Los cambios en materia impositiva anunciados en los últimos días por parte de la presidenta de la Nación comenzarán a regir a partir del 1º de septiembre y tienen como aspecto más notorio el hecho de que 1,4 millones de contribuyentes van a dejar de estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, entre ellos trabajadores y jubilados.

En términos porcentuales, la medida implica que tanto un 89,8% de trabajadores y un 99,3% de jubilados y pensionados ya no paguen el tributo. El decreto establece que el trabajador cuya remuneración bruta no supere los 15 mil pesos, independientemente de que esté en condición de casado o soltero, estará eximido del pago del impuesto. El mecanismo opera incrementando la deducción especial admitida para trabajadores en relación de dependencia y jubilados, hasta el monto necesario para llegar a la exención del gravamen, teniendo en cuenta las diferencias familiares, conyugales y patrimoniales de cada uno.

Para aquellos que perciben ingresos que superen los 15 mil y hasta un máximo de 25 mil pesos, van a experimentar un aumento del 20% del mínimo no imponible, por lo que la carga fiscal que venían soportando se va a ver reducida notablemente. Por ejemplo, una persona que cobra 16 mil pesos mensuales brutos, de pagar $1486 de impuesto mensuales va a pasar a abonar solamente $1092. Por último, el rango de trabajadores que superen los 25 mil pesos de ingresos mensuales no va a tener modificación alguna respecto a los montos de deducciones vigentes y seguirán tributando como lo venían haciendo. De esta manera, se mantiene el concepto de progresividad de la esencia del impuesto, aplicando alícuotas más elevadas para aquellos que mayores ingresos perciben.

Siguiendo la misma línea de fortalecimiento del poder de consumo, el anuncio comprendió también la modificación del tope para percibir las asignaciones familiares. Antes, cada cónyuge por separado, con un sueldo de más $8400 no estaba habilitado para recibir dicha asignación. Con la nueva medida, ese tope asciende a $15.000. Para el caso del grupo familiar, el salario máximo a percibir era de $16.800, pasando ahora a $30.000. Con esto, se estima que de 3 millones doscientos mil niños que hasta ahora cobraban la asignación, pasarán a ser más de 4 millones.

La medida es posible, y puede ser concretada, gracias a un esfuerzo conjunto por parte del Estado y del sector privado. El primero aportará el 55 % de lo que dejará de percibir en términos de recaudación, alcanzando un monto de $2.056 millones. Esto último se logrará con una mayor eficiencia en los procesos de controles que los organismos públicos intervinientes llevan a cabo. En segundo lugar, los $2439 millones restantes van resultar de la aplicación de dos tributos nuevos, por el que se enviará al Congreso un proyecto de ley. El mismo contiene un gravamen del 15% sobre la utilidad de la venta de acciones y títulos que no cotizan en bolsa, eliminando también la exención otorgada a los beneficiarios del exterior por este tipo de operaciones. Además, se aplicará una alícuota del 10 % a aquellos dividendos o ganancias que distribuya una empresa a sus accionistas o socios. En este sentido, se logra una compensación del esfuerzo fiscal por parte del Estado, en cabeza del sector privado, pero, descartando medidas que podrían llegar a producir un desincentivo al ahorro de los ciudadanos argentinos, como por ejemplo el gravamen a los depósitos en plazos fijos.

El excedente de ingreso disponible se estima va a ser volcado al consumo dinamizando, de esta manera, hacia la actividad económica del país. En un contexto de crisis financiera internacional, en donde la mayoría de los países “centrales” ajustan sus presupuestos, generando cada vez menos puestos de trabajo y crecimiento económico, la conductora del proyecto político más inclusivo de las últimas décadas en la Argentina nos demuestra, una vez más, la persistencia por implementar medidas contracíclicas que beneficien en forma equitativa y equilibrada al conjunto de la sociedad.