El primer caso es el de Emanuel Ortega, joven de 21 años que falleció luego de dos semanas de agonía, a causa de una doble fractura de cráneo producida al golpear su cabeza contra el paredón perimetral de la cancha de San Martín de Burzaco. Esta accidental muerte podría haber sido evitada si se hubiese cumplido el reglamento de la FIFA de Seguridad de los Estadios. Dicho reglamento, en su capítulo 32, artículo 2.^o, establece que el uso de barreras físicas que separen el terreno de juego de la zona en donde se hallan los espectadores no deberá representar un riesgo o un peligro para el público o los jugadores. Además de esta reglamentación internacional, localmente disponemos del artículo 17.^o del decreto nacional 1466/97 que ordena que los estadios de fútbol reemplacen los cercos perimetrales actualmente existentes por estructuras alternativas para mejorar las condiciones de seguridad. Para aquellos casos en que no se ofrezca seguridad para la vida o la integridad física del público o para el desarrollo normal del espectáculo, el artículo 22.^o del mismo decreto faculta al Ministerio de Seguridad de la Nación a clausurar temporaria o definitivamente los estadios.

¿Entonces, cómo logran los clubes de fútbol que los estadios que no cumplen las normas sigan habilitados? ¿Por qué no se llevan a cabo las clausuras? ¿Por qué no se realizan las obras que, en el caso de Emanuel Ortega, hubiesen evitado su temprana muerte?

Podrán algunos argüir que las obras necesarias para brindar seguridad al jugador demandan enormes cantidades de dinero. Dinero que los clubes no tienen y que el Estado Nacional destinaría a atender otros problemas. Sin embargo, todos sabemos que el fútbol es un negocio millonario que, en el caso de Argentina, cuenta además con el apoyo económico directo por parte del Estado nacional a través del programa Fútbol para Todos. Como se puede ver, fuentes de financiación no faltan, es más, arriesgaría a decir que sobran. Lo que escasea es el manejo transparente y honesto del dinero, que se ve reemplazado por una connivencia interminable entre los dirigentes de las entidades y la política. Connivencia que se acaba de cobrar una joven vida.

Y ya que estamos hablando de la vinculación entre los clubes y la política, no podemos dejar de traer a colación el otro incidente lamentable que azotó al deporte argentino recientemente: el papelón, de magnitud planetaria, ocurrido durante el superclásico disputado entre Boca Juniors y River Plate y que arruinó una fiesta que pudo haber sido histórica. Este triste episodio mostró el lado más oscuro del mundillo del fútbol. En una misma noche -y lo digo como espectador, ya que yo era uno más entre los miles de presentes venidos de todos los rincones del país- se registró un sinnúmero de irregularidades de variada índole, todas ellas en pos de alimentar la inseguridad de la que los argentinos ya tenemos sobredosis. Así fue que se vio la prohibida pirotecnia en las tribunas de la Bombonera; el mundo pudo apreciar cómo un dron sobrevolaba el campo de juego para mofarse de los jugadores visitantes. Está probado el ingreso y el uso dentro del estadio de agentes agresivos como el gas pimienta. Fue flagrante la ausencia del personal policial en la zona donde los violentos destruían la manga para agredir al plantel visitante. Se palpó la pusilanimidad de las autoridades del encuentro y del torneo para tomar las decisiones del caso ante el ataque sufrido por los jugadores de River Plate. Asistimos a la falta de solidaridad del equipo local con sus colegas contrincantes; tuvimos que oír las loas del Secretario de Seguridad respecto del operativo de control montado por la fuerza que él maneja para que a la hora de comenzado el partido quedaran al descubierto todas las anomalías arriba descritas. Lo curioso es que todo esto ha ocurrido en un año de elecciones nacionales, lo que sería anecdótico si no fuera por los estrechos vínculos existentes entre los dirigentes y las barras bravas de los clubes de fútbol y diversos referentes de la política vernácula.

Llegados a este punto de quiebre moral deportivo, que no es otra cosa que el reflejo del quiebre que se percibe en toda nuestra sociedad, es evidente que lo que hace falta es la decisión política de acabar con la corrupción dentro del mundo deportivo en general y futbolístico en particular. Una corrupción que causa muertes tanto por negligente desidia con la integridad de los jugadores como por la complicidad con los violentos de siempre.

