Atatürk construyó un Estado de partido único —el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco)—, nacionalista y autoritario. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Turquía se incorporó a la OTAN y emprendió una fuerte política de acercamiento a Occidente y particularmente a la comunidad europea. A lo largo del siglo XX el país sufrió cuatro golpes de Estado; el último y más sangriento de su historia fue en 1980. La garantía del régimen estaba asegurada por los militares, que actuaban como “garantes” del pensamiento kemalista. Motivo por el cual a través del aparato militar controlaban y reprimían los derechos del pueblo kurdo, quien a mediados de la década de los ochenta emprendió la lucha armada como instrumento de reivindicación de sus derechos a través del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en turco).

A comienzo del siglo XXI Turquía se encontró inmersa en una grave crisis económica que puso en duda nada más y nada menos que el accionar de los militares y la capacidad de los partidos políticos tradicionales. Es así que en el 2003 asumió al poder el AKP por medio de su líder Recep Tayyip Erdogan.

Desde el 2003 el AKP tuvo que enfrentar diversas situaciones que hacen a la realidad de la política doméstica y a su vez externa del país. Es desde entonces que Ankara se posicionó en el escenario internacional y regional con una “nueva visión” en materia de política exterior. Su creciente involucramiento en los asuntos políticos de los países árabes, como lo demuestra su activo apoyo a los países que experimentaron la llamada Primavera Árabe y, a su vez, el apoyo a la causa palestina, le permitió a ganarse otra vez el respeto y la admiración de aquellos países y de esa forma constituirse en un “modelo regional” a seguir. No obstante, en su agenda de política exterior no se encuentra un verdadero compromiso tendiente a buscar la verdad y aceptar culpas respecto al genocidio armenio, asumir su responsabilidad absoluta, por lo que se ha llegado a conmemorar, con dicha actitud, el contrario de una política negacionista desde el mismo establishment.

A pesar de que el país avanzó en muchos frentes, las demandas internas y la coyuntura internacional hacen que el AKP tenga que enfrentar un conjunto de reclamos sociales que generan situaciones muy complejas a resolver para los dirigentes y los líderes del AKP. Comenzando por las protestas masivas en contra de la construcción de un centro comercial en el terreno del Parque Taksim Gezi, donde ambientalistas pusieron en marcha el movimiento social en contra de la destrucción de un importante espacio verde en Estambul. A su vez, esta política de Erdogan despertó a los sectores de la sociedad civil para la defensa de los valores seculares de la república. Asimismo, la constante censura a los medios de comunicación, la falta de libertad de expresión, la represión hacia los manifestantes generaron una alerta temprana en la sociedad civil que ve amenazada su libertad y sus valores democráticos.

De esta manera, el primer examen o prueba política para el AKP fueron las elecciones de junio de 2015. En esta ocasión se desataron dos fenómenos. Uno de ellos fue que el partido predominante de Turquía desde 2003 perdió la mayoría parlamentaria y la posibilidad de alcanzar la mayoría necesaria para concretar una reforma constitucional que permita pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. El segundo fue el acceso de la minoría kurda al Parlamento, el gran terremoto político para Erdogan y su partido, en el Gobierno desde el 2003.

Ante el doble dilema de gobernar en minoría o llamar nuevamente a elecciones (como lo establece el sistema parlamentario), el Gobierno y el establishment turco emprendieron un fuerte ataque en el sudeste de Turquía donde reside, desde hace muchos años, la minoría kurda, con el aparente propósito de disuadir la presencia de células del Estado Islámico y ataques que se produjeron en esa región del país.

En este contexto, Turquía acudió a las urnas el domingo 1.º de noviembre con sus ciudadanos profundamente polarizados, asustados por la violencia reciente y con temor a una recesión económica. En esta ocasión, el AKP se alzó con una inesperada victoria y recuperó la mayoría parlamentaria en unas elecciones consideradas cruciales para Turquía y Medio Oriente. Con el 98% de los votos escrutados, el AKP alcanzó el 49,4% de apoyo y el principal partido de oposición, el CHP, llegó al 25,3 por ciento. A través de esta victoria el oficialismo obtuvo 316 escaños parlamentarios de un total de 550 y recuperó el control del Parlamento.

