Hoy, entre nosotros, campaña sucia, campaña del miedo, organizaciones para crear estos Estados sociales que sobre un fin de ciclo revuelven, pero no revolucionan sobre los ánimos personales hasta transformar en malestar social lo que empieza en el alma humana. Hoy, incertidumbre.

Es naturalmente humano el desarrollo y la expansión desde que nacemos. La crispación, las amenazas, las exclusiones y los incluidos sumisos nos generan miedo, y el miedo nos bloquea nuestra capacidad de sentir.

¿Qué pasa con las autoridades de nuestro Estado democrático?

Codicia no es ambición, megalomanía no es liderazgo y autoritarismo no es fortaleza dirigente.

Y ahí estamos, como si estuviéramos resolviendo una guerra en vez de escuchar ideas para un ballotage civilizado.

Con un desenfreno del autoritarismo como voz del Estado perturbado por la contienda, como si la cola de paja ya estuviera incendiándose después de doce años de ejercer su violencia. Es que hay que saber que cuando se está acabando el discurso y la sociedad condena los atropellos, la estampida es grande y se nota la barbarie.

El autoritarismo del poder se ejerce por falta de grandeza, porque el individualismo obtura la necesidad social.

Estamos bajo la presión del miedo, pero del miedo a la libertad de elegir, a la libertad de cortar boleta, a la libertad de decidir y por el miedo a la libertad de usar nuestras inteligencias, esas de las que todos disponemos cuando no nos extorsionan, por sobre el flaco concepto de dominado y sumiso para conservar el acomodo.

Dejar de ser aplaudidor cuesta si con eso se pierde una línea de confort que ampara la malversación de fondos. Nadie aplaude gratis.

La codicia sin fin es expresión del sentimiento de inferioridad que pretende maquillarse con ornamentos caros en vez de conocimiento, que quiere cadenas y no conferencia de prensa, porque hay miedo de que se note la ignorancia.

El sentimiento de inferioridad muta en resentimiento, que es volver a sentir: “Me pueden ver lo que realmente soy”; y el resentimiento sólo genera odio y hostilidad.

Si este análisis se parece a nuestro estado político actual, no es pura coincidencia.

Porque el miedo a la libertad de elección hace que mi empleada doméstica no se atreva a decir a quién votó en su Avellaneda natal, porque tiene miedo de que le ataquen la casa. Porque mi encargado se atreve a cortar boleta y saber a quién quiere dejar afuera de su pretensión política, porque teme al narcotráfico en el poder, porque su hijita está creciendo.

Porque a “los fuegos amigos” que quemaron a un candidato también los acobardó el miedo a la libertad y porque cuando un candidato mete miedo por su magra moral y amenaza para que el humo amigo tape sus escándalos, se le pierde de vista que miedo a la libertad puede haber en todos lados, pero, en sí misma, la libertad no se deja amenazar. Y esto, si se parece a la realidad, tampoco es pura coincidencia.

Cuando los ánimos individuales, en sumatoria, se transforman en malestar social, dejan de ser individuales y son colectivos. Cuando la violencia de un discurso deja de naturalizarse per se y se vuelven a escuchar modos democráticos de intercambio de ideas, entonces el poder hegemónico deja su reinado de ficción, a la reina se le cae la corona y se terminó. No sin antes, con manotazos de ahogada, seguir pensando en dominar a distancia para salvar su pellejo.

La Auditoria General de la Nación (AGN) simboliza el miedo, pero esta vez a perder la libertad, a que la impunidad no triunfe.

Cuesta creerlo aún con un procesado por delitos de público conocimiento dirigiendo nuestro Congreso Nacional en asamblea para el ballotage. Pero la paciencia es una virtud que hay que ejercitar y sobre todo sabiendo que el Congreso es de todos nosotros los ciudadanos que pagamos a los señores que tienen que trabajar en nuestro servicio.

La Justicia justa e independiente también es nuestra y pagamos para que los señores trabajen por nosotros y nos hagan sentir seguros. El Ejecutivo nacional es quien debe velar porque esto suceda y no apoderarse de lo que es nuestro como trofeo de delirio de grandeza. El miedo a la libertad es un efecto buscado, pero no conseguido.

Me pregunto: ¿Qué hace que emblemáticamente una figura femenina representante madre elija hijos para querer y otros para castigar? ¿Militantes quiero y diferentes rechazo?

Me falta una pieza, porque ese rompecabezas tiene que estar completo en una historia personal que no es conocida, pero que seguramente existe.

Y ahí vuelvo a Fromm y su título histórico El miedo a la libertad; de él se dice culto y bienintencionado, ¿será que lo que estamos viviendo en la última década es saber vacío y malintencionado?

Resulta que como esto no es una monarquía, no reconozco reina y quien se autosignificó así viene a ser que debe servirme para mi mejor vivir y respetarme porque soy el único soberano, porque soy el ser social que multiplicado por 40 millones es el pueblo.

Ojalá todos podamos dejar de tener miedo a la libertad, considerando que nuestro ballotage no es guerra mundial y que el cuco es una fantasía infantil.

