Los adolescentes tienen derecho a ser padres adolescentes, pero estos embarazos deben ser planificados, no como ocurre en muchos de estos embarazos, que se producen porque no supieron cómo evitarlos o porque por ignorancia no saben que eso les puede suceder. Los adolescentes, y más las chicas, desconocen aún o tienen mala información sobre sexualidad y reproducción, aunque no siempre lo reconocen, por vergüenza o por temor a parecer tontas o demasiado “conocedoras”.

Por eso es grave que aún no se imparta educación sexual integral en las escuelas, que por ley nacional del 2006 se debe dar en todas las escuelas desde el ciclo inicial hasta el universitario, sean públicas o privadas. Son pocas las provincias que cumplen la ley. La ciudad de Buenos Aires había avanzado en este sentido, pero desde hace unos años se frenó e incluso retrocedió. La provincia de Buenos Aires aún no comenzó a implementarla, algo lamentable. En el distrito donde vive la mayoría de los adolescentes, de este tema ni se habla. Y ni mencionar lo que sucede en Salta, por ejemplo, donde tuvieron guardados los materiales enviados por el Ministerio de Educación de la nación.

Los servicios públicos de salud tampoco ayudan, no solo porque no les informan a los adolescentes sobre salud sexual, sino porque muchas veces directamente rechazan a los chicos que consultan, por motivos nunca válidos, como por ejemplo exigirles que vayan acompañados por un adulto o que lleven una autorización de los padres. Así, mientras los adolescentes son bombardeados por los medios de comunicación y la sociedad en general con estímulos a la erotización, no tienen con quién hablar e informarse de manera valedera y confiable, como serían los docentes y el personal de los servicios de salud. Y esto tiene consecuencias. El embarazo precoz es una de ellas, que sumado a la pobreza, la falta de perspectivas futuras de trabajo y de un proyecto de vida, las hace embarazarse, aunque tengan que abandonar la escuela, salir a trabajar y dejar de hacer lo que las chicas de su edad hacen.

También en la adolescencia el embarazo implica más riesgos para la salud de la madre, que en estos casos se suman a los sociales y los económicos, que afectan también a los hijos de estas chicas, que en general son más vulnerables a enfermarse, sufrir desnutrición e incluso morir.

Por eso el Gobierno nacional y los provinciales deben asumir la responsabilidad que les cabe. Pero toda la sociedad debe ayudar y apoyar a los adolescentes para que puedan decidir sobre su vida y, si quieren tener un hijo, lo hagan, pero con plena conciencia y por decisión propia, no porque se les impuso.

En este marco, este año la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), con apoyo de UNICEF Argentina y con motivo del Día de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, lanza una campaña del test del no embarazo para que los chicos se informen, sepan y puedan decidir por sí mismos cuándo ser padres, y poder asumir esa responsabilidad. Quienes quieran saber e informarse este lunes 21 de setiembre pueden acercarse a Palermo a retirar su test del no embarazo, o el sábado 26 a Tecnópolis, o visitar la web.

En salud vemos que piensa construir cuatro nuevos centros de atención primaria, ignorando el atraso en los hospitales públicos y las necesidades que existen, por ejemplo, en lo relativo a salud mental y en dar cumplimiento a la ley de salud mental nacional y de la ciudad. Reducir su aspiración a esos cuatro centros de atención primaria es una grave forma de reconocer que la salud de los porteños no es una preocupación para Rodríguez Larreta.

En educación, el futuro jefe de Gobierno no plantea nada sobre la falta de vacantes en escuelas, especialmente en salas de 3 y 4 años, como se demostró este año con el sistema de inscripción en línea. Pero aclaremos que la falta de vacantes es en todos los niveles, aunque mayor en el nivel preescolar. El futuro jefe de Gobierno se limita a plantear la incorporación de unas materias sobre emprendedurismo e innovación en las escuelas secundarias, cuando es evidente y se ha demostrado que la calidad de la educación pública en las escuelas secundarias, al igual que en las primarias, está sumamente deteriorada.

Además, nada dice sobre el retroceso en la implementación de la educación sexual integral. Este año ni siquiera se permite a las ONG -que tienen contratos con el Ministerio de Educación desde hace varios años- implementar los talleres de capacitación de los docentes y de enseñanza directa a los alumnos, aduciendo un cambio de organización de la docencia que impide a las ONG trabajar directamente con los alumnos. Se les propone que planifiquen con los docentes, pero los docentes de las escuelas secundarias no planifican en la escuela, solo asisten a dar la clase. Por lo tanto, esto es una forma solapada de decir no a las ONG.

