los partidos y gobiernos que refuerzan sus aparatos de represión y espionaje al servicio de la precarización laboral, el hipotecamiento del país o la privatización del suelo,  la izquierda y los organismos de derechos humanos independientes marcharemos este 24 de marzo.

Extorsiones recíprocas

De todos modos, el gobierno ni siquiera ha destapado un caso novedoso. Las revelaciones sobre las maniobras internacionales del HSBC eran conocidas desde 2006-2008, cuando un ex empleado de la entidad le entregó a la Justicia francesa los datos de miles de depositantes clandestinos en Suiza. Echegaray dijo haberse reunido con el “informante” a comienzos de este año y contar con los datos desde hace varios meses.

La tardía revelación de estas cuentas es la réplica de la camarilla oficial a la escalada del juez Claudio Bonadio, que acaba de reclamarle a la Afip las declaraciones de bienes de la familia Kirchner. El deschave de las 4.000 cuentas, por lo tanto, responde a un juego de extorsiones, que incluye las de Bonadio contra los K en defensa de su sector de la corporación judicial, el cual puede incluir hasta el procesamiento de CFK. A nadie se le ha escapado que el merodeo de Echegaray con las cuentas suizas se ha frenado con las de Lázaro Báez.

Que la crisis de conjunto de este final de régimen se desplace hacia Comodoro Py pone de manifiesto la inutilidad completa de la oposición política patronal como tal. La campaña de Clarín y La Nación en defensa de Bonadio, presume que el “establishment económico” tiene poca confianza en que el proceso electoral sea efectivo para devolver el poder político que los K le han arrebatado en parte. Si como anticipa Julio Blanck, en Clarín, la corporación judicial ‘va por todo’, quedaría un escenario de golpes y autogolpes para el año a punto de comenzar.

Desde el Partido Obrero denunciamos la descomposición del régimen político en su conjunto y en todas las instituciones, y convocamos a suplantarlo por un gobierno de trabajadores.

Conspiración

El cariz que toma la transición política quedó graficado cuando los popes empresariales de la UIA emplazaron al gobierno a un arreglo con los fondos buitre; esto es mucho más que especular con una expectativa en ese sentido -es un ultimátum. CFK respondió a este emplazamiento con una defensa apasionada de la obra pública, o sea de los sobreprecios y de los negocios de su camarilla; la crisis fiscal podría decretar la quiebra de la patria contratista. La caída de la cotización de los nuevos bonos que emitió Kicillof para contener el mercado paralelo, ajustados al dólar, es un voto en contra de la gestión K. Esto no pasaría de un incidente si no fuera que el gobierno ha explicitado su pretensión de renegociar el Boden 2015, lo cual lo pone en manos de los acreedores. Habrá que ver qué hace la diplomacia de Obama para mediar en esta crisis de modo de asegurar que los K no terminen antes de diciembre del año que viene.

Ninguna fuerza política denuncia el trasfondo económico y político del tiroteo judicial; no solamente esto, se empeñan en iniciar nuevas causas de unos contra otros. Distraídos por la ficción de la democracia, ignoran el crujido del régimen político y la disposición conspirativa de las fuerzas en pugna. Advertimos a los trabajadores que los protagonistas oficiales de esta crisis, les tienen reservado el lugar del sacrificio de sus condiciones de vida. Por eso llamamos a acelerar la campaña por la organización política independiente del movimiento obrero y la fusión con la izquierda clasista.

Pablo Iglesias, el líder de Podemos, es un politólogo. Se hizo notorio desde los programas de la televisión alternativa que él mismo dirigía con la intención evidente de capitalizar el movimiento de “indignados”, el cual emergió en España hace tres años, aunque luego se diversificó en distintas acciones reivindicativas y también perdió presencia callejera. Fue un equivalente, en cierto modo, del movimiento asambleario de Argentina en 2002. A partir de sus creaciones mediáticas, Iglesias pasó a los debates televisivos por aire, donde ganó una audiencia con impacto electoral. Los líderes de Podemos provienen del PSOE y del PC.

Podemos no es, a nivel europeo, completamente original. Antes que él, brilló en los medios y en las urnas el francés Olivier Besancenot, de origen trotskista. Besancenot es un buen polemista, que se valió de un pastiche programático en boga, que mezclaba los planteos de numerosos movimientos sociales sin una línea estratégica. Les dio, a mediados de la década pasada, un gran susto a los partidos tradicionales de la izquierda, del cual al final éstos salieron ilesos.

