No es noticia decir que el mundo atraviesa una crisis del empleo, situación que se agudiza entre los más jóvenes ya que según datos de la OIT el desempleo juvenil mundial es superior al 13%. Es en línea con esta situación mundial y en particular para enfrentarla en nuestro país que el PRO.Emplear resulta un anuncio más que positivo.

Según explicó el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se compone de un conjunto de instrumentos para proteger el empleo, promover el trabajo registrado e incentivar la inserción laboral de trabajadores en situación de actual vulnerabilidad, prevé articular las políticas de formación profesional y apoyo para lograr un mayor nivel educativo, de entrenamiento e inserción laboral y las relacionadas con la aplicación de incentivos a la contratación a fin de mejorar de forma sistémica la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando del mismo modo su inserción en el trabajo registrado.

Se trata de la articulación de varias medidas de política que permite trazar una trayectoria orientada hacia el empleo registrado. Por ejemplo, aquellos jóvenes beneficiarios del programa Progresar, en el que se asiste a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con 600 pesos por mes, pueden ver incrementado ese beneficio a 2.000 pesos por mes si ingresan a trabajar a una fábrica, por medio del Programa de Inserción laboral, ya existente, que promueve la inserción de trabajadores y trabajadoras desocupados en empleos de calidad, mediante la implementación de incentivos económicos a las empresas que decidan incrementar su dotación de personal. Luego, si la fábrica decide emplear a ese joven de forma definitiva el aporte del Estado se elevará a 2.700 pesos para completar el sueldo básico del convenio y tendrá una duración del beneficio entre 6 y 12 meses, de acuerdo a cada industria. De modo que lo que se logra es potenciar los posibles impactos positivos de los diferentes programas de empleabilidad existente.

Además, una de las medidas más celebradas es la posibilidad de combinar dos beneficios existentes como el otorgado por el Progresar con el Programa de Inserción Laboral o las Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en Empresas (que son prácticas en ambientes de trabajo que incluyen procesos de formación y tutoría para enriquecer las destrezas y habilidades de trabajadoras y trabajadores desocupados), junto con el beneficio otorgado por el Progresar.

Ahora bien, en el contexto actual de transformaciones del mundo del trabajo, el mercado laboral se tornó un espacio inseguro en muchos aspectos vinculados al empleo y generador de identidades fragmentadas en torno al trabajo. En este sentido, el trabajo autogestionado que ofrecen actores de la economía social y popular, como empresas recuperadas y otras organizaciones cooperativas, se presenta como una fuente de puestos de trabajo, que adicionalmente, constituye una respuesta posible para enfrentar dichas fragmentaciones e inseguridades.

En este sentido, el sector de la economía social y popular ha adquirido visibilidad pública a partir de la crisis del 2001, cuando experiencias como el trueque, emprendimientos de organizaciones sociales o las fábricas recuperadas comenzaron a establecerse como opciones ante la pobreza y el desempleo. Luego, a partir del año 2003 el sector fue fortalecido con distintas políticas públicas como el Programa Trabajo Autogestionado (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion), el Programa de Manos a la Obra y el Programa Argentina Trabaja (Ministerio de Desarrollo Social) o el Programa ProHuerta (INTA), entre otros. Actualmente estas experiencias, lejos de desaparecer, continúan produciendo y sus objetivos han virado desde la garantía de subsistencia hacia posicionarse como una opción concreta y diferenciada de trabajo.

Este tipo de experiencias comparten una característica fundamental, dada por un fuerte arraigo territorial, es decir, se trata de empresas que además de cumplir con sus objetivos productivos, se abren a la comunidad cumpliendo funciones sociales y solidarias. Asimismo, los trabajadores que conforman los colectivos de producción forman parte de la mencionada comunidad. El ejercicio de la autogestión, tanto en fábricas y empresas recuperadas como en otras unidades productivas cooperativas, ha desarrollado un conjunto de saberes y formas de resolver determinadas problemáticas que consideramos resultan fundamentales para la formación y transmisión cultural basada en el trabajo como eje de apoyo. Es decir que, la empresa en su conjunto se constituye como un actor económico y social central, que en muchos casos ha permitido la inclusión a través del trabajo en el mundo del cooperativismo.