Antes de asumir, Rodríguez Larreta confirma que va a sumergir a Buenos Aires en un terrible atraso en lo que a transporte se refiere. No tiene ninguna intención de avanzar en la ampliación de la red de subterráneos, algo fundamental para una ciudad de la dimensión y la importancia que tiene Buenos Aires. Su política de transporte público se limita a la extensión de los carriles exclusivos para colectivos en las avenidas porteñas, algo que ha traído beneficios, pero que de ninguna manera puede ser central y única propuesta del transporte público en Buenos Aires. ¿Qué sucedió en estos ochos años de Gobierno del PRO para pasar de prometer -y no cumplir- 10 km de subtes por año a esta pobre aspiración de Rodríguez Larreta?

Así como a fines del siglo XIX y comienzos del XX Buenos Aires tuvo un crecimiento importantísimo en su red de subterráneos, que la convirtió en una pionera en América Latina y a nivel mundial, ahora lleva más de 50 años de atraso. Es lamentable que Rodríguez Larreta confirme que va a continuar por ese camino del atraso.

Por eso los porteños debemos preocuparnos y trabajar para que nuestro jefe de Gobierno rinda cuentas y si no, asuma su responsabilidad.

Los cambios en los poderes ejecutivos siempre implican mayores desafíos para la ciudadanía que las elecciones legislativas. En esa disyuntiva estamos este año todos los argentinos.

Esto genera en los ciudadanos cada vez más esfuerzos para poder distinguir entre la múltiple y variada oferta de candidatos. En ese sentido,  las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) son diferentes a las elecciones tradicionales a las que estábamos acostumbrados en la Argentina. Ahora elegimos a quien nos parece cubre mejor nuestras expectativas pero estamos optando entre candidatos de una misma coalición o partido político. Por lo tanto la primera decisión es en qué partido o coalición vamos a votar. Allí nos toca elegir quién es el mejor según nuestro criterio, para que luego participe de la elección general, momento en el que se da la competencia ente coaliciones o partidos.

En este contexto, los debates entre candidatos de un mismo espacio son muy especiales porque si bien son debates para enfrentar a dos o más precandidatos que piensan diferente, en estos casos, por pertenecer al mismo partido o coalición, no quieren aparecer enfrentándose, lo que transforma a esos debates, en algunos casos, en hechos artificiales, porque los participantes se ven obligados a plantear sus diferencias de manera atenuada. Así tuvimos recientemente un ejemplo de cómo se dicen cosas similares, mientras que en realidad se están escondiendo importantes diferencias que se diluyen en el marco del “todos somos lo mismo”. Esto hace que los debates pierdan interés y sobre todo realidad.

Además, en esta campaña vemos que la gestión se impone a la política. Los candidatos hablan mucho más de gestión y remarcan su supuesta mejor capacidad de gestionar, intentando mostrar a partir de esta cualidad que serán mejores que su competidor. Pero de propuestas políticas hablan poco o nada, mencionan a que aspiran o sueñan pero poco sobre como implementarán las acciones en un marco de las políticas públicas que quieren implementar.

Los ciudadanos nos merecemos saber realmente qué políticas publicas nos proponen y como piensan ejecutarlas. Porque el fin no justifica los medios, entonces una políticas de vivienda, de transporte, de salud y o de educación no pueden limitarse a intervenciones aisladas y sin una articulación que controle el impacto de unas sobre otras áreas, como ocurre. No estamos eligiendo simples gestores o  administradores,  estamos eligiendo lideres políticos que nos permitan cambiar o mejorar la vida de la mayoría. 

La honestidad, la buena administración, son valores necesarios, pero no suficientes, por eso ante estas elecciones exijamos que nos muestren y demuestren que tienen marcos políticos, que tienen buenos fines para el bienestar de la mayoría, pero además medios claros, transparentes y que no sean mas de lo mismo, algo que ya tenemos a nivel nacional y local.

El autoelogio a la capacidad de gestión es hoy una constante en nuestros gobernantes, lo que en realidad es una forma de no hablar de políticas públicas. 

