En noviembre del 2012, una semana antes de la publicación de mi libro, Sergio Schoklender se ofuscó cuando le pregunté por las tasas de retorno que se pagaban a funcionarios nacionales y provinciales para realizar las obras y esquivar los controles correspondientes. “No le saqué un peso a nadie” me dijo en la puerta del juzgado de Norberto Oyarbide, en la época en que el polémico juez estaba a cargo de la investigación. La información fue chequeada por dos fuentes dentro de la Fundación, por un arquitecto que se desempeñaba en el Chaco y, meses después, por uno de los implicados que me contó, con lujo de detalles, cómo era el manejo de dinero. Desde ya, Hebe de Bonafini autorizaba los pagos, Sergio “arreglaba” y los funcionarios recibían. Sueños Compartidos era una pantalla ideal para publicitar la gestión del gobierno nacional. Todos ganaban. Cristina construía casas con las Madres de Plaza de Mayo, símbolo de la resistencia a la última dictadura militar y al menemismo. Bonafini sentía que influía en el poder y Sergio Schoklender hacía sus propios negocios privados a través de su empresa constructora Meldorek. Los gobernadores e intendentes como Sergio Massa, Alejandro Granados y Darío Giustozzi, recibían a la Fundación con los brazos abiertos. Tenían la prensa asegurada a través de la consultora de Doris Capurro, otra socia clave en la ensalada de fondos públicos manejados como si fuesen privados. Jorge Milton Capitanich fue más allá y firmó más convenios que ningún otro gobernador para estar bien con la Casa Rosada. Los empresarios constructores chaqueños denunciaron que la competencia era desleal y que no había controles. Las advertencias fueron desoídas.

La Auditoría General de la Nación demostró lo que publiqué en noviembre del 2012 pero se quedó corta. Sólo el 30% de las viviendas prometidas se terminaron. La adjudicación de viviendas se manejó de forma discrecional, se desviaron fondos públicos, no hubo control estatal y existió corrupción. El punto que el organismo de control comandado por Leandro Despouy no incursionó pues, el informe se basó fundamentalmente en el programa Sueños Compartidos, fue en el manejo de la Fundación como una caja política. “Nosotros pagamos y financiamos más actos que La Cámpora y el Movimiento Evita juntos”, me explicó uno de los tesoreros despedidos por Bonafini en uno de sus últimos ataques de ira. “De acá salió la plata para pagar campañas políticas como la frustrada de Abel Fatala -funcionario del Ministerio de Planificación, Amado Boudou e incluso la presentación de un libro de gestión del gobernador del Chaco en la Feria del Libro” prosiguió la fuente que teme por su vida. No exagero. Fue testigo de valijas voladoras y diálogos increíbles entre funcionarios, la Madre y gobernadores. Es la historia que Jorge Milton Capitanich prefiere no contar mientras que se enoja con el informe de la AGN.

En medio de la tragedia, el escándalo con el vicepresidente Amado Boudou y nuevos cortocircuitos políticos entre parte del peronismo y Casa Rosada, Jorge Capitanich instaló un tema de agenda por varios días: el cambio en las transmisiones de Fútbol Para Todos. Los que secuestraron los goles, volverían a relatarlos, comentarlos y producirlos. Víctor Hugo Morales se comía un sapo y el relato de la maravillosa juventud camporista, crujía. El jueves por la noche, en una entrevista radial por FM Identidad, Alejandro Apo no se daba por muerto. La tarde de ese 6 de febrero, Hebe de Bonafini, le había marcado la cancha a Marcelo Hugo Tinelli: el fútbol es para hacer política, no plata. Según la Madre así les había enseñado el ex presidente, Néstor Kirchner. No tengo dudas que así era. Sólo los estúpidos, los inocentes y los cooptados –económica o simbólicamente- podían creer que el gobierno cambiaría. La bajada de línea política partidaria debía continuar y los periodistas “militantes” tenían que permanecer. Cristina levantó un teléfono, el segundo del día pues antes había llamado a una mujer que se quejaba de los aumentos de precios, y dio la orden. Chau cabezón.