Es por ello fundamental que se  considere a estas experiencias como un actor económico capaz de generar trabajo, riqueza y se los incorpore a políticas públicas desde ese lugar. En este sentido reconocemos como necesaria la incorporación de los distintos actores de la Economía Social al PRO.Emplear para implementar estas capacitaciones en un ámbito de trabajo autogestionado y cooperativo, que implique para los beneficiarios una experiencia que podría asimilarse a “su primera experiencia en un entorno de trabajo”, otro de los aspectos que efectivamente aumenta las probabilidades de inserción de los individuos en el mercado laboral. Compartir e intercambiar con los trabajadores de estas experiencias de la economía social puede servir de catalizador para la transmisión de saberes y valores que forman parte de una cultura del trabajo colectiva que, en muchos casos, abre el camino hacia una trayectoria laboral segura y solidaria.

Por otro lado, muchas veces este sector se encuentra carente de trabajadores formados en tanto en el oficio como en la práctica de la autogestión y donde se requiere incorporar jóvenes. En este sentido, la Economía Social constituye un espacio a potenciar y que puede constituirse, al mismo tiempo, en potenciador de la lucha contra la vulnerabilidad que sufre un buen número de jóvenes en Argentina, quienes podrían aumentar las posibilidades de desarrollar trayectorias laborales estables.

En definitiva, sería interesante pensar en la posibilidad de ampliar la propuesta que encierra el Pro.EmpleAr, que está circunscripta al marco de un grupo determinado de empresas, hacia el sector de la economía social y popular, que está compuesto por experiencias que tienen una vinculación más directa y estrecha con aquellos jóvenes que necesitan de la mayor creatividad posible de parte de los hacedores de políticas públicas para lograr el salto cualitativo que los direccione en torno a un camino de trabajo, formación y educación, tan amplio como los de nuestro campo social y cultural.

Por otro lado, este mismo trabajador se verá perjudicado a través de una influencia indirecta en sus costos por los aumentos en los alquileres comerciales ya que estos se trasladarán a los bienes que consume. Actualmente las consultoras inmobiliarias empiezan a vaticinar aumentos de alrededor del 20% para este tipo de inmuebles, aumentos que se traducirán en aumentos de los productos y/o cierre de pequeños comercios. Es decir, el precio del alquiler influencia sobre los costos de todos nuestros consumos por lo tanto dejar a merced del mercado la fijación de la oferta por precio y con el único objetivo de la ganancia máxima es desconocer el rol del Estado en la búsqueda del bien común. 

El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda. En nuestro país actualmente existe un déficit habitacional que afecta a más de 3 millones de hogares y no podemos esperar a que el mercado corrija esta situación. En paralelo existen 2.494.618 viviendas deshabitadas, es decir el 18% del total existente. En la ciudad de Buenos Aires es aún más grave, de 1.425.840, están vacías 340.975 (casi el 24%). En distintos países la vivienda vacía es considera un problema habitacional y el Estado regula el sector como: en el Reino Unido donde el Estado incentiva el encuentro entre quienes necesitan un vivienda y los propietarios pero también se penaliza la vivienda vacía llegando aplicar el alquiler forzoso en caso de que dicha situación se prolongue por más de 6 meses pudiendo llegar incluso a la expropiación. En Francia la ciudades con más de 200 mil habitantes aplican impuestos que van desde 10% sobre el valor de la propiedad el primer año, 12% el segundo y 15% el tercero. En los Países Bajos la ocupación de viviendas que han estado vacías por más de un año es legal.

Los alquileres comerciales también requieren de una regulación especial donde el comerciante tenga protección para desarrollar su negocio. Un ejemplo es la regulación que comenzó a aplicar Venezuela a fines del año pasado donde se pone un piso máximo a los alquileres comerciales de 39 dólares por metros cuadrado y donde se prohibió los contratos en moneda extranjera. Es necesario plantear una regulación a un sector que da sobradas muestras de ineficiencia: altos requisitos para alquilar, aumentos constantes de alquileres, altos costes de entrada. Esto no se da sólo en el mercado formal sino que tiene su correlato en el informal donde también los alquileres aumentan y colocan directamente en la calle a quienes no puede acceder a un alquiler en una villa o asentamiento.

