En los últimos meses la población turca sufrió cuatro atentados: el primero en octubre del 2015, el segundo en enero de 2016, el tercero en febrero de 2016 y el último, el pasado 13 de marzo. Sin embargo, lo importante es analizar los motivos y las razones de esta ola de atentados en Ankara y, a su vez, la situación política interna de ese país.

Por un lado, la intromisión de Ankara en los asuntos internos de Siria, la lucha contra el Estado Islámico y, por otro lado, la continua y fuerte batalla y el ataque a Kurdistán no hacen más que provocar reacciones de parte de los grupos rebeldes. A pesar de que ninguna acción terrorista es justificable, tampoco lo son las medidas y las acciones que lleva adelante el Gobierno de Recep Erdoğan hacia la minoría kurda y mucho menos hacia la población civil en general.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder desde 2003, enfrenta en la actualidad una difícil situación. Las amenazas desde el exterior y la presencia de un enemigo interno, declarado así por el Gobierno de Ankara, configuran una realidad política difícil de combatir para el mismo Gobierno turco, tanto en términos domésticos como externos. En ese sentido, se entiende, pero no se justifica, que Erdoğan quiera modificar la ley antiterrorista turca luego del último atentado.

Por consiguiente, ¿por qué debería preocupar dicha reforma? La razón es muy simple: por un lado, la persecución a la minoría kurda se incrementará considerablemente, también hacia cualquier organización, grupo, minoría, y hacia periodistas vinculados con organizaciones consideradas como ilegales por el Gobierno turco. En este contexto, la ley penal de Turquía (TCK, según la sigla en turco) y la ley antiterrorista (TMK, según la sigla en turco) permiten que los periodistas sean investigados por razones políticas en lugar de legales. Por lo tanto, sobre ellos pesarán acusaciones que los vinculen a organizaciones declaradas ilegales por el Estado turco, sean estas armadas o no. Un ejemplo claro de esta política de Estado turca es la persecución y el hostigamiento continuos hacia la población armenia, como lo demuestra el crimen del periodista armenio Hrant Dink, quien fue brutalmente asesinado en el 2007 por los sectores conservadores y ultranacionalistas turcos, debido a que dicho periodista criticaba ciertas medidas del Gobierno y a su vez defendía los intereses del pueblo armenio. Cabe recordar que 1.500.000 armenios fueron masacrados y, a pesar de haber transcurrido cien años de la gran tragedia armenia, los sucesivos Gobiernos de Turquía llevan adelante una política de lobby negacionista.

La censura y la falta de libertad de expresión resultan moneda corriente en Turquía. En ese sentido, el diseño de la ley antiterrorista tiene un carácter preventivo: busca impedir cualquier tipo de manifestación contra el Gobierno, como las que se realizaron en Gezi en 2013. Entre otras cosas, permite al Gobierno aumentar su protestad para declarar el estado de emergencia, lo que viola los derechos civiles y humanos. Es importante destacar que recientemente la Fiscalía turca pidió cadena perpetua para dos periodistas acusados de espionaje y apoyó a un grupo “terrorista” luego de que estos escribieran una nota en un diario opositor al Gobierno acerca de la entrega de armas a rebeldes de Siria por parte de la inteligencia de Turquía.

En ese sentido, Human Rights Watch (HRW) criticó en su informe anual la represión de activistas y medios de comunicación críticos hacia las políticas y las acciones gubernamentales.

Más allá de esta situación, la principal dificultad la enfrentan Estados Unidos y Europa, que intentan apuntalar una democracia musulmana de gran importancia estratégica, teniendo en cuenta que Ankara es un miembro esencial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que se encuentra en una región por demás volátil e inestable.

Este dilema sin duda es clave en estos días, en momentos en los cuales Ángela Merkel, canciller de Alemania, busca alcanzar y sellar un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los inmigrantes sirios. En dicha negociación, Erdoğan está exigiendo la exención de visados para los turcos, la aceleración del proceso de integración entre la Unión Europea y Turquía; además, que Bruselas ignore las violaciones de los derechos humanos a cambio de su cooperación.

Considerando los puntos expuestos y haciendo referencia al reciente atentado, como era previsible, Erdoğan adjudicó el acto a la bestia negra: el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), aunque un culpable más probable es un grupo escindido extremista, los Halcones de la Libertad del Kurdistán, que perpetró el ataque del 17 de febrero de Ankara. En ese sentido, el Gobierno de Ankara autorizó este lunes ataques aéreos de represalia contra objetivos del PKK en el norte de Irak.

