En noviembre del 2012, una semana antes de la publicación de mi libro, Sergio Schoklender se ofuscó cuando le pregunté por las tasas de retorno que se pagaban a funcionarios nacionales y provinciales para realizar las obras y esquivar los controles correspondientes. “No le saqué un peso a nadie” me dijo en la puerta del juzgado de Norberto Oyarbide, en la época en que el polémico juez estaba a cargo de la investigación. La información fue chequeada por dos fuentes dentro de la Fundación, por un arquitecto que se desempeñaba en el Chaco y, meses después, por uno de los implicados que me contó, con lujo de detalles, cómo era el manejo de dinero. Desde ya, Hebe de Bonafini autorizaba los pagos, Sergio “arreglaba” y los funcionarios recibían. Sueños Compartidos era una pantalla ideal para publicitar la gestión del gobierno nacional. Todos ganaban. Cristina construía casas con las Madres de Plaza de Mayo, símbolo de la resistencia a la última dictadura militar y al menemismo. Bonafini sentía que influía en el poder y Sergio Schoklender hacía sus propios negocios privados a través de su empresa constructora Meldorek. Los gobernadores e intendentes como Sergio Massa, Alejandro Granados y Darío Giustozzi, recibían a la Fundación con los brazos abiertos. Tenían la prensa asegurada a través de la consultora de Doris Capurro, otra socia clave en la ensalada de fondos públicos manejados como si fuesen privados. Jorge Milton Capitanich fue más allá y firmó más convenios que ningún otro gobernador para estar bien con la Casa Rosada. Los empresarios constructores chaqueños denunciaron que la competencia era desleal y que no había controles. Las advertencias fueron desoídas.

La Auditoría General de la Nación demostró lo que publiqué en noviembre del 2012 pero se quedó corta. Sólo el 30% de las viviendas prometidas se terminaron. La adjudicación de viviendas se manejó de forma discrecional, se desviaron fondos públicos, no hubo control estatal y existió corrupción. El punto que el organismo de control comandado por Leandro Despouy no incursionó pues, el informe se basó fundamentalmente en el programa Sueños Compartidos, fue en el manejo de la Fundación como una caja política. “Nosotros pagamos y financiamos más actos que La Cámpora y el Movimiento Evita juntos”, me explicó uno de los tesoreros despedidos por Bonafini en uno de sus últimos ataques de ira. “De acá salió la plata para pagar campañas políticas como la frustrada de Abel Fatala -funcionario del Ministerio de Planificación, Amado Boudou e incluso la presentación de un libro de gestión del gobernador del Chaco en la Feria del Libro” prosiguió la fuente que teme por su vida. No exagero. Fue testigo de valijas voladoras y diálogos increíbles entre funcionarios, la Madre y gobernadores. Es la historia que Jorge Milton Capitanich prefiere no contar mientras que se enoja con el informe de la AGN.

En medio de la tragedia, el escándalo con el vicepresidente Amado Boudou y nuevos cortocircuitos políticos entre parte del peronismo y Casa Rosada, Jorge Capitanich instaló un tema de agenda por varios días: el cambio en las transmisiones de Fútbol Para Todos. Los que secuestraron los goles, volverían a relatarlos, comentarlos y producirlos. Víctor Hugo Morales se comía un sapo y el relato de la maravillosa juventud camporista, crujía. El jueves por la noche, en una entrevista radial por FM Identidad, Alejandro Apo no se daba por muerto. La tarde de ese 6 de febrero, Hebe de Bonafini, le había marcado la cancha a Marcelo Hugo Tinelli: el fútbol es para hacer política, no plata. Según la Madre así les había enseñado el ex presidente, Néstor Kirchner. No tengo dudas que así era. Sólo los estúpidos, los inocentes y los cooptados –económica o simbólicamente- podían creer que el gobierno cambiaría. La bajada de línea política partidaria debía continuar y los periodistas “militantes” tenían que permanecer. Cristina levantó un teléfono, el segundo del día pues antes había llamado a una mujer que se quejaba de los aumentos de precios, y dio la orden. Chau cabezón.

La Argentina se ha vuelto un país sin códigos. No se respetan los convenios, los contratos y la palabra no tiene valor. ¿Qué podían esperar periodistas como Juan Pablo Varsky o Mariano Closs, que se juntaron de buena fe con integrantes del gobierno nacional para coordinar su desembarco en Fútbol Para Todos, de un gobierno que hace y deshace a su antojo? El cinismo gobernante es tal que, es posible imaginar, que el gobierno dejó hacer, distrajo a la opinión pública para terminar politizando, aún más, la pelota de fútbol. Ahora está claro. Lo blanqueó con la honestidad brutal que la caracteriza Hebe de Bonafini. El símbolo de una persona sin códigos. La mujer que criticó a los vecinos que no tenían luz cuando su fundación jamás pagó la luz. Ahora, el vicepresidente de la Nación pide que se apiaden de él pues si no canta. ¿Tendrán códigos con Amado o será otra cortina de humo para ilusionar a parte de una sociedad harta de la corrupción? Al Capone se asustaría de la falta de códigos de estos “buenos muchachos” que nos gobiernan.