¿Qué otra cosa se podía esperar si no se hizo nada para generar las vacantes que el año pasado no hubo? Era, por lo tanto, de imaginar que ante el comienzo del ciclo lectivo tuviéramos el mismo problema que el año pasado. Y no podemos decir que fue por falta de recursos económicos, porque la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires en particular, en estos años ha tenido ingresos como hacía décadas no tenía y sin embargo esto no llegó a mejorar la infraestructura escolar ni a hacerla crecer para acompañar el crecimiento demográfico.

Hay alrededor de 5000 chicos en la Ciudad de Buenos Aires sin poder iniciar las clases. La gran mayoría, alrededor de 4000, son niños de nivel preescolar. Y hay aproximadamente otros 1000 sin vacantes en el nivel primario. Estas son las vacantes que faltan conocidas, porque no conocemos todas porque en muchas casos los padres no quisieron perder tiempo y buscaron una solución diferente, ya sea llevando al niño a  escuelas privadas de CABA o a escuelas públicas o privadas del Gran Buenos Aires  o no los inscribieron, marginándolos de la escolarización.

Estamos hablando de nada menos que de 5.000 chicos que no tienen el lugar que les corresponde en una escuela pública. Esto obligó a los padres a peregrinar por las escuelas buscando donde inscribirlos. Lo más triste es que los que tuvieron éxito encontraron vacantes en escuelas muy lejanas de sus viviendas, en horarios  diferentes, extremos, y  separando a los hermanos de una misma familia, con todos los inconvenientes que eso genera para los chicos y para los padres. Padres y madres que deben hacer malabares para poder llegar a sus trabajos y cumplir con sus tareas luego de llevar a los niños a la escuela. Y lo mismo a la hora de buscarlos a la salida. Pero especialmente en las familias de menores ingresos, que en general enfrentan mayores  dificultades para escolarizar a los hijos,  esto los hizo desistir de la inscripción o si la  lograron, luego abandonaron la escuela.

El descuido y la desatención de la educación pública es muy grave y preocupante, ya que de la formación de los niños depende la calidad de la sociedad en el futuro próximo y la supervivencia del desarrollo social y económico. Esta desatención del Gobierno de la Ciudad es imperdonable e inexplicable, más aun para alguien que se propone para regir el destino del país. No podemos decir que a nivel nacional se tomó un camino mucho mejor respecto a la educación pública, ya que la falta de cupos en las escuelas es peor en otras provincias, pero esto no exime al Gobierno de la Ciudad de su responsabilidad, especialmente porque es una de las jurisdicciones con mejores recursos económicos.

También las jubilaciones se nivelaron hacia abajo en esta “década achatada”. El 75 % de los jubilados cobra la jubilación mínima, de $ 3.200 pesos. Es decir que 3 de cada 4 jubilados están en el escalón más bajo del ingreso. 

Para no ser pobre, en la Capital una familia tipo necesita ingresos de por  lo menos $ 9624, según el instituto de estadísticas porteños; y 4.300 pesos para cubrir exclusivamente las necesidades alimentarias. Este es un indicador que coincide con la gran mayoría de las estimaciones que aún se realizan en distritos el interior, y con mediciones privadas. Mientras tanto, el Indec esconde los datos de pobreza e indigencia, que indudablemente no son alentadores.

Así vemos que los años de crecimiento a tasas chinas dejan a la mayoría de los argentinos en niveles de ingresos de exclusiva supervivencia. Y el Gobierno hace apología de la pobreza, con proyectos para reconocer supuestos “valores villeros”. Y también periodistas amigos del gobierno que dicen que en las villas se vive dignamente. Por eso no les preocupa que, por ejemplo, la población en villas porteñas haya crecido 156% en los últimos 13 años, pasando de 107.422 habitantes en 2001 a unos 275.000 en 2013. Esto se da porque muchos se vieron obligados a esa mudanza por la disminución de sus ingresos y no por elección libre. La polarización entre ricos y pobres de profundizo en estos años. Así, en contrapartida, mientras crecían las villas crecieron también los countries y barrios privados, donde vive la mayoría de los funcionarios, empresarios amigos y la población que se benefició con el modelo “nacional y popular que ayudo más a sectores medios altos, a pesar del “relato”.

La decadencia en materia educativa también aumento y con un panorama muy desalentador hacia el futuro. Con muy magros resultados en las pruebas Pisa, y con escuelas públicas donde cada vez es más notorio que los chicos concurren a comer más que a capacitarse. Esto es algo que claramente comenzó a gestarse en la década del ’90, pero que, luego de 3 mandatos kirchneristas, en lugar de revertirse se ha profundizado, y lo que es aún peor, naturalizado. La brecha educacional entre pobres y ricos es la consecuencia más difícil que habrá que superar en los años próximos. 