El actual Gobierno del AKP de Erdoğan enfrenta desde el año pasado una situación política tensa, marcada por el grado de acciones y medidas que atentan contra los valores políticos y estándares mínimos de un Estado de derecho al cual, en principio, parecería aspirar el partido gobernante desde el 2003. Sin embargo, el grado, la intensidad y la presión de las demandas están en constante aumento.

Por consiguiente, no caben dudas de que se evidencia una doble alerta temprana. Por un lado, existe un proceso continuo de desintegración social desde la misma ciudadanía turca y, por otro lado, un segundo frente que hace referencia a la situación de la minoría kurda. Este doble escenario se destaca y visualiza a través de la manipulación del Poder Judicial por parte de Erdoğan, las continuas amenazas a los parlamentarios pro kurdos, en los límites a la libertad de prensa y el periodismo independiente, en la corrupción sin control, y en su intento por promulgar una nueva constitución. En tal sentido, Erdoğan y sus socios están frente a un año político complejo y turbulento, marcado por una sociedad turca que muestra un mayor grado de descontento, a la vez que las amenazas terroristas hacia la población civil siguen latentes.

Transcurridas más de dos décadas desde la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es indudable que la economía de Azerbaiyán creció al ritmo del incremento del precio del petróleo. Sin embargo, como se hizo referencia en una nota titulada “Azerbaiyán, un régimen que pierde legitimidad externa e interna”, publicada en noviembre de 2014 en esta misma columna, la economía de Azerbaiyán, al ser dependiente de los precios del petróleo, exhibe el llamado síndrome holandés (Dutch Desease), es decir, el efecto que tiene sobre la economía de un país el incremento de las exportaciones, basado en el descubrimiento de recursos primarios, que ocasiona efectos desfavorables sobre los otros sectores de la economía.

Ante esta realidad se presenta un doble escenario: el primero se identifica con el malestar de la población azerí, la cual debe afrontar una situación económica muy compleja por la baja de la cotización de su moneda como consecuencia de una economía que está mostrando indicadores negativos. En esta situación, la población salió a manifestarse y el Gobierno respondió arrestando a más de cincuenta ciudadanos, lo que generó, una vez más, una violación a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Cuál es el motivo por el cual la economía de Azerbaiyán está entrando en recesión? Sin lugar a dudas este fenómeno se debe a la baja de la cotización del petróleo, lo que termina ocasionando una disminución del volumen de entrada de capitales desde el exterior al país asiático y conlleva una caída de las reservas de dólares en el Banco Central nacional.

El segundo escenario se relaciona con los efectos de la dependencia de Bakú respecto del precio de los hidrocarburos. El primero es la generación de una mayor incertidumbre debido a la dependencia estructural de exportación de hidrocarburos que, en el presente, es el pilar fundamental que sustenta la estabilidad económica y política, tanto en la esfera nacional como en la internacional, del régimen Aliyev. Mientras que el segundo hace referencia a la situación interna, es decir, a la presencia de un Gobierno supuestamente democrático, que se mantiene en el poder hace 25 años a través de elecciones fraudulentas y que en más de una ocasión respondió con represión hacia la población y los opositores al régimen. Es por ello que en una nueva realidad política, el Gobierno podría reprimir con mayor fuerza como consecuencia del incremento de los reclamos de los ciudadanos por la situación económica y por la falta de libertades, derechos y garantías del régimen.

Es evidente que ante los dos efectos mencionados, Azerbaiyán, al igual que otros petro-Estados presentes en el espacio postsoviético, se ha caracterizado por un férreo control político construido sobre las rentas del petróleo y que no se ha preocupado por corregir las desigualdades en sus respectivos países, a pesar de los enormes ingresos percibidos a través de los petrodólares.