Es importante destacar que no se puede plantear como solución promover el acceso al crédito para la vivienda propia porque sin regulación del precio de las viviendas y/o del suelo esto sólo promoverá aumentos indiscriminados de las propiedades. Si bien incluir en el debate de precios cuidados el precio de los materiales es un avance incuestionable el costo mensual por el uso de la vivienda también debe ser debatido. Es necesario regular los alquileres para proteger los ingresos de los trabajadores de manera real, no se trata de privar a nadie de su renta sino de proteger a quienes necesitan acceder a una necesidad básica como la vivienda.

El trabajo es una forma de inclusión y es en ese punto es donde las pyme y la economía social en su conjunto han dado prueba de efectividad. Entre micropyme y pyme aportaron el 59% de la creación de empleo privado registrado en el período 2003-2012. En el caso de la economía social podemos tomar como indicador el medio millón de efectores sociales. Es importante resaltar que a diferencia de las grandes multinacionales estas empresas no pueden surgir sin un profundo arraigo territorial, que se puede traducir en desarrollo local. Entre algunas de las ventajas de estas empresas a nivel local están: la reinversión de sus excedentes en el lugar donde se encuentran y la mitigación de los procesos de éxodo de la población hacia las grandes ciudades (sobre todo de los más jóvenes) por falta de oportunidades entre otras.

Es por ello que no podemos esperar la mera coordinación del mercado, es decir que a través de la oferta y demanda se construya un modelo de desarrollo inclusivo. Primero, porque no existe el libre mercado, la economía tiene actores y estos siempre actúan en búsqueda de mejorar sus ganancias. Segundo, porque mientras el Estado interviene en el mercado con una determinada política pública con objetivos sociales, una gran empresa también lo hace con lobby o stockeando mercadería para producir variaciones de precios que la beneficien.

Por ello es central el rol del Estado en la construcción de un modelo de desarrollo, sobre todo de la inclusión en éste de pyme y de la economía social. Sin embargo, no se trata simplemente de financiar emprendimientos productivos con espíritu emprendedor sino crear una red de instituciones que puedan fortalecer este tipo de producciones. Si no existe un real apoyo del Estado, este tipo de empresas se convierten en anexos de grandes empresas abaratándoles los costos laborales y los riesgos de producción gracias a la tercerización de las partes del proceso de producción menos productivas. Esta situación también genera que las pequeñas empresas compitan para brindarle servicio a las grandes, muchas veces compiten a través de reducción de precios que luego se traducen en peores condiciones de trabajo para sus empleados. Es por ello fundamental la acción del Estado: organismos de apoyo, desarrollo de incubadoras, aportes de capital inicial y reformas institucionales que faciliten el surgimiento, funcionamiento y desarrollo de este tipo de experiencias entendiendo las características propias de éstas.

La estrategia asociativa y de cooperación para lograr el desarrollo no es utópica, se está construyendo. A escala macro se puede ver en la estrategia de integración regional, donde hay países que ya realizan intercambios no monetarios como el caso Venezuela- Cuba en búsqueda de complementariedades y no de competencia. A pequeña escala, por ejemplo, la integración de cadenas productivas constituidas enteramente por empresas de la economía solidaria, logrando en algunos casos exportar. Esta integración permite en ramas como la indumentaria, donde en general la marca es quien se lleva la mayor parte de la ganancia y explota a productores de algodón y pequeño talleres (incluso habiéndose descubierto talleres esclavo de grandes marcas), lograr mejores condiciones para todos los que participan en la producción. Es por esto central que los actores de estas empresas (cooperativas, pyme, micropyme, empresas familiares, entre otros) se reconozcan como actores políticos, económicos y hacedores de políticas públicas para que sean ellos parte de la construcción de ese modelo de desarrollo.

Los trueques constituyen uno de los casos más emblemáticos de la llamada Economía Social o Social y Solidaria. Dicho nombre tiene el objetivo de reforzar la idea, a veces olvidada, de que la economía no es una ciencia exacta como trata de plantear desde el neoliberalismo, donde a través de dos o tres cucharas de ajustes económicos los problemas se resuelven. La economía es una ciencia social que tiene, o al menos debería tener, como objetivo resolver las necesidades de la sociedad.