Otro fenómeno, si se puede llamar así, es el del italiano Beppe Grillo, que ganó (y mantiene) entre un 20 y un 25 por ciento del electorado. Grillo tiene una cantidad enorme de seguidores en las redes, pero curiosamente prohíbe a sus dirigentes participar de programas televisivos, por temor a que pierdan la línea que él les baja. En definitiva, Podemos se inscribe en una lista de tentativas de llegar al estrellato por vía mediática -algo que también ocurre con muchas derechas chovinistas europeas.

El papel de los medios masivos y de las redes sociales en la irrupción de Podemos ha sido destacado por propios y ajenos. Un analista político recuerda que, en una conferencia que dictó Iglesias ante las juventudes comunistas, en 2013, señaló que “no importan los contenidos, aún siendo positivos como en la dictadura del proletariado, si no se venden” (El País, 10/10). La utilización de esta expresión que el “neoliberalismo” ha convertido en popular “no importan los contenidos… si no se venden” no es sinónimo de desarrollo de una conciencia de clase o socialista, sino del predominio de la publicidad sobre el programa.

Aún más llamativo es el pasaje de la apología de la “acción directa” al electoralismo: la calle sirve de escenario para proyectarla a las redes sociales y a los estudios de televisión -de ningún modo para oponer la acción de los explotados al Estado. Para todo esto hay que pagar, sin embargo, un “peaje”, porque la difusión en los medios alternativos está bajo la propiedad y tutela firme de las mayores corporaciones capitalistas. No sorprende, por eso, que Podemos esté tropezando tempranamente con contradicciones políticas que, en definitiva, son insalvables.

La cancha y los pingos

Para sorpresa de muchos, aunque no de todos, la agrupación de Iglesias ha resuelto no presentarse en las próximas elecciones municipales. El diario El País lo interpreta, sin ser desmentido, como “temor al descontrol organizativo y para no quemar la marca Podemos” (ídem, 22/9). La decisión, no por casualidad, parece haber “provocado decepción entre las bases de la formación” (ídem), aunque responde a una lógica implacable. Un borrador de principios políticos atribuye el éxito de Podemos al “factor sorpresa ante la ciudadanía”, que ahora requiere “una estrategia bien pergeñada”. Podemos advierte que perdería la ventaja, en votos, que le ofreció la “sorpresa”.

Hay, sin embargo, algo más importante todavía. La dirección de Podemos está convencida de que las listas municipales son propicias para el ingreso de un número elevado de candidatos -a diferencia de los pocos al Parlamento europeo. Ha advertido -como en el ejemplo citado del italiano Grillo- que esto daría cabida a toda clase de tendencias y de simples arribistas, los que operan fuera del control del círculo dirigente. En estas condiciones, la hazaña mediática es impotente. Ante el primer desafío, luego de su ascenso electoral, Podemos se convierte en un cero electoral.

No por eso, sin embargo, Podemos ha optado por el abstencionismo en el turno municipal: un instructivo convoca a los afiliados a promover candidaturas de “unidad ciudadana y popular”. Llama a insertar candidatos de Podemos en otros agrupamientos, particularmente en aquellos movimientos locales que también surgieron al calor de los “indignados”. Como ejemplo de estas alianzas, Iglesias menciona al grupo Ganemos, que tiene presencia en ciudades como Andalucía, Sevilla o Málaga. Ganemos se encuentra, a su vez, en avanzadas tratativas con Izquierda Unida (IU). En Andalucía, IU participa del gobierno junto al PSOE. Esto no sería obstáculo para una lista de IU con Ganemos, que podría ser apoyada por Iglesias. La omisión de las municipales, con el argumento de no perder espacios y reputación electoral, desemboca en un entrelazamiento con los ‘partidos de Estado’, a los que el mismo Iglesias ha definido como una “casta política”.

