Esta retracción comercial e industrial ha generado una ola de suspensiones y despidos en plantas automotrices que ya afecta a miles de trabajadores. Por si ello fuera poco, la situación se está extendiendo a otros sectores vinculados a esta industria, como ser la autopartista y la metalmecánica.

Por su parte, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ha adelantado que de mantenerse la tendencia negativa actual, a partir de mediados de este año, comenzarán también allí las suspensiones y despidos de personal. Tarde o temprano, la crisis también afectará a otros rubros como el de los neumáticos, repuestos, lubricantes, talleres y demás áreas vinculadas.

Llegados a este punto, no viene al caso buscar y asignar las culpas de la crisis que está atravesando la industria automotriz argentina y que afecta a la economía en general y al empleo de mano de obra en particular. Urge en este instante encontrar una salida para que el impacto sea menor y para que en el mediano plazo, la situación se pueda revertir.

Ante el panorama expuesto, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo de la Nación, además de las medidas macroeconómicas tendientes a controlar la inflación que afecta el poder adquisitivo de los argentinos, tome las decisiones necesarias para revertir el crítico momento que está atravesando el sector automotriz.

Entiendo que para ello resultarán imprescindible dos cuestiones. En primer lugar, derogar o reducir sustancialmente el impuestazo establecido a fines del 2013 por la ley 26.929. En segundo lugar, promover una línea de créditos blandos, con tasas reducidas y plazo extendidos, para que los usuarios de vehículos vuelvan a mostrarse interesados en adquirir nuevos automotores, y el mercado vuelva a funcionar con transparencia y libertad.

Por otro lado, y más allá de las negociaciones que se impulsen con Brasil para reactivar las exportaciones, el gobierno nacional debería orientar sus esfuerzos en facilitar el acceso a otros mercados, a fin de minimizar el riesgo que implica tener un solo destino para la mayor parte de las exportaciones de vehículos

Si todo ello no se realiza, el sector continuará paralizado y la caída será cada día mayor.

El gobierno debe entender que en nuestro país rigen las mismas reglas que en el resto del mundo: las buenas políticas tienen buenas consecuencias, y las malas políticas tienen malas consecuencias. No hay forma de escapar a dicha realidad.

El 27 de febrero de 2002 el Gobierno Nacional y varias administraciones provinciales firmaron el “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”. Este pacto fiscal estableció dos cuestiones centrales:

1) Eliminó temporariamente el porcentaje mínimo que la Nación debe girar mensualmente a las provincias, sobre los impuestos nacionales recaudados. Ese porcentaje mínimo en ese momento era el 34% de lo recaudado.

2) Creó un plan financiero mediante el cual los Estados provinciales le transfirieron al Estado nacional parte de su deuda pública (en gran medida nominada en dólares), para que este último renegociara con los acreedores externos e internos. A cambio de ello, el gobierno nacional se convirtió en acreedor de los Estados provinciales. El objetivo de este canje fue “desendeudar” en moneda extranjera a las provincias, ya que la devaluación de 2002 hacía imposible el cumplimiento efectivo por parte de aquellas de las obligaciones contraídas en dólares.

San Luis no adhirió a dicho pacto fiscal ya que sus administraciones habían mantenido una política fiscal responsable, gracias a la cual no precisaban el canje de deuda que ofrecía el Estado Nacional. Asimismo, no aceptaba la reducción de la coparticipación a un monto menor del 34% de lo recaudado. Sin embargo, y a pesar de no haber firmado el pacto fiscal, el Estado Nacional aplicó sobre San Luis las reglas que únicamente correspondían para las provincias que sí habían adherido a dicho pacto. O sea, que habían renunciado a la coparticipación de al menos el 34% de los recursos nacionales recaudados por el gobierno central.

Doce años han pasado y el Gobierno Nacional sigue incumpliendo con los pagos que corresponden a San Luis y deberían estar siendo utilizados en beneficio de los ciudadanos de mi provincia. Es hora de que la Nación regularice sus obligaciones y deje de lado las pequeñeces políticas. Ha llegado el momento de que el gobierno nacional comience a respetar la ley y a administrar correctamente los recursos que recauda. Puede tomar como ejemplo de ello la correcta administración fiscal que San Luis ha mantenido a lo largo de los años. Nunca es tarde para imitar lo hecho por las administraciones que han resultado exitosas.