La Argentina se ha vuelto un país sin códigos. No se respetan los convenios, los contratos y la palabra no tiene valor. ¿Qué podían esperar periodistas como Juan Pablo Varsky o Mariano Closs, que se juntaron de buena fe con integrantes del gobierno nacional para coordinar su desembarco en Fútbol Para Todos, de un gobierno que hace y deshace a su antojo? El cinismo gobernante es tal que, es posible imaginar, que el gobierno dejó hacer, distrajo a la opinión pública para terminar politizando, aún más, la pelota de fútbol. Ahora está claro. Lo blanqueó con la honestidad brutal que la caracteriza Hebe de Bonafini. El símbolo de una persona sin códigos. La mujer que criticó a los vecinos que no tenían luz cuando su fundación jamás pagó la luz. Ahora, el vicepresidente de la Nación pide que se apiaden de él pues si no canta. ¿Tendrán códigos con Amado o será otra cortina de humo para ilusionar a parte de una sociedad harta de la corrupción? Al Capone se asustaría de la falta de códigos de estos “buenos muchachos” que nos gobiernan.

En las últimas elecciones, Jorge Capitanich pudo entregarle una de las pocas buenas noticias a la presidenta, a quien conoce desde sus tiempos en el Senado de la Nación, donde los dos trabajaban en conjunto en sus respectivas bancas. En octubre, en el Chaco, el Frente para la Victoria, superó el 60% de los votos. A fines de los noventa, ella y él afianzaron una relación muy cercana. Padre de dos hijas, junto con su ex mujer, la ex ministra de Salud de su gobierno, Sandra Mendoza, el Coqui había llegado a la gobernación en el 2007, tras un reñido escrutinio con el radicalismo. Pocos recuerdan su pasado como jefe de Gabinete duhaldista durante la devaluación asimétrica y sus anteriores relaciones con el menemismo en la extraña privatización del banco de Formosa.

Como gobernador aguantó disputas internas, un vicegobernador crítico de su gestión, paros docentes y conflictos sociales. Fue uno de los ideólogos de la nacionalización del proyecto de construcción de viviendas ”Sueños Compartidos“, que desembarcó en la suya como en ninguna otra provincia, con más de 425 millones de pesos, centros de salud y viviendas. En el 2009, un enfrentamiento entre un puntero local, Emerenciano Sena, y el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo casi termina a los tiros. Sergio Schoklender regresó a Buenos Aires sin el obrador “Campo de Tiro” pero mantuvo la relación directa con su amigo “Coqui”.

Las relaciones de Jorge Capitanich con el mundo de la aviación son al menos, curiosas, como la de otros tantos gobernadores. Por ejemplo, en el 2011 la gobernación del Chaco le concedió a Baires Fly 176 mil dólares para mantener su flota cuando, según un piloto de la compañía, la empresa “no está en condiciones de reparar ni siquiera una hélice”. Su dueño era Luis Grande, quien pertenecía al grupo de pilotos de Macair Jet, propiedad de Franco Macri y vinculado con su hijo Mauricio. La provincia del Chaco, en 2007, fue  el único distrito en que el FpV convivió con el PRO. En octubre del 2008, el gobernador Capitanich lanzó, en sociedad con la empresa de Macri Aerochaco y le pagó a Macair Jet más de 15 millones de dólares, al año siguiente, en concepto de compensaciones y compra de horas de vuelo.

Uno de los aviones –Lear Jet N786YA– era utilizado asiduamente por el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Su dueño, según Carlos Colunga, era Manuel Vázquez, muy cercano a Jaime. Por ese lujoso avión, Ricardo Jaime fue investigado por el juez Norberto Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito. Por otra parte y, según la revista Noticias, Gastón Miret, el piloto del caso de narcotráfico por el cual los hermanos Juliá habían sido detenidos en España, había trabajado para Baires Fly.

A comienzos del 2012, Jorge Capitanich soportó otro escándalo nacional cuando su ex mujer se quejó en las redes sociales que el gobernador se había llevado a sus hijas, sin su autorización, a Panamá en un avión de la provincia. Oficialmente, dirían que se trataba de un viaje oficial por una entrevista con el presidente haitiano. Otro escándalo tapó al hecho. Las apariciones de Capitanich en los medios oficiales, en especial en el programa ultra K 678, los domingos por la noche, día de mayor encendido, alimentaron el rumor de que el Coqui estaba por desembarcar en el Gabinete nacional.

Desde la Jefatura de Gabinete manejará la pauta oficial, hasta ahora, utilizada como premio y castigo por las anteriores gestiones. Los escasos periodistas independientes del Chaco aseguran que nada indica que el sistema cambie con la llegada de Jorge Capitanich. Un hombre que no dudó en enviarle una carta documento a un colega, Javier Smaldone, simplemente por escribir en Twitter una información que a él no le gustó.