En aquel entonces, José Pablo Feinmann dijo que “había que adueñarse del Papa” y por ello había que peronizarlo. Las críticas contra la Iglesia se apagaron. Internamente, entre militantes de La Cámpora y otras agrupaciones se preguntaron cómo justificaría el pensamiento seissieteochista que nuestro país pudiese engendrar un Papa de derecha, que viaja en subte todos los días, es honesto y ayuda a los pobres mientras que la presidenta sea de “izquierda”, pero en su vida se subió a un transporte público y no puede justificar su patrimonio. Raro, ¿no? ¿Cómo seguir poniendo del lado de los malos a un tipo que, de repente, todos querían y se había convertido en intocable? Había que reconvertirlo en santo, a pesar de que antes se lo consideraba un demonio. En ese sentido, la mujer que tomó la Catedral en 2008 cuando Bergoglio era cardenal y apoyó las pintadas contra las autoridades eclesiásticas, salió a defender la misa interreligiosa ideada por Francisco. Está claro: para los ideólogos del gobierno, Francisco nació de un taper y su pasado no guarda relación con el del terrenal Jorge Bergoglio.

Pero Hebe fue más allá. Durante el alfonsinismo se opuso a la creación de la CONADEP, no quiso que ningún representante de las Madres de Plaza de Mayo formase parte de los grupos que trabajaban en la investigación sobre el paradero de los desaparecidos pues pedía la aparición con vida de los hijos, algo que, 37 años después, se ha vuelto un capricho que roza el ridículo. Hoy, festeja junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, la aparición de documentación que incluye listados sobre las listas negras diseñadas durante la dictadura a políticos, músicos, artistas y referentes sociales. ¡Ahora descubrimos que a la Negra Sosa la perseguían los militares! Chocolate por la noticia. Clarín comprobó que esa información, publicada por ese matutino, ya se conocía desde mediados de los noventa. Para Hebe, en cambio, el descubrimiento tiene valor según quién lo haga. Ayer, en la Plaza, acusó al partido radical de antidemocrático: “los radicales que se juntan para discutir. Yo quisiera saber qué van a discutir, porque la verdad es que lo que han hecho hasta ahora son todas cagadas, así que no sé lo que van a discutir. Cuando gobernaron fueron un desastre, estaría bueno que hagan alianzas, que se vinieran para el lado de la democracia, porque todos los otros son antidemocráticos, porque están peleando en contra de lo que todos nosotros queremos hacer por la democracia. Si es la Ley de Medios, están en contra; si es la Ley de aborto, están en contra, de todo están en contra. Ellos no están con la democracia, ellos son antidemocráticos, siempre estuvieron al lado de los milicos”.

Como frutilla del postre, la Madre anunció que el próximo 28 de noviembre organizarán un recital en el que le entregarán el pañuelo blanco a Aníbal Fernández porque “es un genio, es un político de fuste, es honesto, tiene un presente y un pasado bárbaro”. Por último, le dio señales a Cristina de que Aníbal debería tener un lugar más importante en su gobierno: “Es un soldado de este kirchnerismo, que da gusto estar con él, hablar con él. Merecería estar en otro lugar pero bueno, él como un soldado está en donde lo ponen y eso es lo que tenemos que hacer los soldados, estar en donde nos pongan”.

Fernández jugó un rol fundamental para que Bonafini zafase de la investigación judicial en la que estaba involucrada seriamente. El 1º de noviembre, el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich la sobreseyó “totalmente” en la causa en la que estaba acusada de haber dado la orden de no pagar una serie de cheques emitidos para la compra de un camión y equipos de calefacción. El juez calificó a la decisión de la Madre de “error” técnico y justificó el freno del pago de los cheques, legalmente emitidos, basándose en un peritaje grafológico que arrojó dudas sobre quién había rubricado las ordenes de pago. Lo increíble es que las personas que la Justicia dice que sus firmas fueron adulteradas admiten, periodísticamente, haber firmado los cheques. Claro está que no criticarán “el descubrimiento” de los peritos pues la decisión le conviene a todos excepto a los estafados, que aún se preguntan quién se hará responsable de la deuda. Para Meirovich, los empresarios “sufrieron un perjuicio que ahora deberá investigar otro juez” pues él se declaró incompetente en razón de la naturaleza del delito.