El pez por la boca

En relación a la cuestión catalana, Iglesias, relata La Vanguardia (5/6), “está en contra de la independencia de Cataluña, pero reivindica el derecho de catalanes y vascos a decidir su futuro en una consulta” -exactamente la posición de la gran burguesía de Cataluña. Un analista define a esta posición como “un perfecto ejercicio de marketing político, con el propósito de pescar a dos aguas” y así “evitar cuidadosamente todo problema de fondo” (El País, 10/10). Otro observador destaca “el perfil bajo pero tolerante de Podemos en la cuestión catalana y en el referéndum”, y lo caracteriza como un “producto apto” (sic) para un sector del electorado frío en materia de independencia. Podemos no pretende desarrollar un ala radical en el movimiento soberanista, sino capturar votos en los dos polos de la pugna catalana sobre la base de la ambigüedad política. Aunque se supone republicano, Podemos no intenta aprovechar el independentismo catalán para dar un golpe decisivo a la monarquía española. La independencia real de Cataluña y el País Vasco, y la conquista de la República exigen un programa y un método, así como movilizaciones revolucionarias.

En un reportaje posterior a la elección de mayo, Iglesias afirmó que “este (sic) euro no sirve”, pero recalcó que “nosotros no pretendemos una vuelta al pasado, a la peseta. Planteamos que es inaceptable una moneda única que no esté controlada por instituciones democráticas” (El País, 23/5). La “indignación” de Podemos (o de Iglesias) con el capitalismo es harto limitada; peseta o euro, ¿y una planificación socialista? Iglesias plantea “un default y una reestructuración de deuda”, algo que está en la carpeta de varios institutos oficiales, como alternativa a la deflación implacable que asola a la Unión Europea. Abreva en el kirchnerismo, que ha duplicado la deuda pública en una década y lleva a la quiebra al sistema jubilatorio y monetario.

Sea como fuere, este “programa” ha sido elucubrado por una minoría académica para que sirva de plafón a un esquema publicitario cuyo costo económico desconocemos, pero que ha desembocado en la propuesta de meter candidatos designados en otras listas para las municipales para evitar el aluvión en las propias. Asistimos a una disolución “temporal”.

Pero la confesión de esa quiebra no pasó por Nueva York. Mientras Cristina peroraba en la ONU, los funcionarios kirchneristas les avisaban a los importadores que sólo podrían obtener dólares por medio de la Bolsa o de la compra de títulos públicos -o sea, a 14 pesos. La generalización de este mecanismo es la señal de largada de una megadevaluación. En Washington, la Presidenta habló de la cesación de pagos de 2001. Pero, en Buenos Aires, avanzaba una nueva declaración de quiebra del país.

Entre la reestructuración y el petróleo 

En la tribuna de Washington, CFK acusó a los buitres de “querer tirar abajo la reestructuración de deuda de 2005 y 2010”. Pero ocurre que esa reestructuración ha colapsado, no por el incidente con los buitres, sino porque la deuda en su conjunto se ha tornado impagable. Los funcionarios oficiales ya han comenzado a negociar un canje, al menos, con los tenedores del Boden 2015 para postergar el pago de los ¡6.800 millones! de dólares que vencen en octubre del año próximo. Pero el evidente fracaso de la ley de “pago soberano” podría ser la excusa para una reestructuración general de la deuda, que elevará el valor de los títulos y reportará beneficios extraordinarios a los buitres “amigos” del gobierno, que los compraron a menor valor en medio de la crisis con el juez Griesa. Entre ellos estaría el propio Soros, quien se reunió cn Cristina en el periplo neoyorquino. Los “buitres” amigos han reflotado la oferta de comprarles la deuda a los buitres “malos”: los K insisten en que no reconocerán el 100 por ciento que reclama Griesa, incluso porque la cláusula Rufo podría extenderse hasta después de 2014.

Pero Soros y otros miran más lejos: en la charla con Cristina se habló del “potencial agroalimentario y petrolero de Argentina”, puesto que “Soros está muy interesado en el yacimiento de Vaca Muerta” (Ambito, 23/9). Para socorrer a la Argentina, los buitres amigos exigirán un lugar privilegiado en la futura recolonización petrolera. Las condiciones de ese rescate son conocidas: una devaluación de la moneda, que reduzca a valores de ganga los activos nacionales para quienes vengan a pagarlos con divisas; un tarifazo en regla, que asegure el acaparamiento de la renta petrolera para los pulpos y sus financistas, y la libertad para remitir al exterior los beneficios obtenidos. Por lo visto, la devaluación se encuentra en marcha. Y el presupuesto 2014, que es casi totalmente un dibujo, no lo es en una cuestión crucial: el congelamiento de subsidios al transporte y los combustibles, lo que augura un aumento general de tarifas. Mientras su jefa hablaba en Nueva York, los funcionarios kirchneristas diseñaban el nuevo régimen económico que exigen los Soros y otros buitres como condición para un rescate.