En esa oportunidad mencioné también que había presentado un proyecto de ley ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación proponiendo la creación de un plan nacional para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Dicho proyecto, cuyo número de expediente es el 1738-D-13, obtuvo media sanción en diciembre de 2014 y está esperando ahora ser tratado en el Senado para su sanción definitiva.

La mención a estos antecedentes viene a colación de la nota titulada “El drama cotidiano del Alzheimer a través de historias mínimas” publicada en Infobae el pasado 11 de abril. En dicha nota se reproduce la entrevista realizada al británico Nelson Dellis, a quien se podría definir como un “experto en memoria”, en la que da su opinión acerca de cómo prevenir el Alzheimer, poniendo el foco en la importancia de ejercitar el cerebro y llevar una vida activa y saludable para mantener y potenciar la reserva cognitiva de una persona a lo largo de los años.

Debido a los avances en el campo de la salud, los seres humanos hemos aumentado nuestra expectativa de vida, y en consecuencia, cada día tenemos un número mayor de personas que superan los 65 años, o sea, en la etapa de mayor exposición a la demencia. Y según diversas estimaciones, llegado el año 2050, uno de cada cinco argentinos tendrá 65 años de edad o más.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cerebral primaria, que afecta de manera progresiva la capacidad para aprender y recordar, como así también el lenguaje y la función ejecutiva, llevando a las personas a depender parcial o completamente de quienes la rodean. Por lo tanto, constituye una de las problemáticas de salud más importantes, por las tasas de crecimiento que presenta, el problema social que acarrea y el gasto económico que produce para las familias y el Estado.

La magnitud y la silenciosa virulencia con que la enfermedad de Alzheimer ataca, hace que resulte imperioso contar con las políticas de Estado necesarias para combatirla. Es por ello que será central que el Honorable Senado brinde sanción definitiva a esta iniciativa, para que de una vez por todas, Argentina pueda contar con una ley que contemple integralmente la prevención y tratamiento de un mal que afecta a millones de personas en el mundo, de las cuales 500.000 viven en Argentina.

Es la principal vía de comunicación entre la zona oeste del país, particularmente la región cuyana, y el Río de la Plata. Esta ruta, al ser un ramal de la carretera panamericana, forma parte del corredor bioceánico y es la conexión del Océano Pacífico con el Mercosur.

Vale destacar que por esta vía de comunicación circulan personas, bienes y servicios de intercambio entre Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile y las cinco provincias argentinas ya mencionadas. Debido a ello, el tráfico vehicular de camiones, micros y automóviles particulares que por ella circula es cada vez mayor.

Este incremento de la circulación trae aparejada una alta tasa de siniestralidad, registrándose todos los años muchos casos fatales. En el último lustro más de 200 personas han perdido la vida por accidentes de tránsito en diversos puntos de su recorrido, especialmente en aquellos tramos que todavía cuentan con un trazado de doble mano.

En los sectores en los que se han construido manos de circulación adicionales, la siniestralidad es notoriamente menor. Tal es el caso de San Luis, provincia en la que la Ruta 7 transcurre totalmente por autopistas y el de un sector del trazado en la provincia de Mendoza. Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuántas muertes más hacen falta para que comience la construcción de la autopista 7 entre las ciudades de Luján, en la provincia de Buenos Aires, y la cordobesa Vicuña Mackenna?

Uno puede circular por ese tramo y ver maquinaria, algún movimiento de tierra, algún trabajador de la red vial, pero nada sostenido, permanente y seriamente direccionado a una rápida realización de la obra.

La ruta 14, hasta hace poco denominada “ruta de la muerte”, ha sido convertida en autovía y esa terrible denominación, lamentablemente está siendo trasladada a la Ruta Nacional 7. Mi deseo es que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano que corresponda, tome cartas en el asunto e impulse una rápida ejecución de la obra. Si ello es así, seguiremos conociendo a la ruta 7 como la “Carretera Libertador General San Martín”, y no tendremos un nuevo monumento a la muerte, la tristeza y la desolación.