La igualdad que dice promover este Gobierno es la de la igualdad en la pobreza para todos, y riqueza para unos pocos. Un Gobierno que se jacta de promover la distribución a través de facilitar la compra de autos, plasmas y celulares, que invierte en el Fútbol para Todos y la propaganda oficial lo que no gasta en mejorar la calidad educativa y la infraestructura educacional, y que desatendió notablemente la vivienda, la salud, la educación.

Esta es la “década  achatada” que habrá que superar en el 2016.

Lamentablemente, en Argentina no podemos decir que los derechos de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia estén garantizados. En ese sentido, nos preocupa enormemente la demora en la implementación de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en marzo del 2009.  Esto es algo que no sucede por falta de recursos económicos, porque no es ni fue así en estos años. Lo que falta es  voluntad política de las máximas autoridades del país.

Una de las consecuencias es la persistencia de la falta de datos nacionales y la carencia de un registro nacional unificado para todo el país que permitan conocer la magnitud del   problema y sus características, para definir programas y luego evaluarlos.  Sin datos ciertos en  base a los cuales estructurar un plan, ese va a ser débil o puede incluso ser erróneo. Porque  tampoco existe aún un plan nacional   para enfrentar la violencia contra mujeres y niñas que plantee una respuesta en todo el país, articulada y uniforme. El convenio firmado por el Consejo Nacional de las Mujeres hace más de dos años con el INDEC aún no dio frutos, ni siquiera se difundió el tipo de datos  y la  metodología de  recolección de los mismos.

Por ahora solo contamos con los datos de algunas fuentes parciales por áreas geográficas como los de  la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona desde el 2009. La OVD tiene datos solamente de la Ciudad de Buenos Aires .Si bien otros tribunales superiores y cortes de las provincias  establecieron convenios con la OVD  para recoger los mismos datos, todavía  no se han dado a conocer, por lo tanto no es posible analizarlos.  A pesar de esto,  en base a la información proveniente de las distintas fuentes  es evidente que  la violencia contra las mujeres y niñas continúa creciendo en todo el país.

En el análisis de los meses de septiembre del 2014 con relación al 2012 y 2013, se observa el crecimiento permanente, con casi 30 por ciento más en 2014. La distribución según sexo es similar en estos años: las mujeres y niñas predominan. Los varones corresponden a alrededor del  20 por ciento de los casos, con predominio en los niños. En cuanto a los agresores, las ex parejas son casi la mitad, seguidos por concubinos y cónyuges. El vínculo afectivo de las víctimas con los agresores es lo habitual y la ruptura de la pareja es en general el principal detonante.

A esto se agrega la invisibilización del abuso sexual y las violaciones  que padecen muchas niñas y  niños, abusos y violaciones  que en general no son denunciados, porque son aceptados por los adultos como algo normal. Esto genera en estos niños graves problemas de salud físicos, psicológicos, y emocionales, que producen serios problemas para establecer en la adultez vínculos afectivos de pareja. En las niñas adolescentes, como consecuencia de estas violaciones se registra una alta frecuencia de embarazos e incluso maternidad. Esta situación se da especialmente en las menores de 15 años, casos en los cuales el embarazo siempre se considera  producto de abuso sexual o violación. Y es aún más preocupante por el impacto en la salud de la madre y el hijo, así como por los efectos sociales que provoca, como el abandono de la escolaridad, el ingreso precoz a trabajo precario, mal pago y sin cobertura social . Este es un problema de violencia que debemos atender y dejar de ignorar, a pesar de ser muy doloroso.

A cinco años de la sanción de la Ley 26485  poco avanzamos y todavía quedan deudas pendientes, como la asignación de presupuesto adecuado al Consejo Nacional de las Mujeres, organismo  responsable de la implementación de la ley 26485. Mientras tanto, desde 2009 Fútbol para Todos implicó un gasto para el Estado de más de 5000 millones de pesos. Este año se gastarán alrededor de 1700 millones y el año próximo seguramente más de 2.000 millones. Para Aerolíneas Argentinas todos los argentinos destinamos alrededor de 4.000 millones de pesos por año, mientras al mismo tiempo los funcionarios gastan millones de pesos contratando  vuelos privados. El problema no es falta de recursos económicos, sino las prioridades asignadas, y es evidente que la violencia contra las mujeres y niñas no es una prioridad del Gobierno.