El lugar del Papa

Es a la luz de la conmoción social y política que provocará esta monumental confiscación a los trabajadores y al país que adquiere significado el nuevo encuentro de Cristina con el Papa. Otra vez, el conflicto con los buitres ha sido la coartada: que el cambio de régimen que ponen en marcha los K -que aspiran a continuar Massa, Macri o Scioli- tendrá que atravesar por contradicciones explosivas. La devaluación implicará un nuevo golpe inflacionario y obligará a redoblar el tarifazo, si se quieren precios “internacionales” de los combustibles. De cara a esta realidad, las normas de “abastecimiento” pasan a ser cartón pintado, al igual que los planes para inflar el consumo en base al endeudamiento de los trabajadores. El llamado papal a “cuidar a Cristina” toma nota de esta perspectiva convulsiva. Pero la promesa de un blindaje vaticano no será gratuita: a la vuelta de Roma, los K desempolvaron la reforma al Código Civil con los agregados reaccionarios que impuso el clero. Lo mismo ocurre con la burocracia sindical: en vísperas de este paquetazo, Barrionuevo y Moyano han resuelto tomarse vacaciones adelantadas. Es lo que no pueden hacer los obreros de Acindar, de las automotrices o autopartistas semiparalizadas, los metalúrgicos de Córdoba, los del Neumático o los gráficos, quienes rechazan las suspensiones, la caída de los salarios o la carga cada vez más confiscatoria del impuesto a las “ganancias”.

Como nunca, las luchas en curso y las que vendrán necesitan unirse a una deliberación y a un programa propio de los trabajadores frente a la crisis. Este es el gran propósito del Congreso de unidad del movimiento obrero y la izquierda. Con la constitución de mesas en varias regiones y provincias, destacados luchadores toman la convocatoria en sus manos. El programa de este congreso, que es el protagonismo de la clase obrera, es también su método.

Fue una denuncia brutal contra los dos Gobiernos. A renglón siguiente, el presidente de la comisión propuso tratar los proyectos “relacionados con la toma de Lugano”. Entre ellos, varias declaraciones o “pedidos de informes”. Pero no incluyó en el temario al proyecto de urbanización integral del barrio “Papa Francisco” y de la Villa 20, que nuestra banca presentó junto con otros diputados a partir de un trabajo de docentes de Arquitectura de la UBA y de los propios delegados villeros.

El argumento exhibido por la mayoría de los diputados, tanto macristas como kirchneristas, es que resultaba “absurdo” votar un proyecto que aún no había sido discutido por los asesores de la comisión. Una pura dilación, porque hace semanas que fue presentado y porque el PRO no quiere ninguna urbanización, cualquiera sea el proyecto que se trate.

En estas condiciones, mocionamos que el proyecto se incluyera en el orden del día y que también fuera votado por la comisión. Se encontraban presentes cinco diputados del PRO y cinco de la oposición, y el desempate por parte del presidente podía ser favorable al proyecto. De distintos modos, intentamos ser persuadidos por los K para que “no se vote”, ya que “no estaban asegurados los votos en el recinto”. Señalamos que era al revés: que teníamos que arrancar un dictamen favorable en la comisión, y luego, a través de una enérgica campaña política, preparar las condiciones para una votación favorable en el recinto. Nuestra moción, apoyada por el bloque de La Alameda, fue calurosamente sostenida por los vecinos presentes. El diputado kirchnerista “Quito” Aragón, que intentó denostar nuestro planteo, fue abucheado. La reunión se convirtió en una caldera, mientras el público reclamaba “que se vote, que se vote”.

Bajo esa gigantesca presión, los dos diputados kirchneristas presentes tuvieron que apoyar la moción del Frente de Izquierda. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Comisión, de UNEN. El despacho, con voto mayoritario, estaba en condiciones de ser aprobado. Mientras algunos diputados macristas interponían chicanas para ganar tiempo, otros entraban en estado de desesperación. En esas condiciones, el macrismo trajo de su casa al diputado José Luis Acevedo, con el único objetivo de levantar la mano e impedir una votación a favor de la urbanización de la Villa. La llegada de Acevedo desató el escándalo y el repudio de todos los presentes. Lo mismo ocurrió con los reclamos para la sesión de un predio donde puedan erigirse viviendas transitorias a los desalojados, que se lo exigimos igualmente a la Nación y a la Ciudad.

