En noviembre del 2012, una semana antes de la publicación de mi libro, Sergio Schoklender se ofuscó cuando le pregunté por las tasas de retorno que se pagaban a funcionarios nacionales y provinciales para realizar las obras y esquivar los controles correspondientes. “No le saqué un peso a nadie” me dijo en la puerta del juzgado de Norberto Oyarbide, en la época en que el polémico juez estaba a cargo de la investigación. La información fue chequeada por dos fuentes dentro de la Fundación, por un arquitecto que se desempeñaba en el Chaco y, meses después, por uno de los implicados que me contó, con lujo de detalles, cómo era el manejo de dinero. Desde ya, Hebe de Bonafini autorizaba los pagos, Sergio “arreglaba” y los funcionarios recibían. Sueños Compartidos era una pantalla ideal para publicitar la gestión del gobierno nacional. Todos ganaban. Cristina construía casas con las Madres de Plaza de Mayo, símbolo de la resistencia a la última dictadura militar y al menemismo. Bonafini sentía que influía en el poder y Sergio Schoklender hacía sus propios negocios privados a través de su empresa constructora Meldorek. Los gobernadores e intendentes como Sergio Massa, Alejandro Granados y Darío Giustozzi, recibían a la Fundación con los brazos abiertos. Tenían la prensa asegurada a través de la consultora de Doris Capurro, otra socia clave en la ensalada de fondos públicos manejados como si fuesen privados. Jorge Milton Capitanich fue más allá y firmó más convenios que ningún otro gobernador para estar bien con la Casa Rosada. Los empresarios constructores chaqueños denunciaron que la competencia era desleal y que no había controles. Las advertencias fueron desoídas.

La Auditoría General de la Nación demostró lo que publiqué en noviembre del 2012 pero se quedó corta. Sólo el 30% de las viviendas prometidas se terminaron. La adjudicación de viviendas se manejó de forma discrecional, se desviaron fondos públicos, no hubo control estatal y existió corrupción. El punto que el organismo de control comandado por Leandro Despouy no incursionó pues, el informe se basó fundamentalmente en el programa Sueños Compartidos, fue en el manejo de la Fundación como una caja política. “Nosotros pagamos y financiamos más actos que La Cámpora y el Movimiento Evita juntos”, me explicó uno de los tesoreros despedidos por Bonafini en uno de sus últimos ataques de ira. “De acá salió la plata para pagar campañas políticas como la frustrada de Abel Fatala -funcionario del Ministerio de Planificación, Amado Boudou e incluso la presentación de un libro de gestión del gobernador del Chaco en la Feria del Libro” prosiguió la fuente que teme por su vida. No exagero. Fue testigo de valijas voladoras y diálogos increíbles entre funcionarios, la Madre y gobernadores. Es la historia que Jorge Milton Capitanich prefiere no contar mientras que se enoja con el informe de la AGN.

Un mes atrás, el menor de los Schoklender suponía que las cartas estaban echadas y que, luego de la feria judicial, tendría motivos
para festejar. Así fue. Ahora bien, ¿el gobierno nacional tiene motivos para también hacerlo? Por ahora sí, el tiempo dirá si es
definitivo. Con la medida de la Cámara, en parte, hoy por hoy, todos ganaron, menos los denunciantes y los estafados.

El 25 de mayo del 2011 estalló el escándalo luego de una pelea en la vía pública de los hermanos Schoklender. En un primer momento, funcionarios del gobierno nacional callaron sobre las cuestiones de fondo. Sólo dijeron que se trataba de un problema interno de una fundación que no tenía relación con ellos. Sergio Schoklender cometió el imperdonable pecado de hablar a la prensa con el logo del Grupo Clarín detrás. Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, luego de asesorarse jurídicamente con Aníbal Fernández y de reunirse con altos funcionarios en Casa Rosada, salió a atacar a su hijo putativo.

Una semana después, echó a su hermano de la fundación y a todo su círculo de confianza. Al frente de la fundación quedó un abogado cercano a ellos como Hugo Gallardo. Tampoco duró mucho tiempo. La purga parecía no tener fin. Las obras de Sueños Compartidos se paralizaron. Algunos municipios, en medio de tomas y conflictos con los trabajadores, decidieron continuarlas por decisión de sus intendentes. En el Chaco, Jorge Capitanich, fue un pionero en ese sentido, y distribuyó los obradores entre sus funcionarios más cercanos y empresas privadas cercanas a su gobierno. El Movimiento Evita de Emilio Pérsico duró menos de lo que canta un gallo en el manejo de los obradores más importantes de la Capital Federal que actualmente están parados. La fundación la terminó manejando un socio del vicepresidente Amado Boudou, el contador Roberto “el gordo” Aybar Domínguez.

Oyarbide, mientras tanto, aceptó como querellante a la Fundación y la Unidad de Información Financiera que había cajoneado las operaciones sospechosas de Sergio y Pablo Schoklender denunciadas por las ex diputadas de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro y Elsa Quiroz, a mediados del 2010. La hija de Bonafini también era apartada de la causa, a pesar de que durante su gestión se habrían desviado fondos y que no podía justificar su incremento patrimonial. La pata política de la investigación judicial, a cargo de Martínez Di Giorgi, dormía. Oyarbide encarceló y liberó a los hermanos y al contador Gotkin en dos oportunidades, según las necesidades del gobierno nacional para ganar la tapa de los diarios. Sergio Schoklender les tiró por la cabeza sus denuncias sobre los privilegios de los presos militantes del “Vatayón Militante” que tenían en el penal de Ezeiza.

La causa se enfrío. El 1 de febrero del 2013 declaré como testigo en el juzgado de Oyarbide. Sus preguntas fueron risueñas dado el
prolongado tiempo de supuesta investigación. Por otra parte, 66 personas, muchas de ellas, perejiles, estaban en el limbo jurídico,
con sus cuentas y bienes embargados. Allí estaba una ex secretaria de Meldorek de 20 años que había hecho tres trámites administrativos girando dinero por orden de sus jefes o personal del colegio Jean Piaget que cumplía las órdenes de su directora administrativa, la hija de la consultora preferida del gobierno, Doris Capurro, señalada por Sergio Schoklender de que estaba negociando con él, asociarse a Meldorek en un pequeño porcentaje, en el momento en que estalló el escándalo.

Sergio y Pablo coinciden en que el manejo del dinero se dio en un orden privado y que, en todo caso, la responsabilidad mayor era de su titular, Hebe de Bonafini. El gobierno salvó, por todos los medios, la figura de la Madre de Plaza de Mayo. La cámara destruyó la
investigación de Oyarbide pues, efectivamente, estuvo mal encarada. Es que el juez federal sabe que, si lo hacía correctamente, gran parte del gobierno nacional debería dar explicaciones. La responsabilidad política de que las obras no se hayan concluido y que exista un faltante de dinero fue y es del Ministerio de Planificación Federal, gobernadores, intendentes y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Oyarbide hizo las cosas bien. Paró la pelota, fiel a su estilo, y enfrío, lo más que pudo, el escándalo. A pesar de todo, los denunciantes afirman que la lucha recién empieza y que el caso no quedará impune. La pregunta que permanece en el aire es, ¿qué dirá la Presidenta del desprocesamiento de los hermanos Schoklender cuando a Sergio lo prejuzgó, en cadena nacional, afirmando que era el único universitario reincidente que entró y salió de las cárceles? Pablo Schoklender sentencia: “Quiero mi resarcimiento económico y voy por Oyarbide”.