En aquel entonces, José Pablo Feinmann dijo que “había que adueñarse del Papa” y por ello había que peronizarlo. Las críticas contra la Iglesia se apagaron. Internamente, entre militantes de La Cámpora y otras agrupaciones se preguntaron cómo justificaría el pensamiento seissieteochista que nuestro país pudiese engendrar un Papa de derecha, que viaja en subte todos los días, es honesto y ayuda a los pobres mientras que la presidenta sea de “izquierda”, pero en su vida se subió a un transporte público y no puede justificar su patrimonio. Raro, ¿no? ¿Cómo seguir poniendo del lado de los malos a un tipo que, de repente, todos querían y se había convertido en intocable? Había que reconvertirlo en santo, a pesar de que antes se lo consideraba un demonio. En ese sentido, la mujer que tomó la Catedral en 2008 cuando Bergoglio era cardenal y apoyó las pintadas contra las autoridades eclesiásticas, salió a defender la misa interreligiosa ideada por Francisco. Está claro: para los ideólogos del gobierno, Francisco nació de un taper y su pasado no guarda relación con el del terrenal Jorge Bergoglio.

Pero Hebe fue más allá. Durante el alfonsinismo se opuso a la creación de la CONADEP, no quiso que ningún representante de las Madres de Plaza de Mayo formase parte de los grupos que trabajaban en la investigación sobre el paradero de los desaparecidos pues pedía la aparición con vida de los hijos, algo que, 37 años después, se ha vuelto un capricho que roza el ridículo. Hoy, festeja junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, la aparición de documentación que incluye listados sobre las listas negras diseñadas durante la dictadura a políticos, músicos, artistas y referentes sociales. ¡Ahora descubrimos que a la Negra Sosa la perseguían los militares! Chocolate por la noticia. Clarín comprobó que esa información, publicada por ese matutino, ya se conocía desde mediados de los noventa. Para Hebe, en cambio, el descubrimiento tiene valor según quién lo haga. Ayer, en la Plaza, acusó al partido radical de antidemocrático: “los radicales que se juntan para discutir. Yo quisiera saber qué van a discutir, porque la verdad es que lo que han hecho hasta ahora son todas cagadas, así que no sé lo que van a discutir. Cuando gobernaron fueron un desastre, estaría bueno que hagan alianzas, que se vinieran para el lado de la democracia, porque todos los otros son antidemocráticos, porque están peleando en contra de lo que todos nosotros queremos hacer por la democracia. Si es la Ley de Medios, están en contra; si es la Ley de aborto, están en contra, de todo están en contra. Ellos no están con la democracia, ellos son antidemocráticos, siempre estuvieron al lado de los milicos”.

Como frutilla del postre, la Madre anunció que el próximo 28 de noviembre organizarán un recital en el que le entregarán el pañuelo blanco a Aníbal Fernández porque “es un genio, es un político de fuste, es honesto, tiene un presente y un pasado bárbaro”. Por último, le dio señales a Cristina de que Aníbal debería tener un lugar más importante en su gobierno: “Es un soldado de este kirchnerismo, que da gusto estar con él, hablar con él. Merecería estar en otro lugar pero bueno, él como un soldado está en donde lo ponen y eso es lo que tenemos que hacer los soldados, estar en donde nos pongan”.

Fernández jugó un rol fundamental para que Bonafini zafase de la investigación judicial en la que estaba involucrada seriamente. El 1º de noviembre, el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich la sobreseyó “totalmente” en la causa en la que estaba acusada de haber dado la orden de no pagar una serie de cheques emitidos para la compra de un camión y equipos de calefacción. El juez calificó a la decisión de la Madre de “error” técnico y justificó el freno del pago de los cheques, legalmente emitidos, basándose en un peritaje grafológico que arrojó dudas sobre quién había rubricado las ordenes de pago. Lo increíble es que las personas que la Justicia dice que sus firmas fueron adulteradas admiten, periodísticamente, haber firmado los cheques. Claro está que no criticarán “el descubrimiento” de los peritos pues la decisión le conviene a todos excepto a los estafados, que aún se preguntan quién se hará responsable de la deuda. Para Meirovich, los empresarios “sufrieron un perjuicio que ahora deberá investigar otro juez” pues él se declaró incompetente en razón de la naturaleza del delito.

Un mes atrás, el menor de los Schoklender suponía que las cartas estaban echadas y que, luego de la feria judicial, tendría motivos
para festejar. Así fue. Ahora bien, ¿el gobierno nacional tiene motivos para también hacerlo? Por ahora sí, el tiempo dirá si es
definitivo. Con la medida de la Cámara, en parte, hoy por hoy, todos ganaron, menos los denunciantes y los estafados.