No caben dudas de que estas elecciones son cruciales no sólo para Turquía, sino también para toda la región. En este sentido, se pueden identificar cuatro áreas sensibles que afectan tanto a la región como a la misma Turquía. Estas son: en primer lugar, la realidad política de Siria; en segundo lugar, los ataques que puede recibir por parte del Estado Islámico; en tercer lugar, la crisis migratoria producto de la guerra civil siria y, en último lugar, la relación y la posibilidad de un acuerdo de paz verdadero y duradero con el PKK que se quebró en junio de este año.

A partir de este análisis cabe preguntarse: ¿Qué está buscando Erdogan con la reforma constitucional? ¿Querrá adquirir poder absoluto en su persona? ¿Seguirá siendo indiferente con respecto al genocidio armenio? ¿Realmente tiene interés en resolver de forma pacífica el conflicto con la minoría kurda? ¿Seguirá limitando la libertad de expresión?

El conjunto de estas interrogantes son las claves para comprender y analizar los desafíos y las cuestiones pendientes de Turquía si realmente busca afianzar su democracia y su liderazgo en la arena internacional. Lo cierto es que nada le van a objetar las potencias de Occidente al sultán Erdogan, ya que Turquía es el aliado clave de la OTAN que cuenta con el ejército más calificado de la región en una zona por demás inestable. A su vez, el Gobierno y los objetivos proclamados por el AKP están lejos de la realidad. La estrategia de inducir el voto a través del miedo y la propaganda, o bien a través de la censura de medios informativos independientes, son algunos de los instrumentos que utiliza el actual Gobierno turco a fin de concentrar aún más el poder y subordinar los valores democráticos en beneficio de un poder autoritario y concentrado. El gran desafío de Turquía y del pueblo turco es preguntarse y repreguntarse: ¿Qué Turquía quieren en 2023 en ocasión del centenario del establecimiento de la actual república?

¿Cuáles fueron las razones del Genocidio Armenio? ¿Cómo puede ser que los armenios, que habían vivido por años en el Imperio Otomano, se transformaran en el siglo XX en los principales enemigos para los gobernantes turcos?

Sin lugar a dudas ambas interrogantes son esenciales a la hora de una mayor comprensión. En primer lugar el gobierno turco-otomano tuvo como objetivo el establecimiento y fundación de una nueva Turquía donde estuviesen integrados todos los pueblos de origen turco bajo un mismo territorio. Esta ideología recibió el nombre de “Panturquismo”, la cual tuvo una visión: la unión de los países de origen turco, un obstáculo: el pueblo armenio, una solución: el exterminio. En segundo lugar, la urgencia de un Imperio Otomano en total decadencia, en donde la necesidad de identificar a un “enemigo interno” era esencial para la Sublime Puerta. Siendo de esta manera la minoría armenia residente en el Imperio Otomano señalada como la principal víctima y supuesta “responsable” de dicha decadencia y desmembramiento.

Luego de la ejecución del Genocidio se abrió un período de negación absoluto de los hechos. Este negacionismo fue posible gracias a tres factores: en primer lugar gracias a la anexión de Armenia a la URSS y con ello la ausencia de un Estado armenio que se hiciera cargo de los reclamos de justicia. En segundo lugar, la falta de organización de una diáspora armenia que se encontraba expandida en América, Europa y Medio Oriente no permitieron un reclamo unificado de justicia tanto hacia Turquía como a la Comunidad Internacional. Finalmente y, uno de los puntos fundamentales es el “factor moral”, el cual se relaciona con la interrelación entre el Genocidio de los armenios y la fundación de la República Moderna de Turquía en 1923. Sin lugar a dudas la política negacionista fue una necesidad para la legitimación de su propia existencia, del mismo modo que el Genocidio de los Armenios fue instrumental para la construcción de la identidad nacional moderna turca.