Y tal vez haya una “mujer al borde del ataque de nervios”.

En Argentina, los jueces y los fiscales no pueden valorar si una persona, acusada de cometer un delito, es peligrosa para sí o para la sociedad, como paso previo a decidir si debe estar detenida o no durante el juicio. Lo que es habitual en sociedades más civilizadas acá no se puede. No importa si el autor de un delito fue atrapado in fraganti, si utilizó armas para cometer el hecho, si hirió a alguien o si en el pasado fue detenido veinte veces por hechos similares. Estos aspectos, que en cualquier lugar del mundo denotarían peligrosidad, entre nosotros desde hace unos años son un tema tabú que no se puede mencionar y mucho menos valorar. Si el delincuente está en situación de provocar algún daño a sí mismo o a sus semejantes, a nuestra Justicia no le importa.

El concepto de peligrosidad se desvirtuó entre nosotros a través de una maraña de normas y jurisprudencia dirigidas a que no haya castigo para el delincuente. Esos instrumentos jurídicos desviados tergiversan la punición en cuanto se fundan en una orientación abolicionista de las penas y garantistas del delito.

Gracias al paso de Raúl Zaffaroni por la Corte Suprema de Justicia y al copamiento de su doctrina de las cátedras universitarias de la mayor parte de las universidades nacionales y de una buena parte de las privadas, hoy la formación de abogados se encolumna detrás de ideas insostenibles y refutadas por el incremento del delito. Digo “se encolumna” para describir el acatamiento de la monotemática teoría zaffaroniana sin informarse, investigar y cotejar otras ideas. Se lo toma como como verdad revelada en la formación o la aplicación del derecho penal.

Mi tema no es el derecho, es la conducta humana. Pero resulta paradójico que mientras jueces y fiscales no pueden hablar de peligrosidad de un delincuente para fundamentar su detención preventiva, los psiquiatras y los psicólogos todos los días debemos decidir situaciones en las que la valoración de la peligrosidad de una persona es el eje central para saber si debe ser internada o no. La ley de salud mental 2011, en su artículo 20 dispone que la internación voluntaria “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros”. Ese riego alude incuestionablemente a una situación de peligro.

Si un profesional de la salud dice “peligroso”, es peligroso y así se debe nombrarlo para que la praxis no sea equívoca.

¿Por qué lo que para una disciplina es imprescindible para otra es tabú? ¿Por qué desde la interpretación del Código Penal esta palabra es mala palabra? ¿Entiende el ciudadano de a pie lo que significa “peligroso”?

Si según la definición de la Real Academia Española, por peligroso se entiende ‘algo que pueda causar daño’ o ‘la persona que puede causar daño o cometer actos delictivos y que habitualmente lo hace’, lo peligroso existe y así debe llamarse.

Las palabras no tienen ideología, las personas se la adjudicamos. Y si se evita usar la palabra “peligrosidad” para no imputar a quien presuntamente puede ser inocente -aun cuando cuente con un frondoso prontuario y haya sido pescado in fraganti-, se fuerza con el lenguaje una realidad que porfiadamente se nos impone. Y para peor, bajo la deformación de no estigmatizar se borran los límites éticos.

Si se dice “la peligrosidad del violador consiste en que su capacidad de reincidencia es alta, considerando que el perfil psicológico que porta lo hace indefectiblemente reincidente”, ¿por qué debería el magistrado que lo juzga modificar, retorcer o ignorar un diagnóstico científico y cambiarlo por una mirada subjetiva, propia de un lego en la materia como puede serlo un magistrado que no tiene formación psicológica?

¿Para qué piden el informe de pericia psicológica? ¿Para ignorarla? ¿Por qué los jueces quieren ser psicólogos?

Sabemos por estadísticas extranjeras -porque las nuestras no existen- que un 70 % de los delitos violentos tienen al consumo de tóxico como causal por estar bajo efectos de dicho consumo o para conseguir sustancia. ¿Consideramos eso peligroso?

Si tenemos la posibilidad eleccionaria de tener autoridades sospechadas de participar en el crimen organizado del narcotráfico, ¿puede ser eso peligroso?

Si decir peligroso es estigmatizar bajo los resabios del perfil lombrosiano, caemos en la superficialidad del fenotipo de rasgos observables para determinada especie. Sin embargo, desde César Lombroso (1835-1909) autor de La clasificación de los delincuentes hasta hoy, la ciencia ha estudiado y desarrollado perfiles psicológicos precisos que hacen de la fina observación una herramienta imprescindible para poder decidir científicamente cuándo un individuo representa un peligro cierto para sí o los demás.

La psicología y la psiquiatría en general y el psicoanálisis en particular nos brindan elementos para el minucioso análisis de conductas, rasgos de carácter y patologías del psiquismo para que desde el pensamiento científico se tenga claro el concepto de peligrosidad y sus posibilidades de daño colateral micro y macro social con bajas posibilidades de error. El proyecto de reforma del Código Penal, afortunadamente no aprobado en nuestro país, entre muchas otras falencias proscribía expresamente la evaluación de la peligrosidad, privándonos del amparo de una ley justa que erradique la impunidad.