¿Cómo Bakú mantiene y promociona una imagen benévola mientras que en términos domésticos nos encontramos en presencia de un país en el cual los derechos y las garantías son negados y reprimidos? Sin lugar a dudas y, como los especialistas lo describen, Azerbaiyán aplica la “diplomacia del caviar”, la cual consiste en invertir enormes sumas de dinero en lobby político en diversos países —principalmente en Occidente— con el objeto de ocultar la verdadera identidad del régimen azerí, promociona de esa forma una imagen favorable del país. Un ejemplo claro de esta práctica se vislumbra con las acciones y los acuerdos que realizó Bakú con un senador valenciano del Partido Popular (PP) del Consejo de Europa, quien, según denuncia el centro de investigación europeo denominado Iniciativa Europea para la Estabilidad (IEE), recibió sobornos con el objeto de hablar en buenos términos acerca de Azerbaiyán y así evitar denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Por lo tanto, es altamente probable que ante este cambio de escenario económico el modus operandi del Gobierno de Azerbaiyán se vea altamente afectado debido a la nueva realidad financiera y económica del país, que estimó un presupuesto basado en el barril del petróleo en 90 dólares y actualmente cotiza en alrededor de 31 dólares, lo que genera una baja de recursos para financiar sus relaciones políticas a través de la denominada “diplomacia del caviar” y con ello silenciar y ocultar la verdadera identidad del régimen.

No hay dudas de que la Unión Europea y el mundo occidental, más allá de la demanda de hidrocarburos y la búsqueda de una no dependencia de Rusia, lo que intenta es evitar una nueva crisis siria para mantener y garantizar la estabilidad regional. Motivo por el cual y ante un posible cambio en las reglas de juego, las preguntas que quedan abiertas y sujetas al curso de la política y economía internacional son: ¿Es posible que Bakú cambie su modo de acción en la arena internacional cuando el precio del crudo se incremente? ¿Cuándo van a ser efectivas las presiones y las denuncias de Occidente hacia el Gobierno de Aliyev, dejando de lado los intereses económicos? Lo cierto es que el mes de febrero y la cotización del petróleo serán la clave para seguir el curso de las acciones y las maniobras de Bakú en el ámbito internacional y nacional.

Atatürk construyó un Estado de partido único —el Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco)—, nacionalista y autoritario. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Turquía se incorporó a la OTAN y emprendió una fuerte política de acercamiento a Occidente y particularmente a la comunidad europea. A lo largo del siglo XX el país sufrió cuatro golpes de Estado; el último y más sangriento de su historia fue en 1980. La garantía del régimen estaba asegurada por los militares, que actuaban como “garantes” del pensamiento kemalista. Motivo por el cual a través del aparato militar controlaban y reprimían los derechos del pueblo kurdo, quien a mediados de la década de los ochenta emprendió la lucha armada como instrumento de reivindicación de sus derechos a través del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en turco).

A comienzo del siglo XXI Turquía se encontró inmersa en una grave crisis económica que puso en duda nada más y nada menos que el accionar de los militares y la capacidad de los partidos políticos tradicionales. Es así que en el 2003 asumió al poder el AKP por medio de su líder Recep Tayyip Erdogan.

Desde el 2003 el AKP tuvo que enfrentar diversas situaciones que hacen a la realidad de la política doméstica y a su vez externa del país. Es desde entonces que Ankara se posicionó en el escenario internacional y regional con una “nueva visión” en materia de política exterior. Su creciente involucramiento en los asuntos políticos de los países árabes, como lo demuestra su activo apoyo a los países que experimentaron la llamada Primavera Árabe y, a su vez, el apoyo a la causa palestina, le permitió a ganarse otra vez el respeto y la admiración de aquellos países y de esa forma constituirse en un “modelo regional” a seguir. No obstante, en su agenda de política exterior no se encuentra un verdadero compromiso tendiente a buscar la verdad y aceptar culpas respecto al genocidio armenio, asumir su responsabilidad absoluta, por lo que se ha llegado a conmemorar, con dicha actitud, el contrario de una política negacionista desde el mismo establishment.

A pesar de que el país avanzó en muchos frentes, las demandas internas y la coyuntura internacional hacen que el AKP tenga que enfrentar un conjunto de reclamos sociales que generan situaciones muy complejas a resolver para los dirigentes y los líderes del AKP. Comenzando por las protestas masivas en contra de la construcción de un centro comercial en el terreno del Parque Taksim Gezi, donde ambientalistas pusieron en marcha el movimiento social en contra de la destrucción de un importante espacio verde en Estambul. A su vez, esta política de Erdogan despertó a los sectores de la sociedad civil para la defensa de los valores seculares de la república. Asimismo, la constante censura a los medios de comunicación, la falta de libertad de expresión, la represión hacia los manifestantes generaron una alerta temprana en la sociedad civil que ve amenazada su libertad y sus valores democráticos.

