Si bien la delegación argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas contó con  una amplia comitiva, encabezada por la propia Presidenta e integrada por ministros, secretarios de Estado, diputados y senadores,  la represtación en la sesión sobre Población y Desarrollo fue de menor nivel. Los funcionarios argentinos se interesaron casi exclusivamente en lo relativo a discutir con los fondos buitre en las sesiones donde se podía focalizar en ese tema. Ningún ministro, mucho menos la propia Presidenta, se interesaron por participar de la reunión sobre Población y Desarrollo, a diferencia de otros de la región, como Michele Bachelet y Evo Morales, entre otros. Esto contrastó con el papel  fundamental que en agosto de 2103 y abril de este año nuestro país ejerció, facilitando lograr consensos regionales y globales en este tema. Es difícil, frente a un gobierno que se jacta de ser abanderado de los derechos humanos, que en este caso no los levante y enarbole.

Esto decepciona a quienes desde hace décadas luchamos por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Hace veinte anos en la Conferencia de El Cairo, que marco un hito en estos derechos, Argentina se opuso al reconocimiento de estos derechos y el entonces presidente Menem, adalid de la lucha contra el aborto, dejó a la Argentina alineada con los países más retrógrados y conservadores del mundo. Ahora, Argentina se mantuvo silenciosa y casi como queriendo pasar desapercibida frente a algo que la mayoría de los países celebraban. El programa de Cairo se refiere a los derechos básicos de mujeres y jóvenes, como el derecho a la salud sexual y reproductiva, a vivir una vida libre de violencia, a no padecer discriminaciones inaceptables, porque no pueden seguir muriendo mujeres por problemas vinculados a la maternidad. Sin negar los avances alcanzados en los ultimos años, que fueron principalmente legales, nos hubiera gustado que Argentina tuviera una voz fuerte y clara en este final de Cairo. Es difícil, frente a un gobierno que se jacta de ser abanderado de los derechos humanos, que en este caso no los levante y enarbole. ¿Será que los derechos humanos no son para todos, que se recortan los que interesan y se desechan los otros? En este caso concreto, se desecharon los de jóvenes y mujeres, y que afectan la vida y el futuro de las naciones. 

Si bien hubo avances no se lograron todas las metas y objetivos, especialmente respecto a la razón de mortalidad materna que no bajó, la violencia contra mujeres y niñas que sigue creciendo y si bien tenemos una ley modelo no se implementa y por tanto el Estado no protege a quienes padecen violencia, incluso en forma cada vez mas grave y que en muchos llega a la muerte. Una alta proporción de jóvenes no terminan la enseñanza secundaria y tendrán empleos de baja calidad, mal remunerados, perpetuando el ciclo de la pobreza. El embarazo en la adolescencia aumenta, la educación sexual en las escuelas no llega a todas y los servicios de salud públicos aun no informan y atienden a las niñas y adolescentes, a pesar de las leyes que garantizan teóricamente estos derechos.

Otro ejemplo del recorte del respeto a los derechos humanos es la aprobación sin discusión del nuevo Código Civil y Comercial,  que rige nuestra vida y que nos afecta para bien o para mal a todos y todas. El Gobierno avanzó con mirada de corto plazo, con visión electoralista, sin tener presente que es una reforma que perdurará por muchos años y que cambia de manera radical muchos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía. Por eso es condenable que, como en tantas otras oportunidades, luego de comenzar a discutir las modificaciones haciendo amplias convocatorias y consultas a dirigentes y organizaciones sociales muy diversos, luego el Poder Ejecutivo envió un nuevo texto  y lo impuso con su mayoría sin posibilidad de discutir. De esta manera, despreciaron el aporte hecho con mucho esfuerzo por personas de gran reconocimiento y experiencia junto a ciudadanos y ciudadanas que se ocuparon del tema.

Este nuevo código tiene aspectos sumamente polémicos e incongruencias, como el reconocimiento de la vida desde la concepción, eliminando el reconocimiento desde la anidación, generando vacios legales para los casos de fertilización asistida y en otros que crearan serias dificultades a la ciudadania. También en lo referido a la custodia parental, que pasa a ser  compartida y podría favorecer a los varones que se desentienden de  los hijos pero que ahora tendrían derechos sobre ellos en detrimento de la madre que asume la responsabilidad de cuidado y crianza. Se termina imponiendo un nuevo código con aspectos controvertidos respecto a la perspectiva de género y por tanto sin contribuir claramente a la igualdad, algo fundamental para la plana vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

Esta es otra evidencia de que  este Gobierno tiene una política de Derechos Humanos recortada.