Sin embargo, en la década de los ’70 y ’80 se desarrolló y vislumbró un cambio trascendental de paradigma en lucha del pueblo armenio. El surgimiento de una “nueva generación de armenios”, ya nacidos y formados en otros países, permitió que la Cuestión Armenia comenzara a cobrar relevancia y presencia en la agenda internacional. No obstante, las acciones negacionistas por parte de los sucesivos gobiernos turcos a lo largo de la Guerra Fría fueron cobrando fuerza gracias a los acuerdos e intereses que mantenía Occidente en la región que comprende Turquía. En este sentido, resulta fundamental analizar y considerar la ubicación estratégica de Turquía en términos de la geopolítica. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué existe tal interés por parte de los centros de poder? Sin lugar a dudas esta situación se debe a la posición geopolítica estratégica que ocupa Turquía alrededor de países que presentan un gran interés por parte de Europa y EEUU, dada la enorme disponibilidad de recursos petrolíferos y gasíferos que poseen los países fronterizos con Ankara. A su vez es sumamente importante destacar que Turquía es, desde el año 1952, miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

A pesar de la realpolitik, los armenios en la década de los ’80 lograron importantes reconocimientos en seno de la ONU e incluso en el mismo Parlamento Europeo quien exhortó a Turquía a reconocer el Genocidio de los Armenios como uno de los requisitos previos para su integración como Estado pleno en el “club europeo”.

Mas allá del esfuerzo y apoyo de la Comunidad Internacional los gobiernos de Ankara de forma constante llevan adelante campañas y acciones para evitar desde pronunciamientos hasta reconocimientos a favor del Genocidio Armenio. El lobby turco opera con un fuerte respaldo económico proveniente del mismo Estado en aquellos países donde la Comunidad Armenia tiene una importante presencia. Por lo tanto, el modus operandi de Ankara termina generando un escenario complejo en la lucha por un reconocimiento claro y efectivo por parte de Turquía, ya que muchos países estrechan relaciones diplomáticas y comerciales que opacan y obstaculizan el compromiso hacia la resolución de la Cuestión Armenia.

Sin embargo y por encima de estas dificultades, diversos países reconocieron y reconocen el Genocidio Armenio generando una gran presión en los máximos dirigentes de Ankara. En vísperas del centenario, el Papa Francisco reconoció de forma explícita y a viva voz que el Genocidio sufrido por el pueblo armenio fue el Primer Genocidio del siglo XX en referencia al asesinato de 1.500.000 armenios por parte del Estado turco-otomano y con ello logrando generar un nuevo rompimiento y “efecto contagio” en el escenario internacional. Las declaraciones provocaron de forma inmediata una fuerte reacción del gobierno de Ankara quien llamó inmediatamente a consulta al embajador turco ante el Vaticano y por su parte el Presidente Recep Tayyip Erdogan criticó en duros términos al Papa por su mención al Genocidio Armenio considerando las palabras del pontífice como “estupideces” y advirtió que no vuelva a cometer tal “error”. No obstante, 72 horas después del reconocimiento de la máxima autoridad del mundo cristiano, el Parlamento Europeo “instó” a Turquía a reconocer el Genocidio Armenio y a allanar el camino para una verdadera reconciliación entre los pueblos turco y armenio.

El centenario del Genocidio Armenio comenzó pues con importantes declaraciones por parte del Vaticano, del Parlamento Europeo y otros pronunciamientos de diversos países a lo largo del mundo. Mientras que del lado turco se sumaron frentes y críticas dirigidas al gobierno de Erdogan por su fracaso en Siria, deterioro de las relaciones con Tel Aviv, enfriamiento de las negociaciones con la Unión Europea, el resurgimiento de la “cuestión kurda” y a esto se debe sumar un frente armenio acompañado de presiones que complican aun más diplomáticamente a Turquía a una semana de conmemorarse el centenario.

La masacre del pueblo armenio no debe ser comprendida como un hecho que le compete exclusivamente a los armenios, sino a toda la humanidad. El reconocimiento por parte de Turquía cerrará una herida abierta del pueblo armenio y le permitirá al gobierno de Ankara superar una de las cuestiones pendientes en su búsqueda de liderazgo y presencia internacional. El del centenario es un año trascendental en la historia de la Cuestión Armenia y el comienzo de una nueva etapa.