Ningún encubrimiento

Despejada nuestra tentativa de debatir la urbanización de la Villa, la presidencia de la comisión propuso aprobar los pedidos de informes y declaraciones relacionados con la crisis de Lugano. Nos opusimos a firmarlos, no por su contenido, sino por la función política de esos proyectos inocuos: distraer la atención legislativa de la única cuestión que importa, o sea, la urbanización de la Villa 20. Señalamos que, en relación al punto, sólo íbamos a apoyar lo que implicara la conquista efectiva del derecho a la vivienda. De ese modo, desenmascaramos el parlamentarismo vacío de los bloques patronales. Los vecinos presentes desarrollaron toda una experiencia política.

La reunión de la legislatura ha dejado dos tareas precisas. Por un lado, es necesario redoblar la campaña por la aprobación del proyecto de urbanización. En segundo lugar, reagrupar y rodear de solidaridad a los desalojados, que el Gobierno pretende expulsar de los paradores para promover su desmoralización. Todo el movimiento de lucha por el techo debe sumarse: una victoria en Lugano servirá de palanca para impulsar la lucha de todas las villas de la Ciudad.

La declaración saluda la decisión del gobierno “de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente”. Naturalmente, la primera de esas ‘medidas’ consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación “sin discursos”, impidiendo un debate sobre la cuestión.

La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que “habla de extorsión y luego negocia con los acreedores”. Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda.

A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que “es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Nuestra declaración

“La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales.”

La deuda que reconoció el kirchnerismo en los sucesivos canjes es el resultado de un largo proceso usurario, donde se han pagado intereses sobre intereses. A esta hipoteca se agregaría ahora la de los “fondos buitre”, según marcha la negociación anunciada por Kicillof. Por lo pronto, la pretensión de trasladar a Buenos Aires el pago de los bonos “reestructurados” para evitar la extorsión de los buitres fue volteada por el juez Griesa en la primera reunión con los negociadores argentinos. Esa tentativa tardía e improvisada de cambio de jurisdicción -después de haber aceptado la cláusula colonial de someter los arreglos de la deuda a tribunales internacionales- murió antes de nacer.

En cambio, los buitres sí apretarán a Argentina con la obligación de extender a los otros bonistas cualquier arreglo que supere las condiciones arrancadas en los canjes de 2005 y 2010, que estarán vigentes hasta fines de este año. En esas condiciones, la “negociación con dignidad” de Cristina-Kicillof será una copia de lo sucedido con Repsol y con el Club de París -o sea, el reconocimiento integral de la deuda exigida por los acreedores y una nueva emisión de bonos con rendimientos abusivos. Ello, sin que Argentina quede eximida de una nueva oleada de litigios -esta vez, de los bonistas que habían entrado al canje. Los que reclaman una rápida negociación y arreglo con los buitres, con la pretensión de cerrar el conflicto, no quieren ver que el camino de ese arreglo –e incluso su desenlace- estará minado de turbulencias y nuevas crisis.

La decisión de la Corte norteamericana sanciona otra bancarrota política: la del gabinete nacional, que justificó los arreglos ruinosos con Repsol y el Club de París con el argumento de que ganarían la “comprensión” de la Corte y el Departamento de Estado norteamericanos en la causa de los buitres. Esta política fue acompañada férreamente por la oposición, que viajó a Estados Unidos para refrendar la política oficial. Ahora, estos mismos opositores, junto con la totalidad de las cámaras patronales, exigen un arreglo rápido con los fondos buitres. Sergio Massa ha reclamado una bicameral, no para investigar la deuda ilegítima, sino para “monitorear” al gobierno en la negociación con Griesa y asegurar la capitulación ante los buitres. Los radicales se pusieron “a disposición” de lo que necesite el gobierno en el Congreso. Todos ellos, a coro, advierten contra “el peligro de un default”’ y la necesidad de “preservar el acceso al crédito internacional”. Saben muy bien, sin embargo, que los arreglos con Repsol, el Club de París y los buitres llevarán la deuda externa argentina a los 300.000 millones de dólares. Con semejante hipoteca nacional, los nuevos préstamos sólo podrían llegar en condiciones usurarias, algo que ya ocurre con las emisiones de las provincias.