Tampoco los gobiernos provinciales y locales dan relevancia a la atención, eliminación y prevención de la violencia contra mujeres y niñas. Esto es una realidad que lamentablemente no podemos ocultar. La Violencia contra las mujeres, que debería ser una prioridad sin banderías políticas, al igual que otras necesidades básicas de la sociedad -como el desarrollo adecuado de la niñez, uno de los temas que no figura en la agenda política-, se la tiene en cuenta solo para recordarla cuando muere una mujer o para un discurso demagógico que se olvida  rápidamente.

Otra constante en la atención de la violencia de género es la falta de coordinación de las aéreas que actúan, tanto de las distintas dependencias administrativas -gobierno federal, provincial y local-, así como dentro de un mismo nivel. Hay desarticulación por ejemplo entre las áreas de salud, fuerzas de seguridad, social y justicia. Esto no solo afecta el buen uso de los recursos económicos y humanos, sino que atenta contra la eficacia, ya que muchas de las mujeres muertas o heridas graves hicieron varias  denuncias previas y sin embargo continuaron en riesgo y terminaron sucumbiendo al mismo.

Finaliza otra campaña sin los resultados esperados, por eso redoblemos nuestra lucha frente a un 2015 en el que los países adoptaran los Objetivos de Desarrollo Sustentable para los próximos 15 años. ¡LAS MUJERES NO ESPERAMOS! Queremos respuestas YA para acabar esta violencia.

El estudio señala también que la sustancia ilegal más consumida entre los adolescentes es la marihuana y que un 10,4% de los jóvenes consumió esta droga al menos una vez en el último año. Son cifras alarmantes, que lamentablemente no tienen la debida atención de parte de quienes tienen el deber de atender y prevenir estas situaciones.

Lo que hasta hace unos años era una situación excepcional, que tenía que ver con la ingesta de alcohol de manera ocasional, habitualmente los fines de semana, en algún local bailable, se fue extendiendo a la previa, que hace que chicos y chicas ingresen ya alcoholizados al boliche. El hábito los lleva a consumir también los días de semana, y actualmente a todos los horarios del día, incluyendo incluso a veces en el interior de las escuelas y /o en horario escolar sin que los gobiernos nacional, de la Ciudad y provinciales aborden con suficiente seriedad y responsabilidad el problema.

Los adolescentes mujeres y varones toman cada vez más, y desde edades cada vez más tempranas. En las chicas el alcohol genera adicción más rápidamente, además produce consecuencias inmediatas en muchos casos, como abusos sexuales u otro tipo de abusos. Más allá de este informe del Ministerio de Salud, esto es algo que se percibe claramente en la realidad. Se advierte el creciente número de adolescentes con problemas de consumo de alcohol. Una característica alarmante que se repite es el aumento de la cantidad de adolescentes mujeres que consumen alcohol en exceso, con la consiguiente vulnerabilidad para su salud y su sexualidad, especialmente en lo que se refiere a infecciones de transmisión sexual y embarazos precoces, entre otros.

No extraña que se vean estas conductas, en un contexto de deterioro de la educación y de relajamiento de las conductas sociales, donde no hay premios  ni castigos, donde se eliminan amonestaciones y sanciones disciplinarias, donde la impunidad  reina desde los funcionarios del Gobierno, donde el  vicepresidente procesado por  varias causas de corrupción sigue representado al país y se lo festeja como a un héroe. Y donde la inacción frente al narcotráfico, e incluso la impunidad de los narcotraficantes implicó un avance del mismo en nuestro país que conlleva no solo el tránsito sino también el aumento del consumo interno de drogas, y además la falta de estímulos para los adolescentes y jóvenes frente a su futuro genera esta situación.

Para los adolescentes, esta década es perdida. Nos deja, entre otras cosas, adolescentes y jóvenes que se desarrollaron con pocas o  sin expectativas futuras, con una educación en franca decadencia -no solo la educación pública sino también la privada,  con muy pocas o nulas posibilidades de salida laboral. Se generó un grupo vulnerable que cae en la adicción al alcohol fácilmente. Las chicas ante la falta de  posibilidades futuras se plantean como única alternativa de vida el ser madres y así buscan la maternidad como única forma de encontrar su identidad.

Toda la sociedad somos responsables de  que esta generación de adolescentes vean recortadas sus posibilidades, con las consecuencias que esto tiene para el país. Porque no se empobrecen solo los adolescentes, se empobrece toda la sociedad ya que estas chicas y chicos son los futuros ciudadanos y dirigentes del país y los que generaran el desarrollo futuro.