La Economía Social y Solidaria (ESS) -ya sean los emprendimiento y/o estudios sobre la ESS- van tomando relevancia en ferias, en políticas publicas y congresos de economía. Poco a poco se abren espacios donde se debaten a qué nos referimos con dicho término. La respuesta no es única pero podemos construirla a partir de las características de estas experiencias que se centran en el trabajo y el ser humano, planteando la rentabilidad como una meta más pero supeditada a lo anterior. A muchas de estas experiencias debe sumársele un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Pero ¿sirve?

La pregunta que rápidamente surge al hablar de ESS es si esta economía es eficiente, si aporta al crecimiento económico del país, o si subsiste sólo por ser subsidiada por el Estado.

Para responder resulta necesario reflexionar sobre el concepto de eficiencia. ¿Qué es una economía eficiente? ¿Aquella que maximiza ganancia? O ¿maximiza la utilización de recursos escasos? El tema de la eficiencia depende de cuál sea nuestro objetivo. Un emprendimiento que es eficiente para un empresario por sus niveles de rentabilidad puede no serlo para el conjunto de la sociedad.

Tomemos un ejemplo concreto: el shopping Dot de la empresa IRSA que hace escaso tiempo saltó a la fama por su responsabilidad en la inundación del Barrio Mitre es un emprendimiento inmobiliario-comercial rentable. Es uno de los shopping más importantes del país. Podríamos definirlo como una inversión o empresa eficiente, sin embargo, su construcción en una zona no apta y sin tomar medidas preventivas causó daños y al menos perdidas económicas a los vecinos de barrio Mitre. La situación de emergencia exigió la intervención del Estado: estamos hablando de los recursos públicos, de todos los contribuyentes. Es decir, las consecuencias de la destrucción de viviendas en el barrio Mitre realizada por un empresa privada será solventada por el conjunto de la sociedad incluyendo a los propios damnificados. Esto constituye un traslado de ingresos de los sectores de menores ingresos hacia sectores de mayores ingresos. Así es como subsidiamos emprendimientos de este tipo de manera indirecta, y en este punto es importante saber que muchas de las empresas capitalistas (ya sea por la contaminación causada, efectos sociales, de salud u otros) no serían eficientes si no fuera por este tipo de subsidios. No pagan todos los costos que generan.

Sin embargo, sólo nos cuestionamos el subsidio cuando es dado a sectores trabajadores, como pueden ser emprendedores o agricultores familiares. Puede que esta condena se deba a que mientras a los primeros el subsidio es indirecto, sobre las consecuencias de esa producción, y en los segundos la transferencia es directa; en general, desde el Estado para que se realice una acción que se considera positiva para el conjunto de la sociedad: como el subsidio a cooperativas que trabajan en el mejoramiento barrial, construcción de viviendas populares o producción familiar de alimentos.

En línea con los gobiernos populares

No es de extrañar que las distintas experiencias de producción, distribución y consumo de la Economía Social y Solidaria hayan tomado mayor relevancia en el contexto de los actuales gobiernos populares de América Latina, ya que comparten principios centrales como la preocupación por el trabajo y el concepto de que los problemas son económicos y no sólo sociales.

En Argentina podemos hablar de más de 16 mil cooperativas que generan mas de 280 mil puestos de trabajos directos, 500 mil monotributistas sociales y al menos 50 mil núcleos de agricultura familiar.

En Brasil existe la Secretaría de Economía Solidaria en el Ministerio de Trabajo: allí se informa que más de 14.900 experiencias involucran a más de un millón de brasileños. En Ecuador la nueva constitución define al sistema económico como social y solidario, reconociendo al ser humano como sujeto y fin. En dicho país existen más de 3800 cooperativas y más de 60.000 unidades de la economía popular (emprendimiento individuales, familiares, etc.).

Venezuela por su parte ha tenido una política muy agresiva de constitución de cooperativas por considerar que parte de la democratización y el cambio social provienen de la mano de la democratización y transformación de las formas productivas.

Bolivia plantea la idea del Buen vivir como propuesta alternativa a los planes de desarrollo que se concentraban sólo en el crecimiento económico sin analizar cómo se daba éste, cómo se distribuía y cuáles eran sus consecuencias.

Es importante entender que no se trata de una economía para pobres o con buena voluntad, se trata de repensar las formas y condiciones económicas que nos lleven a superar la actual crisis económica y cultural. Al tradicional cooperativismo que tiene una larga historia que nace con el mismo capitalismo y que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, Latinoamérica le suma una búsqueda que parte de sus raíces indígenas, luchas campesinas y obreras donde se empiezan a ver nuevos actores económicos-sociales-políticos y nuevas formas de organizar la economía para construir un paradigma nuevo y propio.