De esta manera, el primer examen o prueba política para el AKP fueron las elecciones de junio de 2015. En esta ocasión se desataron dos fenómenos. Uno de ellos fue que el partido predominante de Turquía desde 2003 perdió la mayoría parlamentaria y la posibilidad de alcanzar la mayoría necesaria para concretar una reforma constitucional que permita pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. El segundo fue el acceso de la minoría kurda al Parlamento, el gran terremoto político para Erdogan y su partido, en el Gobierno desde el 2003.

Ante el doble dilema de gobernar en minoría o llamar nuevamente a elecciones (como lo establece el sistema parlamentario), el Gobierno y el establishment turco emprendieron un fuerte ataque en el sudeste de Turquía donde reside, desde hace muchos años, la minoría kurda, con el aparente propósito de disuadir la presencia de células del Estado Islámico y ataques que se produjeron en esa región del país.

En este contexto, Turquía acudió a las urnas el domingo 1.º de noviembre con sus ciudadanos profundamente polarizados, asustados por la violencia reciente y con temor a una recesión económica. En esta ocasión, el AKP se alzó con una inesperada victoria y recuperó la mayoría parlamentaria en unas elecciones consideradas cruciales para Turquía y Medio Oriente. Con el 98% de los votos escrutados, el AKP alcanzó el 49,4% de apoyo y el principal partido de oposición, el CHP, llegó al 25,3 por ciento. A través de esta victoria el oficialismo obtuvo 316 escaños parlamentarios de un total de 550 y recuperó el control del Parlamento.

No caben dudas de que estas elecciones son cruciales no sólo para Turquía, sino también para toda la región. En este sentido, se pueden identificar cuatro áreas sensibles que afectan tanto a la región como a la misma Turquía. Estas son: en primer lugar, la realidad política de Siria; en segundo lugar, los ataques que puede recibir por parte del Estado Islámico; en tercer lugar, la crisis migratoria producto de la guerra civil siria y, en último lugar, la relación y la posibilidad de un acuerdo de paz verdadero y duradero con el PKK que se quebró en junio de este año.

A partir de este análisis cabe preguntarse: ¿Qué está buscando Erdogan con la reforma constitucional? ¿Querrá adquirir poder absoluto en su persona? ¿Seguirá siendo indiferente con respecto al genocidio armenio? ¿Realmente tiene interés en resolver de forma pacífica el conflicto con la minoría kurda? ¿Seguirá limitando la libertad de expresión?

El conjunto de estas interrogantes son las claves para comprender y analizar los desafíos y las cuestiones pendientes de Turquía si realmente busca afianzar su democracia y su liderazgo en la arena internacional. Lo cierto es que nada le van a objetar las potencias de Occidente al sultán Erdogan, ya que Turquía es el aliado clave de la OTAN que cuenta con el ejército más calificado de la región en una zona por demás inestable. A su vez, el Gobierno y los objetivos proclamados por el AKP están lejos de la realidad. La estrategia de inducir el voto a través del miedo y la propaganda, o bien a través de la censura de medios informativos independientes, son algunos de los instrumentos que utiliza el actual Gobierno turco a fin de concentrar aún más el poder y subordinar los valores democráticos en beneficio de un poder autoritario y concentrado. El gran desafío de Turquía y del pueblo turco es preguntarse y repreguntarse: ¿Qué Turquía quieren en 2023 en ocasión del centenario del establecimiento de la actual república?

¿Cuáles fueron las razones del Genocidio Armenio? ¿Cómo puede ser que los armenios, que habían vivido por años en el Imperio Otomano, se transformaran en el siglo XX en los principales enemigos para los gobernantes turcos?

Sin lugar a dudas ambas interrogantes son esenciales a la hora de una mayor comprensión. En primer lugar el gobierno turco-otomano tuvo como objetivo el establecimiento y fundación de una nueva Turquía donde estuviesen integrados todos los pueblos de origen turco bajo un mismo territorio. Esta ideología recibió el nombre de “Panturquismo”, la cual tuvo una visión: la unión de los países de origen turco, un obstáculo: el pueblo armenio, una solución: el exterminio. En segundo lugar, la urgencia de un Imperio Otomano en total decadencia, en donde la necesidad de identificar a un “enemigo interno” era esencial para la Sublime Puerta. Siendo de esta manera la minoría armenia residente en el Imperio Otomano señalada como la principal víctima y supuesta “responsable” de dicha decadencia y desmembramiento.