Antes de avanzar en la profundidad del artículo, es necesario considerar determinadas cuestiones relacionadas a la historia. Es hacia fines del siglo XIX cuando el pueblo armenio, que habitaba dentro del Imperio Otomano, comenzó a ser perseguido por órdenes del Sultán Abdul Hamid, quien ordenó masacrar a 300.000 armenios en respuesta de los reclamos de derechos y garantías que exigían los mismos como ciudadanos del Imperio. A su vez, es importante considerar que en 1909, el Partido de los Jóvenes Turcos llevó adelante una revolución política en contra del régimen imperial. Sin embargo, la situación de los armenios no se alteró ya que los líderes de aquel partido en realidad tenían un plan genocida que comenzó en 1915 y en el cual , fueron masacrados 1.500.000 de armenios. Así también se debe tener presente que la República de Turquía fue fundada en 1923 por Kemal Ataturk, quien estableció el principio “paz en casa, paz en el mundo”; asimismo, el fundador de la Turquía moderna estipulaba que el lugar de Turquía en el mundo debía estar entre las naciones occidentales.

Es a partir de los puntos detallados y observados anteriormente que se puede comenzar a comprender el mapa político actual de Turquía. De esta forma, se hace necesario formular la siguiente pregunta: ¿Es Turquía un Estado democrático tal como lo afirman sus máximos dirigentes? No caben dudas que para los líderes del oficialista AKP (Partido de Justicia y el Desarrollo), el país euroasiático es un Estado democrático de derecho y altamente desarrollado. Sin embargo y, a pesar del “cambio de régimen político” desde la llegada del 2002 del partido islamista del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, Ankara continúa presentado un doble discurso a la hora de emprender medidas y acciones llevadas adelante en los asuntos internos e internacionales. 

Por ello mismo, Turquía es sinónimo de un sinfín de contradicciones como lo son: en primer lugar, la falta de libertad de expresión identificada en la constante censura hacia los intelectuales críticos del gobierno y a su vez, lo certifica el reciente bloqueo por parte del gobierno a las redes sociales Twitter y YouTube; en segundo lugar, la reiterada y marcada violación a los DD.HH. a lo largo de las protestas en contra del “establishment” turco en 2013; y en tercer término, la permanente intromisión en los asuntos internos de Siria materializado en el apoyo a grupos opositores al dictador Bashar Al Assad.

Si se atiende lo descrito anteriormente, pareciera que el gobierno de Ankara no ha llevado a la práctica lo que expone en su discurso político. Es decir, no ha desarrollado en la realidad un cambio profundo en sus políticas tanto a nivel doméstico como regional e internacional.

Prueba de ello fueron las elecciones municipales que se llevaron a cabo recientemente en Turquía, las cuales se celebraron bajo un contexto de tensión e incertidumbre. Esta situación se reflejó, en primer lugar, a partir de las denuncias de fraude electoral realizadas por parte del principal partido opositor, el CHP (Partido Republicano del Pueblo). En este sentido, el candidato por el CHP, Mustafá Sarigul, ha reclamado el recuento total de los votos en las elecciones locales “para una mejor aceptación de los resultados”.

En segundo lugar, y no menos importante, desde el viernes 21 de marzo, tres días antes de las elecciones municipales, la ciudad siria de Kessab, ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Turquía, y habitada mayoritariamente por armenios, se encuentra siendo atacada por rebeldes vinculados a Al Qaeda, quienes cuentan con el soporte y la logística del Estado turco. Este dato no es menor ya que Ankara es miembro de la OTAN desde 1952 y ahora se encuentra apoyando a grupos terroristas en contra de la población armenia. Esta vinculación turca con grupos que persiguen intereses totalmente antagónicos a los buscados por los aliados de Ankara podría llegar a generar un fuerte rechazo y malestar por parte de Occidente debido a la lucha antiterrorista que promociona y lleva adelante EE.UU. y sus aliados en la región.

Es por ello que, a partir de las tensiones postelectorales y los recientes ataques a la población armenia y, a un año de cumplirse el 100º aniversario del genocidio contra los armenios, se puede concluir y afirmar que Turquía no ha logrado estándares reales y efectivos de un Estado de Derecho que justifique su ansiada entrada a la Unión Europea.