La cadena de hechos y el contexto del nuevo orden y sistema internacional de la Post Guerra Fría fueron el escenario ideal para que Azerbaiyán masacrara a los armenios en Bakú y Sumgait hacia fines de los ´80 y principio de los ´90. Estos hechos deben ser considerados como la continuidad del plan genocida de la República de Turquía.

Luego de este breve repaso histórico, es preciso considerar y analizar las causas y consecuencias del reciente derribo de un helicóptero tripulado por soldados armenios en las cercanías de la frontera del país vecino Azerbaiyán. En primer lugar, es claro que a partir de los recientes sucesos que ocasionaron la muerte de tres soldados armenios que realizaban ejercicios y maniobras militares a bordo de un MI–24 que volaba dentro del espacio aéreo armenio en Karabagh, vuelven a generar mayores tensiones en un conflicto que sigue latente debido a las agresiones y constantes amenazas provenientes de Bakú.

En segundo lugar, la incesante campaña de “terrorismo y amenazas” en contra de los armenios de Karabagh (Arszaj en armenio) provenientes del Jefe de Gobierno de Azerbaiyán, Sultán IIham Alyev, quien declaró hace unos meses que los enemigos de su país “son los armenios de todo el mundo”, no hace más que constatar el grado de fanatismo sumado a una ideología anti armenia presente en los discursos y sobre todo en las acciones llevadas a cabo por ordenes del mismo gobierno de Azerbaiyán, actual aliado de Turquía en la política de negación del Genocidio contra los armenios.

De lo expuesto hasta aquí, se desprende que hablar la “Dinastía Alyev” es encontrarse por un lado con un mismo gobierno tras la disolución de la URSS y a su vez con un régimen que perdió la reputación internacional y legitimidad interna y que es criticado por abusos constantes de autoridad.

Sin embargo, a primera vista pareciera que Bakú se jacta de su crecimiento económico concentrado y basado en la explotación de hidrocarburos. No obstante, la economía de Azerbaiyán, al ser dependiente de los precios del petróleo, exhibe el llamado “Síndrome Holandés” (Dutch Desease), es decir el efecto que tiene sobre la economía de un país un auge exportador importante, basado en el descubrimiento de recursos primarios, que ocasiona efectos desfavorables sobre los otros sectores de la economía.

Para comprender mejor el mapa y escenario regional es preciso considerar la crisis entre Rusia y Occidente debido a las acciones de Moscú con respecto al conflicto librado con Ucrania. En este escenario, Occidente prestó mayor atención a este conflicto, permitiendo una ventana de oportunidad y de maniobra para Bakú.

Dado este contexto, las interrogantes deberían ser: ¿quién es el socio estratégico de Armenia? Sin lugar a dudas, Rusia es el garante de la fuerza de disuasión contra la agresión azerí. La segunda gran interrogante es: ¿cuál es el destino de los abrumadores ingresos de Azerbaiyán provenientes de la producción y exportación de petróleo? Con absoluta certeza, la carrera armamentística. Según fuentes del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Bakú utiliza un 4.8% de su PBI – valuado por fuentes (2013) del Banco Mundial en 73.56 mil millones de USD – en gastos militares. Mientras que Armenia, con un PBI de 10.43 mil millones de USD destina un 4% de PBI en gastos militares. Por consiguiente, la urgencia y necesidad de Armenia de una alianza estratégica con Rusia se transforma en una cuestión de Estado a través del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Resulta necesario considerar que Azerbaiyán está llevando a cabo dos objetivos: en primer término, un mensaje constante a la Comunidad Internacional de oposición al Status Quo en relación al conflicto de Naghorno Karabagh buscando con ello una falsa reivindicación de la soberanía de este territorio hoy ya declarado República de Naghorno Karabagh. En segundo término, silenciar a la población azerí que se encuentra descontenta por las desigualdades, violencia y falta de derechos fundamentales. Ambos factores no hacen más que incrementar el grado de críticas provenientes tanto de la población como de la Comunidad Internacional.

Para finalizar, las máximas autoridades de Ereván y Stepanakert (capital de Naghorno Karabagh) deben estar atentas en el momento de tomar decisiones de represalia. Más bien se debería aprovechar el contexto actual para generar mayor presión al grupo de Minsk de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) para así mostrar qué es y qué buscan realmente las autoridades azeríes. Por lo tanto es el momento para incrementar las denuncias y lograr que la Comunidad Internacional detenga al régimen Alyev de futuros ataques y evitando así una mayor desestabilización regional y con ello una escalada de tensión. 