Luego de la ejecución del Genocidio se abrió un período de negación absoluto de los hechos. Este negacionismo fue posible gracias a tres factores: en primer lugar gracias a la anexión de Armenia a la URSS y con ello la ausencia de un Estado armenio que se hiciera cargo de los reclamos de justicia. En segundo lugar, la falta de organización de una diáspora armenia que se encontraba expandida en América, Europa y Medio Oriente no permitieron un reclamo unificado de justicia tanto hacia Turquía como a la Comunidad Internacional. Finalmente y, uno de los puntos fundamentales es el “factor moral”, el cual se relaciona con la interrelación entre el Genocidio de los armenios y la fundación de la República Moderna de Turquía en 1923. Sin lugar a dudas la política negacionista fue una necesidad para la legitimación de su propia existencia, del mismo modo que el Genocidio de los Armenios fue instrumental para la construcción de la identidad nacional moderna turca.

Sin embargo, en la década de los ’70 y ’80 se desarrolló y vislumbró un cambio trascendental de paradigma en lucha del pueblo armenio. El surgimiento de una “nueva generación de armenios”, ya nacidos y formados en otros países, permitió que la Cuestión Armenia comenzara a cobrar relevancia y presencia en la agenda internacional. No obstante, las acciones negacionistas por parte de los sucesivos gobiernos turcos a lo largo de la Guerra Fría fueron cobrando fuerza gracias a los acuerdos e intereses que mantenía Occidente en la región que comprende Turquía. En este sentido, resulta fundamental analizar y considerar la ubicación estratégica de Turquía en términos de la geopolítica. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué existe tal interés por parte de los centros de poder? Sin lugar a dudas esta situación se debe a la posición geopolítica estratégica que ocupa Turquía alrededor de países que presentan un gran interés por parte de Europa y EEUU, dada la enorme disponibilidad de recursos petrolíferos y gasíferos que poseen los países fronterizos con Ankara. A su vez es sumamente importante destacar que Turquía es, desde el año 1952, miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

A pesar de la realpolitik, los armenios en la década de los ’80 lograron importantes reconocimientos en seno de la ONU e incluso en el mismo Parlamento Europeo quien exhortó a Turquía a reconocer el Genocidio de los Armenios como uno de los requisitos previos para su integración como Estado pleno en el “club europeo”.

Mas allá del esfuerzo y apoyo de la Comunidad Internacional los gobiernos de Ankara de forma constante llevan adelante campañas y acciones para evitar desde pronunciamientos hasta reconocimientos a favor del Genocidio Armenio. El lobby turco opera con un fuerte respaldo económico proveniente del mismo Estado en aquellos países donde la Comunidad Armenia tiene una importante presencia. Por lo tanto, el modus operandi de Ankara termina generando un escenario complejo en la lucha por un reconocimiento claro y efectivo por parte de Turquía, ya que muchos países estrechan relaciones diplomáticas y comerciales que opacan y obstaculizan el compromiso hacia la resolución de la Cuestión Armenia.

Sin embargo y por encima de estas dificultades, diversos países reconocieron y reconocen el Genocidio Armenio generando una gran presión en los máximos dirigentes de Ankara. En vísperas del centenario, el Papa Francisco reconoció de forma explícita y a viva voz que el Genocidio sufrido por el pueblo armenio fue el Primer Genocidio del siglo XX en referencia al asesinato de 1.500.000 armenios por parte del Estado turco-otomano y con ello logrando generar un nuevo rompimiento y “efecto contagio” en el escenario internacional. Las declaraciones provocaron de forma inmediata una fuerte reacción del gobierno de Ankara quien llamó inmediatamente a consulta al embajador turco ante el Vaticano y por su parte el Presidente Recep Tayyip Erdogan criticó en duros términos al Papa por su mención al Genocidio Armenio considerando las palabras del pontífice como “estupideces” y advirtió que no vuelva a cometer tal “error”. No obstante, 72 horas después del reconocimiento de la máxima autoridad del mundo cristiano, el Parlamento Europeo “instó” a Turquía a reconocer el Genocidio Armenio y a allanar el camino para una verdadera reconciliación entre los pueblos turco y armenio.