Es urgente revertir esto y para eso es necesario que los gobiernos nacional, de la Ciudad y provinciales actúen, pero que también los padres, los docentes, los responsables de los medios de comunicación asuman su responsabilidad. El Estado los debe ayudar y eso no es solo ayuda económica sino también promover modelos y pautas de vida diferentes.

Si bien la delegación argentina en la Asamblea General de Naciones Unidas contó con  una amplia comitiva, encabezada por la propia Presidenta e integrada por ministros, secretarios de Estado, diputados y senadores,  la represtación en la sesión sobre Población y Desarrollo fue de menor nivel. Los funcionarios argentinos se interesaron casi exclusivamente en lo relativo a discutir con los fondos buitre en las sesiones donde se podía focalizar en ese tema. Ningún ministro, mucho menos la propia Presidenta, se interesaron por participar de la reunión sobre Población y Desarrollo, a diferencia de otros de la región, como Michele Bachelet y Evo Morales, entre otros. Esto contrastó con el papel  fundamental que en agosto de 2103 y abril de este año nuestro país ejerció, facilitando lograr consensos regionales y globales en este tema. Es difícil, frente a un gobierno que se jacta de ser abanderado de los derechos humanos, que en este caso no los levante y enarbole.

Esto decepciona a quienes desde hace décadas luchamos por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Hace veinte anos en la Conferencia de El Cairo, que marco un hito en estos derechos, Argentina se opuso al reconocimiento de estos derechos y el entonces presidente Menem, adalid de la lucha contra el aborto, dejó a la Argentina alineada con los países más retrógrados y conservadores del mundo. Ahora, Argentina se mantuvo silenciosa y casi como queriendo pasar desapercibida frente a algo que la mayoría de los países celebraban. El programa de Cairo se refiere a los derechos básicos de mujeres y jóvenes, como el derecho a la salud sexual y reproductiva, a vivir una vida libre de violencia, a no padecer discriminaciones inaceptables, porque no pueden seguir muriendo mujeres por problemas vinculados a la maternidad. Sin negar los avances alcanzados en los ultimos años, que fueron principalmente legales, nos hubiera gustado que Argentina tuviera una voz fuerte y clara en este final de Cairo. Es difícil, frente a un gobierno que se jacta de ser abanderado de los derechos humanos, que en este caso no los levante y enarbole. ¿Será que los derechos humanos no son para todos, que se recortan los que interesan y se desechan los otros? En este caso concreto, se desecharon los de jóvenes y mujeres, y que afectan la vida y el futuro de las naciones. 

Si bien hubo avances no se lograron todas las metas y objetivos, especialmente respecto a la razón de mortalidad materna que no bajó, la violencia contra mujeres y niñas que sigue creciendo y si bien tenemos una ley modelo no se implementa y por tanto el Estado no protege a quienes padecen violencia, incluso en forma cada vez mas grave y que en muchos llega a la muerte. Una alta proporción de jóvenes no terminan la enseñanza secundaria y tendrán empleos de baja calidad, mal remunerados, perpetuando el ciclo de la pobreza. El embarazo en la adolescencia aumenta, la educación sexual en las escuelas no llega a todas y los servicios de salud públicos aun no informan y atienden a las niñas y adolescentes, a pesar de las leyes que garantizan teóricamente estos derechos.

Otro ejemplo del recorte del respeto a los derechos humanos es la aprobación sin discusión del nuevo Código Civil y Comercial,  que rige nuestra vida y que nos afecta para bien o para mal a todos y todas. El Gobierno avanzó con mirada de corto plazo, con visión electoralista, sin tener presente que es una reforma que perdurará por muchos años y que cambia de manera radical muchos aspectos de la vida cotidiana de la ciudadanía. Por eso es condenable que, como en tantas otras oportunidades, luego de comenzar a discutir las modificaciones haciendo amplias convocatorias y consultas a dirigentes y organizaciones sociales muy diversos, luego el Poder Ejecutivo envió un nuevo texto  y lo impuso con su mayoría sin posibilidad de discutir. De esta manera, despreciaron el aporte hecho con mucho esfuerzo por personas de gran reconocimiento y experiencia junto a ciudadanos y ciudadanas que se ocuparon del tema.