Antes de avanzar en la profundidad del artículo, es necesario considerar determinadas cuestiones relacionadas a la historia. Es hacia fines del siglo XIX cuando el pueblo armenio, que habitaba dentro del Imperio Otomano, comenzó a ser perseguido por órdenes del Sultán Abdul Hamid, quien ordenó masacrar a 300.000 armenios en respuesta de los reclamos de derechos y garantías que exigían los mismos como ciudadanos del Imperio. A su vez, es importante considerar que en 1909, el Partido de los Jóvenes Turcos llevó adelante una revolución política en contra del régimen imperial. Sin embargo, la situación de los armenios no se alteró ya que los líderes de aquel partido en realidad tenían un plan genocida que comenzó en 1915 y en el cual , fueron masacrados 1.500.000 de armenios. Así también se debe tener presente que la República de Turquía fue fundada en 1923 por Kemal Ataturk, quien estableció el principio “paz en casa, paz en el mundo”; asimismo, el fundador de la Turquía moderna estipulaba que el lugar de Turquía en el mundo debía estar entre las naciones occidentales.

Es a partir de los puntos detallados y observados anteriormente que se puede comenzar a comprender el mapa político actual de Turquía. De esta forma, se hace necesario formular la siguiente pregunta: ¿Es Turquía un Estado democrático tal como lo afirman sus máximos dirigentes? No caben dudas que para los líderes del oficialista AKP (Partido de Justicia y el Desarrollo), el país euroasiático es un Estado democrático de derecho y altamente desarrollado. Sin embargo y, a pesar del “cambio de régimen político” desde la llegada del 2002 del partido islamista del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, Ankara continúa presentado un doble discurso a la hora de emprender medidas y acciones llevadas adelante en los asuntos internos e internacionales. 

Por ello mismo, Turquía es sinónimo de un sinfín de contradicciones como lo son: en primer lugar, la falta de libertad de expresión identificada en la constante censura hacia los intelectuales críticos del gobierno y a su vez, lo certifica el reciente bloqueo por parte del gobierno a las redes sociales Twitter y YouTube; en segundo lugar, la reiterada y marcada violación a los DD.HH. a lo largo de las protestas en contra del “establishment” turco en 2013; y en tercer término, la permanente intromisión en los asuntos internos de Siria materializado en el apoyo a grupos opositores al dictador Bashar Al Assad.

Si se atiende lo descrito anteriormente, pareciera que el gobierno de Ankara no ha llevado a la práctica lo que expone en su discurso político. Es decir, no ha desarrollado en la realidad un cambio profundo en sus políticas tanto a nivel doméstico como regional e internacional.

Prueba de ello fueron las elecciones municipales que se llevaron a cabo recientemente en Turquía, las cuales se celebraron bajo un contexto de tensión e incertidumbre. Esta situación se reflejó, en primer lugar, a partir de las denuncias de fraude electoral realizadas por parte del principal partido opositor, el CHP (Partido Republicano del Pueblo). En este sentido, el candidato por el CHP, Mustafá Sarigul, ha reclamado el recuento total de los votos en las elecciones locales “para una mejor aceptación de los resultados”.

En segundo lugar, y no menos importante, desde el viernes 21 de marzo, tres días antes de las elecciones municipales, la ciudad siria de Kessab, ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Turquía, y habitada mayoritariamente por armenios, se encuentra siendo atacada por rebeldes vinculados a Al Qaeda, quienes cuentan con el soporte y la logística del Estado turco. Este dato no es menor ya que Ankara es miembro de la OTAN desde 1952 y ahora se encuentra apoyando a grupos terroristas en contra de la población armenia. Esta vinculación turca con grupos que persiguen intereses totalmente antagónicos a los buscados por los aliados de Ankara podría llegar a generar un fuerte rechazo y malestar por parte de Occidente debido a la lucha antiterrorista que promociona y lleva adelante EE.UU. y sus aliados en la región.

Es por ello que, a partir de las tensiones postelectorales y los recientes ataques a la población armenia y, a un año de cumplirse el 100º aniversario del genocidio contra los armenios, se puede concluir y afirmar que Turquía no ha logrado estándares reales y efectivos de un Estado de Derecho que justifique su ansiada entrada a la Unión Europea.