A ello se agrega que el gobierno se encuentra empecinado en promover un enfrentamiento entre sus seguidores y el resto de la sociedad. La fragmentación del “ellos o nosotros” nunca puede ser buena para la convivencia humana ni para el desarrollo de un país. Para colmo de males, gran parte del arco político opositor poco ha hecho hasta el momento para que la desazón ciudadana disminuya. Nadie es ajeno a la manera en que muchos de los candidatos trataron de capitalizar políticamente la trágica muerte de Nisman sin pensar en el dolor de su familia ni en la necesidad que el pueblo tiene de que se haga justicia.

La marcha convocada por los fiscales el pasado 18 de febrero no fue una manifestación más de quienes se oponen a un gobierno hegemónico sino un reclamo cívico para que se apuntale la fragilidad que padece nuestra Patria. Esta marcha fue además un mensaje a la dirigencia del país para que entienda que los argentinos estamos exigiendo la restauración de nuestras instituciones. Necesitamos volver a creer en la justicia independiente; en el imperio de la ley; en la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos; en la libertad ciudadana; en el respeto a los derechos individuales y en los demás principios republicanos consagrados por nuestra Constitución Nacional.

El pueblo está formado por todos los que cada día trabajamos para el progreso de nuestro país. Ese pueblo hoy reclama coherencia en lugar de irracionalidad; seriedad en lugar de improvisación; sinceridad en lugar de la mentira; justicia en lugar de impunidad; unión en lugar de división; y por sobre todas las cosas, concordia en lugar de enfrentamiento.

A pesar de esta dura realidad el gobierno nacional insiste en su intención de hacernos creer que la inflación no existe, que los salarios crecen a un ritmo superior al de los precios y que el empleo continúa estable. Sin embargo, y a pesar de las veleidades del relato oficial, las centrales de trabajadores están reclamando el otorgamiento de un bono de fin de año para compensar la pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Las paritarias que acordaron aumentos en los salarios para el corriente año, lucen muy lejanas en el tiempo pese a no haber transcurrido más de seis u ocho meses desde el último ajuste. Ello se debe a que el actual contexto inflacionario provoca aumentos de precios que en la canasta básica rondan entre el 35% y el 40% anual.

Ante este desplome de la capacidad adquisitiva del ingreso de los trabajadores, se ha planteado la necesidad de eliminar el cobro del Impuesto a las Ganancias o la elevación del mínimo no imponible de dicho tributo para los trabajadores, con el objetivo de mejorar la situación económica de las familias argentinas. Frente a la negativa del gobierno nacional a reabrir las paritarias y realizar un ajuste al impuesto que grava el salario de los trabajadores, o directamente eliminarlo, es que muchas provincias, incluida la mía, han decidido otorgar un bono a sus trabajadores, diferenciándose cabalmente del gobierno nacional que anunció su negativa al pago de un bono de fin de año para nuestros jubilados.

San Luis puede afrontar ese pago en favor de los trabajadores puntanos gracias a que durante muchos años la administración provincial se ha destacado por mantener el equilibrio presupuestario y una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. En otras palabras, las cuentas públicas de la provincia han estado ordenadas durante muchos gobiernos, sin dilapidar recursos, y ello permite suplir hoy las falencias del Estado Nacional.

Esta situación permitirá a San Luis ofrecer a los trabajadores estatales, e incluso a parte de los privados, como ser el caso de los docentes, un bono de fin de año del orden de los $2.000.

Haber mantenido y ejercido la prudencia fiscal, y un respeto presupuestario a lo largo de muchos años, ha sido la clave del éxito del proyecto provincial de San Luis, que permite actuar en los tiempos de inestabilidad y crisis económica con políticas anticiclicas. Por ello queda demostrado que gracias a una buena administración provincial, el Estado puede actuar cuando aquellos que más lo precisan así lo requieren.

Nuestro país no es una excepción, ya que según los números informados por el Dr. Facundo Manes, director del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro, en el año 2012, 400 mil personas padecían de Alzheimer en Argentina. Estos datos son motivo suficiente para poner a la demencia y, en particular, a la Enfermedad de Alzheimer, en la agenda pública y política de nuestro país.