Pero no es inocente este sembradío de ideologías que mutan ley por caos. Es un diseño político que desprotege al ciudadano de lo que más necesita, que la ley lo ampare, con el único fin de protegerse a sí mismos en sus prácticas corruptas.

Esa trasmutación crea la paradoja de que lo peligroso sea tan necesario de precisar en disciplinas científicas como la psiquiatría y la psicología, mientras que es vetado en nuestra disparatada aplicación del derecho.

¿Será que la salud mental y la Justicia justa son incompatibles?

Un niño de 6 años ha quedado nuevamente expuesto a la reincidencia de su violador y pedófilo ya que dos “cualquiera” decidieron liberar bajando la pena al responsable de la barbarie cometida.

“Cualquiera” para no ofender a la Justicia llamándolos jueces.

“Cualquiera “para no menospreciar la ley escrita llamándolos representantes de la ley.

Son en realidad dos cualquiera de nombres Piombo y Sal LLargues que bajo función de jueces cometieron el peor de los delitos: desproteger a un menor en su condición de múltiples vulnerabilidades.

Siniestros, pero no inocentes. Y si el inconsciente los traiciona, develar su contenido es desnudarlos ante el colectivo social para saber de qué se trata. El concepto freudiano del “retorno de lo reprimido“ es en este caso la manera flagrante que tiene la causa de Piombo y Sal Llargues para dejar en descubierto demasiados cabos sueltos.

Por ejemplo: ¿qué hacemos con la “estigmatización” del niño homosexual, de 6 años, que preocupa a Zaffaroni sobre los reos para que le asistan garantías proteccionistas del delito y no sobre las víctimas?

Si lo consideramos homosexual ¿no hay delito de violación contra los homosexuales?

Si consideramos que “estaba acostumbrado” a este tipo de acceso carnal por parte de su padre preso por pedófilo ¿no hay pedofilia porque fue abusado antes en reiteradas ocasiones y eso lo transformó en homosexual?

¿Los homosexuales devienen del maltrato sexual infantil y entonces son enfermos o es una libre elección de objeto?

Los homosexuales ¿están fuera de la estandarización del padecimiento del abuso sexual por el sólo hecho de serlo?

Un niño de 6 años ¿puede ser considerado homosexual?

Si fuera así ¿se lo da de baja como caso perdido o se lo respeta por su libre elección?

Con tanta impunidad, queda en evidencia que el abuso de autoridad con un fallo agraviante a la subjetividad de la víctima es, ni más ni menos, la manera simbólica de ejercer la misma violencia que el acto de violación del reo incluye.

¡Asco! Proclamó la opinión pública frente a este “fallo polémico”.

¿Polémico sería cortarle la mano a un ladrón en este occidente cultural social?

¿Polémico sería lapidar una mujer por adúltera en este occidente cultural social?

¿O más bien sería barbarie?

¿No es barbarie un fallo que libera a un perverso con alta probabilidad de reincidir contra la misma víctima u otros que pueden ser niños o pobres u homosexuales según la manifestación de su deseo en el momento que se produzca?

Si antes este mismo dúo había manifestado que violar a una niña de clases sociales “bajas” no tenía el mismo valor de delito porque en esos sectores empiezan antes a tener vida sexual por lo tanto sirvió de atenuante de pena también ¿que se podría esperar en este caso?

Esta vez no hay niño homosexual, en este caso, sólo hay una niña que ya fue objeto sexual así que ni vale la pena la “pena misma”.

Queda entonces a la vista que este dúo siniestr, usa sus herramientas para perpetuar su propia perversión en fallos de contenido sexual infantil haciendo que no pueda evitarse lo que de ellos hay en estos fallos: su propia perversión, violencia, discriminación y dudosa identidad propia. Y si bien los asiste la libertad de elección en sus vidas privadas, no puede deslizarse su ideología represora y prejuiciosa en fallos escandalosos que absuelvan a bárbaros pedófilos.

Esto es su propia condena social, lo que retorna de su represión y es inconfesable para su conciencia. Una prueba más de que el garanto-abolicionismo zaffaroniano y sus seguidores ha menoscabado al sujeto como tal: si por niño, si por precoz homosexual, si por pobre, no vale en igualdad de condiciones para la ley, si lo que tiene que ser cuidado puede ser profanado, entonces es Zaffaroni, autor de estas ideas, el que tiene que decir qué se hace con niños, homosexuales y pobres cuando la ley no los protege.

No sería raro que, ante el pedido de juicio político lo veamos como con Axel López, sentado como defensor privado de los “pobres magistrados”, para ejercer una vez más el aberrante garantismo abolicionista que pergeñó.

Deberíamos quedarnos con lo que tenemos, lisa y sanamente: “la Constitución garantiza la seguridad de todos los habitantes en su artículo 18″

Cualquier exaltación de garantía y abolición está inclinada a beneficios políticos manipuladores que populistamente creen que la gente es sólo masa votante. También son personas con su propia subjetividad para pensar y decidir.