Un mes atrás, el menor de los Schoklender suponía que las cartas estaban echadas y que, luego de la feria judicial, tendría motivos
para festejar. Así fue. Ahora bien, ¿el gobierno nacional tiene motivos para también hacerlo? Por ahora sí, el tiempo dirá si es
definitivo. Con la medida de la Cámara, en parte, hoy por hoy, todos ganaron, menos los denunciantes y los estafados.

El 25 de mayo del 2011 estalló el escándalo luego de una pelea en la vía pública de los hermanos Schoklender. En un primer momento, funcionarios del gobierno nacional callaron sobre las cuestiones de fondo. Sólo dijeron que se trataba de un problema interno de una fundación que no tenía relación con ellos. Sergio Schoklender cometió el imperdonable pecado de hablar a la prensa con el logo del Grupo Clarín detrás. Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, luego de asesorarse jurídicamente con Aníbal Fernández y de reunirse con altos funcionarios en Casa Rosada, salió a atacar a su hijo putativo.

Una semana después, echó a su hermano de la fundación y a todo su círculo de confianza. Al frente de la fundación quedó un abogado cercano a ellos como Hugo Gallardo. Tampoco duró mucho tiempo. La purga parecía no tener fin. Las obras de Sueños Compartidos se paralizaron. Algunos municipios, en medio de tomas y conflictos con los trabajadores, decidieron continuarlas por decisión de sus intendentes. En el Chaco, Jorge Capitanich, fue un pionero en ese sentido, y distribuyó los obradores entre sus funcionarios más cercanos y empresas privadas cercanas a su gobierno. El Movimiento Evita de Emilio Pérsico duró menos de lo que canta un gallo en el manejo de los obradores más importantes de la Capital Federal que actualmente están parados. La fundación la terminó manejando un socio del vicepresidente Amado Boudou, el contador Roberto “el gordo” Aybar Domínguez.

Oyarbide, mientras tanto, aceptó como querellante a la Fundación y la Unidad de Información Financiera que había cajoneado las operaciones sospechosas de Sergio y Pablo Schoklender denunciadas por las ex diputadas de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin Moro y Elsa Quiroz, a mediados del 2010. La hija de Bonafini también era apartada de la causa, a pesar de que durante su gestión se habrían desviado fondos y que no podía justificar su incremento patrimonial. La pata política de la investigación judicial, a cargo de Martínez Di Giorgi, dormía. Oyarbide encarceló y liberó a los hermanos y al contador Gotkin en dos oportunidades, según las necesidades del gobierno nacional para ganar la tapa de los diarios. Sergio Schoklender les tiró por la cabeza sus denuncias sobre los privilegios de los presos militantes del “Vatayón Militante” que tenían en el penal de Ezeiza.

La causa se enfrío. El 1 de febrero del 2013 declaré como testigo en el juzgado de Oyarbide. Sus preguntas fueron risueñas dado el
prolongado tiempo de supuesta investigación. Por otra parte, 66 personas, muchas de ellas, perejiles, estaban en el limbo jurídico,
con sus cuentas y bienes embargados. Allí estaba una ex secretaria de Meldorek de 20 años que había hecho tres trámites administrativos girando dinero por orden de sus jefes o personal del colegio Jean Piaget que cumplía las órdenes de su directora administrativa, la hija de la consultora preferida del gobierno, Doris Capurro, señalada por Sergio Schoklender de que estaba negociando con él, asociarse a Meldorek en un pequeño porcentaje, en el momento en que estalló el escándalo.

Sergio y Pablo coinciden en que el manejo del dinero se dio en un orden privado y que, en todo caso, la responsabilidad mayor era de su titular, Hebe de Bonafini. El gobierno salvó, por todos los medios, la figura de la Madre de Plaza de Mayo. La cámara destruyó la
investigación de Oyarbide pues, efectivamente, estuvo mal encarada. Es que el juez federal sabe que, si lo hacía correctamente, gran parte del gobierno nacional debería dar explicaciones. La responsabilidad política de que las obras no se hayan concluido y que exista un faltante de dinero fue y es del Ministerio de Planificación Federal, gobernadores, intendentes y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, Oyarbide hizo las cosas bien. Paró la pelota, fiel a su estilo, y enfrío, lo más que pudo, el escándalo. A pesar de todo, los denunciantes afirman que la lucha recién empieza y que el caso no quedará impune. La pregunta que permanece en el aire es, ¿qué dirá la Presidenta del desprocesamiento de los hermanos Schoklender cuando a Sergio lo prejuzgó, en cadena nacional, afirmando que era el único universitario reincidente que entró y salió de las cárceles? Pablo Schoklender sentencia: “Quiero mi resarcimiento económico y voy por Oyarbide”.