La retención a la transacción en moneda extranjera se aplica desde septiembre de 2012, como un mecanismo para evitar la evasión, cobrándose el impuesto en forma anticipada, y como una forma de contener la salida de divisas, esenciales para la balanza comercial y el pago de deuda.

Efectivamente existe un drenaje a través de operaciones de turismo y compra de bienes en el exterior. De acuerdo con cifras oficiales, las compras con tarjeta en el exterior crecieron un 80% en octubre con respecto al 2012, pasando de u$s 616 millones contra 340 millones alcanzados en el mismo mes del año anterior. Hasta el mes pasado, la cifra había alcanzado u$s 5.200 millones de dólares, mientras que en todo el 2012 alcanzó los u$s 3.200 millones. De mantenerse esta tendencia, se estima el gasto anual con tarjetas terminaría entre los u$s 6.500 millones o u$s 7.000 millones. Para poner esta cifra en perspectiva y entender la importancia de este tipo de medidas, se prevé que el déficit generado por la compra en moneda extranjera en el exterior supere al energético. Para el sector energético se estima que la cifra será de u$s 7.000 millones, mientras que la fuga de dólares por turismo podría marcar los u$s 10.000 millones o incluso más.

Resulta de clave importancia una administración planificada de reservas que garanticen el flujo de bienes intermedios, insumos básicos y también de carácter industrial, pilares clave del modelo de tipo industrial que el gobierno actual lleva adelante. La industria argentina creció un 106% entre 2003 y 2012, con una creación de 3,6 millones de nuevos puestos de trabajo y con una reducción en la brecha de ingresos de 55%. Históricamente luego de un período continuo de expansión, al crecer la cantidad de importaciones que abastecen el crecimiento de la demanda interna, surge como limitación la carencia de dólares, de carácter estructural en toda economía que no imprima la divisa.

La necesidad de importación de insumos industriales, se suma al proceso de desendeudamiento utilizando las reservas del Banco Central. En el año 2002, la deuda pública con acreedores privados, organismos internacionales y agencias de gobiernos extranjeros equivalía al 164% del PIB mientras que en 2006, luego del canje y el pago al FMI, representaba el 53%. Esta tendencia continuó durante los años siguientes tras la estatización de las AFJP (que eran acreedoras de la deuda pública) y el ininterrumpido cumplimiento del pago de los vencimientos de la deuda reestructurada, llegando en la actualidad a una deuda pública neta del 17,9% del PIB. Ambos elementos constituyen una baja para las reservas del Banco Central. Actualmente el ministro de Economía, Axel Kicillof, está llevando adelante negociaciones que junto con las medidas regulatorias servirían para revertir el déficit de divisa extranjera: los 2500 millones de dólares que tomará YPF de los mercados internacionales; asociaciones de la petrolera nacional similares a las de Chevrón con al menos 10 multinacionales; un swap con el Banco Central chino por 4500 millones de dólares; otro con Brasil por 3000 millones de dólares; inversiones en infraestructura de China y Brasil por 20 mil millones de dólares y la emisión de un nuevo título público que se ofrecerá a los mercados internacionales a principio de 2014.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, declaró en conferencia de prensa: “muchas operaciones realizadas por las empresas turísticas, han realizado ventas con sistema de financiamiento en pesos y liquidación en dólares y a su vez con un mecanismo de valoración del paquete turístico muchas veces superior a lo que efectivamente implica”. Por lo tanto el aumento en el recargo implica únicamente una profundización de medidas para evitar la fuga que ya se encuentran en funcionamiento como el control de los precios de transferencia a partir operaciones de las empresas transnacionales, el control y la verificación de la sobrefacturación de las importaciones y el control de la subfacturación de las exportaciones.

Esta nueva modalidad de explotación estará dirigida especialmente a la región de Vaca Muerta, en las áreas de Loma La Lata Norte y Loma Campana, provincia de Neuquén. La asociación de Chevron e YPF (controlada por el Estado argentino) consolida una inversión de 1.240 millones de dólares, con un monto estimado en U$S 600 millones este mismo año como primera instancia de la puesta en marcha de mil pozos de recursos no convencionales de petróleo y gas (shale oil y shale gas) en el yacimiento. El proyecto determina la explotación de “350 y 400 kilómetros cuadrados, con mil pozos, y si se estima un costo de 8 millones de dólares por cada uno, la inversión sería de 8.000 millones de dólares, para hacerlos en los próximos años″, según informó días previos a la firma el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag. De acuerdo al Plan Estratégico 2012-2017 presentado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, correspondería a un 32% de crecimiento en volumen de petróleo y un 37% en gas.

