1. La ley y la deuda externa. La Constitución regula en su artículo 75 inciso 7 que será el  Congreso, no el Ejecutivo, el que negocie y arregle los pagos de la deuda externa. La sabiduría de esa cláusula constitucional, originaria de la primera Constitución de 1853, puede verse dialogando con ciertas traumáticas experiencias previas a su dictado, en especial, al empréstito de la Baring Brothers.

No obstante ello, todos los gobiernos tuvieron dificultades pragmáticas y operativas para cumplir ese claro mandato de la Constitución. El Poder Legislativo nunca participó del complejo arreglo de la deuda externa y ese pasaje quedó en mera retórica constitucional.

La primacía de los aspectos políticos frente a los aspectos constitucionales, o más precisamente aspectos políticos-económicos, sobre el cumplimiento de la Constitución no debe extrañarnos. Lamentablemente es una regla, no una excepción. Una regla no escrita, no jurídica pero vigente al fin. Por eso mismo, el segundo aspecto es político-legal.

2. Nuestro sistema político dificulta pensar en el largo plazo. Nuestras recurrentes crisis económicas son resultado de los procesos políticos de un sistema presidencial -entre otros factores estructurales- que proyecta decisiones a corto plazo. Si nuestra cultura política tiene defectos y vicios -producto de años de autoritarismo sin instituciones ni control, ausencia de derechos y política democrática- el sistema político los refuerza en lugar de reducirlos, aumenta la miopía política en lugar de disminuirla.

En la Constitución se establecen los derechos de los argentinos pensando en el largo plazo, pero la institución presidencial -diseñada por la misma Constitución en 1853 y ampliada en 1994 con poderes de excepción antes inexistentes- piensa estructuralmente de forma cortoplacista, utilizando sus fuerzas especialmente en la batalla electoral y en solucionar urgentes problemas del hoy creando, en ciertos casos, otros problemas para el mañana y para las futuras generaciones.

Eso se observa tanto en las políticas públicas claves (trabajo, educación, salud, transporte público, etc.) como en la economía de la deuda externa, su problemático origen y su cíclica  renegociación en estas tres décadas. El zig-zag institucional dificulta actuar coherente y responsablemente en temas vitales.

Estas características son, al mismo tiempo, políticos y constitucionales, de los jugadores y de las reglas de juego. El diseño institucional debería ayudarnos a frenar los peores defectos de nuestro juego democrático y pensar en el largo plazo. Por el contrario, nuestras instituciones potencian los defectos de nuestra cultura política y incentivan, más racional que razonablemente, a pensar en el corto plazo.

Lo simple es identificar que la deuda externa y la Constitución, cada una a su manera, operan como desafíos colectivos que merecen respuestas adecuadas para mejorar nuestros horizontes. Lo difícil es dilucidar cómo cambiar una cultura miope y un juego autodestructivo en el que ciertos actores políticos y económicos están acostumbrados a las grandes ganancias en el cortísimo plazo a costas de todos los argentinos.

El Mundial recién comienza. Un primer partido no determina nada y el equipo de Sabella puede encontrar su propia magia, ganar y gustar. Sin embargo, al hacer esta descripción de aficionado parece que estuviésemos sintetizando el imaginario histórico de nuestra vida como sociedad: grandes expectativas, bajos resultados. Alto potencial, bajo rendimiento. Tenemos recursos abundantes pero vivimos en una sociedad con pobreza estructural. Todos reconocen mucho talento individual pero un juego social siempre desdibujado.

Los paralelismos entre la selección y su juego, vis a vis, la sociedad argentina y su vida política e institucional, resultan no sólo evidentes sino extremadamente gráficos.

El primero de los aspectos más notables de nuestro juego disfuncional es la tendencia a la anomia colectiva: La sociedad argentina tiene una seria dificultad de respetar y cumplir la Ley. El segundo, es la concentración de poder en los “jugadores” excepcionales del sistema político. La salvación del partido está concentrada, no en estrategias conjuntas y al largo plazo sino en líderes personalistas.

Respetar la ley es jugar en equipo y cooperar con los demás.  Desde la propia Constitución pasando por toda la legislación no hay área sin problemas de anomia social. A nivel de nuestra ley suprema, la Constitución Nacional, tenemos muchos ejemplos de artículos que se incumplen, se ignoran o directamente se violan (Art. 14, 16, 17, 18, 24, Art. 75 inc 22, 99 inc. 3, 114, 121 y ss). Incumplir la ley suele ser la regla. Cumplir la ley es la excepción. Eso se traduce en conflictos sistemáticos: Corrupción, falta de transparencia, poca información, debilidad institucional, imposibilidad de pensar según reglas claras, cortoplacismo, conflictos de interés, nepotismo, evasión impositiva, etc. tanto en el sector público o privado, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; en gobernaciones, municipios o a nivel nacional, sin distinción de partido político ni gobierno pasado o presente.

La anomia social es una práctica histórica. Todos jugamos ese juego y todos perdemos, día a día. Nadie gana con la anomia cultural. Esto genera, por un lado, un juego social individualista que piensa en sacar ventajas personales al incumplir la ley sin observar el daño colectivo y el auto-infringido. Por eso, Carlos Nino, llamó a este tipo de conducta “anomia boba”. Por otro lado,  el segundo aspecto, al sobredimensionar la importancia de los liderazgos de los supuestos “capitanes” se olvida que todo jugador es parte de un equipo y se encuentra en un juego colectivo. Esto se acompaña con concentración de poder, personalismos fuertes y una cultura “delegativa”. Se espera que “Maradona” o “Messi”, o cualquier líder  político coyuntural,  salve “el partido” individualmente con su “excepcionalidad”. Esa apelación a los “pilotos de tormentas” es parte de una cultura presidencial, ejecutiva y de emergencia que limita el juego democrático y reduce el poder a pocas manos. Ningún jugador puede ser más importante que el equipo o que el mismo juego.

La falta de juego cooperativo en nuestro respeto por la ley es públicamente reconocible. Al mismo tiempo, la subordinación social a las decisiones, virtudes y defectos de los liderazgos personales en un juego colectivo como el democrático es siempre contraproducente. Por eso, sería un grave error depositar todas las expectativas en habilidades individuales en contexto de un juego de dinámicas colectivas.

La sociedad no puede triunfar a nivel social a través de delegar todo en los talentos individuales o excepcionales. La clave es jugar colectivamente para ganar colectivamente, haciendo cooperar las virtudes individuales con la fortaleza del trabajo en equipo.

Identificar y pensar esas disfuncionalidades en el juego político y social es el primer paso para trabajar por una sociedad más democrática e igualitaria ante la ley.