El centenario del Genocidio Armenio comenzó pues con importantes declaraciones por parte del Vaticano, del Parlamento Europeo y otros pronunciamientos de diversos países a lo largo del mundo. Mientras que del lado turco se sumaron frentes y críticas dirigidas al gobierno de Erdogan por su fracaso en Siria, deterioro de las relaciones con Tel Aviv, enfriamiento de las negociaciones con la Unión Europea, el resurgimiento de la “cuestión kurda” y a esto se debe sumar un frente armenio acompañado de presiones que complican aun más diplomáticamente a Turquía a una semana de conmemorarse el centenario.

La masacre del pueblo armenio no debe ser comprendida como un hecho que le compete exclusivamente a los armenios, sino a toda la humanidad. El reconocimiento por parte de Turquía cerrará una herida abierta del pueblo armenio y le permitirá al gobierno de Ankara superar una de las cuestiones pendientes en su búsqueda de liderazgo y presencia internacional. El del centenario es un año trascendental en la historia de la Cuestión Armenia y el comienzo de una nueva etapa.

La cadena de hechos y el contexto del nuevo orden y sistema internacional de la Post Guerra Fría fueron el escenario ideal para que Azerbaiyán masacrara a los armenios en Bakú y Sumgait hacia fines de los ´80 y principio de los ´90. Estos hechos deben ser considerados como la continuidad del plan genocida de la República de Turquía.

Luego de este breve repaso histórico, es preciso considerar y analizar las causas y consecuencias del reciente derribo de un helicóptero tripulado por soldados armenios en las cercanías de la frontera del país vecino Azerbaiyán. En primer lugar, es claro que a partir de los recientes sucesos que ocasionaron la muerte de tres soldados armenios que realizaban ejercicios y maniobras militares a bordo de un MI–24 que volaba dentro del espacio aéreo armenio en Karabagh, vuelven a generar mayores tensiones en un conflicto que sigue latente debido a las agresiones y constantes amenazas provenientes de Bakú.

En segundo lugar, la incesante campaña de “terrorismo y amenazas” en contra de los armenios de Karabagh (Arszaj en armenio) provenientes del Jefe de Gobierno de Azerbaiyán, Sultán IIham Alyev, quien declaró hace unos meses que los enemigos de su país “son los armenios de todo el mundo”, no hace más que constatar el grado de fanatismo sumado a una ideología anti armenia presente en los discursos y sobre todo en las acciones llevadas a cabo por ordenes del mismo gobierno de Azerbaiyán, actual aliado de Turquía en la política de negación del Genocidio contra los armenios.

De lo expuesto hasta aquí, se desprende que hablar la “Dinastía Alyev” es encontrarse por un lado con un mismo gobierno tras la disolución de la URSS y a su vez con un régimen que perdió la reputación internacional y legitimidad interna y que es criticado por abusos constantes de autoridad.

Sin embargo, a primera vista pareciera que Bakú se jacta de su crecimiento económico concentrado y basado en la explotación de hidrocarburos. No obstante, la economía de Azerbaiyán, al ser dependiente de los precios del petróleo, exhibe el llamado “Síndrome Holandés” (Dutch Desease), es decir el efecto que tiene sobre la economía de un país un auge exportador importante, basado en el descubrimiento de recursos primarios, que ocasiona efectos desfavorables sobre los otros sectores de la economía.

Para comprender mejor el mapa y escenario regional es preciso considerar la crisis entre Rusia y Occidente debido a las acciones de Moscú con respecto al conflicto librado con Ucrania. En este escenario, Occidente prestó mayor atención a este conflicto, permitiendo una ventana de oportunidad y de maniobra para Bakú.

Dado este contexto, las interrogantes deberían ser: ¿quién es el socio estratégico de Armenia? Sin lugar a dudas, Rusia es el garante de la fuerza de disuasión contra la agresión azerí. La segunda gran interrogante es: ¿cuál es el destino de los abrumadores ingresos de Azerbaiyán provenientes de la producción y exportación de petróleo? Con absoluta certeza, la carrera armamentística. Según fuentes del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), Bakú utiliza un 4.8% de su PBI – valuado por fuentes (2013) del Banco Mundial en 73.56 mil millones de USD – en gastos militares. Mientras que Armenia, con un PBI de 10.43 mil millones de USD destina un 4% de PBI en gastos militares. Por consiguiente, la urgencia y necesidad de Armenia de una alianza estratégica con Rusia se transforma en una cuestión de Estado a través del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

Resulta necesario considerar que Azerbaiyán está llevando a cabo dos objetivos: en primer término, un mensaje constante a la Comunidad Internacional de oposición al Status Quo en relación al conflicto de Naghorno Karabagh buscando con ello una falsa reivindicación de la soberanía de este territorio hoy ya declarado República de Naghorno Karabagh. En segundo término, silenciar a la población azerí que se encuentra descontenta por las desigualdades, violencia y falta de derechos fundamentales. Ambos factores no hacen más que incrementar el grado de críticas provenientes tanto de la población como de la Comunidad Internacional.