Este nuevo código tiene aspectos sumamente polémicos e incongruencias, como el reconocimiento de la vida desde la concepción, eliminando el reconocimiento desde la anidación, generando vacios legales para los casos de fertilización asistida y en otros que crearan serias dificultades a la ciudadania. También en lo referido a la custodia parental, que pasa a ser  compartida y podría favorecer a los varones que se desentienden de  los hijos pero que ahora tendrían derechos sobre ellos en detrimento de la madre que asume la responsabilidad de cuidado y crianza. Se termina imponiendo un nuevo código con aspectos controvertidos respecto a la perspectiva de género y por tanto sin contribuir claramente a la igualdad, algo fundamental para la plana vigencia de los derechos humanos de las mujeres.

Esta es otra evidencia de que  este Gobierno tiene una política de Derechos Humanos recortada.

Planteada la Reforma, surgió la oportunidad de discutir algunos temas clave para la igualdad de mujeres y hombres. En el campo de los Derechos Humanos, la incorporación de la Convención de Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) era un objetivo claro de las mujeres, que junto a la Convención de los Derechos de niñas, niños y adolescentes (CDN) y otros tratados de Derechos Humanos, eran imprescindibles para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas. La aprobación por ley de estas Convenciones era así potenciada al darle rango constitucional.

Hubo un tema que nos unió a las mujeres de los partidos políticos y del movimiento de mujeres que fue la discusión del reconocimiento de la vida, en general, desde la concepción.

Recordemos que eran los años 90 en que el gobierno de Carlos Menem retrocedió en todo lo que se avanzó durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, respecto a los derechos reproductivos. Recordemos que en 1984 se realizó en México la Conferencia Internacional de Población y allí Argentina, junto a otros países tanto del Norte como del Sur, se enfrentaron al gobierno de los Estados Unidos, encabezado por George Bush, al defender el derecho de las personas a decidir respecto a su reproducción. En 1986 se consiguió derogar el decreto 659 de 1974, llamado López Rega, porque fue bajo su ministerio que se aprobó, y prohibía toda acción directa o indirecta de Planificación Familiar en los servicios públicos de salud y en los obras sociales. Esto provocó que en  los hospitales públicos se vieran restringidos y se dejaran de indicar métodos de anticoncepción, como “la píldora”, que habían sido incorporados a la salud pública por el gobierno de Arturo Illia.

La derogación del decreto 659 en 1986  fue un avance que permitió recuperar la investigación en reproducción humana en el país, que contaba con equipos de alta calidad pero funcionaba casi en la clandestinidad. Pero fundamentalmente permitió recuperar el funcionamiento de estos servicios en los hospitales públicos y en las obras sociales. En estas últimas, a partir de la derogación del decreto en 1986, se iniciaron algunos programas y se incorporó al Nomenclador de prestaciones médicas la colocación del DIU, algo que no figuraba y que favorecía que los médicos los colocaran en sus consultorios privados a precios de mercado. Con el cambio de gobierno en 1989, estos programas y actividades se suspendieron volviendo todo al punto inicial.

Por eso las organizaciones de mujeres, incluidas las de partidos políticos, estábamos atentas a que no se introdujera en la Constitución aspectos que afectaran la posibilidad de implementar programas de salud reproductiva que incluyen la Planificación Familiar, pero que son más amplios. La incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la Constitución fue un gran logro, ya que reconoce el comienzo de la vida, en general, desde el momento de la concepción. Sin embargo, los constituyentes discutían otro artículo sobre la maternidad y fue ante eso que el movimiento de mujeres nos movilizamos, participamos, nos expedimos y manifestamos ante el Constituyente expresando y fundamentando por qué debíamos asegurar la defensa de la vida de las mujeres. Fue así por la iniciativa de Raúl Alfonsín y otros constituyentes, que  se incorporó en el artículo 22 del Capítulo cuarto de la Segunda Parte Atribuciones de la Nación, junto a la aprobación de los tratados de Derechos Humanos, la atribución del Congreso de “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

Además, las mujeres apoyamos y acompañamos otras luchas. Fue también muy importante la incorporación, en el Capítulo de los “Nuevos derechos y garantías”, del artículo 37, que se refiere al ejercicio de los derechos políticos. Allí se incorporó “la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y partidarios, que se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.  Esto constituye la base para la sanción de la ley de cupo femenino para cargos electivos nacionales y también otras reformas sobre la representación de las mujeres en  los partidos políticos, garantizando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la participación política.