Esta concepción de trabajo la heredamos de un modelo económico centrado en la producción industrial y con condiciones de pleno empleo de mediados del siglo pasado, como fue el peronismo. Ser trabajador constituía una representación social que correspondía con la idea de ser los creadores de la riqueza del país y por ello ser merecedores de derechos sociales y de la posibilidad de ascenso social.

El fin de este modelo y la llegada del neoliberalismo cambian estructuralmente las condiciones de empleo. Las nuevas tecnologías propiciaron transformaciones en el mundo del trabajo, provocando un aumento del desempleo. Las empresas redujeron sus costos de movilidad, cuestión que les quito parte del poder a los Estados y sindicatos para regularlas. Producen en el  lugar del mundo que les ofrezca mejores condiciones para su negocio o parte de éste, incluyendo menores costes salariales. A su vez, las grandes empresas tercerizaron parte de su producción a empresas más pequeñas que logran competir reduciendo costos laborales, es decir, peores condiciones para los trabajadores.

Este nuevo mundo laboral nos encuentra en Argentina en la crisis del 2001 con altas tasas de desempleo, un creciente cuentapropismo, changas y precarización laboral junto a nuevas estrategias laborales, algunas conjuntas y de resistencia como las fábricas recuperadas, nuevas cooperativas y pequeños emprendimientos, entre otros.

La recuperación económica que se da desde 2003 permite que muchas de las personas puedan conseguir el ansiado empleo asalariado registrado. Sin embargo, no fue el caso para el  conjunto de los argentinos con esta necesidad.

Es en este escenario que distintas políticas publicas impulsan y/o fortalecen emprendimientos y luego las cooperativas como forma de inclusión social con trabajo, como el Programa Argentina Trabaja o Ellas Hacen (último programa anunciado de generación de cooperativas). Estos programas buscan una salida de manera conjunta y cooperativa ante el desempleo, generando muchas veces infraestructura en el territorio como veredas y asfaltos.

Pero ¿y el trabajo digno?

Es importante no perder de vista la situación mundial en la que se crean estos y otros programas. La OIT (Organización Mundial del Trabajo) acaba de presentar su informe “Tendencias Mundiales del empleo para el 2013” donde anuncia que en 2012 el desempleo aumentó en 4 millones de personas, llegando a un acumulado de 28 millones desde comienzos de la crisis en 2008 y previendo un aumento de 5,1 millones para 2013. En el mismo documento afirma que la existencia de políticas contracíclicas (como las que estamos mencionando de creación de puestos de trabajo desde el Estado) amortigua o desacelera dicho crecimiento. Por el contrario, denuncia que las políticas cíclicas como las de ajustes llevados adelante por los países denominados desarrollados están reforzando la critica situación.

En segundo término, debemos reflexionar sobre qué es trabajo digno o útil. ¿Por que es útil o digno el trabajo de un futbolista y no una cocinera de un comedor barrial? Es acaso porque el primero pasa por la comercialización en el mercado; ¿eso define su utilidad o dignidad, o las necesidades existentes de ese trabajo en ese lugar?

En cuanto al cuestionamiento de la intervención estatal, tenemos dos acciones posibles ante el desempleo: esperar a que algún empresario vea con buenos ojos producir en Argentina, manteniendo las condiciones de desocupación, o competir con otros países para atraerlos mediante la ya conocida  “flexiblización laboral”; ambas parecen acciones contrarias a la calidad de vida de los trabajadores. Nadie cuestiona la intervención del Estado para que una multinacional productora de automóviles invierta en nuestro país, aunque incluye grandes inversiones de fondos por parte del Estado, pero sí cuando éste interviene hacia los trabajadores desocupados.

Ahora debemos reconocer la precariedad de los derechos sociales de los cuales gozan estos trabajadores y aquí se abre un debate más intenso e interesante pero también complejo que lamentablemente excede esta nota.

Como reflexión final, queda en evidencia la necesidad de repensar el concepto de trabajo, el mundo actual nos aleja del obrero de mameluco y nos obliga a construir una nueva concepción de trabajo útil en base a las necesidades sociales y a las formas de resolverlas, poniendo en un segundo lugar las necesidades del denominado mercado si queremos generar  nuevos puestos de trabajo.