Mucho se ha hablado en estos días sobre este acuerdo. A diferencia de planteos recientes que lo han criticado duramente, en general hechos por ex secretarios de Energía que hoy pretenden incidir en la agenda, la sociedad de YPF con la firma norteamericana no tiene nada que ver con las políticas de total apertura que regían en la década del ’90 de la cual, paradójicamente, estos presuntos expertos fueron parte como funcionarios. La Ley de Soberanía Hidrocarburífera de mayo de 2012 no sólo define a los hidrocarburos como de “interés público”, siendo un elemento central en la estructura de costos y precios del circuito productivo, sino que da facultades al Estado para fijar las reglas a las que deben atenerse las compañías privadas a cargo de concesiones de explotación y permisos de exploración. Es en ese marco en el que debe interpretarse el reciente decreto 929, que especifica que las firmas que inviertan al menos 1000 millones de dólares podrán comercializar sin retenciones el 20% de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión, y dispondrán libremente de esas divisas. Este decreto no se aplica únicamente a la negociación con Chevron, sino a la previsión de acuerdos similares con las compañías Exxon, Pan American Energy, Gas Medanito y CGC. Y forma parte de un conjunto de incentivos adicionales, como el decreto 927 publicado el día posterior -que reduce la carga tributaria sobre los bienes de capital nuevos y usados importados por las empresas- tendientes a facilitar inversiones en un sector capital-intensivo que requiere de un Estado activo en pos de atraerlas. A diferencia de quienes sospechan “cláusulas secretas” escondidas en este acuerdo, vale decir que el decreto 929 faculta al Gobierno a elaborar anualmente un informe acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y, en caso de detectar “incumplimientos sustanciales”, el beneficio previsto cesará.

La inversión extranjera en sí misma no es buena o mala. Recaer en esas categorías de análisis es por demás simplista, y hasta inverosímil a la hora de plantear objetivos estratégicos. El Gobierno nunca ha declarado al sector hidrocarburífero de “interés público” sobre la base de fundamentos ideológicos estáticos, ni tampoco se desprende de sus principales funcionarios el desdén a las inversiones extranjeras para dinamizarlo. Por el contrario, en las declaraciones del equipo económico a cargo del sector energético siempre se habló de la necesidad de una convergencia entre el sector público y el privado para alcanzar ese autoabastecimiento. En todo caso, lo que sí se cuestiona es la vocación “entreguista” con que el neoliberalismo había confiado a los privados el desarrollo de ese sector clave para cualquier país, cuya máxima expresión fue la venta de YPF. Pero debe pensarse que quienes hoy creen ver un “doble estándar” en un Gobierno que hace un año recuperaba la empresa y hoy suscribe este acuerdo con Chevron, sólo especulan con desgastar la iniciativa oficial por intereses políticos. Pretender ver en el anuncio cierta regresión en ese sentido es absolutamente inconsistente y engañoso, además de un deliberado intento por menoscabar los esfuerzos que se están haciendo por recuperar el autoabastecimiento energético que muchos de los hoy críticos contribuyeron a erosionar.

Los ejes, al analizar esta cuestión, son: por un lado el rol que asume el Estado frente al capital externo y, por otro, el problema histórico de la economía argentina: la “restricción externa”. Con respecto a la primera cuestión, entendemos que desde el momento en que el arribo de capitales cuenta con un marco institucional de regulación estricta, el rol activo que pretende actualmente asumir el Estado nacional queda más que claro. El problema de la restricción externa merece un análisis de mayor profundidad, ya que no responde a una situación coyuntural sino a déficit estructural propio de un país que no imprime los dólares necesarios para importar insumos industriales y modificar así su matriz productiva. Esto significa que la producción industrial sigue dependiendo de la importación de una gran cantidad de insumos y de bienes de capital que, o no son producidos localmente, o su escala es insuficiente.

Por eso el punto en el que debemos hacer hincapié es el ya conocido proceso de sustitución de importaciones y los beneficios que la explotación y disposición de un insumo clave para el desarrollo industrial, como es el combustible, generarán en el largo plazo. El acuerdo representa entonces un ingreso de capital extranjero regulado y volcado al desarrollo de un elemento fundamental para aumentar la competitividad de nuestra economía, que se complementa con los ya existentes complejos industriales que estimulan la generación de empleos, la distribución del ingreso y los avances de la ciencia y la tecnología.  

En la inauguración de una estación de desgasificado al vacío en la fábrica de Siderar en San Nicolás, celebrada hace pocos días, la presidenta Cristina Fernández destacó la importancia de las políticas tendientes a mejorar la competitividad fortaleciendo la industria, y advirtió: “Se viene una nueva división internacional del trabajo y nos quieren asignar la reprimarización de nuestras exportaciones. Esto debemos impedirlo con políticas públicas destinadas a invertir en tecnología”. Lo que está en juego, por lo tanto, es la puesta en producción de un recurso clave para el futuro energético de nuestro país.