Es la principal vía de comunicación entre la zona oeste del país, particularmente la región cuyana, y el Río de la Plata. Esta ruta, al ser un ramal de la carretera panamericana, forma parte del corredor bioceánico y es la conexión del Océano Pacífico con el Mercosur.

Vale destacar que por esta vía de comunicación circulan personas, bienes y servicios de intercambio entre Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile y las cinco provincias argentinas ya mencionadas. Debido a ello, el tráfico vehicular de camiones, micros y automóviles particulares que por ella circula es cada vez mayor.

Este incremento de la circulación trae aparejada una alta tasa de siniestralidad, registrándose todos los años muchos casos fatales. En el último lustro más de 200 personas han perdido la vida por accidentes de tránsito en diversos puntos de su recorrido, especialmente en aquellos tramos que todavía cuentan con un trazado de doble mano.

En los sectores en los que se han construido manos de circulación adicionales, la siniestralidad es notoriamente menor. Tal es el caso de San Luis, provincia en la que la Ruta 7 transcurre totalmente por autopistas y el de un sector del trazado en la provincia de Mendoza. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuántas muertes más hacen falta para que comience la construcción de la autopista 7 entre las ciudades de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y la cordobesa Vicuña Mackenna?

Uno puede circular por ese tramo y ver maquinaria, algún movimiento de tierra, algún trabajador de la red vial, pero nada sostenido, permanente y seriamente direccionado a una rápida realización de la obra.

La ruta 14, hasta hace poco denominada “ruta de la muerte”, ha sido convertida en autovía y esa terrible denominación, lamentablemente está siendo trasladada a la Ruta Nacional 7. Mi deseo es que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano que corresponda, tome cartas en el asunto e impulse una rápida ejecución de la obra. Si ello es así, seguiremos conociendo a la ruta 7 como la “Carretera Libertador General San Martín”, y no tendremos un nuevo monumento a la muerte, la tristeza y la desolación.

A pesar de esta dura realidad el gobierno nacional insiste en su intención de hacernos creer que la inflación no existe, que los salarios crecen a un ritmo superior al de los precios y que el empleo continúa estable. Sin embargo, y a pesar de las veleidades del relato oficial, las centrales de trabajadores están reclamando el otorgamiento de un bono de fin de año para compensar la pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Las paritarias que acordaron aumentos en los salarios para el corriente año, lucen muy lejanas en el tiempo pese a no haber transcurrido más de seis u ocho meses desde el último ajuste. Ello se debe a que el actual contexto inflacionario provoca aumentos de precios que en la canasta básica rondan entre el 35% y el 40% anual.

Ante este desplome de la capacidad adquisitiva del ingreso de los trabajadores, se ha planteado la necesidad de eliminar el cobro del Impuesto a las Ganancias o la elevación del mínimo no imponible de dicho tributo para los trabajadores, con el objetivo de mejorar la situación económica de las familias argentinas. Frente a la negativa del gobierno nacional a reabrir las paritarias y realizar un ajuste al impuesto que grava el salario de los trabajadores, o directamente eliminarlo, es que muchas provincias, incluida la mía, han decidido otorgar un bono a sus trabajadores, diferenciándose cabalmente del gobierno nacional que anunció su negativa al pago de un bono de fin de año para nuestros jubilados.

San Luis puede afrontar ese pago en favor de los trabajadores puntanos gracias a que durante muchos años la administración provincial se ha destacado por mantener el equilibrio presupuestario y una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. En otras palabras, las cuentas públicas de la provincia han estado ordenadas durante muchos gobiernos, sin dilapidar recursos, y ello permite suplir hoy las falencias del Estado Nacional.

Esta situación permitirá a San Luis ofrecer a los trabajadores estatales, e incluso a parte de los privados, como ser el caso de los docentes, un bono de fin de año del orden de los $2.000.

Haber mantenido y ejercido la prudencia fiscal, y un respeto presupuestario a lo largo de muchos años, ha sido la clave del éxito del proyecto provincial de San Luis, que permite actuar en los tiempos de inestabilidad y crisis económica con políticas anticiclicas. Por ello queda demostrado que gracias a una buena administración provincial, el Estado puede actuar cuando aquellos que más lo precisan así lo requieren.

El 27 de febrero de 2002 el Gobierno Nacional y varias administraciones provinciales firmaron el “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Este pacto fiscal estableció dos cuestiones centrales:

1) Eliminó temporariamente el porcentaje mínimo que la Nación debe girar mensualmente a las provincias, sobre los impuestos nacionales recaudados. Ese porcentaje mínimo en ese momento era el 34% de lo recaudado.

2) Creó un plan financiero mediante el cual los Estados provinciales le transfirieron al Estado nacional parte de su deuda pública (en gran medida nominada en dólares), para que este último renegociara con los acreedores externos e internos. A cambio de ello, el gobierno nacional se convirtió en acreedor de los Estados provinciales. El objetivo de este canje fue “desendeudar” en moneda extranjera a las provincias, ya que la devaluación de 2002 hacía imposible el cumplimiento efectivo por parte de aquellas de las obligaciones contraídas en dólares.

San Luis no adhirió a dicho pacto fiscal ya que sus administraciones habían mantenido una política fiscal responsable, gracias a la cual no precisaban el canje de deuda que ofrecía el Estado Nacional. Asimismo, no aceptaba la reducción de la coparticipación a un monto menor del 34% de lo recaudado. Sin embargo, y a pesar de no haber firmado el pacto fiscal, el Estado Nacional aplicó sobre San Luis las reglas que únicamente correspondían para las provincias que sí habían adherido a dicho pacto. O sea, que habían renunciado a la coparticipación de al menos el 34% de los recursos nacionales recaudados por el gobierno central.

Doce años han pasado y el Gobierno Nacional sigue incumpliendo con los pagos que corresponden a San Luis y deberían estar siendo utilizados en beneficio de los ciudadanos de mi provincia. Es hora de que la Nación regularice sus obligaciones y deje de lado las pequeñeces políticas. Ha llegado el momento de que el gobierno nacional comience a respetar la ley y a administrar correctamente los recursos que recauda. Puede tomar como ejemplo de ello la correcta administración fiscal que San Luis ha mantenido a lo largo de los años. Nunca es tarde para imitar lo hecho por las administraciones que han resultado exitosas.