Debemos repensar cuáles son las formas organizativas de esa producción y que el Estado a través de la promoción deberá tener un rol central como lo hace con cualquier otro sector de la economía, y definir cómo construir las condiciones que lo conviertan en trabajo digno.

El sector de la construcción y el mercado inmobiliario han acompañado los últimos años de crecimiento económico de manera positiva. Los permisos de construcción se incrementaron de 5 millones de metros cuadrados en 2004 a 7 millones en 2012, con picos intermedios superiores a la media del período, que es de 8 millones de metros cuadrados.

Sin embargo, este crecimiento de la construcción no se ha visto reflejado en los datos sobre la situación habitacional que se obtuvo a partir del censo 2010, donde más de 3 millones de hogares continúa con problemas de vivienda. De éstos, la mitad requieren una nueva vivienda. Así, surgen preguntas: ¿Qué se construyo? ¿Para quiénes?

En el período 2004-2011 el promedio anual de escrituras de inmuebles fue de 84.122 mientras que el de créditos hipotecarios fue de 6252. Es decir, el mayor porcentaje de operaciones fue en efectivo.

Esto se explica porque a partir de la recuperación económica que se inicia en 2004 el sector de la construcción se convirtió, por los bajos costos de construcción y las bajas tasas de interés, en una buena oportunidad de inversión.

Otro dato interesante es que para el período 2003-2008 el 81% de la superficie autorizada para construcción en el AMBA tuvo como destino el residencial. De éste. un 42,1% correspondió a vivienda suntuosa, mientras que en el periodo 1991-2001 era del 19,1% de la construcción residencial. Este crecimiento se debe al aumentó de la construcción de torres de lujo, barrios cerrados y countries.

Esta situación encarece el precio de la vivienda construida pero también del suelo. Los sectores populares pasan a competir con los grandes inversores por la tierra. La evolución del precio en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, da cuenta de esta situación.

Si bien se mantienen las características históricas del precio del suelo -que va decreciendo a medida que los terrenos se alejan de la ciudad y los valores más altos se registran en la zona norte de la región metropolitana-, el dato novedoso son los fuertes incrementos en zonas más alejadas. En partidos como el de General Rodríguez, que se encuentra a más de 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se registra un incremento del 670% para el período 2004-2012.

Estos fuertes incrementos sobre los terrenos complejizan el acceso a la vivienda convirtiéndola en un bien de lujo, teniendo repercusión sobre el precio de las viviendas usadas y los alquileres.

Las soluciones

Por parte del gobierno nacional se ha trabajado en construcción directa, ya sea de viviendas nuevas como de mejoramiento de infraestructura, que ha dado respuesta a 1.018.777 de soluciones habitacionales que beneficiaron a 4.584.497 de personas. Los resultados se pueden observar también en el censo 2010, en el que se registra un mejoramiento de la vivienda en los sectores vulnerables.

El Plan Procrear es un paso en la construcción de respuesta a los sectores medios, ya que ataca la raíz del problema que es la oferta de suelo a partir de poner tierras fiscales para la construcción de vivienda. Una solución que podría plantearse sería la masificación del crédito hipotecario, pero sin la ampliación de la oferta de terrenos, sólo empujaría nuevamente al alza el precio de los terrenos.

Es en este punto que resulta necesario pensar la planificación urbana, que incluye predestinar espacios de las ciudades para las distintas necesidades y frenar la especulación con medidas como la penalización tributaria. En países como Francia se aplican tasas sobre viviendas vacías a partir de los seis meses de estarlo, donde en tres años se llega a cobrar el 40% del valor catastral del inmueble.

Así la solución depende de que ideas de ciudad se tengan. Abogar por un mercado inmobiliario en crecimiento sin analizar qué se compra y vende puede convertirse en un apoyo a la especulación. Por el contrario, pensar la vivienda como una necesidad y un derecho requiere planificar ciudades inclusivas  y no sólo como un mercado más.

Existen en este mercado 17.444 productores; el 76% de ellos posee menos de 10 hectáreas y ocupan el 52% de la superficie cultivada. Luego el proceso continúa en los 239 secaderos, 118 molinos y 12 fraccionadoras. La distribución minorista se realiza, como cualquier otro producto, a través de los supermercados. Es importante resaltar que sólo entre Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Walmart y Casino absorben el 58% de las ventas de alimentos y bebidas de país.