El 25 de mayo del 2011 estalló el escándalo luego de una pelea en la vía pública de los hermanos Schoklender. En un primer momento, funcionarios del gobierno nacional callaron sobre las cuestiones de fondo. Sólo dijeron que se trataba de un problema interno de una fundación que no tenía relación con ellos. Sergio Schoklender cometió el imperdonable pecado de hablar a la prensa con el logo del Grupo Clarín detrás. Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, luego de asesorarse jurídicamente con Aníbal Fernández y de reunirse con altos funcionarios en Casa Rosada, salió a atacar a su hijo putativo.

Una semana después, echó a su hermano de la fundación y a todo su círculo de confianza. Al frente de la fundación quedó un abogado cercano a ellos como Hugo Gallardo. Tampoco duró mucho tiempo. La purga parecía no tener fin. Las obras de Sueños Compartidos se paralizaron. Algunos municipios, en medio de tomas y conflictos con los trabajadores, decidieron continuarlas por decisión de sus intendentes. En el Chaco, Jorge Capitanich, fue un pionero en ese sentido, y distribuyó los obradores entre sus funcionarios más cercanos y empresas privadas cercanas a su gobierno. El Movimiento Evita de Emilio Pérsico duró menos de lo que canta un gallo en el manejo de los obradores más importantes de la Capital Federal que actualmente están parados. La fundación la terminó manejando un socio del vicepresidente Amado Boudou, el contador Roberto “el gordo” Aybar Domínguez.

Oyarbide, mientras tanto, aceptó como querellante a la Fundación y la Unidad de Información Financiera que había cajoneado las operaciones sospechosas de Sergio y Pablo Schoklender denunciadas por las ex diputadas de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro y Elsa Quiroz, a mediados del 2010. La hija de Bonafini también era apartada de la causa, a pesar de que durante su gestión se habrían desviado fondos y que no podía justificar su incremento patrimonial. La pata política de la investigación judicial, a cargo de Martínez Di Giorgi, dormía. Oyarbide encarceló y liberó a los hermanos y al contador Gotkin en dos oportunidades, según las necesidades del gobierno nacional para ganar la tapa de los diarios. Sergio Schoklender les tiró por la cabeza sus denuncias sobre los privilegios de los presos militantes del “Vatayón Militante” que tenían en el penal de Ezeiza.

La causa se enfrío. El 1 de febrero del 2013 declaré como testigo en el juzgado de Oyarbide. Sus preguntas fueron risueñas dado el
prolongado tiempo de supuesta investigación. Por otra parte, 66 personas, muchas de ellas, perejiles, estaban en el limbo jurídico,
con sus cuentas y bienes embargados. Allí estaba una ex secretaria de Meldorek de 20 años que había hecho tres trámites administrativos girando dinero por orden de sus jefes o personal del colegio Jean Piaget que cumplía las órdenes de su directora administrativa, la hija de la consultora preferida del gobierno, Doris Capurro, señalada por Sergio Schoklender de que estaba negociando con él, asociarse a Meldorek en un pequeño porcentaje, en el momento en que estalló el escándalo.

Sergio y Pablo coinciden en que el manejo del dinero se dio en un orden privado y que, en todo caso, la responsabilidad mayor era de su titular, Hebe de Bonafini. El gobierno salvó, por todos los medios, la figura de la Madre de Plaza de Mayo. La cámara destruyó la
investigación de Oyarbide pues, efectivamente, estuvo mal encarada. Es que el juez federal sabe que, si lo hacía correctamente, gran parte del gobierno nacional debería dar explicaciones. La responsabilidad política de que las obras no se hayan concluido y que exista un faltante de dinero fue y es del Ministerio de Planificación Federal, gobernadores, intendentes y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Oyarbide hizo las cosas bien. Paró la pelota, fiel a su estilo, y enfrío, lo más que pudo, el escándalo. A pesar de todo, los denunciantes afirman que la lucha recién empieza y que el caso no quedará impune. La pregunta que permanece en el aire es, ¿qué dirá la Presidenta del desprocesamiento de los hermanos Schoklender cuando a Sergio lo prejuzgó, en cadena nacional, afirmando que era el único universitario reincidente que entró y salió de las cárceles? Pablo Schoklender sentencia: “Quiero mi resarcimiento económico y voy por Oyarbide”.