Planteada la Reforma, surgió la oportunidad de discutir algunos temas clave para la igualdad de mujeres y hombres. En el campo de los Derechos Humanos, la incorporación de la Convención de Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) era un objetivo claro de las mujeres, que junto a la Convención de los Derechos de niñas, niños y adolescentes (CDN) y otros tratados de Derechos Humanos, eran imprescindibles para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas. La aprobación por ley de estas Convenciones era así potenciada al darle rango constitucional.

Hubo un tema que nos unió a las mujeres de los partidos políticos y del movimiento de mujeres que fue la discusión del reconocimiento de la vida, en general, desde la concepción.

Recordemos que eran los años 90 en que el gobierno de Carlos Menem retrocedió en todo lo que se avanzó durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, respecto a los derechos reproductivos. Recordemos que en 1984 se realizó en México la Conferencia Internacional de Población y allí Argentina, junto a otros países tanto del Norte como del Sur, se enfrentaron al gobierno de los Estados Unidos, encabezado por George Bush, al defender el derecho de las personas a decidir respecto a su reproducción. En 1986 se consiguió derogar el decreto 659 de 1974, llamado López Rega, porque fue bajo su ministerio que se aprobó, y prohibía toda acción directa o indirecta de Planificación Familiar en los servicios públicos de salud y en los obras sociales. Esto provocó que en  los hospitales públicos se vieran restringidos y se dejaran de indicar métodos de anticoncepción, como “la píldora”, que habían sido incorporados a la salud pública por el gobierno de Arturo Illia.

La derogación del decreto 659 en 1986  fue un avance que permitió recuperar la investigación en reproducción humana en el país, que contaba con equipos de alta calidad pero funcionaba casi en la clandestinidad. Pero fundamentalmente permitió recuperar el funcionamiento de estos servicios en los hospitales públicos y en las obras sociales. En estas últimas, a partir de la derogación del decreto en 1986, se iniciaron algunos programas y se incorporó al Nomenclador de prestaciones médicas la colocación del DIU, algo que no figuraba y que favorecía que los médicos los colocaran en sus consultorios privados a precios de mercado. Con el cambio de gobierno en 1989, estos programas y actividades se suspendieron volviendo todo al punto inicial.

Por eso las organizaciones de mujeres, incluidas las de partidos políticos, estábamos atentas a que no se introdujera en la Constitución aspectos que afectaran la posibilidad de implementar programas de salud reproductiva que incluyen la Planificación Familiar, pero que son más amplios. La incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la Constitución fue un gran logro, ya que reconoce el comienzo de la vida, en general, desde el momento de la concepción. Sin embargo, los constituyentes discutían otro artículo sobre la maternidad y fue ante eso que el movimiento de mujeres nos movilizamos, participamos, nos expedimos y manifestamos ante el Constituyente expresando y fundamentando por qué debíamos asegurar la defensa de la vida de las mujeres. Fue así por la iniciativa de Raúl Alfonsín y otros constituyentes, que  se incorporó en el artículo 22 del Capítulo cuarto de la Segunda Parte Atribuciones de la Nación, junto a la aprobación de los tratados de Derechos Humanos, la atribución del Congreso de “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

Además, las mujeres apoyamos y acompañamos otras luchas. Fue también muy importante la incorporación, en el Capítulo de los “Nuevos derechos y garantías”, del artículo 37, que se refiere al ejercicio de los derechos políticos. Allí se incorporó “la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y partidarios, que se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.  Esto constituye la base para la sanción de la ley de cupo femenino para cargos electivos nacionales y también otras reformas sobre la representación de las mujeres en  los partidos políticos, garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la participación política.

Las mujeres tenemos motivos adicionales al resto de la sociedad para celebrar la Reforma de la Constitución, por eso no podemos dejar pasar esta fecha para festejarla y también para reclamar su vigencia, algo que en estos tiempos se ha descuidado. Para que la Igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad debemos insistir en recordar y cumplir la Constitución, no nos olvidemos.