Para abrirle camino al nuevo endeudamiento, los mismos que advierten contra un default con el capital financiero reclaman a la vez un default en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes: a ello conduciría una megadevaluación de la moneda, pulverizando el valor de la deuda pública en pesos con los fondos jubilatorios y el Banco Central. Los agentes políticos de los bonistas exigen también un tarifazo para que los recursos del fisco se apliquen de lleno al pago de la deuda. Pero a la luz de los vencimientos de deuda de los próximos años, incluso esa confiscación social resultará inútil para evitar una nueva cesación de pagos.

En oposición a la unidad nacional de los K, Macri, Binner o Massa para llevarnos a ese rumbo de bancarrota, desde la izquierda planteamos la investigación integral del conjunto de la deuda, el repudio general de todos los compromisos usuarios y un impuesto extraordinario al capital financiero para recapitalizar al Banco Central y a la Anses del saqueo cometido en estos años. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los explotados de distintos países del planeta a una verdadera catástrofe social, es necesario convocar una movilización internacional por el repudio de la deuda usuraria.

Es en este marco que la llamada “pax cambiaria” ha llegado a su fin y que se vuelve a disparar el dólar en los mercados de capitales. La sangría no podrá frenarse esta vez con un aumento de la tasa de interés en pesos, porque el nivel alcanzado -arriba de un 30% anual- es una carga insoportable para la economía. Por otro lado, las concesiones a los monopolios extranjeros, como ha sido el caso de Chevron o el resarcimiento ruinoso a Repsol, no han aportado nada a la posibilidad de obtener financiamiento internacional.

Una nueva devaluación volverá a aumentar el peso de la deuda pública dolarizada y disparará aun más los precios. Esto ocurre cuando el endeudamiento de los trabajadores alcanza a tres sueldos promedio, el nivel más alto de los últimos quince años -y similar, justamente, al que se registró en las puertas de la quiebra anterior (1998).

El kirchnerismo, en este cuadro, juega sus últimas fichas al reendeudamiento con el capital financiero internacional. Desde el FMI para abajo exigen una devaluación mayor del peso, la extensión de los tarifazos a todos los servicios y el levantamiento del llamado “cepo cambiario”. Un fallo desfavorable de la Corte norteamericana sobre el litigio con los fondos buitres obligará al gobierno a una negociación en condiciones negativas.

El gobierno transita por los carriles de un ‘rodrigazo’, precisamente cuando las grandes huelgas docentes y el paro del 10 demostraron que el movimiento obrero no lo va a aceptar sin grandes luchas. Ante la presión de los despidos, la UOM de Córdoba acaba de votar una huelga activa en la jornada aniversario del Cordobazo. En ese cuadro, la embestida judicial sobre Boudou demuestra que el gobierno carece de la capacidad para arbitrar la crisis; se mantenga inmóvil o vuelva a devaluar sus posibilidades se achican. Ya lo advirtió Bergoglio: “cuiden a Cristina”. El Episcopado ha vuelto a intervenir con un llamado a la “reconciliación nacional” y a pactar “políticas de Estado” -o sea a armar una “unidad nacional” que evite una repetición de 2001 en condiciones de mayor movilización y mayor politización de las masas. Esto explica las convocatorias a Moyano y Barrionuevo, y la unión entre macristas y kirchneristas en un engendro de “juventudes políticas”.

Una gran deliberación recorre a todas las clases sociales, en primer lugar a la clase obrera. Es necesario que enlacemos las grandes reivindicaciones de la hora -prohibición de suspensiones y despidos, abolición del impuesto al salario, ajuste móvil de salarios con la inflación, 82% móvil, y el reclamo de un inmediato para de 36 horas por estos reclamos- junto a los planteos políticos estratégicos, para unir al movimiento de la clase obrera con la izquierda. Con decenas de charlas, asambleas y debates, el Partido Obrero ha puesto en marcha la campaña por un Congreso de la izquierda y el movimiento obrero, para poner en la agenda de los trabajadores la cuestión del poder