Un mes atrás, el menor de los Schoklender suponía que las cartas estaban echadas y que, luego de la feria judicial, tendría motivos
para festejar. Así fue. Ahora bien, ¿el gobierno nacional tiene motivos para también hacerlo? Por ahora sí, el tiempo dirá si es
definitivo. Con la medida de la Cámara, en parte, hoy por hoy, todos ganaron, menos los denunciantes y los estafados.

El 25 de mayo del 2011 estalló el escándalo luego de una pelea en la vía pública de los hermanos Schoklender. En un primer momento, funcionarios del gobierno nacional callaron sobre las cuestiones de fondo. Sólo dijeron que se trataba de un problema interno de una fundación que no tenía relación con ellos. Sergio Schoklender cometió el imperdonable pecado de hablar a la prensa con el logo del Grupo Clarín detrás. Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, luego de asesorarse jurídicamente con Aníbal Fernández y de reunirse con altos funcionarios en Casa Rosada, salió a atacar a su hijo putativo.

Una semana después, echó a su hermano de la fundación y a todo su círculo de confianza. Al frente de la fundación quedó un abogado cercano a ellos como Hugo Gallardo. Tampoco duró mucho tiempo. La purga parecía no tener fin. Las obras de Sueños Compartidos se paralizaron. Algunos municipios, en medio de tomas y conflictos con los trabajadores, decidieron continuarlas por decisión de sus intendentes. En el Chaco, Jorge Capitanich, fue un pionero en ese sentido, y distribuyó los obradores entre sus funcionarios más cercanos y empresas privadas cercanas a su gobierno. El Movimiento Evita de Emilio Pérsico duró menos de lo que canta un gallo en el manejo de los obradores más importantes de la Capital Federal que actualmente están parados. La fundación la terminó manejando un socio del vicepresidente Amado Boudou, el contador Roberto “el gordo” Aybar Domínguez.

Oyarbide, mientras tanto, aceptó como querellante a la Fundación y la Unidad de Información Financiera que había cajoneado las operaciones sospechosas de Sergio y Pablo Schoklender denunciadas por las ex diputadas de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro y Elsa Quiroz, a mediados del 2010. La hija de Bonafini también era apartada de la causa, a pesar de que durante su gestión se habrían desviado fondos y que no podía justificar su incremento patrimonial. La pata política de la investigación judicial, a cargo de Martínez Di Giorgi, dormía. Oyarbide encarceló y liberó a los hermanos y al contador Gotkin en dos oportunidades, según las necesidades del gobierno nacional para ganar la tapa de los diarios. Sergio Schoklender les tiró por la cabeza sus denuncias sobre los privilegios de los presos militantes del “Vatayón Militante” que tenían en el penal de Ezeiza.

La causa se enfrío. El 1 de febrero del 2013 declaré como testigo en el juzgado de Oyarbide. Sus preguntas fueron risueñas dado el
prolongado tiempo de supuesta investigación. Por otra parte, 66 personas, muchas de ellas, perejiles, estaban en el limbo jurídico,
con sus cuentas y bienes embargados. Allí estaba una ex secretaria de Meldorek de 20 años que había hecho tres trámites administrativos girando dinero por orden de sus jefes o personal del colegio Jean Piaget que cumplía las órdenes de su directora administrativa, la hija de la consultora preferida del gobierno, Doris Capurro, señalada por Sergio Schoklender de que estaba negociando con él, asociarse a Meldorek en un pequeño porcentaje, en el momento en que estalló el escándalo.

Sergio y Pablo coinciden en que el manejo del dinero se dio en un orden privado y que, en todo caso, la responsabilidad mayor era de su titular, Hebe de Bonafini. El gobierno salvó, por todos los medios, la figura de la Madre de Plaza de Mayo. La cámara destruyó la
investigación de Oyarbide pues, efectivamente, estuvo mal encarada. Es que el juez federal sabe que, si lo hacía correctamente, gran parte del gobierno nacional debería dar explicaciones. La responsabilidad política de que las obras no se hayan concluido y que exista un faltante de dinero fue y es del Ministerio de Planificación Federal, gobernadores, intendentes y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Oyarbide hizo las cosas bien. Paró la pelota, fiel a su estilo, y enfrío, lo más que pudo, el escándalo. A pesar de todo, los denunciantes afirman que la lucha recién empieza y que el caso no quedará impune. La pregunta que permanece en el aire es, ¿qué dirá la Presidenta del desprocesamiento de los hermanos Schoklender cuando a Sergio lo prejuzgó, en cadena nacional, afirmando que era el único universitario reincidente que entró y salió de las cárceles? Pablo Schoklender sentencia: “Quiero mi resarcimiento económico y voy por Oyarbide”.