Debido a los avances en el campo de la salud, los seres humanos hemos aumentado nuestra expectativa de vida, y en consecuencia, nuestras sociedades han sufrido un envejecimiento demográfico. Por lo tanto, cada día tenemos más personas dentro del grupo etario más expuesto a sufrir demencia (mayores de 65 años). Y según indican diversas estimaciones, para el año 2050, uno de cada cinco argentinos tendrá 65 años de edad o más.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa cerebral primaria, que afecta de manera progresiva la capacidad para aprender y recordar, como así también el lenguaje y la función ejecutiva, llevando a las personas a depender parcial o completamente de quienes la rodean. Por lo tanto, constituye una de las problemáticas de salud más importantes, por las tasas de crecimiento que presenta, el problema social que acarrea y el gasto económico que produce para las familias y el Estado.

Ante este escenario, es esencial que los tratamientos de este tipo de enfermedades sean oportunos (lo más temprano posible), adecuados (mediante fármacos apropiados) y accesibles (al alcance de todos los enfermos). Esta es la razón por la cual, he presentado un proyecto de ley proponiendo la creación de centros para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, compuestos por equipos multidisciplinarios de médicos clínicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales.

Todas estas medidas ayudarán a demorar la evolución de la enfermedad mediante el cumplimiento de una etapa preventiva. De esta forma los controles periódicos y el diagnóstico precoz serán determinantes en el tratamiento de las personas a las cuales se les detecte la enfermedad en una etapa inicial. Asimismo, todo este tratamiento temprano ayudará a que exista mayor planificación económica y emocional, que permita brindar una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familiares.

Para finalizar, considero prudente insistir en que la demencia no es un paso normal en el proceso de envejecimiento humano, sino que es una afección que debe ser atendida, y para la cual el Estado debe contar con los recursos necesarios para su diagnóstico y tratamiento. Ello es una obligación moral y también debe ser un derecho correctamente reconocido y protegido por nuestra ley.

Si tomamos en cuenta la totalidad de Sudamérica, la Argentina es el país con mayor porcentaje de adultos mayores, ya que ellos representan el 13% de la población actual. En algunas ciudades –por ejemplo, Buenos Aires– la cifra asciende al 25%. Es decir, uno de cada cuatro habitantes es adulto mayor.

El aumento de la esperanza de vida, tributaria de avances en medicina, salud y disminución de la mortalidad, sumado a la disminución en la tasa de nacimientos y la baja de las tasas de fecundidad, tienen por resultado sociedades con un gran número de adultos mayores.

Con el crecimiento de esta franja etaria, también se profundizaron algunas formas de violencia contra las personas que la conforman. La más visible y notoria es la cantidad de delitos perpetrados contra los ancianos por delincuentes que los escogen como víctimas predilectas debido a una presunta debilidad o un mayor grado de indefensión.

Por todas estas razones, resulta imperioso avanzar legislativamente, estableciendo medidas protectoras ante el crecimiento de estas nuevas modalidades del delito. Por lo tanto, he propuesto legislativamente brindar herramientas a la Justicia para que, ante cualquier delito cometido contra un anciano, los jueces puedan ponderar la posibilidad de aplicar penas mayores al incrementar en un tercio tanto el mínimo como el máximo de la escala penal correspondiente.

Si bien todas estas medidas deberán ser enmarcadas por la autoridad de aplicación en una política criminal y de seguridad integral, es central que al momento de juzgarse al delincuente, se meritúe si éste ha violado los derechos de algunos de los más indefensos de nuestra sociedad, y a quienes más les debemos: los adultos mayores.

A esta lista de tragedias le podríamos sumar muchísimos más casos en los que ocurrió lo que comúnmente se denomina “muerte súbita”. Pero ¿qué tienen en común las muertes de Ezequiel, Héctor, Manuel, Beltrán, Oriana, Mateo, Diego y la de tantos otros? Eran jóvenes y deportistas, pero todo indica que ninguno de ellos se había sometido a los estudios clínicos de medicina preventiva para detectar si padecían una cardiopatía congénita o algún impedimento para llevar a cabo actividad física de alta exigencia.

El chequeo clínico rutinario de la salud de los deportistas es algo que raramente se cumple, y muchas veces se limita a quienes integran equipos que compiten profesionalmente en las ligas y divisiones superiores de clubes. Los equipos pequeños y amateurs, sin importar la disciplina deportiva de que se trate, rara vez llevan a cabo estos exámenes sobre sus planteles.