Para finalizar, las máximas autoridades de Ereván y Stepanakert (capital de Naghorno Karabagh) deben estar atentas en el momento de tomar decisiones de represalia. Más bien se debería aprovechar el contexto actual para generar mayor presión al grupo de Minsk de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) para así mostrar qué es y qué buscan realmente las autoridades azeríes. Por lo tanto es el momento para incrementar las denuncias y lograr que la Comunidad Internacional detenga al régimen Alyev de futuros ataques y evitando así una mayor desestabilización regional y con ello una escalada de tensión. 

No obstante, la República de Turquía es en la actualidad un actor que adquirió una mayor relevancia estratégica en los últimos años. El país euroasiático tiene una gran capacidad para influir y determinar ciertos asuntos de la política regional dado que esta menos dispuesta a subordinar sus intereses a los EE.UU. y Europa para así alcanzar una mayor influencia y peso a nivel internacional. Razón por la cual, en el caso turco, la asunción al poder del AKP trajo aparejado un cambio profundo en el conjunto de las orientaciones, valores y principios de la política exterior de Ankara. Es por ello que, en los últimos años, importantes personalidades comenzaron a discutir y debatir acerca de la importancia de Turquía como un modelo de transformación para el mundo árabe. Así lo demuestra una encuesta realizada por KEMAL KİRİŞCİ en siete países árabes la cual reveló que el 61 % de los encuestados considera que Turquía es un modelo para los países árabes, así también el 63 % de los encuestados estaba de acuerdo en que “Turquía constituye un ejemplo exitoso de la convivencia de la democracia y el Islam”. (KİRİŞCİ, 2011).

Sin embargo, no caben dudas de que el gobierno turco pareciera haber evolucionado de un poder coercitivo hacia una Turquía no agresiva y de cooperación. A pesar de ello, el AKP no ha escapado a las dudas sobre una supuesta “agenda oculta” a pesar de que en su gobierno se han dado importantes cambios. En ese sentido, dos factores explican la exitosa gestión del AKP: el primero es el supuesto aferramiento a las normas democráticas; el segundo es el crecimiento económico después de la crisis turca de 2001.

No obstante conviene señalar que el despertar de Turquía y la aparición del llamado “neo-otomanismo”, término acuñado recientemente por los partidos de tendencia islámica que gobiernan el país, no cuenta con la aceptación de la totalidad de los vecinos de la antigua potencia imperial y desde ya de los sectores laicos kemalistas presentes en la república. Por consiguiente, al momento no es posible determinar si el objetivo final del AKP es la reislamización de la sociedad turca o si busca una sociedad equivalente a la estadounidense donde los sectores seculares y liberales conviven con los sectores religiosos y conservadores.

Aún así es claro que el “giro” de Turquía hacia Medio Oriente, si atendemos a sus relaciones económicas y a los discursos sobre su identidad euroasiática, parece estar más destinado a ampliar horizontes de actuación e inserción económica por medio de la llamada “Profundidad estratégica” propuesta por el mismo Canciller Davutoğlu. Dicha estrategia busca una nueva diplomacia turca considerando el factor islamista, el pasado otomano de Turquía, y el papel de la república como potencia dispuesta a asumir su papel regional a través del “legado histórico” de Turquía.

De todas formas, el gran desafío está planteado en la capacidad efectiva de los dirigentes turcos de atender los reclamos de los ciudadanos en general, de las minorías kurdas y armenias en particular y a su vez no restringir ciertos derechos y garantías como la libertad de expresión que es el principal reclamo de vastos sectores de la sociedad civil. Motivo por el cual, es esencial que Ankara avance considerablemente hacia una democracia real y efectiva que le permita atender los reclamos de la minoría kurda de aquel país. A su vez es necesario considerar que las elecciones presidenciales del próximo 10 de agosto se presentan como el segundo gran desafío para el país, ya que las denuncias de fraude en las recientes elecciones municipales y los contantes reclamos de los ciudadanos hacia el gobierno, determinaran la continuidad del modelo político o bien la ruptura del mismo y con ello una vez más una reorientación de los asuntos domésticos e internacionales de Turquía.