Las mujeres tenemos motivos adicionales al resto de la sociedad para celebrar la Reforma de la Constitución, por eso no podemos dejar pasar esta fecha para festejarla y también para reclamar su vigencia, algo que en estos tiempos se ha descuidado. Para que la Igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad debemos insistir en recordar y cumplir la Constitución, no nos olvidemos.

Sin embargo, una vez más, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri puede sugerir unificar las elecciones de la Ciudad con las nacionales  porque eso es lo que le conviene para sus fines electorales. 

En marzo de 2009, al fijar los comicios para el 28 de junio de ese año, Macri resaltó la importancia de convocar a elecciones desdobladas con el argumento de que ”la Ciudad necesita un debate propio, que refuerce la autonomía y que nos permita tener un escenario que no comparta la elección nacional, donde la agenda es otra”. Incluso al anunciar la fecha  pidió a sus diputados extremar los tiempos para la sanción de una ley de boleta única para ser aplicada ya en esas elecciones. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Qué cambio para que ahora Macri prefiera no discutir sobre los temas de la Ciudad y que el debate se centre en lo nacional? Le teme al debate de las cuestiones locales porque ponen en evidencia los problemas de su gestión?  ¿Ya no le es funcional la boleta única y por eso tiene trabada la reglamentación de la ley respectiva?

Por el otro lado, en el  2013, cuando convoco a las elecciones conjuntas de Ciudad con las nacionales, lo hizo amparándose en la Ley 15.262, de 1959, que claramente está en contra del espíritu de la Constitución y la legislación porteña, que además son mucho más modernas, y sobre todo son posteriores a la Constitución del 94 que determinó la autonomía porteña y que inicio a todo un nuevo andamiaje legal para nuestra Ciudad. Pero Macri prefirió convocar a elecciones conjuntas para evitar el impacto de su gestión en las elecciones, refugiándose en la disputa de los cargos de senadores y diputados nacionales. Por entonces los vecinos teníamos muy fresco el recuerdo de las consecuencias del diluvio de comienzos de abril y la débil respuesta del jefe de Gobierno.

Por eso las interpretaciones forzadas de  la ley,  ”adecuándola a su conveniencia”, lo lleva a infringir la Constitución y las normas de la Ciudad para  intentar sacar algún beneficio pensando que su candidatura a Presidente pueda arrastrar votos a los candidatos a jefe/a de gobierno y legisladores. Para eso parece que Mauricio Macri promoverá un cambio de legislación, ya que intercambia votos con el bloque del Frente para la Victoria, que es su socio en tantos negocios, políticos e inmobiliarios, y a quien también le conviene una elección conjunta. Para ambos bloques legislativos, pero sobre todo ambos líderes partidarios, lo que sea mejor para la Ciudad pasa a segundo término, algo que nos está dejando a los vecinos atrapados en los intereses del gobierno de la Ciudad y el Nacional.

¿Qué pasó en estos 30 años de democracia para que ir a votar suene más a una carga que a una conquista? ¿Por qué algunos argumentan contra las elecciones unificadas, señalando que  se podría llegar a tener que votar seis veces el año próximo –incluyendo las PASO y segunda vuelta tanto para Jefe de Gobierno como para Presidente.

Toda esta discusión debería estar ya claramente saldada, sobre todo dentro de la dirigencia política porteña –al menos los que se precian de defender e impulsar nuestra Ciudad y su autonomía-, pero el oportunismo político lo trae a la luz cada dos años. Desdoblar las elecciones, que es claramente el espíritu de la Constitución y la legislación de la Ciudad, es la única manera de garantizar un debate serio sobre los problemas –y también los logros, si los hay- de la gestión de Gobierno, la única manera de hacer propuestas concretas y que los vecinos puedan elegir con verdadera información y conocimiento. Quienes proponen lo contrario, claramente huyen del debate local y buscan esconderse detrás de cualquier otra confrontación que aleje la discusión de la Ciudad de Buenos Aires.

Los vecinos de la ciudad estamos sufriendo aumentos de impuestos que no redundan en beneficio para los ciudadanos, deterioro de nuestros hospitales y falta de insumos, chicos sin poder matricularse por falta de aulas en preescolar y primaria, atentados a nuestros valores y nuestro patrimonio cultural como el desmantelamiento y destrucción del monumento a Colón. Es tiempo de recuperar la ciudad para el bienestar de quienes aquí vivimos y quienes aquí trabajan. No más acuerdos espurios entre el gobierno nacional y Macri.