Es evidente la falla en los controles de la medicina preventiva. Las investigaciones muestran que las causas más frecuentes de muerte súbita son: la cardiopatía hipertrófica, la enfermedad cardíaca valvular, estenosis valvular aórtica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de Brugada, anomalías congénitas y miocarditis, entre otras.

Las causas entre los deportistas también varían de acuerdo con la edad. En los atletas de más de 35 años, el 80% de los casos de deceso se debe a la enfermedad arterial coronaria, mientras que otros estudios realizados en Italia y Estados Unidos demostraron que en atletas menores de 35 años es la miocardiopatía hipertrófica o la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, dos enfermedades que se encuentran dentro del grupo de las cardiopatías congénitas.

La muerte en ocasión de deportes puede ser prevenida, pero para ello deben seguirse las recomendaciones de los cardiólogos y deportólogos: 1) el deportista debe someterse a las evaluaciones de aptitud física; 2) deben difundirse las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP); 3) los centros deportivos deben contar con desfibriladores.

Sin dudas, el primer punto es el más importante. Si no se toma conciencia acerca de los beneficios de la evaluación predeportiva, los demás será paliativos, que podrán o no funcionar, dependiendo de la suerte de cada caso.
La inquietud generada por el panorama de desatención descripto, me motivó a presentar en abril de este año un proyecto de ley estableciendo un régimen básico de medicina preventiva en el deporte. En dicho proyecto se establece la obligatoriedad en la realización de estudios médicos a todo deportista, profesional o amateur, que intervenga en certámenes nacionales e internacionales. Esta obligación apunta a evitar o reducir un gran porcentaje de las muertes que se originan como consecuencia del alto rendimiento que se les exige a los deportistas sin mediar la realización de los estudios previos que determinen si está habilitado clínicamente para ello.

La importancia de la medicina preventiva en el deporte significa reducir los mayores costos que la atención de afecciones más graves implica, y lo que resulta mucho más importante, prevenir muertes que bien podrían haber sido evitadas.

Esta retracción comercial e industrial ha generado una ola de suspensiones y despidos en plantas automotrices que ya afecta a miles de trabajadores. Por si ello fuera poco, la situación se está extendiendo a otros sectores vinculados a esta industria, como ser la autopartista y la metalmecánica.

Por su parte, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ha adelantado que de mantenerse la tendencia negativa actual, a partir de mediados de este año, comenzarán también allí las suspensiones y despidos de personal. Tarde o temprano, la crisis también afectará a otros rubros como el de los neumáticos, repuestos, lubricantes, talleres y demás áreas vinculadas.

Llegados a este punto, no viene al caso buscar y asignar las culpas de la crisis que está atravesando la industria automotriz argentina y que afecta a la economía en general y al empleo de mano de obra en particular. Urge en este instante encontrar una salida para que el impacto sea menor y para que en el mediano plazo, la situación se pueda revertir.

Ante el panorama expuesto, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo de la Nación, además de las medidas macroeconómicas tendientes a controlar la inflación que afecta el poder adquisitivo de los argentinos, tome las decisiones necesarias para revertir el crítico momento que está atravesando el sector automotriz.

Entiendo que para ello resultarán imprescindible dos cuestiones. En primer lugar, derogar o reducir sustancialmente el impuestazo establecido a fines del 2013 por la ley 26.929. En segundo lugar, promover una línea de créditos blandos, con tasas reducidas y plazo extendidos, para que los usuarios de vehículos vuelvan a mostrarse interesados en adquirir nuevos automotores, y el mercado vuelva a funcionar con transparencia y libertad.

Por otro lado, y más allá de las negociaciones que se impulsen con Brasil para reactivar las exportaciones, el gobierno nacional debería orientar sus esfuerzos en facilitar el acceso a otros mercados, a fin de minimizar el riesgo que implica tener un solo destino para la mayor parte de las exportaciones de vehículos

Si todo ello no se realiza, el sector continuará paralizado y la caída será cada día mayor.

El gobierno debe entender que en nuestro país rigen las mismas reglas que en el resto del mundo: las buenas políticas tienen buenas consecuencias, y las malas políticas tienen malas consecuencias. No hay forma de escapar a dicha realidad.