Antes de avanzar en la profundidad del artículo, es necesario considerar determinadas cuestiones relacionadas a la historia. Es hacia fines del siglo XIX cuando el pueblo armenio, que habitaba dentro del Imperio Otomano, comenzó a ser perseguido por órdenes del Sultán Abdul Hamid, quien ordenó masacrar a 300.000 armenios en respuesta de los reclamos de derechos y garantías que exigían los mismos como ciudadanos del Imperio. A su vez, es importante considerar que en 1909, el Partido de los Jóvenes Turcos llevó adelante una revolución política en contra del régimen imperial. Sin embargo, la situación de los armenios no se alteró ya que los líderes de aquel partido en realidad tenían un plan genocida que comenzó en 1915 y en el cual , fueron masacrados 1.500.000 de armenios. Así también se debe tener presente que la República de Turquía fue fundada en 1923 por Kemal Ataturk, quien estableció el principio “paz en casa, paz en el mundo”; asimismo, el fundador de la Turquía moderna estipulaba que el lugar de Turquía en el mundo debía estar entre las naciones occidentales.

Es a partir de los puntos detallados y observados anteriormente que se puede comenzar a comprender el mapa político actual de Turquía. De esta forma, se hace necesario formular la siguiente pregunta: ¿Es Turquía un Estado democrático tal como lo afirman sus máximos dirigentes? No caben dudas que para los líderes del oficialista AKP (Partido de Justicia y el Desarrollo), el país euroasiático es un Estado democrático de derecho y altamente desarrollado. Sin embargo y, a pesar del “cambio de régimen político” desde la llegada del 2002 del partido islamista del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, Ankara continúa presentado un doble discurso a la hora de emprender medidas y acciones llevadas adelante en los asuntos internos e internacionales. 

Por ello mismo, Turquía es sinónimo de un sinfín de contradicciones como lo son: en primer lugar, la falta de libertad de expresión identificada en la constante censura hacia los intelectuales críticos del gobierno y a su vez, lo certifica el reciente bloqueo por parte del gobierno a las redes sociales Twitter y YouTube; en segundo lugar, la reiterada y marcada violación a los DD.HH. a lo largo de las protestas en contra del “establishment” turco en 2013; y en tercer término, la permanente intromisión en los asuntos internos de Siria materializado en el apoyo a grupos opositores al dictador Bashar Al Assad.

Si se atiende lo descrito anteriormente, pareciera que el gobierno de Ankara no ha llevado a la práctica lo que expone en su discurso político. Es decir, no ha desarrollado en la realidad un cambio profundo en sus políticas tanto a nivel doméstico como regional e internacional.

Prueba de ello fueron las elecciones municipales que se llevaron a cabo recientemente en Turquía, las cuales se celebraron bajo un contexto de tensión e incertidumbre. Esta situación se reflejó, en primer lugar, a partir de las denuncias de fraude electoral realizadas por parte del principal partido opositor, el CHP (Partido Republicano del Pueblo). En este sentido, el candidato por el CHP, Mustafá Sarigul, ha reclamado el recuento total de los votos en las elecciones locales “para una mejor aceptación de los resultados”.

En segundo lugar, y no menos importante, desde el viernes 21 de marzo, tres días antes de las elecciones municipales, la ciudad siria de Kessab, ubicada a escasos kilómetros de la frontera con Turquía, y habitada mayoritariamente por armenios, se encuentra siendo atacada por rebeldes vinculados a Al Qaeda, quienes cuentan con el soporte y la logística del Estado turco. Este dato no es menor ya que Ankara es miembro de la OTAN desde 1952 y ahora se encuentra apoyando a grupos terroristas en contra de la población armenia. Esta vinculación turca con grupos que persiguen intereses totalmente antagónicos a los buscados por los aliados de Ankara podría llegar a generar un fuerte rechazo y malestar por parte de Occidente debido a la lucha antiterrorista que promociona y lleva adelante EE.UU. y sus aliados en la región.

Es por ello que, a partir de las tensiones postelectorales y los recientes ataques a la población armenia y, a un año de cumplirse el 100º aniversario del genocidio contra los armenios, se puede concluir y afirmar que Turquía no ha logrado estándares reales y efectivos de un Estado de Derecho que justifique su ansiada entrada a la Unión Europea.