Es decir, tenemos muchos productores pequeños e independientes, lo que nos haría pensar en que existe cierta facilidad para reemplazar una marca de yerba por otra. Sin embargo la concentración existente en la etapa de molienda y fraccionamiento, donde cuatro grupos económicos -Grupo Las Marías (marcas: Taragüí, Unión, La Merced), Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha), Hreñuk SA (Rosamonte) y Corporación General de Alimentos, adquirida por Molinos (Cruz de Malta)- concentran el 80% de la capacidad convierte en poco probable esta posibilidad en el largo plazo. Esto coloca a los productores en desventaja, y a las empaquetadoras en posición de imponer un precio de compra de la materia prima, situación que intenta subsanar el INYM.

En la última negociación, la distribución del precio de la yerba quedó de la siguiente manera: los productores reciben 2,10 (por la hoja verde), luego los secadores la venden a $ 8,20; entre la molienda, fraccionamiento y comercialización el precio se eleva a promedio de $ 25 el kilo, que es el que encontramos en las góndolas de los supermercados. Esta concentración no sólo afecta a los consumidores, como sucedió el año pasado cuando el precio de la yerba llegó a $30, sino también a los productores.

Otro Camino

En ese mismo momento que los supermercados dejaban vacías sus góndolas de yerba y aparecían en algunos comercios segundas marcas a precios irrisorios, quienes consumen marcas cooperativas de yerba que trabajan con el comercio justo siguieron pagando el mismo precio o con un aumento mucho menor.

En línea con esa realidad, distintos organismos del Estado comenzaron a fortalecer experiencias existentes como las Ferias Francas de Misiones, donde se elimina la cadena de comercialización y el producto llega directo a las manos del consumidor. Así, se facilitó la comercialización de la yerba producida por cooperativas como sucedió en la experiencia “Yerba para todos” llevada adelante en distintas ciudades como Paraná, San Luis, Rosario y Mendoza con promedios de 10 toneladas de yerba a $13 el kilo.

En Mendoza se realizó un intercambio entre productores de frutas y verduras y productores misioneros de yerba que enviaron más de 30 mil kilos, consiguiendo excelente calidad y precio en ambos productos. La coordinación del transporte que llevaba un producto y al volver traía el otro permitió abaratar los costos.

Estas experiencias no sólo permitieron al consumidor acceder a un precio razonable sino también a los cooperativistas (pequeños productores misioneros) acceder a un mejor ingreso y dar a conocer sus productos.

Comprar a estas cooperativas no sólo garantiza yerba de calidad sino también que no existe trabajo esclavo en ellas ni trabajo infantil y, tal como afirman desde Jepe’a (una de las marcas que comercializan este tipo de productos), se fortalece a los productores en su lugar de origen evitando el éxodo provocado por la concentración de la tierra y de la producción en pocas manos, garantizando procesos de respeto del medio ambiente y la salud de los consumidores.

Estos otros beneficios que parecen hasta ínfimos deben ser tenidos en cuenta cuando se habla de una política integral ya que si expulsamos campesinos a las ciudades, sin ingresos y sin vivienda, los costos sociales y económicos de esa acción los absorbe luego el conjunto de sociedad.

Es importante resaltar que no hablamos de ayudar a los pobres productores sino fortalecer un actor económico que hoy es parte de los procesos de transformación en otros países de América Latina como en Ecuador, donde existen ferias populares abastecidas por más de 6000 productores familiares con el apoyo de gobiernos provinciales y nacionales.

Son experiencias capaces de lograr una producción con calidad de exportación: prueba de ellos son las 12 toneladas que enviará este mes la cooperativa Picada Libertad a Corea para comercializarla como bebida energizante, con miras a incrementar dicho volumen a 20 toneladas mensuales.

Es por ello interesante incorporar al debate del precio el tema de la producción, distribución y comercialización (no sólo de este producto sino de muchos otros insumos como es el caso de la leche) y qué es mejor para nuestra economía, si una concentración en grandes corporaciones o la producción diversificada. Quizás puedan convivir ambas pero para ello es necesario que la política de producción y comercialización esté pensada para ambas y no sólo para las grandes.