La informalidad laboral no es un problema nuevo. El último estudio del barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina expresa que el trabajo no registrado viene en franco aumento desde el año 1974. Las estadísticas son dispares, pero no pocos analistas aseveran que aquél alcanza a más del 40% de los trabajadores de Argentina. Al analizar el proyecto del Gobierno tengo la sensación que se trata de una iniciativa más, que podrá ser acompañada, pero que no generará más empleo ni solucionará la informalidad. La iniciativa es importante porque en ella el Gobierno reconoce tardía y parcialmente los síntomas de la enfermedad.

En el proyecto, el Poder Ejecutivo acepta que sólo con crecimiento económico y más controles no alcanza para revertir la informalidad. Se necesitan reformas sobre las instituciones laborales con énfasis en las pequeñas empresas, que son uno de los eslabones más débiles de la cadena económica y sobre las que se ejercen mayores presiones.

Según la consultora Idesa, solamente uno de cada cinco empleos del norte Argentino es de calidad. Los últimos datos del propio INDEC son elocuentes al respecto: en la Ciudad de Buenos Aires el 44% de los ocupados son asalariados privados registrados. En la Patagonia ese porcentaje se reduce al 36%. En la región centro al 33%, y en el norte apenas al 18%. Estos datos demuestran que la tasa de empleo no registrado es muy alta, especialmente en aquellas zonas de nuestro país donde residen los sectores sociales más vulnerables. A la problemática descrita se suma la incoherencia del Estado, que combate el trabajo no registrado, pero al mismo tiempo es el mayor empleador informal del país.

Si no generamos medidas tendientes a la creación y conservación del empleo, el estancamiento que se observa en la economía y que promete acentuarse, tendrá graves consecuencias sobre los trabajadores en cuanto a su estabilidad y ocupación. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo persigue dos loables objetivos: la creación de un Registro Público de empleadores con sanciones y la creación de beneficios para el trabajo registrado. En el registro mencionado serán inscriptos quienes hayan eludido normas laborales, perdiendo la posibilidad de acceder a subsidios, préstamos de bancos públicos, y el derecho de contratar con el Estado.

Los beneficios para el empleo registrado serán la rebaja de las contribuciones patronales para aquellos empleadores que contraten nuevos trabajadores y los inscriban debidamente. Ahora bien, si entendemos que la mayor proporción de empleo no registrado se encuentra en pequeñas empresas, ¿de qué sirve la amenaza de quita de subsidios que el pequeño empresario no recibe, o la imposibilidad de acceder a contrataciones que jamás buscó? Es primordial buscar soluciones que verdaderamente generen empleo y disponer las condiciones, económicas y sociales, para que ningún trabajador quede desprotegido en la República Argentina.

Más allá de los aspectos laborales que encuadran al proyecto del Poder Ejecutivo, no debemos dejar de prestar atención a temas, incluso más importantes que hace a la esencia de nuestra concepción de país, como ser ciertos desatinos rayanos con la inconstitucionalidad. Tal es el caso de la obligatoriedad de centralizar la fiscalización sobre el cumplimiento de la ley, es decir ejercer el poder de policía, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ello además de ser opuesto a nuestra carta magna, va en contra de lo dispuesto por el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) suscripto entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional. En virtud de dicho pacto, cada provincia ejerce el control de lo que sucede en materia laboral dentro de su territorio. Lo que dispone el proyecto recientemente sancionado implica un nuevo avance del Estado Nacional sobre las jurisdicciones provinciales, en franco antagonismo con el artículo 1º de nuestra Constitución que consagra los principios de representatividad, republicanismo y federalismo.

La lucha contra el empleo informal será eterna hasta tanto no tengamos al frente del Estado Nacional a alguien que entienda que los beneficios de estar dentro de la ley deben superar los de la informalidad. Y que los costos de acceso a la legalidad nunca deben ser tan altos que se vuelvan de imposible cumplimiento para la sociedad. El punto justo debe ser encontrado entre los trabajadores y los empleadores. Leyes como la que propone el Gobierno son un pequeño parche, pero lejos se encuentran de una solución definitiva para los trabajadores argentinos. Y ello siempre sin dejar de tener en cuenta todos los preceptos y principios consagrados en la Constitución Nacional.